Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio de diciembre de 2012 a enero de 2019
El 14 de febrero de 2017 el Sodalicio de Vida Cristiana presentó oficialmente un informe en dos partes, fechado el 10 de febrero de 2017, elaborado por unos así llamados expertos internacionales —el irlandés Ian Elliott y las estadounidenses Kathleen McChesney y Monica Applewhite— y que llevaba el título de “Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana”, supuestamente dando a conocer toda la verdad sobre los abusos cometidos en el Sodalicio. El informe iba precedido de una carta del entonces Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni, narrando los antecedentes del mismo:
«Convocamos, en primer lugar, a personas de reconocida trayectoria en la sociedad peruana para formar la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. Se les encomendó la tarea de acoger a las víctimas de diversas formas de abusos y maltrato generados en su relación con el Sodalicio, y ofrecerles un primer paso en su camino de reparación, sin exigir un rigor de prueba o escrutinio de sus testimonios, sino procurando ofrecerles la escucha y acogida que su sufrimiento requería. Al finalizar su trabajo, la Comisión presentó su informe, y un conjunto de recomendaciones, sobre las cuales hemos venido trabajando.
Como parte de ese mismo proceso recurrimos al Sr. Ian Elliott, cuya experiencia de más de 40 años trabajando con víctimas de abuso en diversas partes del mundo permitió que un número significativo de personas pudieran presentarse para ofrecer sus testimonios».
Sin embargo, esto último no parece ajustarse a la verdad, pues la misma Kathleen McChesney, en un video publicado el 18 de febrero de 2017 por el mismo Sodalicio en su canal de YouTube (Canal S), afirmaba que tanto ella como Monica Applewhite y Ian Elliott recién fueron contactados por el Sodalicio en marzo de 2016, cuando la primera comisión ya tenía prácticamente listo su informe final, que fue finalmente publicado en abril de 2016. Más aún, no hay ningún indicio que demuestre que el Sodalicio habría tenido el plan de establecer dos comisiones desde un principio, sino más bien todo lo contrario. La convocación de una segunda comisión habría sido un plan alternativo para neutralizar las conclusiones a que había llegado la primera, tanto a nivel general como a nivel de informes personales.
Además, ninguno de los tres expertos contratados había trabajado jamás como representante de víctimas de abusos, sino más bien para organizaciones donde se habían cometido abusos, a fin de implementar programas de prevención y reparación, respetando por supuesto los intereses de la organización. Dicho de otro modo, eran profesionales de “control de daños” y “lavado de cara”.
La afirmación de que en el informe de la primera comisión hay «un conjunto de recomendaciones, sobre las cuales hemos venido trabajando» es ambigua. Puede entenderse como que están buscando cumplir esas recomendaciones, pero lo que el Sodalicio estaba haciendo en realidad era ver la manera de incumplirlas. De estas recomendaciones sólo cinco eran para ser cumplidas por el Sodalicio, las otras eran para ser cumplidas por la misma Comisión de Ética o o simplemente eran recomendaciones a tener en cuenta por la Santa Sede.
Respecto a la primera recomendación, si bien el Sodalicio declaró a Figari “persona non grata”, no adoptó para él «la mayor sanción moral e institucional», que era la expulsión y tomar las medidas para que que se someta a la justicia civil. Al contrario, se le protegió y se le pagó incluso el abogado, Armando Lengua Balbi, uno de los más caros de Lima.
Respecto a la segunda recomendación, que «las víctimas de los abusos deben ser resarcidas», hay que decir que el Sodalicio no reconoció como víctimas a todas aquellas personas que la primera comisión había reconocido como tales, alrededor de un centenar, sino sólo parcialmente. Y las reparaciones ofrecidas estuvieron lejos de ser justas y proporcionales al daño sufrido. Igualmente respecto a «una solicitud de perdón y desagravio, de manera personal y escrita, por parte del Superior General a cada una de las víctimas», éstas aún siguen esperando que esto ocurra.
La tercera recomendación era ésta: «Compensación por los daños personales sufridos por quienes fueron privados de un adecuado discernimiento vocacional, y en esa medida, obligados a prestar servicios no remunerados, incluso en condición de “servidumbre”». Fue incumplida, o cumplida muy mezquinamente sólo con unos cuantos.
Las otras dos recomendaciones fueron incumplidas en su totalidad:
«El SCV deberá proceder a la devolución inmediata de toda la documentación correspondiente a cada una de las personas que forma o formó parte de la institución, que así lo solicite».
«Las personas que ejercieron algún cargo en la organización del SCV, durante los años en que se permitieron los abusos denunciados, deben ser impedidas de ejercer algún cargo representativo al interior de la organización».
Regresando al informe de los expertos internacionales, el mismo señala que «este informe fue originalmente preparado en inglés». Sin embargo, hay indicios para suponer que esto no es verdad.
En el mismo texto del informe se señala que fueron preparados «después de una extensa revisión de documentos públicos, registros del SCV y entrevistas de más de 245 personas», es decir, fuentes de información todas ellas en español, salvo algunas entrevistas que pudieron ser realizadas en inglés sólo gracias a que los entrevistados manejaban mal que bien este idioma.
Por otra parte, al traducir algunas partes del informe al alemán, me di con la sorpresa de que las traducciones del español eran más precisas que las traducciones del inglés. Por poner algunos ejemplos, la palabra “apostolado” aparece en la versión inglesa del informe como “ministry”, lo cual a grandes rasgos se puede considerar como correcto si la traducción es del español inglés. Pero en sentido contrario la cosa no funciona. “Ministry” (servicio de carácter religioso) no puede traducirse correctamente como “apostolado”.
De Jeffery Daniels se dice que era tildado de ser “payaso” —característica que le cae al pelo, según el testimonio de quienes lo conocimos personalmente—. En la versión inglesa dice “goofy” (bobalicón, ridículo o gracioso en sentido cómico), lo cual resulta aceptable con cierta flexibilidad si se trata de una traducción del español al inglés. Pero “goofy” no podría traducirse correctamente como “payaso”.
Además, el informe presenta alguna características inaceptables tratándose de un documento que debería cumplir con estándares académicos. Entre los abusadores sexuales, sólo se mencionan los nombres de Luis Fernando Figari —quien fue separado de la comunidad pero nunca expulsado del Sodalicio—, de Germán Doig —fallecido en el año 2001— y de otros tres, que ya no forman parte de la institución: Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía. Sin embargo, hay otros tres abusadores sexuales que seguirían perteneciendo al Sodalicio, cuyos nombres no se mencionan. Asimismo, no se menciona el nombre de ninguno de los once abusadores físicos y psicológicos que identificó la comisión de expertos, nueve de los cuales seguirían perteneciendo al Sodalicio.
En una parte se mencionan «actos de abuso sexual que se han reportado como perpetrados por cuatro exsodálites, de quienes se ha reportado que han abusado sexualmente de un total de dieciocho varones menores de edad y una joven menor de edad». Para enterarnos de la edad de cada una de las víctimas, los nombres de sus abusadores y los detalles de los abusos tendríamos que esperar al Informe de la Comisión De Belaúnde (julio de 2019) —lamentablemente aún no difundido públicamente—, donde aparece toda esta información.
El informe de los expertos internacionales, además de ser fragmentario y demasiado breve para la cantidad de fuentes disponibles y el tiempo de un año dedicado a la investigación, cae en una que otra contradicción. En su carta de presentación, Alessandro Moroni, decía que «los expertos identificaron ciertos elementos dentro de la cultura del Sodalicio que, de alguna manera, permitieron que estos reprobables hechos hayan podido ocurrir». El informe dice más o menos lo mismo refiriéndose a una «cultura pasada del SCV», pero también señala que «no fue, entonces, la cultura del SCV la que causó que los agresores cometieran actos de abuso, pero hubo autoridades o sodálites mayores que permitieron o alentaron abusos físicos y psicológicos». ¿En qué quedamos?
De hecho, la versión en español del informe de los expertos internacionales se lee con más naturalidad y no tiene la pinta de ser una traducción, lo cual no ocurre con la versión en inglés, que parece más bien una traducción del español.
Si esto es así, nos hallaríamos ante una premisa grave, considerando que los expertos no dominaban el español al punto de poder escribir un informe profesional en esta lengua. ¿Quién redactó entonces el informe?
La primera hipótesis es que fueron sodálites encargados por la institución para apoyar a los expertos quienes estuvieron encargados de redactar y supervisar el informe final. Que el Sodalicio tenía en control de los procedimientos se manifiesta en el hecho de que ni Ian Elliott, ni mucho menos las otras dos “expertas”, decidían a quién se le podía considerar como víctima y acreedor de una reparación, sino que eso lo hacía un Comité de Reparaciones integrado por el mismo Elliott, los sodálites José Ambrozic y Fernando Vidal; Claudio Cajina, abogado del Sodalicio, y Scott Browning, abogado estadounidense contratado por el Sodalicio, según lo declarado por Alessandro Moroni en el Congreso de la República. En otras palabras, ante las víctimas el Sodalicio fue juez y parte.
La otra hipótesis es que efectivamente hubo un extenso informe en inglés preparado por los expertos, pero que no es el mismo que se dio a conocer a la opinión pública, el cual sería más bien una especie de resumen o versión editada, preparada por el mismo Sodalicio a fin de apuntalar su propia narrativa de los hechos, donde —por ejemplo— se omite totalmente el papel que jugaron Rocío Figueroa, Pedro Salinas y Paola Ugaz en develar los abusos del Sodalicio. Alessandro Moroni dice en su carta de presentación que «los expertos no han encontrado indicios de complicidad ni conspiración entre los presuntos abusadores». La pregunta es dónde leyó esto, porque esta información no aparece en el informe publicado. ¿Lo habrá leído en el informe en inglés que efectivamente habrían preparado los expertos y que nunca fue publicado?
Queda claro que lo que se buscaba era cargar el peso de los abusos sobre un puñado de abusadores (Figari, Doig, Levaggi, Daniels y Murguía), de los cuales —con la excepción de Figari— ninguno forma actualmente parte del Sodalicio, y limpiar al Sodalicio institucionalmente de cualquier culpabilidad o responsabilidad en los abusos. Y el informe, curiosamente, no aborda en ningún momento el tema de los encubridores, de aquellos que fueron testigos de abusos y que sabían de lo que ocurría, pero prefirieron guardar silencio y proteger a los abusadores con el fin de salvaguardar a toda costa la imagen institucional. Y esos encubridores siguen en la institución, manteniendo en pie el sistema que permitió los abusos de poder y de conciencia que constituyeron la base y fueron una puerta abierta para los demás abusos.
Creer que el Sodalicio puso todo de su parte para que se conociera la verdad de los hechos es una quimera, una fantasía para ingenuos. Toda su estrategia sólo tuvo como objetivo engañar a la opinión pública.
(Columna publicada el 22 de julio de 2023 en Sudaca)
El 2 de junio de 2020 la Policía Nacional del Perú, a través del Área de Investigación de Personas Desaparecidas perteneciente al Departamento de Investigación Criminal del Cusco, emitió una nota de alerta por la presunta desaparición del ciudadano Marco Antonio Monzón Luna, de 70 años de edad, de quien se sabía —según la denuncia presentada— que su último paradero conocido fue el 15 de marzo en su vivienda en la Urbanización Zaguán del Cielo, en la ciudad del Cusco.
Uno más de entre los más de 20,000 casos de personas que desaparecen cada año en el Perú. Sin embargo, se trata de una persona recordada por quienes fueron sus alumnos en el Colegio Salesiano “Santa Rosa”, en la ciudad de Huancayo. Y no son precisamente recuerdos gratos los que deben guardar algunos de los alumnos de quien alguna vez fuera sacerdote católico en la congregación de los salesianos de Don Bosco.
José del Carmen Oregón Tapia, comunicador social cuyo último trabajo conocido es el de comunicador zonal de la Alianza CR3CE para los servicios digitales y financieros (Ucayali), denunció al exsacerdote el 12 de marzo de 2015 en un artículo muy sentido que publicó en un blog. El egresado de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) y de la Universidad Nacional de Ucayali relata allí lo siguiente:
«Fui alumno del Colegio Salesiano de Huancayo, desde que era un niño de 6 años, en el año 1987; alumno del padre Marco Antonio Monzón Luna, pero quizá más que alumno suyo fui su discípulo y él mi maestro, mi mentor, mi pastor; pero un preceptor, un profesor, no necesariamente es un amigo, un padre, un buen sacerdote o un santo. En aquel tiempo el era director del plantel; lo que recuerdo de aquellos años iniciados para mí, como historia personal en 1992, como testimonio mío, en que yo era aún un niño de 10 u 11 años, era a una persona con presencia y autoridad, preocupado por las actividades del Centro Educativo, entre las que estaban ver por los alumnos como yo…»
«Marco Monzón Luna, capellán y director del centro educativo católico de los salesianos de Huancayo, abusaba sexualmente de sus estudiantes, alumnos púberes, mediante tocamientos indebidos de sus partes íntimas, sus órganos genitales; realizaba estos actos delictivos en las diferentes actividades ordinarias y pastorales que dirigía personalmente en la ciudad. Monzón integraba a sus estudiantes víctimas a las actividades de caridad, retiros espirituales y paseos que realizaba en el Valle del Mantaro, donde abusaba de ellos; hacía que sus alumnos le ayuden en su oficina de director para tocarlos, mientras éstos realizaban pequeñas tareas como poner sellos y ordenar papeles de oficina. El sacerdote pederasta se valía de la cercanía y confianza que había cultivado con algunos de sus estudiantes, de la inocencia y de la nobleza de sus víctimas, que terminaron colaborando en sus actividades, acompañándolo de manera cercana en sus diversas labores e interminables jornadas de catequesis y de caridad con niños pobres en la ciudad y en el distrito rural de Hualhuas, en las afueras de Huancayo…»
«La verdad sea dicha, por suerte mi calvario personal culminó en el año 1995, año de suerte para muchos, incluido para el Reverendo Padre Marco Monzón Luna, año en que se informó de su vida y milagros de pederasta y año en que desapareció de Huancayo, encubierto por su congregación que lo removería por un sinnúmero de casas salesianas del Perú y del mundo, tras dejar en estado de trauma a muchos de sus alumnos, entre ellos yo…»
Uno de los lectores del blog, que prefirió guardar el anonimato, confirmó la denuncia hecha por Oregón Tapia a través de un par de comentarios:
«Marco Monzón fue un pederasta. Llamaba por mí y me sacaba de clases. Me masturbaba sentado él en su pupitre. Yo tenía 9 años y estaba en cuarto de primaria y no entendía qué estaba pasando».
«Conocí al padre Marco Monzón Luna cuando estuve en cuatro grado de primaria. Soy uno de los chicos blancos/rubio que refieres. Marco me masturbó algunas veces, interrumpía mis clases y yo subía a su oficina: recuerdo eso.
También recuerdo que una vez subiendo las escaleras habían gotas de sangre que eran de otro chico cuyo apellido protejo».
No se sabe de ninguna denuncia, civil o canónica, que se haya elevado contra el padre Marco Monzón. Pero el suyo no sería el único caso de abusos entre los salesianos en el Perú.
A la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones (2018-2019), del Congreso de la República del Perú, presidida por el entonces congresista Alberto de Belaúnde, el entonces congresista Marco Arana Zegarra le hizo llegar una denuncia elevada por el licenciado en música Américo Legua Díaz, señalando
«los supuestos abusos sexuales que el padre José Antúnez de Mayolo habría cometido en su contra cuando éste tenía entre 9 y 12 años. Durante 1980 y 1983 Américo Legua cumplía las tareas propias de un monaguillo —a pesar de que no ocupaba dicho cargo— en la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” de los Salesianos, en el distrito de Magdalena.
El delito que denuncia Legua habría sido cometido en el Seminario donde vivía el padre José Antúnez de Mayolo, el cual quedaba frente a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito de Magdalena, en Lima. Américo relata que el padre le fue encargando progresivamente tareas propias de los servicios religiosos, como recoger la limosna, y ayudarlo en los diferentes quehaceres de la iglesia, para luego invitarlo a conocer su habitación, en donde contaban las limosnas para luego llevarlas al banco. En uno de esos encuentros, el padre lo envía a bañarse y lo hace desnudar, para luego realizar tocamientos en su cuerpo, hasta llegar a tener relaciones sexuales por vía anal. Al terminar, Américo cuenta que el padre le regalaba las monedas que quedaban de la limosna.
Los episodios de abuso sexual sucedieron también en otros espacios, según el relato de Américo que se presentará más adelante. Uno de ellos ocurrió en la casa de Inspectoría Salesiana – Casa Provincial de los Salesianos del Perú, ubicada en el distrito de Breña, otro en casa de la hermana del padre Antúnez de Mayolo, en Miraflores; y otro en una casa en Magdalena que pertenecía a una señora con la que el padre tenía un alto grado de confianza y que estaba enferma».
En el año 2015 Legua realizó una denuncia ante la propia congregación salesiana del Perú, siendo provincial superior el P. Santo Dal Ben. Al no obtener nunca respuesta del estado en el que se encontraba esta denuncia, decide llevarla a los medios de comunicación. El reportaje sobre su caso se emitiría el 7 de mayo de 2017 en el programa periodístico “Punto Final” de Latina Televisión.
Este hecho daría lugar a la aparición de otra denuncia contra otro sacerdote salesiano, como relata el informe de la Comisión De Belaúnde:
«A partir de este reportaje, se pone en contacto con Américo Legua, Javier Abelardo Pérez Delgado, de 56 años, quien manifestó su intención de dar su testimonio ante esta Comisión sobre los hechos que habrían ocurrido cuando estudiaba en el Colegio Parroquial Salesiano, de Breña, en la década de los 70. Javier Pérez relata que fue abusado sexualmente cuando tenía entre 8 y 12 años, mientras cursaba segundo grado de primaria. De acuerdo a sus declaraciones, el padre Eugenio B. Masías Abadía, quien era director del colegio en esos años, lo llevaba al “cuarto oscuro” del colegio, en el que le repasaba las lecciones para luego castigarlo físicamente y realizar tocamientos con connotación sexual.
Los supuestos abusos empezaron con golpes en las nalgas, desnudamiento forzado, baños y, finalmente, penetración anal. El padre tenía la autorización de la maestra de Javier, así como de su madre, para ayudar en la nivelación académica, por lo que los hechos de violencia que narra se daban en estos espacios sin supervisión. Esta situación se detuvo cuando el profesor Eduardo Chang identificó que Javier salía de las clases de nivelación lloroso y mojado, por lo que confronta al padre amenazando con denunciarlo. Al siguiente año, Javier fue cambiado de colegio».
No nos consta que haya habido en ninguno de los casos denuncia ante la justicia civil, ni de parte de la víctimas ni de quienes supuestamente se enteraron de los abusos. Y si bien en el caso de Américo Legua hubo un proceso canónico, pues su denuncia fue remitida por los salesianos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ésta decidió en el año 2016 archivarla por «carecer de verosimilitud». El caso sería reabierto después de que el músico peruano le escribiera una carta al Papa Francisco, fechada el 4 de abril de 2017. Aun así, en diciembre de 2017 la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió archivar de manera definitiva la denuncia contra el padre Antúnez de Mayolo, por «absoluta ausencia de elementos probatorios que sostengan las afirmaciones contenidas en la denuncia». En ningún momento la víctima fue contactada o citada a declarar, ni tampoco fue nunca notificada oficialmente de cómo iba el proceso, a qué termino llegó, ni mucho menos cuáles fueron los argumentos para su archivamiento.
Estos casos serían suficientes como para que se abra una investigación, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en España. De los más de 900 casos de abuso sexual eclesiástico recopilados por el diario El País, unos 100 casos están vinculados a la congregación salesiana, siendo la institución religiosa católica que figura con más casos en esa base de datos.
Todo esto sería sólo la punta del iceberg, pues no resulta aventurero suponer que en el Perú no sólo los salesianos y el Sodalicio albergaron o albergan abusadores entre sus filas, sino que la Iglesia católica en el país andino tampoco se libraría de sufrir masivamente el cáncer del abuso sexual eclesiástico que aqueja a la Iglesia dondequiera que tenga presencia. Más aun cuando hay un jerarca de la Iglesia católica en el Perú, con el sobrenombre de cardenal Cienfuegos (según Jaime Bayly) o Mons. Camilo (según Pedro Salinas en su último libro Sin noticias de dios), acusado de abusos sexuales y que no ha sido aún identificado inequívocamente con nombre y apellido.
(Columna publicada el 21 de enero de 2023 en Sudaca)
El 3 de noviembre de 2012 el sociólogo peruano Eduardo González escribía en La Mula lo siguiente:
«Uno de los artefactos más atroces de la guerra peruana de los 80 y 90 es la “carta de sujeción” que todo militante senderista debía suscribir, como parte de su inducción a alguna estructura. En estos documentos, el individuo renunciaba por completo a su identidad, a sus intereses, a sus derechos y afirmaba ante Sendero una serie de dogmas y compromisos.
Las cartas estaban todas cortadas con el mismo molde. No había —no podía haber— espacio para la innovación o para el estilo personal. Toda muestra de individualidad y originalidad era peligrosa, reveladora de tendencias erróneas, una invitación a la crítica fratricida y a la liquidación política».
Si cambiamos “militante senderista” por “sodálite” y “Sendero” por “Sodalicio”, encontramos una descripción exacta de lo que también ocurría en la cuestionada asociación católica. Pues en el Sodalicio, una institución sectaria y totalitaria como Sendero Luminoso —aunque sin el recurso a la violencia armada—, también había algo así como cartas de sujeción. Es decir, misivas dirigidas al líder supremo, Luis Fernando Figari, que uno debía escribir —de preferencia de puño y letra— para pedir ser admitido en el Sodalicio, ingresar a vivir a una comunidad o hacer una promesa donde uno ascendía dentro de los niveles de pertenencia a la institución. Y que debían expresar la completa adhesión personal de uno al Sodalicio y a su Superior General.
Dentro de la magra documentación que Alessandro Moroni, entonces Superior General del Sodalicio, me envío a solicitud mía el 27 de enero de 2016, estaban incluidas copias de tres de estas cartas:
1° una mecanografiada, con fecha del 17 de diciembre de 1981, donde solicito mi ingreso a una comunidad sodálite;
2° una manuscrita del 13 de agosto de 1988, donde solicito que se me permita hacer la promesa de profeso temporal;
3° otra carta manuscrita del 12 de agosto de 1991, donde solicito se me permita renovar por un año mi promesa de profeso temporal.
No recuerdo si escribí una carta para solicitar mi admisión en el Sodalicio como aspirante, la cual se realizó formalmente el 6 de diciembre de 1980 en la capilla del Colegio Santa Úrsula, en el distrito de San Isidro. Pero si esa carta existió, con toda seguridad Moroni no me la habría enviado, pues constituiría una prueba fehaciente de que se admitían menores de edad en la institución, considerando que yo tenía entonces sólo 17 años de edad. Aun así, esa ceremonia no constituyó mi iniciación en el Sodalicio, pues yo ya era parte de la institución desde el 2 de diciembre de 1978, cuando a los 15 años de edad —sin conocimiento de mis padres— hice mi primera promesa de sodalite mariae, un compromiso de pertenencia institucional para sodálites en edad escolar que posteriormente sería abolido.
Lo cierto es que estas cartas fueron redactadas con un lenguaje nada personal, estereotipado, salpicado de frases sacadas de la ideología sodálite con que se nos adoctrinaba. «Habiendo escrutado los designios de Dios en mi propia historia personal, y habiéndolos meditado en oración, he descubierto que el Señor me llama a un estado de vida religiosa», escribía el muchacho de 18 años que alguna vez fui. «El Señor Jesús nos llama a todos los cristianos a vivir en la dimensión del amor a Dios y a los hermanos… / ..sé también que tendré que buscar al Señor junto con mis hermanos en Cristo, en una vida comunitaria… / …espero poder servir en mi vocación a Dios y a los hombres, para instaurarlo todo en Cristo bajo la guía de Santa María».
Diez años más tarde, utilizando el mismo lenguaje, yo mismo escribía: «Con el fin de seguir madurando en la fe, buscando conformarme con el Señor Jesús bajo la guía de Nuestra Señora Santa María, en la vocación de plena disponibilidad apostólica a la cual creo con firmeza que estoy llamado, te solicito la renovación de mi profesión temporal por el lapso de un año».
Lo que sí debía contener obligatoriamente la carta era una cláusula como «esta decisión la he tomado libremente y por mi propia voluntad», «este anhelo mío es completamente libre, sin coacción de ningún tipo», «esta decisión la he tomado libre de coacción externa e interna». Y el consejero espiritual que a uno le habían asignado se encargaba de verificar que frases como éstas o similares estuvieran presentes en el escrito.
El Sodalicio conserva celosamente los originales o copias certificadas de estas cartas, para usarlas como prueba de que no hubo secuestro mental de nadie en la institución y de que todos estuvieron allí porque así lo querían, cuando en realidad estas cartas demuestran el lavado de cerebro a que fuimos sometidos, pues todas se parecen en los términos y usan el mismo lenguaje estereotipado y clichetero extraído de los textos doctrinales sodálites elaborados por Figari y compañía.
Según cuenta Pedro Salinas en su último libro Sin noticias de dios – Sodalicio: crónica de una impunidad, el 1° de agosto de 2016 durante una audiencia en el Ministerio Público el abogado de Eduardo Regal le mostró varias de estas cartas, preguntándole: «¿Recuerda haber solicitado voluntaria y entusiastamente a través de cartas escritas por su puño y letra su ingreso a la vida comunitaria, y posteriormente su reingreso a la misma? ¿Reconoce su firma en esta carta?» Salinas respondió lo siguiente: «La carta solicitando el ingreso a la vida comunitaria, prácticamente me la dictó Virgilio Levaggi, y era de puño y letra, pues ese era el requerimiento sodálite. La presión que ejerció el Sodalitum, a través de personas como Figari, Levaggi, Baertl y Doig, entre otros, fue fundamental y definitiva en mi incorporación. Jamás me dijeron a lo que estaba ingresando. No recuerdo la carta solicitando mi reingreso (permanente a las comunidades “de formación” de San Bartolo; la primera carta era para hacer un período de prueba). No la recuerdo, pero reconozco mi firma». Y continúa así su relato: «No las podía negar. Eran mías. Sólo atiné a decir que no me reconocía en ellas, por el estilo postizo y las frases rígidas, extraídas aparentemente de las Memorias que cada fin de año pergeñaba Figari, y que nos hacían aprender de paporreta».
No sé de ninguna asociación religiosa en la Iglesia católica donde se exijan este tipo de cartas a sus miembros. Asimismo, no existe ninguna norma o reglamento escrito en el Sodalicio donde se ponga como requisito para hacer promesas formales el tener que escribir este tipo de cartas. Sin embargo, en la práctica se exigía hacerlo si uno quería seguir ascendiendo en la escala jerárquica de la institución. Rehusarse a escribirla era impensable, inimaginable. Debido al lavado de cerebro a que habíamos sido sometidos, carecíamos de la información y la voluntad para cuestionar esta práctica. En estas cartas no se permitía poner libremente lo que uno quisiera, sino solamente lo que el destinatario quería oír. Y de que eso ocurriera se aseguraban los consejeros espirituales y superiores de la comunidad, quienes revisaban las cartas antes de ser entregadas a Luis Fernando Figari.
Que tan poco libre y voluntaria era la permanencia en el Sodalicio lo muestra el hecho de cuando uno manifestaba su deseo de salir de comunidad, comenzaba un procedimiento tortuoso de “discernimiento” que podía durar meses, y en algunos casos incluso años, pues no estaba previsto que nadie se fuera: se consideraba una anormalidad, un mórbido imprevisto, una traición al inexorable llamado de Dios.
Cuando en enero de 1993 manifesté mi deseo de dejar la vida comunitaria y de ya no querer seguir siendo un laico consagrado, pasarían siete meses hasta que eso se concretara, siete meses que viví con una angustia permanente y recurrentes pensamientos suicidas. Eso explica por qué para muchos la huida tempestiva y clandestina era el procedimiento más expeditivo para abandonar el Sodalicio, a veces en circunstancias aventureras, como la de aquel exsodálite peruano que huyó de una comunidad sodálite en Bogotá y realizó por tierra el viaje hasta Lima, pasando por Ecuador, sufriendo contratiempos e incomodidades en una odisea que merece ser contada.
Todos los que huyeron se libraron de escribir sus cartas de salida, que también eran una especie de cartas de sujeción, pues en ellas debía quedar plasmado por escrito que la culpa de abandonar la comunidad era única y exclusivamente del renunciante. En mi carta, escrita en San Bartolo y fechada el 17 de julio de 1993, decía yo lo siguiente:
«En mi vida comunitaria, a lo largo de estos últimos años, siempre he tenido problemas debido en gran parte a mis propias inconsistencias. Estos problemas se han manifestado de manera particularmente fuerte en los últimos tiempos, de tal modo que me han hecho llegar a una situación de profundo cuestionamiento personal. En estas circunstancias, luego de pasar por un largo período de discernimiento en San Bartolo, he llegado al punto de considerar la posibilidad de abandonar la vida comunitaria, puesto que me resulta difícil permanecer en ella, y creo que, debido a mis problemas personales, ello puede conllevar obstáculos para el desenvolvimiento de mi vida cristiana».
No era el Sodalicio el que estaba mal, sino yo. Sacudirme esa conclusión me demoró más de una década. Y a pesar de lo que allí yo escribía con candorosa ingenuidad —«sé que podré contar siempre con la ayuda de mis hermanos sodálites en los momentos más difíciles»—, lo que en realidad ocurrió fue otra cosa: una mezcla de traición, desprecio y discriminación hacia mi persona por haber abandonado el camino de la vida consagrada sodálite.
Cada vez que se lea una de esas cartas de sujeción, se deberá ponerlas en su contexto y conocer las circunstancias en que fueron escritas. No son expresión de libre voluntad —pues se revisaba sus contenidos para que estuvieran conformes, mientras se tenía controlados mental y afectivamente a quienes las escribían—, sino prueba del lavado de cerebro que se practicaba en el Sodalicio. Y uno de los artefactos más atroces de la manipulación ejercida por las autoridades sodálites sobre quienes pertenecen o pertenecieron al Sodalicio.
(Columna publicada el 7 de enero de 2023 en Sudaca)
José Enrique Escardó declarando ante la Comisión De Belaúnde (4 de febrero de 2019)
En julio de 2019 la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones del Congreso de la República, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde, terminó su Informe Final, donde se analiza la problemática del abuso sexual contra menores, tras una investigación de los casos emblemáticos de violencia sexual en las escuelas públicas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), el Sodalicio de Vida Cristiana, el Colegio Héctor de Cárdenas y otros casos de relevancia como los abusos sexuales cometidos por dos sacerdotes católicos en Huamachuco (La Libertad) y por dos miembros de la Congregación Salesiana, el caso de la niña que sufrió abusos sistemáticos y prolongados en un local de la Iglesia Evangélica Bautista “Lirio de los Valles” en San Juan de Lurigancho (Lima) y el caso de la alumna de intercambio Mackenzie Severns, de nacionalidad estadounidense, que fue violada por un alumno del Colegio Markham.
El cierre del Congreso el 30 de septiembre de 2019 cortó las posibilidades de que el informe de la Comisión De Belaúnde fuera discutido en el Pleno y finalmente dado a conocer a la opinión pública. Alberto de Belaúnde fue reelegido en el nuevo Congreso, pero lamentablemente no se le presentó la oportunidad para que el informe fuera sometido a debate en el Pleno y publicado oficialmente.
La importancia de este informe en lo que respecta al caso Sodalicio es que las investigaciones fueron hechas por personas independientes y no contratadas por la institución, como ocurrió en el caso de los dos breves informes de febrero de 2017 elaborados por expertos extranjeros contratados por el Sodalicio (Kathleen McChesney, Monica Applewhite, Ian Elliott), quienes, además de no conocer adecuadamente la realidad de la sociedad peruana y del papel que cumple en ella la Iglesia católica junto con sus instituciones, se orientaron más hacia una estrategia de control de daños que favoreciera al Sodalicio, limpiándole la cara, en vez de atender adecuadamente las justas demandas de las víctimas.
La publicación del Informe De Belaúnde evidenciaría que el Sodalicio todavía tiene varias cuentas que saldar e incluiría datos relevantes para el desarrollo de la denuncia penal contra miembros y ex miembros del Sodalicio que fue formalizada mediante resolución del 20 de noviembre de 2017 por la Décimo Octava Fiscalía Penal de Lima. Allí se acusa a Luis Fernando Figari, Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels, Daniel Murguía, Ricardo Trenemann y Óscar Tokumura de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y del delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones psicológicas graves) en agravio de 14 personas, entre las cuales se cuentan José Enrique Escardó, Pedro Salinas, los hermanos Vicente y Martín López de Romaña, Óscar Osterling, Álvaro Urbina y yo mismo.
La publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz en noviembre de 2015 fue solamente el disparo de partida para otros libros sobre el tema que aún están pendientes de ser publicados.
El psicoterapeuta y ex sodálite Gonzalo Cano Roncagliolo, quien, para optar al grado de magíster en la Pontifica Universidad Católica del Perú, presentó en el año 2014 una tesis con el tema Del uso de la religión para la perversión: una mirada psicoanalítica al caso de Marcial Maciel, ha preparado un libro que amplía las ideas de esta tesis y hace un análisis comparativo desde las ciencias psicológicas de los tres mayores abusadores de la Iglesia católica en Latinoamérica: Maciel, Karadima y Figari. Cano ya ha publicado una novela, Sepulcros blanqueados, donde recurre a la ficción para presentar una sociedad religiosa que es un calco del Sodalicio, a diferencia de la fallida novela Y líbranos del mal de Santiago Roncagliolo, primo hermano del anterior, que nos presenta una institución religiosa que se parece muy poco al Sodalicio real que conocimos quienes hemos sido víctimas de abusos en la institución.
Están también en lista de espera para ser publicados el testimonio autobiográfico de un ex sodálite así como mi propia historia personal, que no es solamente un relato autobiográfico sino también una panorámica del Sodalicio desde adentro en las décadas de los 70 a los 90, sin centrarse en los abusos sexuales sino en el sistema mismo, que puede caracterizarse como secta destructiva.
Asimismo, también está el libro que ha anunciado Paola Ugaz sobre las finanzas del Sodalicio.
Las cuentas pendientes que tiene el Sodalicio son muchas. Su comisión de expertos internacionales habría contribuido a reducir a 67 el número de víctimas, en comparación con las más de cien víctimas —según fuentes confiables— que habría reconocido la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada en noviembre de 2015 por el mismo Sodalicio e integrada por los abogados Manuel Sánchez Palacios y Rosario Fernández Figueroa, el obispo de Lurín Mons. Carlos García Camader, la psiquiatra Maita García Trovato y el periodista Miguel Humberto Aguirre, quienes rechazaron las remuneraciones ofrecidas por el Sodalicio a fin de mantener su independencia.
Además, el Sodalicio habría implementado muy pocas de las recomendaciones hechas por ambas comisiones, y mucho menos habría aplicado castigos contra los abusadores que siguen perteneciendo a la institución. Las reparaciones indemnizatorias otorgadas a las víctimas no se ajustaron a estándares internacionales de justicia, muchos menos tomaron en consideración que el Sodalicio tiene un patrimonio millonario que le da la capacidad para pagar indemnizaciones que realmente mitiguen los daños producidos. A esto hay que añadir que las reparaciones fueron concedidas previa firma de acuerdos de confidencialidad que vulneran el derecho de las víctimas a seguir buscando justicia. No conozco a ninguna víctima indemnizada por el Sodalicio que se haya sentido realmente agradecida a la institución por la manera en la que actuó.
Finalmente, el Sodalicio tiene cuentas pendientes conmigo, pues nunca me reconocieron como víctima, no obstante que la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación sí lo hizo, no obstante que el Ministerio Público me reconoce como agraviado en el delito de lesiones psicológicas graves, no obstante que viví más de 11 años en comunidades sodálites de consagrados y pasé por sufrimientos y abusos similares a los que padecieron Pedro Salinas y José Enrique Escardó, que estuvieron menos tiempo en esas comunidades y, sin embargo, sí fueron reconocidos como víctimas por el Sodalicio.
El Sodalicio también ha sido una cuña en mis relaciones familiares, pues mi hermano Erwin sigue perteneciendo a la institución y apenas me habla desde hace varios años; más aun, ha dado indicios de que no quiere que yo sepa en qué lugar del mundo se encuentra. El resquebrajamiento de los vínculos familiares se dio desde los 70, cuando mi madre aún vivía, y afecta hasta ahora a mi entorno familiar.
El Sodalicio, a través de la productora ICTYS (Instituto Cultural y Social) ha explotado comercialmente, desde la década de los 90, por lo menos 18 canciones de las cuales soy autor y compositor —tal como lo reconoce explícitamente ICTYS—, sin que yo haya cedido en ningún momento ningún derecho emanado de la propiedad intelectual de esas canciones y sin haber yo recibido nunca ningún céntimo por concepto de regalías.
El Sodalicio me ha quitado el sueño, me ha hecho despertar cada día con la conciencia obsesiva de ser un sobreviviente de un sistema sectario destructivo, ha envenenado y destruido muchas de mis amistades, me ha difamado como un ser desquiciado que sólo busca hacer daño a quienes quieren vivir una auténtica fe cristiana dentro de la Iglesia católica.
Pero aún me quedan la fe, producto de experiencias personales, y una esperanza indoblegable, que espera ver algún día al Sodalicio saldando sus cuentas pendientes.
(Columna publicada en Sudaca el 19 de junio de 2021)
Mons. Eguren durante el Día del Juez (4 de agosto de 2016) con el Dr. Juan Carlos Checkley Soria, entonces Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura
El 14 de febrero de 2019 la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Arzobispado de Piura emitió un comunicado, respondiendo a diversos cuestionamientos referentes a la querella interpuesta por Mons. José Antonio Eguren Anselmi en contra de Pedro Salinas, que ha terminado en primera instancia con una condena del periodista a un año de prisión suspendida, 120 días de trabajo comunitario y una reparación civil de 80 mil nuevo soles.
COMUNICADO DEL ARZOBISPADO DE PIURA POR EL CASO DEL SEÑOR PEDRO SALINAS
Ante todo lo que en estos días se viene diciendo en los diferentes medios de comunicación respecto a la querella interpuesta por el Arzobispo Metropolitano de Piura y la sentencia contra el periodista Pedro Salinas Chacaltana, es conveniente precisar y aclarar algunos puntos.
SOBRE LA QUERELLA Y SENTENCIA POR DIFAMACIÓN
1. En relación a la sentencia condenatoria contra el periodista Pedro Salinas Chacaltana, pronunciada por la Jueza del Primer Juzgado Unipersonal Penal de Piura el día lunes 8 de abril, debemos indicar que Mons. Eguren nunca tuvo la intención de que se llegara a este extremo. A él, le apena mucho que se haya tenido que llegar hasta esta instancia.
Mons. Eguren nunca ha salido a declarar nada sobre la querella interpuesta contra Pedro Salinas. Siendo el demandante, tampoco se ha hecho presente en ninguna audiencia ni tampoco ha hecho personalmente ninguna declaración pública respecto a los sentimientos que le suscita este proceso. Dicho de otro modo, Mons. Eguren nunca ha dado la cara ni ha solicitado una cita para dialogar con Pedro Salinas y manifestarle el enorme pesar que siente por haber iniciado esta querella. Así como el Sodalicio ha evitado en lo posible un diálogo personal con las víctimas, de igual manera Mons. Eguren ha evitado tener que pedirle disculpas en persona a Salinas, víctima reconocida de la institución sodálite, por haberse visto obligado a querellarlo. Recién nos enteramos que abriga tan nobles sentimientos a través de un impersonal comunicado escrito. ¿Será sincero? Porque el papel lo aguanta todo.
2. La querella ha sido el último recurso que le ha quedado a Mons. Eguren ante la reiterada negativa del Señor Salinas a rectificarse y a llegar a algún tipo de conciliación. Que quede claro que la querella no es ninguna forma de venganza sino el último recurso que le ha quedado a Mons. Eguren para defender su honor y buen nombre, los cuales se vieron lesionados por las afirmaciones del Sr. Salinas. Reiteramos que si se llegó a este punto es porque el Sr. Salinas no quiso rectificar sus afirmaciones difamatorias y desestimó toda la información que se le hizo llegar, vía notarial, lo cual probaba que lo que decía era falso. A pesar de ello él continuó utilizando en sus publicaciones afirmaciones irreproducibles y abiertamente denigrantes contra Mons. Eguren.
Salinas no podía en conciencia rectificarse porque ninguna de sus afirmaciones sobre Mons. Eguren era inventada por él ni carecía de una sustento lógico y racional basado sobre hechos conocidos. Mons. Eguren no parece darse cuenta de que el hecho de que no existan denuncias judiciales contra él no significa necesariamente que lo que se ha relatado sobre él sea falso, pues —que yo sepa— el poder judicial no es la fuente última de la verdad ni la medida de todas las cosas en este aciago mundo en que vivimos.
Por otra parte, nada de lo que dijo Salinas resulta irreproducible salvo para beatas mojigatas que besan anillos episcopales y reverencian sotanas santurronas. Y si la información contenida en lo dicho es veraz y plausible, ¿dónde están las afirmaciones denigrantes? Resulta contradictorio acusar a alguien de haber hecho ciertas afirmaciones, pero no reproducirlas debido a que son “irreproducibles”. Lo correcto es informar a los lectores, transcribiendo esas afirmaciones, y dejar que ellos opinen.
3. La querella contra el Señor Salinas NO ha sido motivada por la investigación, ni por ninguna de las afirmaciones contenidas en su libro “Mitad Monjes y Mitad Soldados”. El Sr. Salinas ha intentado reiteradamente vincular la querella a su investigación periodística sobre los casos de abusos cometidos al interior del Sodalicio, lo cual es falso. La querella se sustenta exclusivamente en dos afirmaciones suyas. Él ha dicho que, Mons. Eguren es el creador del sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales al interior del Sodalicio, que es un abusador y encubridor. La otra, es que es el personaje clave de una trama de tráfico de tierras realizadas en la ciudad de Piura por la organización criminal “La Gran Cruz”.
Curiosamente, Mons Eguren no ha querellado a José Enrique Escardó, quien ha relatado abusos que habría cometido aquél en perjuicio suyo. Desde hace 19 años Escardó ha reiterado varias veces su historia sin desdecirse ni un ápice de lo dicho, y esta cosas también afectarían negativamente la honra del prelado sodálite, incluso más que las afirmaciones de Pedro Salinas y Paola Ugaz.
Yo tampoco he sido querellado, no obstante haber recibido una carta de Eguren pidiéndome una rectificación de mi artículo MONS EGUREN, LA FACHADA RISUEÑA DEL SODALICIO. En lo único que me he retractado es en el uso de los términos de “cómplice” y “encubridor”, indicando que no podía juzgar si Eguren era consciente de lo que implicaban las cosas que vimos juntos, y que yo he identificado posteriormente como abusos en toda regla (ver ¿COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO? – RESPUESTA A MONS. EGUREN). Sin embargo, no hay duda de que él también vio esas cosas, e incluso participó de una medida punitiva hacia mí que atentaba contra derechos fundamentales de la persona y que me sumió en una crisis de tal calibre, que durante siete meses suscitaría en mí deseos de que me sobreviniera la muerte.
Como ya he indicado, no sé en qué medida Mons. Eguren ha tomado conciencia de la gravedad de esos hechos que han sido tan frecuentes en las comunidades sodálites. En caso de que todavía crea que son meros “rigores de la formación”, podría ponerse en duda su capacidad moral y psicológica para seguir desempeñando el cargo de pastor de la Iglesia, dado que no se hallaría en situación de discernir adecuadamente situaciones que atentan contra la integridad física y psicológica de las personas.
Tampoco ha demando a Daniel Yovera, el periodista que hizo la investigación para el documental de Al Jazeera que involucra a Mons. Eguren en una cuestión de tráfico de tierras en Piura. Mucho menos se ha atrevido a denunciar a la cadena televisiva Al Jazeera. ¿Habrá querellado a Samuel Alberca, el principal testigo —no el único— que lo implica en acciones criminales, echándolo calato al agua?
Los únicos demandados son Pedro Salinas y Paola Ugaz, que tienen en común ser co-autores del libro “Mitad monjes, mitad soldados”. Es cierto que no los demanda por afirmaciones hechas en el libro. Pero dado que hay otras personas a las que con mayor razón debería haber demandado por afectar en mayor medida su honor y no parece haberlo hecho, no es gratuito suponer que la razón remota de las querellas contra ambos periodistas sería el haber destapado los abusos del Sodalicio con su investigación periodística.
Por otra parte, lo que ha dicho Pedro Salinas textualmente en su artículo “El Juan Barros peruano” es lo siguiente:
«La primera denuncia que se hace en el año 2000 contra el Sodalicio, formulada por el periodista José Enrique Escardó, es contra el sodálite Eguren, dicho sea de paso, uno de los discípulos directos y cercanos de Luis Fernando Figari, y miembro de la denominada “generación fundacional”. O sea, alguien que, como Germán Doig, Virgilio Levaggi y Jaime Baertl, le conocen todas sus cosas al fundador del Sodalicio.
Por eso, el símil con Barros le cae como un guante. Pero no solo ello. Eguren es además señalado en diversos reportajes de investigación, como presuntamente implicado en casos de tráficos de terrenos en la ciudad de Piura, y vinculado a la organización criminal La Gran Cruz. Sobre esto puede verse el reportaje de investigación que hizo hace unos meses la cadena Al Jazeera o leer el libro El Origen de la Hidra (Aguilar, 2017), de Charlie Becerra».
En su posterior comentario a la carta notarial que le envió Mons. Eguren, Salinas dice lo siguiente:
«…estábamos —y seguimos— convencidos de que Eguren, uno de los sodálites más antiguos, miembro de la denominada “generación fundacional”, es decir, parte del grupo de sodálites de confianza de Figari, y partícipe de este tipo de maltratos seriales que reseña José Enrique Escardó, no fue ajeno a esta cultura de abusos y atropellos, en la que se humilló y vejó a demasiados jóvenes, que, hoy por hoy, padecen, como mínimo, de síndrome de estrés postraumático».
Salinas en ninguna parte del artículo ha dicho que Mons. Eguren haya sido creador del sistema de abusos, sino que como miembro de la generación fundacional —hecho consignado en la reseña autobiográfica del prelado que aparece en la página web del Arzobispado de Piura— no habría sido ajeno a este sistema de abusos físicos y psicológicos (los sexuales ni los menciona, ni acusa a Mons. Eguren de haberlos planeado o promovido). Tampoco dice taxativamente que él sea “pieza clave” del tráfico de tierras en Piura realizado por la banda criminal La Gran Cruz, sino que señala que el documental de investigación periodística de Al Jazeera lo involucra en este asunto.
En otra palabras, Pedro Salinas habría sido condenado no por lo que dijo literalmente —que no encajaría propiamente dentro del concepto de difamación—, sino por lo que Eguren dice que Salinas ha dicho.
4. La querella interpuesta al Señor Salinas ha sido totalmente a título personal por lo que rechazamos tajantemente que el Sodalicio de Vida Cristiana esté detrás de ella como malintencionadamente se viene afirmando.
Si la querella ha sido a título personal, ¿por qué entonces el comunicado de Eguren sobre este asunto no se realiza a título personal, sino que es publicado oficialmente por la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Arzobispado de Piura? Que yo sepa, no es el Arzobispado de Piura el que ha iniciado la querella, ni tampoco es un asunto en el cual se vea involucrada toda la entidad arzobispal. ¿No estaría Eguren utilizando la circunscripción eclesiástica confiada a su jurisdicción para fines meramente personales? Si Rafael Rey tuviera un litigio judicial que sólo lo involucrara a él como persona, ¿cualquier comunicado aclaratorio debería hacerse a través del Banco Central de Reserva?
A esto hay hay que añadir que, cuando se sospecha que el Sodalicio está detrás de las querella, no hay mala intención sino indicios. Como, por ejemplo, la constancia emitida el 4 de diciembre de 2018 por Fernando Vidal, entonces Vicario General del Sodalicio, donde se señala que «no existe ninguna mención, acusación ni referencia a Mons. José Antonio Eguren Anselmi» en los dos informes emitidos por las comisiones convocadas por el Sodalicio —siendo que ambos documentos no mencionan a casi nadie por su nombre (sólo se menciona a Figari en uno de ellos y a cinco abusadores en el otro, anonimizando a otros cuatro)— y en los informes personales elaborados por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación de que dispone el Sodalicio, que no son ni la tercera parte de la totalidad de informes que fueron emitidos. Asimismo, cuando Mons. Eguren envió una carta notarial a Altavoz pidiendo la rectificación de un artículo escrito por mí (MONS. EGUREN, LA FACHADA RISUEÑA DEL SODALICIO), adjuntó una copia de mi informe personal, siendo así que la Comisión de Ética había remitido esa informe a las autoridades del Sodalicio sólo para la implementación de las recomendaciones. Mons. Eguren no tenía por qué tener acceso a ese documento, y aún así el Sodalicio le facilitó una copia.
El Sodalicio parecería estar guardándole las espaldas a Mons. Eguren y hasta ahora no ha emitido ningún comunicado oficial haciendo un deslinde frente a las acciones legales iniciadas por el arzobispo de Piura y Tumbes.
5. Frente a las afirmaciones del Sr. Salinas de que la intención de Mons. Eguren es “meterlo preso” y “beneficiarse” con la reparación civil, debemos afirmar que desde la primera audiencia de la querella, el abogado de Mons. Eguren, siguiendo su pedido, solicitó a la Jueza que en caso de ser encontrado culpable el Sr. Salinas no recibiese condena de cárcel efectiva. Por tanto, desde antes que comenzase el juicio, el Sr. Salinas ya sabía que no iba ir a prisión si lo condenaban. En cuanto al dinero de la reparación civil cabe precisar también que desde el primer momento éste fue donado al Centro de Reposo de los Hermanos de San Juan de Dios en Piura, obra que no tiene relación alguna con el Sodalicio de Vida Cristiana.
Aquí hay algo que huele a chamusquina. En una denuncia penal, ¿puede la parte afectada determinar cómo se ha de aplicar la pena? ¿No es la jueza la que debe decidir en base a la ley, con absoluta independencia y sin influencia del denunciante?
Por otra parte, ¿cuál es el beneficio de no sufrir pena de carcelería comparado con el daño que se le hace a un periodista cuando arbitraria e injustamente se le condena por difamación? Mons. Eguren estaría tratando de parecer bondadoso, pero no le liga. Esto podría traducirse así: «te perjudico gravemente en tu oficio, pero debes agradecerme por no ir a la cárcel gracias a la influencia que ejerzo sobre la jueza». De Ripley.
Por otra parte, me parece muy loable que Mons Eguren quiera hacer una donación a una obra caritativa en Piura, pero lo correcto sería que la haga con su propio dinero y no con el que le está sacando a un periodista que no dispone de ese monto. No es muy caritativo que digamos, ni compatible con el amor cristiano, hacer una obra de caridad arruinando a otro y sin mojarse uno.
6. La querella se presentó en Piura porque el artículo 5 del Código Procesal Penal indica que el lugar del delito es también aquel donde se producen sus efectos. En este caso, el lugar es innegablemente Piura, donde Mons. Eguren ejerce su trabajo pastoral.
¿O sea que los efectos de la supuesta difamación se restringirían únicamente a Piura? ¿O sea que Pedro Salinas publica un artículo de opinión con motivo de la participación de Eguren en la Misa del Papa Francisco en Trujillo, adonde asistieron periodistas no sólo del Perú sino también de medios internacionales, y sólo lo leyeron en Piura? Lo que ahí se dice, ¿no ha tenido resonancia a nivel nacional en el Perú?
El artículo citado del Código Procesal Penal dice lo siguiente: «El lugar de comisión de un delito es aquél en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar o en el que se producen sus efectos». No se trataría de dos opciones a elegir, sino que la segunda se aplicaría por defecto cuando la primera no sea posible. Pedro Salinas publicó su artículo en La Mula, medio informativo que tiene su sede en Lima, por lo cual desde un principio el proceso judicial debió realizarse en esta ciudad.
7. Es conveniente señalar además que el proceso se ha llevado con toda corrección siguiendo el nuevo Código Procesal Penal vigente en Piura, por lo que no ha habido ninguna irregularidad durante el proceso.
Esto no le compete dictaminarlo al Arzobispo de Piura, sino al Poder Judicial.
Por de pronto, sólo yo declaré como testigo via Skype mientras que otros testigos fueron excluidos sin razón suficiente, con lo cual la defensa de Salinas no contó con todos los medios para demostrar que lo que había afirmado el periodista podía ser corroborado por otros. Asimismo, el modo de proceder del abogado de Eguren, el Sr. Percy García Cavero, ante mi testimonio no estuvo exento de irregularidades. Tras hacerme preguntas complejas me exigía que respondiera con “sí” o con “no” (es decir, me sugería las únicas respuestas admisibles para él) y me interrumpía cuando yo quería hacer una explicación a fin de situar mi respuesta en un contexto. Por ejemplo, me preguntó si el Sodalicio me había reconocido como víctima, requiriéndome contestar con un “sí” o con un “no”, supuestamente con el fin de deslegitimar lo que yo había relatado sobre Eguren. Al final le respondí que no había sido reconocido como víctima por la institución victimaria, pero sí por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. Me preguntó si Salinas y yo coordinábamos cuando íbamos a escribir algo, sugiriendo que había una especie de conspiración contra la Iglesia católica y contra Mons. Eguren, y le dije claramente que no, que yo era católico creyente y Salinas, agnóstico. A continuación, me preguntó si yo había tenido comunicaciones telefónicas con Salinas en la cual habíamos compartido información. En conclusión, no indagó sobre los hechos que yo había relatado respecto al comportamiento de Eguren en las comunidades sodálites, sino que buscó sacar conclusiones de hechos circunstanciales, a fin de demostrar que había un plan siniestro en contra del representante de la Iglesia católica en Piura. Por supuesto, la jueza no dijo nada y dejó actuar al Sr. García Cavero.
8. Frente a las afirmaciones acerca del omnímodo poder que Mons. Eguren tendría en Piura, y en particular sobre las autoridades judiciales de la Región, el fallo por mayoría de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura del día 11 de abril pasado, que ha decidido trasladar a la ciudad de Lima la querella interpuesta por él contra la Sra. Paola Margot Ugaz Cruz por difamación agravada, desvirtúa esta falsedad que viene siendo divulgada arbitraria y abusivamente una y otra vez tanto por el Sr. Salinas como por la Sra. Ugaz creando así mucha desinformación en la opinión pública y una presión mediática pocas veces antes vista.
Esto no demuestra nada. Más bien sería un indicio de que las probabilidades de demostrar las acusaciones contra Paola Ugaz y obtener una sentencia condenatoria son reducidas, por lo cual se permitiría que la querella interpuesta sea trasladada a Lima a fin de aparentar imparcialidad.
Lo que sí demuestra esto es la arbitrariedad con la que ha procedido el Poder Judicial en Piura. El documental en el cual aparece Paola Ugaz fue lanzado al aire por la cadena Al Jazeera, que tiene su sede en Doha (Catar), mientras que el artículo cuestionado de Pedro Salinas fue publicado por La Mula, con sede en Lima (Perú). Además, dadas las similitudes de ambas querellas, el proceso judicial de Salinas debería haber sido trasladado a Lima desde un principio. Razón de más para pedir la nulidad de todo el proceso.
9. Se afirma falsamente que la querella que ha interpuesto Mons. Eguren es una amenaza a la libertad de expresión. Frente a ello debemos decir que la libertad de expresión si bien es un gran valor a promover en nuestra sociedad democrática, no es un valor absoluto y tiene límites: el respeto al honor y al buen nombre de las personas. En ese sentido la sentencia no constituye una mordaza a la libertad de expresión.
Lo que el comunicado olvida mencionar es que el derecho al honor y al buen nombre también tiene sus límites, como por ejemplo cuando en la labor periodística se tiene que investigar la verdad en un asunto que afecta al bien común y se llega a conclusiones sobre personas públicas que pueden dejar mal paradas a éstas. Esto encuentra justificación en la más rancia doctrina moral católica. Como decía Santo Tomás de Aquino: «También puede suceder a veces que uno diga palabras que atacan la fama del prójimo no porque lo quiera, sino por otros motivos. Y esta no es una detracción en sentido verdadero y propio, sino que lo es solo materialmente y como per accidens. Más aún, si uno profiere palabras lesivas de la fama de otro por un fin bueno o necesario, respetando las debidas circunstancias, no es un pecado y no se puede hablar de maledicencia» (S.Th., II-II, q.73, a.2, c).
10. Es verdad que el Santo Padre Francisco ha agradecido la labor de los periodistas, que mediante sus investigaciones contribuyen a denunciar los abusos dentro de la Iglesia para así castigarlos y asistir a las víctimas, y Mons. Eguren se une a ese agradecimiento, pero no es menos cierto que el Papa Francisco también les ha recordado a los periodistas que éstos deben evitar cuatro pecados o cuatro actitudes malas: la desinformación, la calumnia, la difamación y el amor a los escándalos (coprofilia) (Entrevista al periodista español Jordi Évole del 31 de marzo pasado). En relación a la calumnia, el Papa pregunta al periodista Évole: “Además (refiriéndose al poder que hoy en día tienen los medios de comunicación), ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Por ahí uno se atreve”.
Lo que no quiere ver Mons. Eguren es que la primera parte de este párrafo se aplica a Pedro Salinas y a Paola Ugaz, mientras que sólo en su imaginación calenturienta se les aplicaría lo segundo. Hasta ahora no se ha demostrado fehacientemente que hayan caído en esas actitudes negativas.
11. En ningún momento Mons. Eguren ha pretendido que lo que se ha investigado sobre los abusos en el Sodalicio sea falso y no hayan víctimas. Desde un primer momento declaró que hay víctimas y que hay responsables, y que ellos tendrán que asumir las consecuencias, pero no se puede hacer una imputación o acusación generalizada. No se puede decir que todos los miembros de Sodalicio fueron abusadores.
¿Y cuándo va a asumir Mons. Eguren las consecuencias de lo que le hizo a José Enrique Escardó y de lo que me hizo a mí? ¿Cuando va a dar el paso de admitir vaga y generalmente que hubo víctimas, a reconocerlas individualmente y pedirles perdón por el daño que se les hizo en la institución a la cuál él sigue perteneciendo? Es cierto que no se puede meter a todos los miembros del Sodalicio en un mismo saco. ¿Pero acaso no se puede decir que el mismo sistema de disciplina sodálite es pernicioso pues habría permitido y propiciado que se cometan abusos? ¿No se puede decir que quienes han estado cerca de Figari y han participado desde un principio en la plasmación y configuración del Sodalicio —y además han tenido puestos de responsabilidad— son también co-responsables de un sistema basado sobre el abuso de poder —con la obediencia absoluta como única respuesta admisible— y que incluye los abusos psicológicos y físicos en el paquete?
No es cierto que todos los miembros del Sodalicio hayan sido abusadores —por lo menos conscientemente—, pero también es cierto que todos los que tuvieron puestos de autoridad o responsabilidad sobre otros habrían cometido abusos, porque el mismo sistema se los exigía. Era de precepto “entrarle a la gente” (mediante introspecciones que violaban el derecho a la intimidad), “sacarle la mierda”, humillar a los que tenían opinión propia diferente al pensamiento único sodálite, doblegar a los que se resistían a exigencias excesivas, generar desconfianza y hasta desprecio hacia los propios progenitores, someter los intereses de estudio y profesionales de uno a lo que decidieran los superiores, aplicar castigos desproporcionados por faltas menores o por acciones que en un contexto normal no hubieran sido consideradas como faltas, exigir el cumplimiento de órdenes absurdas muchas veces agotadoras y extenuantes, aplicar métodos salvajes de formación sobre todo en las casas de San Bartolo, dejar desprotegidos a los sodálites de comunidades sin seguro de salud ni de jubilación, mantener a algunos sodálites de comunidades al servicio del fundador las 24 horas del día sin remuneración ni descanso suficiente, etc. Y todo esto lo sabía Eguren. ¿Lo seguirá avalando? Hasta ahora no ha dicho nada al respecto.
SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
Al respecto debemos aclarar que NO se trata de un Comunicado de “Los Obispos de Perú”, sino tan sólo de la Presidencia, al cual se ha adherido el nuevo Arzobispo de Lima.
Es cierto que el comunicado es sólo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, pero también es obvio que esta instancia no habría dado ese paso si no contara con el apoyo de la gran mayoría de los obispos peruanos. Asimismo, este tipo de medidas suelen tomarse cuando no han dado resultado las medidas previas efectuadas de manera personal. ¿O acaso Mons. Eguren va a negar que varios hermanos obispos ya le habrían aconsejado desistir de la querella por el perjuicio que le ocasiona a la imagen de la Iglesia católica en el Perú? En ese sentido van las palabras de Mons. Reinaldo Nann, obispo de Caravelí: «Fraternidad sí, pero también corrección fraterna. La crisis de los abusos sexuales nos ha mostrado que no puede haber un espíritu de cuerpo cuando se trata de crímenes a los menores».
Es sensato suponer que son muchos los obispos peruanos que no quieren caer bajo la presunción de haber encubierto abusos y no quieren exponerse al riesgo de que el Papa Francisco envíe investigadores al Perú para ver qué hay detrás de todo este asunto. «…no son solo dos obispos los que no están de acuerdo con monseñor Eguren, son muchos. Y no quiero que la opinión publica me identifique a mí ni a la Iglesia con el apoyo a un cuestionado obispo del Sodalicio», señala Mons. Nann. Marcar una distancia frente a Mons. Eguren —quien, no obstante haber estado en la institución sodálite prácticamente desde sus inicios, no se ha manifestado sobre los abusos ni le ha dedicado palabras a las víctimas, recayendo sobre él la sospecha de ser un encubridor— parecería ser lo más recomendable, a fin de evitar que a todos les caiga el guante en mayor o menor medida.
En estos días no han sido pocas las llamadas y mensajes de solidaridad que Mons. Eguren ha recibido de varios Obispos del Perú, así como de sacerdotes, y laicos, a los cuales agradece profundamente, por su cercanía, fraternidad y oraciones.
Es curioso que el comunicado no mencione números ni siquiera aproximados. ¿Esos obispos del Perú son la mayoría? ¿Esos sacerdotes y laicos son representativos? Recordemos que hasta Mons. Cipriani, uno de los obispos más impopulares entre sus hermanos en el episcopado, tenía su corte de ayayeros.
Como hemos comunicado en su momento, este pronunciamiento se ha realizado apresuradamente sin tener el texto íntegro de la sentencia que recién será leído el lunes 22 de abril por la Jueza del Primer Juzgado Unipersonal Penal de Piura, ya que lo que se ha adelantado el pasado lunes 08 de abril ha sido únicamente el fallo condenatorio.
Basta con saber que hay un fallo condenatorio contra Pedro Salinas para que se justifique el pronunciamiento conjunto de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispo Metropolitano de Lima. El conocimiento del texto íntegro de la sentencia no va a dar luz nueva sobre los datos conocidos, ni va a cambiar el hecho de que un arzobispo sodálite querelló a quienes destaparon los abusos del Sodalicio mediante una investigación periodística —reconocida como seria incluso por la Congregación para la Doctrina de la Fe—, mientras guardó silencio sobre los abusos psicológicos y físicos de los cuales tuvo conocimiento en la institución a la cual todavía pertenece.
El 5 de febrero la periodista Elise Harris de Crux, noticiero online católico de propiedad independiente, publicó el artículo “Witness says prelate suing journalist is only a product of his formation” sobre la querella de Mons. José Antonio Eguren contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, para lo cual me hizo una entrevista escrita a la que respondí el 31 de enero, buscando ser lo más objetivo y ponderado posible.
Reproduzco a continuación la entrevista completa.
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Usted ha mencionado que ha vivido con Eguren mientras fue miembro del SCV. ¿Cómo fue su experiencia de vivir con él?
Eguren siempre ha sido una persona simpática, de carácter risueño, muy sentimental y cariñosa, que se preocupaba por los otros miembros de la comunidad. Era afable en el trato y no utilizaba palabras groseras ni insultos cuando hablaba con alguien, ni siquiera con sus subordinados, a diferencia de otros sodálites con responsabilidad, que estaban habituados al lenguaje grosero y a los insultos, comenzando por el mismo Luis Fernando Figari. Como sacerdote, se preocupaba, al igual que otros clérigos sodálites, por un cumplimiento minucioso y detallado de las normas litúrgicas. La convivencia con él no era particularmente problemática. Tiene todas las cualidades para ser considerado un sacerdote ejemplar, más aun cuando no se sabe que haya cometido abusos seriamente graves.
Sin embargo, carece de capacidad analítica y espíritu crítico, y eso lo ha llevado a ponerse al servicio del Sodalicio, sus principios y su ideología con lealtad incondicional. Su postura conservadora y rígida en temas de fe católica y moral —propia del Sodalicio— lo lleva a descalificar a personas que piensen distinto a él y a cerrarse al diálogo.
Eguren también era ejemplar en su lealtad a Luis Fernando Figari, a quien nunca le cuestionó nada. Más bien, dentro de los cargos de responsabilidad que desempeñó en la institución (superior de una comunidad por breve tiempo, miembro del Consejo Superior, consejero espiritual) siempre buscó aplicar al pie de la letra las directivas de Figari. Y ciertamente, fue testigo del modo de vida que tenía Figari y que ha sido descrito con exactitud en el informe final de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. Sin embargo, o no ha sido capaz de ver los excesos y desórdenes que ese modo de vida implicaba, o simplemente ha preferido mantenerse en silencio por fidelidad a la institución. De hecho, nunca se ha pronunciado negativamente ni sobre Figari ni sobre Germán Doig, y mucho menos ha tenido palabras hacia las víctimas del Sodalicio.
En su opinión, ¿hay fundamento para las cosas que han sido publicadas sobre él (que fue parte de la cúpula del SCV, que participó de abusos físicos y que supo de abusos sexuales, etc.)?
La generación fundacional del Sodalicio, según el concepto de Luis Fernando Figari, estuvo integrada en su mayor parte por un grupo de alumnos egresados del Colegio Santa María (Marianistas) de Monterrico en los años 1972 y 1973 —a saber, José Ambrozic, Germán Doig, José Antonio Eguren, Emilio Garreaud, Alfredo Garland, Luis Cappelleti (ex-sodálite), Raúl Guinea, Franco Attanasio (ex-sodálite), Juan Fernández (ex-sodálite)— pero también pertenecen a ella Virgilio Levaggi (ex-sodálite, Colegio Italiano Antonio Raimondi), Jaime Baertl y Alberto Gazzo (ex-sodálite), ambos del Colegio de la Inmaculada (Jesuitas). Fue con estas personas que Figari consolidó un grupo que le seguía fielmente y que serviría para darle forma a la institución y desarrollar la ideología y la disciplina sodálites. En ese sentido, puede decirse que Eguren colaboró en la edificación y aplicación del sistema sodálite que, en mi opinión, tiene características sectarias y ha permitido que se cometieran abusos psicológicos y físicos bajo la excusa de ser parte de una formación espiritual cristiana.
Eguren ayudó a a aplicar medidas humillantes contrarias a la dignidad de las personas. Pero hay que tener en cuenta que lo que hizo no se diferencia sustancialmente de lo que hacían otras personas con cargos de responsabilidad en el Sodalicio, que probablemente no eran conscientes de la gravedad de lo que hacían. Pues debe haberle sucedido lo que me sucedió a mí. Yo fui testigo de una multitud de abusos durante el tiempo que viví en comunidades sodálites (1981-1993). Sin embargo, me demoré más de una década en comprender que lo que vi eran realmente abusos, pues había sufrido una reforma del pensamiento (o control mental) tal como el que se suele dar en organizaciones sectarias y durante mucho tiempo creí que los abusos dentro de las comunidades sodálites eran en realidad procedimientos legítimos dentro de una institución católica donde se busca la perfección cristiana. De hecho, recién tomé la decisión de apartarme del Sodalicio por estos motivos en el año 2008.
Hay otros que han testimoniado que Eguren supo de algunos abusos sexuales. Yo mismo no lo puedo asegurar con certeza. Pero sí puedo decir sin lugar a duda que Eguren vio lo mismo que yo vi en las comunidades y que he descrito brevemente en mi artículo ¿COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO? – RESPUESTA A MONS. EGUREN.
¿Ha hablado usted con Eguren o ha tenido algún contacto con él desde que le envió una carta notarial por lo que usted ha publicado?
Ni antes de recibir la carta notarial ni después he tenido alguna comunicación con Eguren. Más aún, desde que dejé el Perú y vine a Alemania en el año 2002 no lo he visto personalmente ni conversado con él. Sólo sé que el abogado de Eguren, Percy García Cavero, ha utilizado en su argumentación una frase de mi artículo mencionado («retractándome de lo que dije en mi columna anterior, no puedo ahora afirmar con certeza que seas cómplice y encubridor»), sacándola de contexto, pues el párrafo completo dice lo siguiente: «De todos modos, no sé en qué medida eras consciente de lo que implicaban estas cosas en el momento de hacerlas y, conociéndote, no dudo de que hayas actuado de buena voluntad, por lo cual, retractándome de lo que dije en mi columna anterior, no puedo ahora afirmar con certeza que seas cómplice y encubridor. Pero independientemente de tus intenciones, lo que has hecho se parece objetivamente mucho a eso».
Usted ha sido testigo de Pedro Salinas en la querella de Eguren en Piura. ¿Puede decirme qué testimonio ha rendido? ¿Cree usted que puede ayudar en este caso?
Lo que testimonié ante el juzgado de Piura donde se está ventilando la querella de Mons. Eguren contra Pedro Salinas es básicamente lo que se señala en el artículo mencionado sobre la pertenencia de Eguren a la generación fundacional del Sodalicio y las cosas que yo vi en comunidades y de las que él también fue testigo. El abogado de Eguren ha tratado de presentar a Pedro Salinas como parte de una organización que conspira contra la Iglesia (The Accountability Project, actualmente ECA Ending Clergy Abuse) y a mí como un colaborador suyo que coordina con él lo que voy a escribir, cuando en realidad nunca hemos coordinado qué íbamos a escribir y cada uno lo ha hecho por su cuenta con total libertad e independencia. Además, Pedro es agnóstico y liberal; yo, en cambio, soy católico creyente y socialcristiano.
No creo que mi testimonio ayude, pues el abogado de Eguren no profundizó mucho en las preguntas, y por la brevedad del interrogatorio en una sesión donde yo fui el único testigo, tuve la impresión de que se trataba de una pura formalidad en un caso donde el veredicto sea probablemente condenatorio. Indicio de esto es que ya está anunciado que va a haber una sentencia a fines de marzo, es decir, el proceso habrá durado menos de cuatro meses, cuando lo común es que la duración de un proceso de este tipo no baje de los 18 meses.
No estoy segura de cuánto tiempo ha vivido fuera de Lima, pero aún así ¿cuál es su impresión del cardenal Cipriani? ¿Cree usted que es culpable de encubrimiento, de lo cual ha sido acusado?
En el caso de Cipiani, yo creo que habido sobre todo negligencia, pues siempre ha negado la responsabilidad que tenía en el Tribunal Interdiocesano de Lima, donde ingresaron las primeras denuncias contra Figari. Eso lo he explicado detalladamente en mi artículo LA RESPONSABILIDAD DEL CARDENAL CIPRIANI EN EL CASO SODALICIO. Por otra parte, su preocupación ha estado en el mal ejemplo que dan personas de vida consagrada cometiendo abusos sexuales, pero no se ha preocupado jamás por el daño cometido en perjuicio de las víctimas. Y para empeorar la cosa, ha defendido a la institución, asumiendo la teoría de que los abusadores son solamente manzanas podridas en una canasta construida por Dios. No es de extrañar, pues el Sodalicio como institución siempre ha apoyado a Cipriani, y el informativo católico ACI Prensa, dirigido por el sodálite Alejandro Bermúdez, siempre ha informado positivamente sobre Cipriani, incluso cuándo éste ha tenido declaraciones polémicas.
No tengo conocimiento de que Cipriani se haya reunido con autoridades del Sodalicio para hablar sobre el tema de los abusos. Lo que sí sé con absoluta certeza es que nunca se ha reunido con víctimas del Sodalicio, mucho menos se ha comunicado con aquellas que presentaron sus denuncias en el Tribunal Interdiocesano de Lima, desatendiendo una obligación pastoral recomendada por el Papa Francisco.
En conclusión, Cipriani no ha contribuido en nada a que se esclarezcan los abusos del Sodalicio y ha preferido que el tema salga lo menos posible a la opinión pública.
¿Cuál es su impresión del nuevo arzobispo Carlos Gustavo Castilo Mattasoglio? ¿Le conoce, y cree usted que él será de ayuda para las víctimas del SCV?
Lo único que sé sobre el nuevo arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, es lo que leo a través de los medios. Ciertamente, tengo esperanzas de que decida abrir una investigación independiente sobre el Sodalicio, pero no sé en qué medida sea esto posible. Por lo pronto, veo positivamente que haya anunciado una reunión con víctimas del Sodalicio.
Momento de “comunión fraterna” en los Ejercicios Espirituales durante la V Asamblea General del Sodalicio de Vida Cristiana
El 27 de enero finalizó la V Asamblea General del Sodalicio, la primera supervisada por altas autoridades eclesiásticas: el cardenal Joseph Tobin, delegado vaticano ad nutum para el Sodalicio; Mons. Noel Londoño, C.Ss.R., comisario apostólico; fray Guillermo Rodríguez, O.F.M, comisario apostólico adjunto y el P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., asistente pontificio.
Participaron más de cien sodálites profesos perpetuos, entre ellos:
Ricardo Trenemann y Óscar Tokumura, denunciados penalmente por asociación ilícita para delinquir y lesiones graves, además de que el primero tiene en su haber denuncias de abusos sexuales cuando era superior de una comunidad en São Paulo, lo cual fue de conocimiento de Alessandro Moroni (según declaración ante la Fiscalía en febrero de 2017);
Luis Ferroggiaro, sacerdote denunciado mediáticamente por Jason Day y luego por unos padres de familia ante el arzobispado de Arequipa por comportamiento indebido con un menor;
Javier Leturia, denunciado por abuso sexual con una menor (según Rocío Figueroa), aunque Moroni declaró ante la Fiscalía que se trató de un pecado sexual consentido entre adultos;
Enrique Elías y Alessandro Moroni, denunciados penalmente por «encubrimiento personal y real, obstrucción a la justicia, omisión de denuncia [y] delitos contra la libertad sexual en calidad de cómplices» (Diario Correo).
Hasta ahora no se han investigado a fondo estas denuncias ni existe ningún comunicado oficial del Sodalicio sobre la situación estos sodálites aún en actividad. Aparentemente, siguen su vida felices y contentos como si no hubiera pasado nada y aparecen chinos de risa en la foto final oficial de la V Asamblea, junto con Jaime Baertl y José Ambrozic, quienes también tienen serios cuestionamientos.
En el comunicado de la V Asamblea del 26 de enero se dice:
«Reconocemos que en nuestro pasado, sobre todo en algunos ámbitos, se han dado prácticas o aproximaciones que no reflejaron el Evangelio y fueron incluso contrarias a la vocación que indignamente hemos recibido de Dios. Hubo autorreferencialidad, soberbia, poca apertura, poca capacidad de escucha y de autocrítica para aceptar los errores y faltas en su momento. Por todo ello pedimos perdón».
Sin embargo, el documento mismo respira “autorreferencialidad” por todos lados, como si los sodálites vivieran en un mundo paralelo. Dicen que no pueden considerar a Figari como un referente espiritual; sin embargo, varios textos publicados por otros sodálites y la doctrina que profesan actualmente sigue siendo un calco de lo que enseñaba y escribía Figari. Señalan que los abusos de Figari fueron «denunciados e investigados por nuestra comunidad y la Santa Sede», olvidando que ni el Sodalicio ni la Santa Sede hicieron las denuncias, sino las víctimas y el periodismo de investigación. Mencionan «las investigaciones que la comunidad solicitó y llevó a cabo con la ayuda de expertos externos», pero pasan por alto la investigación de años que realizaron Pedro Salinas y Paola Ugaz cristalizada en el libro Mitad monjes, mitad soldados, además de ignorar las investigaciones y análisis que yo mismo fui publicando desde noviembre de 2010 y que llevaron, por ejemplo, a que se conociera el caso de Jeffery Daniels gracias a los testimonios de Mauro Bartra y Álvaro Urbina. Y sobre todo no le dan ningún crédito a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación convocada por el Sodalicio mismo, que determinó un número de más de cien víctimas, superior a las 66 de la comisión de expertos externos.
Sobre la base de la petición de perdón que se hace a las víctimas de abusos y maltratos y el compromiso de «seguir sanando estas heridas y sufrimientos en justicia y en caridad», el 31 de enero le envié un e-mail a cuatro sodálites (Alessandro Moroni, Fernando Vidal, José Ambrozic, Jorge Olaechea), solicitándoles los datos de contacto de José David Correa, el nuevo Superior General del Sodalicio, a fin de iniciar un diálogo reconciliador, pues —como les decía— entiendo que las palabras del comunicado «no están dichas para quedarse en el plano de lo general, sino que se está dispuesto a hacer esto mismo personalmente con cada uno de quienes han sido heridos o maltratados por los hechos luctuosos ocurridos en el Sodalicio». A día de hoy no he recibido respuesta.
Todo ello me lleva a la conclusión de que el Sodalicio sigue siendo el mismo de siempre. Hay falta de transparencia, pues a pesar de que ellos afirman que han cambiado, nadie sabe en qué consisten esos cambios. La soberbia de creerse dueños de la verdad sigue allí, manifiesta en su burda manipulación de la realidad. Siguen resistiéndose a las críticas, siendo emblemática la denuncia de Mons. Eguren contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que han criticado con fundamento al Sodalicio y al arzobispo sodálite. Y su pedido de perdón a las víctimas en general parece ser sólo un mensaje para la platea, pues no han dado señales de querer hacer lo mismo personalmente con cada uno de los afectados.
Al final, su comunicado resulta ser letra muerta, mero papel mojado.
(Columna publicada en Altavoz el 4 de febrero de 2019)
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La “autorreferencialidad”, que aparece en el comunicado en el n.º 5, se manifiesta en el texto inmediatamente después ser mencionada.
«Con el auxilio del Espíritu, creemos haber dado un paso adelante en la toma de conciencia de estos hechos [contrarios al Evangelio] y sus alcances, para poder ver la realidad cada vez más con los ojos de Dios.
Esto nos ha llevado a ver las abundantes bendiciones que son también parte de nuestra historia. Atesoramos los momentos de comunión fraterna en torno al Señor, vividos en oración, amistad, solidaridad y apostolado que han forjado nuestra identidad y que hemos experimentado renovadamente durante nuestra Asamblea». (n.º 5-6).
Es decir, los sodálites consideran como bendiciones lo bien que lo han pasado entre ellos —y que lo siguen pasando—, y no mencionan lo mal que se lo hacen pasar a quienes decidan ya no participar de esta “comunión fraterna”. Cuando precisamente una señal de que se sigue el Evangelio sería la preocupación efectiva por aquellos que legítimamente han decidido separarse de la institución, sin que haya ninguna falta grave de por medio, y se enfrentan a una situación de desamparo y falta de oportunidades. Hasta ahora no hay señales por parte del Sodalicio de querer salir al encuentro de estas personas, sobre todo aquellas que han sido víctimas. Una vez cerrado el capítulo de la comisión de expertos externos, no se han implementado mecanismos de ayuda ni asignado personas para seguir atendiendo a las víctimas conocidas y a las que todavía puedan seguir apareciendo.
Otra cosa que deja muy mal sabor de boca es cuando se dice que
«agradecemos a la Sede Apostólica que nos permita llevar a cabo el proceso de residencia impuesta fuera de una comunidad sodálite de Luis Fernando Figari que las autoridades del Sodalicio pidieron hace varios años, y que hoy, habiendo sido rechazados sus recursos a la Signatura Apostólica, podrá hacerse efectivo» (n.º 7).
En vez de lamentarse de que no se haya podido finalmente expulsar del Sodalicio a Figari, «a quien no podemos considerar como un referente espiritual para nuestra vida sodálite», agradecen que por fin pueda vivir solo en una residencia, estando todos sus gastos solventados hasta el fin de sus días por el Sodalicio, una especie de “castigo” que ya quisiera recibir el común de los mortales.
Asimismo, recién nos enteramos de que era falso lo que Alessandro Moroni dijo en un comunicado del 10 de febrero de 2017:
«El Sr. Luis Fernando Figari será retirado de la comunidad sodálite, donde permanecía por orden de la Santa Sede y será destinado establemente a una residencia en la que no exista una comunidad del Sodalicio, y donde pueda llevar una vida modesta de oración y retiro.
Cumpliendo la orden de la Santa Sede, se proporcionará al señor Figari las condiciones adecuadas para una vida sobria, de recogimiento y oración, por los graves actos cometidos».
Eso explicaría la presencia del P. Gonzalo Len, del P. Héctor Velarde, de Kenneth Pierce y otros sodálites en el departamento de Figari en Roma.
Por otra parte, no sabemos cómo van a fiscalizar que Figari tenga efectivamente una vida de recogimiento y oración. Muy bien podría salir a pasear y viajar como le plazca, banquetearse a su gusto o ver pornografía con frecuencia —como habría sido su costumbre—, entre otros placeres accesibles en su retiro burgués, sin que a ningún sodálite le importe un comino lo que él haga, como ocurrió durante las casi cuatro décadas en que fue Superior General del Sodalicio.
Si a los sodálites les interesara de verdad la justicia y el respeto hacia las víctimas, deberían estar viendo la manera en que Figari responda ante la justicia peruana por los delitos de que se le acusa y termine con sus huesos en la cárcel, en vez de protegerlo y considerar que es un castigo vivir fuera de una comunidad sodálite. Aquellos que hemos vivido en tales comunidades y nos hemos retirado de ellas sabemos que es todo lo contrario: una bendición y una liberación que Figari no merece. Además podrían ahorrarse el dinero dedicado al dispendioso sustento de Figari para invertirlo en reparaciones más justas para las víctimas.
A todo esto, hasta ahora nadie ha explicado de dónde proviene el dinero para pagarle sus honorarios al Dr. Armando Lengua Balbi, abogado de Figari y uno de los más caros del Perú. Considerando que desde los años 70 Figari nunca ha trabajado, suponemos que es el mismo Sodalicio el que estaría asumiendo estos costos, mientras que la mayoría de las víctimas no tienen dónde caerse muertas, muchos menos tienen lo suficiente como para costearse un abogado. De ser esto cierto, el Sodalicio estaría otra vez protegiendo al perpetrador y abusando de las víctimas.
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FOTO OFICIAL DE LA V ASAMBLEA GENERAL DEL SODALICIO
De arriba abajo por filas: José Ambrozic, Alessandro Moroni, Enrique Elías, Ricardo Trenemann, Óscar Tokumura, Jaime Baertl, Luis Ferroggiaro y Javier Leturia
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E-MAIL ENVIADO EL 31 DE ENERO DE 2019 A ALESSANDRO MORONI CON COPIA A FERNANDO VIDAL, JOSÉ AMBROZIC Y JORGE OLAECHEA
Estimado Sandro:
Considero un paso positivo, aunque tardío, que quienes actualmente forman parte del Consejo Superior del Sodalicio sean personas que no han tenido ningún cargo de responsabilidad en el momento en que ocurrieron los abusos en el Sodalicio, con lo cual están cumpliendo por fin con una de las recomendaciones de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, aunque sea parcialmente, pues todavía hace falta hacer lo mismo con todos los superiores de comunidades y consejeros espirituales.
Asimismo, le tomo la palabra a lo que se dice en el comunicado de la V Asamblea:
«Como Asamblea queremos pedir sincero perdón a las víctimas de estos abusos y maltratos. Renovamos nuestro compromiso por hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir sanando estas heridas y sufrimientos en justicia y en caridad, y evitar que acciones como éstas vuelvan a ocurrir» (n° 4).
«A quienes se han sentido heridos o se han distanciado, les rogamos acojan esta petición de perdón y esperamos con el paso del tiempo podamos restablecer la comunión y amistad» (n° 9).
Entiendo que estas sinceras palabras no están dichas para quedarse en el plano de lo general, sino que se está dispuesto a hacer esto mismo personalmente con cada uno de quienes han sido heridos o maltratados por los hechos luctuosos ocurridos en el Sodalicio.
Por eso mismo, te agradecería que me envíes las señas de José David Correa para poder iniciar un diálogo personal al respecto. Puede ser dirección de correo electrónico, teléfono fijo o móvil, o usuario de Skype.
Este pedido también se dirige a aquellos a quienes se envía este mensaje en copia.
En caso de no recibir respuesta o no se acceda a mi pedido, no quisiera que José David se entere a través de los medios de que he querido iniciar un diálogo reconciliador con él y sus subordinados me han negado esta posibilidad, además de que el comunicado del Sodalicio quedaría como letra muerta, como mero papel mojado.
Reunión de sodálites con Mons. Eguren en el centro, y un poco más a la izquierda, Alessandro Moroni y Fernando Vidal
«¿Existe algún tipo de posición institucional respecto del Sodalicio a esta denuncia [de Mons. Eguren contra Pedro Salinas y Paola Ugaz]?» —preguntó el congresista Alberto de Belaúnde a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, y Fernando Vidal, Vicario General de la institución, en una sesión efectuada el 20 de noviembre de 2018.
«No, ninguna. Nosotros ni hemos alentado ni estamos detrás. La denuncia es un acto personal de Mons Eguren, que entendemos que es su derecho de hacerlo pero que ni lo apoyamos ni lo hemos alentado ni nada» —respondió Moroni.
Recientemente ha llegado a mis manos una copia de una constancia a favor de Mons. Eguren, emitida el 4 de diciembre de 2018 por Fernando Vidal en su calidad de Vicario General del Sodalicio de Vida Cristiana, que contradice abiertamente las declaraciones de Moroni en el Congreso. En este documento se asegura que no hay ninguna mención, acusación o referencia a Mons. Eguren en ninguno de los informes emitidos por las dos comisiones que convocó el Sodalicio para investigar los casos de abusos.
La forma en que este documento pretende blindar a Eguren no puede ser más burda y grosera, por las razones que voy a exponer.
Janet Odar, secretaria de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, me escribió el 15 de abril de 2016: «el informe general será hecho público sin identificar a persona alguna». Las únicas personas a la que en ese informe se identifica con nombre y apellido son Luis Fernando Figari y Germán Doig, por razones obvias.
Respecto a los informes personales, es probable que en ninguno de 32 informes que fueron remitidos al Sodalicio haya alguna mención a Eguren. Pero lo que no se menciona es que esos informes personales les fueron remitidos al Sodalicio sólo porque las personas a que se refieren lo autorizaron, no porque fueran los únicos casos en que la comisión identificó víctimas, como parece dar a entender el informe posterior de los expertos internacionales.
De buena fuente sé que los casos tratados por esta primera comisión fueron más de cien, y las personas con las que habría hablado la comisión serían muchas más que las sesenta que menciona la segunda comisión. El número de víctimas que no autorizaron el envío de sus informes personales al Sodalicio superaría ampliamente el de las que sí lo autorizaron. Vidal no puede asegurar legítimamente que no se menciona a Eguren en la totalidad de los informes personales.
Por otra parte, los informes personales eran confiados al Sodalicio para «la implementación de las recomendaciones formuladas», según Janet Odar. Utilizarlos para otros fines —en este caso para favorecer los intereses de Mons. Eguren— está fuera de todo comportamiento ético. Tengo entendido que no hay autorización para revelar públicamente información, sea cual sea, sobre la base de lo que dicen o lo que no dicen estos informes.
Respecto a los dos informes de los expertos internacionales, existen dudas fundadas de que los que publicó el Sodalicio sean los mismos informes que los expertos le entregaron en sus manos al Superior General del Sodalicio. Los informes no fueron publicados ni presentados por los expertos mismos, sino por el Sodalicio, la parte investigada. Es decir, no fueron publicados por una instancia independiente.
Además, su brevedad y estilo fragmentario, así como la omisión de algunos nombres, hacen pensar que el Sodalicio se habría reservado el derecho de edición, de modo que los textos que fueron liberados a la opinión pública habrían sido editados, abreviados y acomodados. De hecho, se anonimizan los nombres de tres acusados como perpetradores, lo cual no puede provenir de investigadores que cumplan su tarea profesionalmente. Asimismo, los informes no cumplen a cabalidad con los estándares para este tipo de investigaciones y presentan varias inconsistencias.
Considerando que sólo se menciona a cinco acusados de perpetradores por su nombre (Figari, Doig, Levaggi, Daniels y Murguía) y no se menciona los nombres de quienes estuvieron al tanto de los abusos cometidos en la institución y decidieron callar y no hacer nada para favorecer a la institución, la no mención de Eguren en estos informes carece de todo valor.
El 8 de enero le pedí explicaciones por e-mail sobre esta constancia a Alessandro Moroni y a Fernando Vidal. A día de hoy no he recibido ninguna respuesta.
Y eso sólo confirma lo que siempre se ha verificado en la institución: que cuando se afirma que una iniciativa es decisión personal de un sodálite, en realidad la institución está encubriendo su responsabilidad y lavándose las manos. Como Pilatos.
(Columna publicada en Altavoz el 14 de enero de 2019)
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La primera comisión trabajó con transparencia, manteniendo a la vez el sigilo y la reserva donde las circunstancias lo requerían, respetando la voluntad y los derechos de las personas que acudieron a ella. A cada uno de los que rindieron su testimonio ante esta comisión se le envió un informe personal, que podía ser remitido al Sodalicio solamente si la persona lo autorizaba. Además, el informe general fue publicado por los comisionados, sin que nadie del Sodalicio estuviera autorizado a quitar ni una tilde del texto final. En fin, fue un trabajo hecho con transparencia absoluta, donde los comisionados rehusaron recibir ninguna remuneración a fin de garantizar la objetividad de sus conclusiones.
No sabemos cuáles fueron las condiciones pactadas entre el Sodalicio y los expertos internacionales que conformaron la segunda comisión, pues los contratos no se han hecho públicos. No sabemos si el Sodalicio tenía derecho a influir en los informes que iban a ser dados a conocer a la opinión pública. Suponemos que las autoridades sodálites habrían metido mano en los informes debido a las inconsistencias que presentan y que yo ya he señalado en mi artículo INCONSISTENCIAS Y FALSEDADES EN LOS INFORMES DEL SODALICIO. Asimismo, mayoritariamente era el mismo Sodalicio el que proveía a los expertos de insumos en lo referente a información, lo cual puede haber falseado algunas de las conclusiones.
En mi caso, la primera comisión me reconoció como víctima. La segunda, a pesar de que mi testimonio es uno de los más sólidos, desestimó la verosimilitud de mi relato, tal como me escribió Alessandro Moroni en un e-mail del 31 de enero de 2017:
«…en el testimonio que nos hiciste llegar relataste un episodio que también has descrito por medios de alcance público y que, según los informes que nos hizo llegar la Comisión, también les relataste a ellos. Eso fue encomendado entonces al investigador profesional asignado para estos casos, y en su informe indica que no encontró evidencias para afirmar la verosimilitud de este caso.
Según refirió el Sr. Elliott, en la entrevista que tuvo contigo no fue relatado ningún episodio específico, sino más bien una serie de opiniones sobre tu experiencia en general, y también sobre las cosas que consideras que están o han estado mal en el SCV y deben cambiar. El Sr. Elliott presentó su evaluación a los demás miembros del comité de reparaciones, en el cual él mismo participa. La conclusión unánime fue que, según los criterios establecidos en un comienzo, no correspondía una reparación en el marco de este programa de asistencia».
Por supuesto, nunca se me explicó cuáles fueron esos criterios, a pesar de que solicité esa información, así como anteriormente nunca recibí ninguna respuesta de Ian Elliott cuando le solicité en más de una ocasión que me aclarara por qué yo había sido excluido del programa de reparaciones.
El 22 de diciembre de 2018 le escribí a Moroni, solicitándole aclaraciones sobre cómo se había manejado mi caso, pues no tenía la certeza de que la denuncia que había llegado a sus manos el 27 de octubre de 2015 se la hubiera pasado a ninguno de los expertos internacionales, no obstante que Ian Elliott me aseguró el 28 de octubre de 2016 en Frankfurt que conocía mi historia y no tenía por qué entrar en los detalles. Como es de esperar, no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy.
Esa denuncia —que es la misma que fue enviada posteriormente a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (Roma) y a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada (Ciudad del Vaticano)— es importante, porque en ella doy testimonio de un abuso y maltrato psicológico grave que sufrí en la Comunidad Nuestra Señora del Pilar (Barranco, Lima) en diciembre de 1992, del cual fue cómplice y participante José Antonio Eguren.
La primera comisión trabajó ad honorem y de manera independiente y recibió todos los documentos probatorios requeridos de las mismas víctimas, mientras que la segunda fue pagada y la documentación requerida fue proporcionada por el Sodalicio mismo, la parte investigada. A esto hay que sumarle la barrera cultural y del idioma, problema que no tenía la primera comisión.
Asimismo, en la primera comisión se establecieron procedimientos claros para que las víctimas pudieran contactar a los comisionados y se sabía perfectamente cuáles eran los pasos que se iban a seguir. En el caso de la segunda comisión, nunca hubo procedimientos claros al respecto, con el resultado de que su trabajo se extendió más tiempo y sólo lograron identificar a 66 víctimas —varias de las cuales ya habían presentado su caso ante la primera comisión—, mientras que la primera comisión habría reconocido a unas 100 víctimas, y no 32, como señala el informe de los expertos internacionales. 32 serían sólo los casos de víctimas que autorizaron que copias de sus informes personales fueran enviados al Sodalicio. ¿Metieron aquí mano las autoridades sodálites en el informe de los expertos o les dieron información totalmente sesgada?
Por otra parte, la primera comisión envió un informe personal a cada una de las personas que se presentaron ante ella. La segunda no hizo esto, además de que se negó a responder a las víctimas que solicitaron a Ian Elliott explicaciones por el monto irrisorio de las reparaciones en comparación con el daño sufrido o por no haber sido incluidas en el programa de reparaciones.
La independencia de la comisión de expertos también queda en entredicho desde el momento en que Ian Elliott tenía que consultar el caso de cada víctima con un comité integrado por los sodálites José Ambrozic y Fernando Vidal, el abogado del Sodalicio Claudio Cajina y Scott Browning, abogado norteamericano «que nos diseñó todos los protocolos y las etapas con las cuales terminamos abordando este proceso de asistencia, escucha y reparación», según declaró Alessandro Moroni en el Congreso. De lo que no queda duda es que este comité no tenía nada de independiente y estaba conformado por personas que tenían como tarea prioritaria defender los intereses del Sodalicio. Como eran ellos los que decidían si se debía reparar o no a una víctima y el monto de cada reparación, al final Ian Elliott terminó convirtiéndose en el recadero y mayordomo irlandés del amo y señor que le paga sus honorarios.
Finalmente, la intención de desacreditar a la primera comisión resulta evidente en esta conclusión del informe de los expertos internacionales: «La Comisión [de Ética para la Justicia y la Reconciliación] no llevó a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias reportadas ni examinó la cultura actual del SCV».
Se trata de una afirmación gratuita desde el momento en que ninguno de los expertos se entrevistó con ninguno de los integrantes de la primera comisión. Además, si uno lee los informes, encontrará mucho más análisis de la cultura del SCV en el informe general de la primera comisión que en los informes de la segunda. La cultura actual del SCV resulta irrelevante para determinar por qué sucedieron los abusos. Pero para los expertos sí parece relevante, o más bien para el Sodalicio. Ian Elliott me insistió frecuentemente que el Sodalicio había cambiado. Los casos de José Rey de Castro y Renzo Orbegozo, la forma en que se manejó mi caso, las continuas deserciones que ha tenido la institución, las declaraciones de los sodálites en la Fiscalía y las explicaciones de Moroni y Vidal sobre la denuncia de Eguren me llevan a pensar lo contrario.
Conferencia de Prensa en Lima (enero de 2018), organizada por LaMula y PROMSEX con miembros del proyecto internacional Ending Clergy Abuse. ¿Activistas o conspiradores?
Las teorías de la conspiración constituyen armas poderosas para intentar desacreditar a los adversarios políticos. Tienen la ventaja de que no es necesario demostrar nada ante la opinión pública, sino simplemente presentar un puñado de informaciones seleccionadas acompañadas de otro tanto de fake news para luego pretender validar una interpretación general que no responde a la realidad, pero sí a los temores y prejuicios subconscientes de la audiencia. Eso lo saben quienes dirigieron la campaña electoral de Donald Trump, y en tierras peruanas, mal que bien, lo saben quienes forman parte del entorno de Keiko Fujimori.
Y también lo saben algunos representantes de los sectores más conservadores y retrógados de la Iglesia católica. Entre los cuales cabe mencionar a Luciano Revoredo, director del informativo online La Abeja —que reúne a varios columnistas poco conocidos de pensamiento con olor a naftalina, o de dudosa reputación intelectual, como Mar Mounier—, quien ha lanzado recientemente la teoría de que existe «una red internacional que tiene como objetivo principal la ejecución de un pacto llamado “Acuerdo de Varsovia”, que se sustenta en un proyecto más grande llamado “The Accountability Project”, cuyo fin último es acusar a la Iglesia Católica por crímenes de lesa humanidad frente a la CIDH [Corte Interamericana de Derechos Humanos]». Algo así como una nueva versión actualizada de lo que antiguamente se conocía como la conjura masónica para destruir a la Iglesia y crear un nuevo orden mundial.
Conocí personalmente a Revoredo cuando él frecuentaba las Agrupaciones Marianas en la década de los 80 y me consta que se sentía atraído por el lado nacionalista y filo-fascista de la prédica de algunos sodálites de las primeras generaciones, aunque él lo llamaría más bien pensamiento cristiano occidental. En ese entonces también creía en el mito de la conjura judeo-masónica para gobernar el mundo. Ahora son otros los enemigos que en su imaginario ultramontano buscan perjudicar a la Iglesia, aquella que tendría entre sus mejores representantes en el Perú a Mons. Cipriani y Mons. Eguren, obispos ante los cuales no duda en arrodillar su conciencia y su escaso espíritu crítico. Y los enemigos son ahora los activistas que luchan coordinadamente a nivel internacional a favor de la justicia para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica. Entre los cuales se cuenta Pedro Salinas, quien participa abiertamente de The Accountability Project (TAP), conocido actualmente como el proyecto de justicia global Ending Clergy Abuse (ECA).
Para Revoredo «Salinas es un peón de una estrategia mucho más grande, cuyos actores bailan al mismo compás que organizaciones internacionales que buscan socavar los valores de la vida y la familia sobre los que están asentadas nuestras sociedades. Para lograr esos objetivos desprestigiar —y si es posible destruir— a la Iglesia es un paso fundamental». Pura teoría de la conspiración, pues el director de La Abeja no presenta ninguna prueba que sustente esta interpretación.
En el documento de The Accountability Project se indica que su objetivo principal es: «Procesar a la Iglesia Católica por crímenes de lesa humanidad por incitar y encubrir la violación y el asalto sexual de niños por parte de sacerdotes». Este proyecto, iniciado en 2017, fue motivado ante la constatación del encubrimiento sistemático de abusos y la falta de una administración de justicia satisfactoria de parte de las autoridades de la Iglesia católica. Haciendo que ésta tenga que rendir cuentas de esos delitos ante tribunales internacionales, se busca dar pasos agigantados en la lucha contra la pederastia eclesial, cosa que la gran mayoría de los jerarcas católicos han omitido. Se trata, pues, de una iniciativa loable.
En la cabeza de Revoredo no entra que la Iglesia pueda ser denunciada por crímenes de lesa humanidad, y prefiere colocarse del lado de la institución transgresora antes que empatizar con el sufrimiento de las víctimas, a las cuales les ha dedicado escasísimas líneas en la página web que dirige cuando se ha pronunciado sobre el Sodalicio, para él una «obra encomiable» en la cual «recibí una formación moral y religiosa que agradeceré siempre». «Si volviera a tener 18 años, sin duda, volvería a tocar las puertas de esa gran obra de Dios», expresa en un artículo de 2015 quien desde un principio desestimó el trabajo de investigación periodística Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas, calificándolo de «libraco sensacionalista».
A decir verdad, pocas cosas más sensacionalistas que la teoría de la conspiración que descaradamente evacua Revoredo.
(Columna publicada en Altavoz el 19 de noviembre de 2018)
Un Sodalicio diezmado en una misa durante el curso de formación dictado por el P. Gianfranco Ghirlanda SJ (Lima, septiembre de 2017)
Habiendo pasado ya dos años desde que estalló el escándalo del Sodalicio con la publicación de Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz, las aguas parecen haber vuelto a su cauce. O eso es lo que nos quisieran hacer creer los actuales miembros del Sodalicio. Como si todo el problema hubiera sido solamente Figari, el cual está ahora a buen recaudo en Roma gozando de una jubilación dorada, pero lejos de la comunidad sodálite. Sin embargo, la verdad es que el Sodalicio no ha tomado distancia de su legado.
En julio de este año el sacerdote sodálite Jorge Olaechea presentó su libro Rudolf Allers, psiquiatra de lo humano. Lo que no debería pasar inadvertido es que Figari recomendaba encarecidamente la lectura de Allers a sus seguidores, pues como psiquiatra católico lo consideraba uno de los escasos exponentes de una psiquiatría sana y equilibrada, mientras que los demás representantes de la ciencia psiquiátrica debían ser o ignorados o combatidos ideológicamente.
Asimismo, del 18 al 22 de septiembre más de 130 sódalites asistieron a un curso dictado por el P. Gianfranco Ghirlanda SJ, profesor de Derecho Canónico de la Universidad Gregoriana (Roma). Entre los temas que el jesuita italiano abordó está el del “carisma fundacional”, ese supuesto don que el Espíritu Santo otorga a un fundador de un instituto de vida consagrada para darle una tarea y una orientación, que finalmente se traduce en un beneficio espiritual para la Iglesia.
Resaltó que el “carisma” no es propiedad del fundador, el cuál es sólo un instrumento en las manos de Dios. El “carisma” pasa a todos los miembros y vive en ellos. Incluso planteó la posibilidad de que el fundador no haya vivido el “carisma” porque es un hombre que ha pecado, lo cual resulta al fin y al cabo un detalle irrelevante, pues el carisma ha pasado a los miembros del instituto y eso se traduce finalmente en obras buenas y frutos buenos.
Por supuesto, el Sodalicio, ni corto ni perezoso, ha puesto en la red un video donde el P. Ghirlanda expone brevemente esta doctrina.
Sin embargo, esto no es otra cosa que la justificación de la continuidad de una institución que nació torcida desde un principio y de la cual es legítimo dudar que haya sido guiada por un “carisma” del Espíritu Santo.
El Papa Francisco, en la audiencia general del 13 de noviembre de 2013, explicó que los carismas «son actitudes, inspiraciones e impulsos interiores que nacen en la conciencia y en la experiencia de determinadas personas, quienes están llamadas a ponerlas al servicio de la comunidad». Imposible desligarlos de la biografía del fundador. ¿Y no era acaso Figari un abusador sexual, un sádico y un manipulador de conciencias desde el momento en que fundó el Sodalicio?
El mismo Papa Francisco señala que «si un carisma […] sirve para afirmarse a sí mismo, hay que dudar si se trata de un carisma auténtico o de que sea vivido fielmente».
¿Qué carisma podría haber tenido un hombre que creó una institución que funcionó como una secta desde sus principios, secuestrando las mentes de menores de edad para luego abusar sexualmente de algunos? ¿Qué carisma pueden haber recibido los miembros actuales, que relativizaron la verdad y maltrataron a muchas víctimas desconociendo la veracidad de sus testimonios, además de haber impedido que se conozca todo el alcance de los abusos? ¿Que obras y frutos buenos puede mostrar el Sodalicio, cuando por cada sodálite en actividad deben haber varias personas —entre las cuales me cuento yo— que han visto sus vidas afectadas negativamente? ¿Qué carisma puede ser aquel que ha dañado la imagen de la Iglesia católica y ha hecho que muchas personas pierdan su fe religiosa?
El P. Ghirlanda habló también de una “refundación” como un «volver al inicio que es la inspiración del Evangelio». ¿Nadie le ha contado que los peores abusos los cometió Figari en los inicios? ¿O que doctrinalmente el Sodalicio se guiaba entonces por el pensamiento fascista de la Falange Española? ¿O que los peores métodos de manipulación mental y lavado de cerebro fueron aplicados en esa época?
Hasta el Espíritu Santo debe estar arrastrándose de risa ante tanta estupidez humana.
(Columna publica en Altavoz el 6 de noviembre de 2017)
LAS LÍNEAS TORCIDAS 