SODALICIO: 46 AÑOS DE INFAMIA

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El 8 de diciembre el Sodalicio de Vida Cristiana cumplió 46 años de fundado. Pero en realidad no hay nada que celebrar, pues se trata de una organización que ha funcionado como una secta desde sus inicios.

Como una moledora de conciencias y destinos humanos, produciendo o bien seres fantasmales cortados todos con una misma tijera —dominados sin saberlo por una ideología religiosa castrante y uniformizante—, o bien sobrevivientes de una experiencia que deja heridas en el alma y la tarea de una vida entera a rehacer desde sus cimientos, para hacerla auténticamente humana después de las salvajadas a que fue sometida en el Sodalicio. Y éstos últimos son mucho mas numerosos que quienes siguen siendo miembros oficiales de la institución, inconscientes en su mayoría del lavado de cerebro a que han sido sometidos y de las mutilaciones psicológicas que implica el seguir fielmente el estilo de vida sodálite.

Además, el Sodalicio ha fracasado en la misión que dice tener: evangelizar a los jóvenes, evangelizar la cultura y solidarizarse cristianamente con los pobres y marginados.

Ciertamente, siguen habiendo jóvenes que mantienen un compromiso con la institución, pero deben ser muchos más los jóvenes que de sólo escuchar su nombre sentirán un rechazo hacia el mensaje evangélico que supuestamente proclama. ¿Y qué de tantos jóvenes que pasaron por las garras evangelizadoras del Sodalicio y que finalmente terminaron desechando toda fe religiosa y adquirieron una desconfianza cuasi invencible hacia la Iglesia católica?

Por otra parte, la influencia del Sodalicio en la cultura contemporánea es prácticamente inexistente. Sus manifestaciones culturales son escuálidas en profundidad humanista, no son apelantes para quienes viven en el presente cultural de nuestros tiempos y sólo le interesan a un grupo reducido de personas que viven al margen de los acontecimientos de nuestra historia. Se trata de una cultura cristiana encerrada en una burbuja, que se mira autocomplaciente el ombligo y no dialoga con el mundo contemporáneo.

Finalmente, para los pobres el Sodalicio cuenta con algunas obras asistencialistas que le sirven de cabeza de playa para adoctrinarlos y transmitirles sus arcaicos valores ultraconservadores. Una fachada de espaldas a un auténtico desarrollo social de los más desfavorecidos. Porque la labor principal del Sodalicio ha estado siempre dirigida hacia las élites sociales. Y nada más contrario a la solidaridad con los pobres que los millones de dólares que ha amasado la institución para solventar el estilo de vida de quien es su fundador. Y que sigue solventando, según la carta vaticana del 30 de enero de 2017, donde indica que «correrá a cargo de Su Sociedad de vida apostólica toda carga necesaria para asegurar al Sr. Figari un estilo decoroso de vida, considerando las posibilidades del Sodalitium Christianae Vitae, los recursos personales del Sr. Figari y las reales necesidades de este último».

Hasta el momento, el Sodalicio ha ido ganando sus batalles jurídicas, pero se trata de victorias pírricas, pues en todas se han hecho manifiestos sus procedimientos mafiosos, típicos de sociedades del crimen organizado, y cada triunfo ha significado una derrota moral para la institución, que ve diezmadas sus filas por la hemorragia de miembros que se dan cuenta de dónde estaban metidos. Es previsible que el tiempo termine por darle la estocada final a un cáncer que ya debería haber desaparecido.

Es el único consuelo que nos queda a las víctimas de este monstruo, desprotegidos por la justicia y desamparados por la Iglesia en la cual algunos aún seguimos creyendo. Y también por la opinión pública, que suele poner los delitos de la institución bajo la etiqueta de pedofilia, cuando pedófilos propiamente sólo fueron Jeffery Daniels y tal vez Daniel Murguía. Casi la totalidad de las víctimas sexuales de los otros abusadores eran mayores de edad, vulnerables por su situación de dependencia y sometimiento mental a sus superiores, y a quienes se les hace muy flaco favor cuando se insiste en designar a los principales abusadores (Figari, Doig, Levaggi, Treneman y otros cuyos nombres han sido callados) como pedófilos, pues la justicia también debería proteger a cualquier joven adulto sometido a un proceso perverso de seducción dentro de un sistema que anule la libertad personal. Y este crimen, del cual todos los sodálites son cómplices, aún persiste.

(Columna publicada en Altavoz el 11 de diciembre de 2017)

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Este año, por primera vez en la historia del Sodalicio de Vida Cristiana, dos sodálites hicieron su profesión perpetua (compromiso de plena disponibilidad apostólica, el más alto dentro del escalafón institucional) durante la misa de aniversario de la institución. Suponemos que con este espectáculo el Sodalicio quiere dar muestra pública de que todavía sigue constituyendo un camino atractivo para muchos jóvenes que quieren servir generosamente a la Iglesia.

Sería interesante que, por cuestión de transparencia, los responsables del Sodalicio nos hagan saber cuántos profesos perpetuos terminaron abandonando la institución a lo largo de su historia y cuál es el tiempo promedio de permanencia de un miembro dentro de la organización. Tengo sospechas fundadas de que una suma y resta de profesos perpetuos —y, en general, de miembros del Sodalicio— arrojaría un saldo negativo

Asimismo, seria muy simpático que nos informen sobre la evolución personal de los dos nuevos profesos, Francisco Aninat Rodríguez y Matthew William Wilson, y si algún día deciden apartar sus pasos de la vía sodálite para emprender una existencia cotidiana en la grande y hermosa aventura que es esta vida, nos lo comuniquen para poder alegranos por ellos y apoyarlos en lo que necesiten.

Porque sabemos por experiencia propia y ajena que el Sodalicio suele darle un puntapié en el trasero a quienes en ejercicio de su libertad deciden apartarse de la institución. Y apoyar a quienes se mantienen fiel a ella, aunque hayan cometido violaciones de derechos humanos en perjuicio de personas vulnerables.

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CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (IV)

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Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

En esta cuarta y última entrega se analiza los razonamientos “trespatinescos” que llevaron a la fiscal Peralta a concluir que la denuncia contra miembros del Sodalicio debía archivarse por falta de pruebas.

No es que la fiscal no tuviera pruebas que sustentaban los hechos denunciados por los denunciantes. Simplemente las desestimó como tales, por motivos no pertinentes.

Un claro ejemplo son la admisión de las tachas contra los psicoterapeutas Jorge Bruce y Dante Wharton: en el caso de Bruce, porque «desde el 2001 viene emitiendo pronunciamientos públicos sobre el Sodalicio que le impiden actuar de manera objetiva e imparcial en esta investigación»; en el caso de Wharton, porque «adelantó opinión sobre el caso de materia de investigación lo que impide que emita un pronunciamiento objetivo e imparcial».

¿No se percató la fiscal de que la participación de ambos especialistas en el caso no se da en calidad de testigos que corroboren los hechos denunciados, sino en calidad de profesionales con un bagaje científico a los cuales se les encarga la evaluación psicológica de los denunciantes? ¿Desde cuándo la opinión personal de un psicoterapeuta es relevante respecto a una pericia psicológica que se basa en pruebas objetivas y mediciones científicamente acreditadas? Haciendo una comparación, ¿acaso la opinión personal de un médico juega algún papel en el diagnóstico que hace de un paciente? Si la fiscal cree que es así, ¿hizo una investigación previa de los psicólogos del Instituto de Medicina Legal cuyos peritajes sí aceptó, para ver cual era la opinión personal que tenían sobre el Sodalicio? Pues lo que está cuestionando la fiscal es que se tenga una opinión previa vinculada al tema de la demanda, y el hecho de que sea pública o no resultaría irrelevante, pues aún así estaría influyendo en los resultados de la pericia.

En todo caso, los peritajes del Instituto de Medicina Legal sí que son cuestionables desde el momento en que concluyen con certeza cuasi-dogmática que la afectación emocional que presentan Óscar Osterling y José Enrique Escardó –—del cual se admite incluso que «requiere terapia psicológica especializada»–— no guardan ninguna relación con la experiencia vivida en el Sodalicio y son atribuibles a factores presentes en la infancia y la adolescencia. En el caso de Pedro Salinas, los impulsos «que han sido desfavorables para la estructuración de su personalidad» son atribuidos de manera concluyente a la ausencia de la figura paterna, no habiendo el Sodalicio contribuido en nada a que presente esas características. En otras palabras, la experiencia sodálite no habría dejado ninguna huella en los denunciantes, ni mala ni buena, pues ni les habría ocasionado los problemas psicológicos que presentan ni les habría ayudado a solucionarlos. Como si hubieran sido pasados por agua tibia.

En el caso de los hermanos López de Romaña no se ratificó sus peritajes psicológicos porque «faltaron a sus citaciones» y «al borde de la terminación de la etapa investigatoria concurrieron a las citas de Medicina Legal». Sin explicar si las ausencias de ambos hermanos fueron por razones justificadas, la fiscal simplemente da constancia de que acudieron tarde, y por eso no se tomó en cuenta los peritajes efectuados. Se trata de una simple cuestión administrativa que pudo haber sido resuelta de manera satisfactoria, pero en la cual la fiscal prefirió omitir cualquier diligencia que pudiera contribuir a determinar si los López de Romaña también presentaban problemas psicológicos.

No llego a entender los criterios que se aplicaron. ¿Cómo se puede concluir taxativamente que un sistema de formación que incluye reiteradas prácticas físicas y psicológicas de carácter extremo no tienen ningún efecto sobre la psique de las personas? El mismo Jaime Baertl admite como ciertas algunas de esas prácticas (dormir en las escaleras, nadar en el mar en la madrugada, recibir golpes en el estómago) y las considera «imprudentes». José Ambrozic señala que «en algunos casos los rigores –—como él los llama–— pudieron ser excesivos». Óscar Tokumura señala «respecto a los supuestos golpes en el vientre, era para ver si hacían ejercicios, siendo que ello sólo se hacía con el consentimiento de éstos», cuando yo nunca he visto que alguien haya tenido ni siquiera la oportunidad de negarse a que le aplicaran tan peligroso golpe. Tanto Fernando Vidal, Alessandro Moroni, Jaime Baertl como José Ambrozic resaltan que los actos descritos como «rigores de la formación» ya no se realizan. ¿Por qué motivos? Evidentemente, porque no eran beneficiosos para nadie, e incluso traían consigo consecuencias perjudiciales.

Por todo lo visto, no se justifican las palabras de la fiscal Peralta cuando respecto a las lesiones psicológicas producidas por actividades abusivas acota que «como elementos que acrediten las versiones de los denunciantes únicamente se cuenta con sus afirmaciones y declaraciones juradas». Las actividades en cuestión han sido admitidas por los mismos denunciados, sólo que la valoración es distinta. Para ellos se trata de «rigores de la formación», mientras que los denunciantes hablan de «abusos físicos y psicológicos». Me pregunto por qué la fiscal no consultó a un especialista en la materia que pudiera aclarar qué consecuencias tendrían las actividades descritas en la psique de una persona, y si pueden ser consideradas como beneficiosas o dañinas. Pues de que hubo esas actividades, las hubo, y eso ni siquiera lo niegan los denunciados.

Otros documentos que la fiscal tomó como pruebas de que los denunciantes actuaron en pleno uso de sus facultades —y, por lo tanto, no hubo privación de la libertad o secuestro mental— son las cartas de puño y letra en que solicitan ser admitidos en el Sodalicio o en una comunidad de formación, redactadas supuestamente cuando los denunciantes ya eran mayores de edad. No tiene en cuenta que el trabajo de adoctrinamiento con aplicación de métodos invasivos de la psique se realizaba durante un período de aproximadamente un año antes de el candidato fuera admitido en el Sodalicio. Si las primeras cartas de los denunciantes fueron firmadas cuando ya tenían 18 años, es fácil suponer que el trabajo con ellos se inició cuando todavía eran menores de edad.

En el pasado han habido casos flagrantes donde el Sodalicio ha incorporado a sus filas a menores de edad. Mi caso, por ejemplo. En mi declaración jurada en calidad de testigo que fue presentada a la fiscal Peralta, digo lo siguiente: «Me vinculé formalmente al Sodalicio de Vida Cristiana o Sodalitium Christianae Vitae (en adelante SCV) mediante compromiso emitido en diciembre de 1978 en la capilla del Colegio Santa Úrsula (Calle Salamanca 125, San Isidro, Lima), a la edad de 15 años, en el grado de sodalite marie, grado que posteriormente fue eliminado de las normas de la institución».

Tengo en mi poder dos autobiografías —una de 1979 y otra de 1980, ambas escritas de puño y letra por encargo de Jaime Baertl— que me fueron devueltas por Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, en enero de 2016. En ambas aparece la fecha exacta de cuándo ingresé al Sodalicio. En la primera dice textualmente: «El 8 de diciembre hice mi promesa de maríe y entré a formar parte del Sodalitium». Estamos hablando del 8 de diciembre de 1978, cuando yo tenía tan sólo 15 años de edad. Y ya me venían trabajando desde marzo de ese año, cuando tenía 14 años.

Lamentablemente, no obstante contar con este dato, la fiscal no se comunicó conmigo ni tomó en cuenta mi testimonio.

Otros documentos que la fiscal no debió admitir como pruebas contra los denunciantes son las fotografías presentadas por la defensa de los denunciados, en las que se ve a los hermanos López de Romaña y a Óscar Osterling participando en diversas actividades realizadas cuando aún formaban parte del Sodalicio. Al respecto, dice la fiscal Peralta: «En la investigación se han presentado fotografías llevando una vida libre y con expresiones de alegría en la vida dentro del SCV». Ciertamente, tanta ingenuidad sería conmovedora, a no ser porque la conclusión que de ella se deriva no se sostiene por ningún lado, a saber, «que todos esos actos son demostrativos que podían expresar su voluntad».

¡Por Dios! ¿Acaso ese tipo de fotografías demuestran lo que ella dice? Tomemos el caso de Colonia Dignidad, un enclave de alemanes situado al pie de los Andes chilenos, donde el líder religioso Paul Schäfer sometió mentalmente a todos los colonos y abusó sexualmente casi a diario de menores de edad durante décadas. De todas las fotos que hay, ¿se puede encontrar una sola donde no aparezcan los colonos sonrientes, tanto en diversas actividades colectivas como en fiestas populares alemanas? ¿Se puede ver en las fotos de familia que quedan, con personas de rostro alegre, indicios de los crímenes cometidos? Nada de nada. Y, sin embargo, sería ilegítimo utilizar esas fotos para pretender negar los abusos cometidos.

Ante todo esto, le auguramos un futuro brillante a la fiscal Peralta si decide cambiar de profesión e iniciar una carrera en el área de la comedia de enredos. Pero si permanece en su puesto, sólo nos queda decir como “Tres Patines”:

«¡Cosa más grande de la vida, chico!»

(Columna publicada en Altavoz el 28 de enero de 2017)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

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Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

En este tercera entrega analizaré la valoración de los testimonios hecha por la fiscal, que bien podría haber hecho “Tres Patines” con similares resultados.

Dada la naturaleza de los delitos denunciados, ocurridos muchos de ellos hace bastante tiempo, los cuales, de ser ciertos, habrían sido mantenidos en silencio tanto por los denunciados —por razones obvias— como por los denunciantes —debido a no haber pasado todavía el tiempo suficiente como para procesar psicológicamente la experiencia—, la prueba testimonial es de suma importancia.

¿Cómo saber que ocurrieron hechos que no fueron documentados en su momento pero que han dejado huella personal y han permanecido latentes en la memoria de sus protagonistas? A través de los testimonios, donde se tiene que examinar la veracidad de aquel que presta testimonio, además de comprobar la coherencia y solidez de su relato sobre la base de datos objetivos externos. «La declaración del presunto agraviado debe contar con garantías de certeza», admite la fiscal Peralta.

El problema está en que una de las garantías que exige es «que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición».

¡Perdón! ¿He entendido bien? Por poner un ejemplo, alguien abusa de mí y me causa un daño que me marca de por vida. ¿Mi testimonio sólo sería aceptado si no tengo ningún sentimiento negativo —como odio, desprecio, rabia— hacia esa persona? ¿Para que mi testimonio sea válido debo estar lleno de amor, compasión y ternura por quien me jodió la vida, o por lo menos tener una actitud neutra hacia él? Este criterio carente de empatía hacia cualquier agraviado sería suficiente para tirarse abajo miles de testimonios de víctimas de la violencia en el Perú, aunque coincidan en cientos de detalles, los necesarios como para admitir su verosimilitud de sus relatos.

Visto esto, no extraña que el Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni, junto con todas las cartas firmadas por las denunciantes solicitando su ingreso a una comunidad sodálite de formación, haya presentado también «diversas opiniones y publicaciones que ha realizado el señor José Enrique Escardó Steck respecto a sus vivencias en el Sodalicio, además de su opinión de la Iglesia católica en diferentes aspectos y perspectivas». Se refiere a los artículos publicados originalmente por Escardó en el año 2000 en la revista Gente «bajo el título “El quinto pie del gato”, en el que abiertamente ataca y recrimina a la Iglesia católica».

Que la parte denunciada presente estos escritos implica, por cómo está redactado el texto de la resolución, que se busca desacreditar a Escardó siguiendo los criterios de validación de la fiscal, es decir, que siendo Escardó una especie de enemigo de la Iglesia católica que odia al Sodalicio, su testimonio deberá ser tomado con pinzas. No se tiene en cuenta que esa animadversión puede haber sido generada por experiencias traumáticas en una institución de la Iglesia, como es el Sodalicio mismo. Es decir, la actitud anticatólica de Escardó podría haberse originado en la experiencia que tuvo en el Sodalicio, y esa misma actitud se utilizaría como pretexto para invalidar su testimonio sobre lo vivido. Moroni ha puesto la carreta delante de los bueyes, y la fiscal —católica pía y devota— le ha seguido la corriente. Como fiel oveja del rebaño.

Insólita es también la manera cómo la fiscal —en un castellano que es una tortura para los ojos de los lectores— desacredita las testimoniales que corroboran las afirmaciones y declaraciones juradas de los denunciantes, pues «se deben tomar con ciertas reservas por cuanto no vienen aparejadas con elementos objetivos que la sustente y podrían haber sido influenciados por tres factores actuantes: 1.- El prolongado transcurso de tiempo entre los supuestos hechos a la actualidad. 2.- La publicación del libro “Mitad Monjes Mitad Soldados” y la gran publicidad dada a los hechos allí narrados como ciertos. 3.- El ofrecimiento de resarcimiento económico ofrecido a los que se consideren víctimas de parte del Sodalitium Christianae Vitae; siendo la influencia de dichos factores advertidos por la suscrita en la mayoría de las declaraciones».

¿No se ha percatado la fiscal de que las historias de los denunciantes y de varios testigos ya habían sido puestas por escrito antes de la publicación del libro de Salinas y, por lo tanto, antes de que el Sodalicio ofreciera cualquier reparación económica? ¿Y que algunos de estos relatos —no inventados sino exprimidos de la memoria— han servido de fuentes del libro de Salinas y coinciden en múltiples detalles con acontecimientos de la historia remota del Sodalicio, que todavía no se habían hecho de conocimiento público y que sólo podían ser conocidos por quienes hubieran sido partícipes de esa misma historia?

Lo más delirante es que la fiscal vea malas intenciones —avidez de ganancia económica— en quienes tenían la certeza de que el Sodalicio les iba a negar toda compensación económica si salían a denunciar o a fungir de testigos en un proceso penal, como efectivamente ocurrió. En cierto sentido, eso constituye una manera de ir contra la presunción de inocencia, tanto de los denunciantes como de los testigos, presuponiendo en ellos intenciones torcidas.

Por otra parte, la fiscal Peralta no ha manifestado ninguna reserva contra los testimonios de quienes atestiguaron a favor del Sodalicio.

Igualmente me parecen insuficientes los argumentos esgrimidos para desacreditar las declaraciones públicas de Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, pidiendo perdón por los abusos cometidos, pues la fiscal considera que «son expresiones personales sin especificación de sujetos agresores ni agredidos menos aún con sustento objetivo o medio probatorio alguno». Lo menos que podría haber hecho es interrogar a Moroni sobre estas declaraciones y preguntarle a qué y a quiénes se refería. No lo hizo, y terminó sacando unas conclusiones que son sólo producto de su propia desidia y desinterés.

De modo similar, le niega valor probatorio al informe de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, pues «dicho informe es un documento privado sin respaldo probatorio alguno que justifique su opinión, basado sólo en declaraciones de personas que expresaron haber pertenecido al SCV mas no contrastado con la realidad, sin recabar las declaraciones con los supuestos agresores, es decir, son opiniones unilaterales». Como unilaterales son también las declaraciones de los denunciados, que la fiscal Peralta admitió como válidas sin contrastarlas con la realidad ni analizarlas debidamente.

Tomemos como ejemplo las declaraciones del P. Jaime Baertl, quien no recuerda haber sido confesor de ninguno de los denunciantes «porque la labor de confesión no permite ver el rostro de la persona que se confiesa», cuando en ninguna de las comunidades de formación en que estuvieron los denunciantes hubo jamás un confesionario, y las confesiones se realizaban cara a cara en la capilla. O cuando dice «nadie es sometido a test psicológicos para ingresar al Sodalicio, precisando que cuando se entra de aspirante al Sodalicio un psicólogo les toma 3 ó 4 test». ¿A qué parte del enunciado le creemos: a la primera o a la segunda? Y si la segunda es cierta, ¿no pidió la fiscal el nombre del psicólogo, para poder citarlo y verificar este dato? Porque a mí me tomaron tests Germán Doig y el mismo Baertl cuando yo todavía era menor de edad, y ambos tenían de psicólogo lo que yo tengo de beata cucufata. Y así como ocurrió en mi caso, son varios los testimonios de ex-sodálites que aseguran que les tomaron pruebas psicológicas.

Inexactitudes también hay en las declaraciones de Erwin Scheuch, quien «precisó que nunca realizó apostolado en una institución educativa para que menores se incorporen al Sodalicio», cuando se sabe que habría estado encargado, por lo menos en una ocasión, de la preparación de la confirmación en el Colegio Alexander von Humboldt, y no existe actividad apostólica organizada por el Sodalicio que no busque candidatos para ser incorporados a la institución. En el Sodalicio siempre se ha entendido el apostolado como proselitismo.

Lo más alucinante se da cuando Erwin declara que «nunca ha hackeado a nadie y no lo ha encomendado a alguien a realizar ello, considerando la versión del denunciante Oscar Osterling como una calumnia, quien fue denunciado en febrero de 2008 por una persona externa a la comunidad de enamorar a una joven consagrada». Esto contrasta con lo que declaró Jaime Baertl, quien «señaló que por versión del denunciante Oscar Osterling Castillo, tomó conocimiento del hackeo de su computadora cuando se encontraba en una de las comunidades del Sodalicio, precisando que los correos revelaban una relación amorosa entre dos religiosos, y es por ello que le impusieron medidas correctivas preventivas, decisión que fue tomada por el Superior General Luis Figari». ¿Cuál versión es la correcta? Pues Jaime Baertl corrobora lo que contó Osterling, mientras que Erwin Scheuch lo considera una calumnia.

Regresando al informe de la Comisión de Ética, la fiscal debió haber citado a sus miembros para que explicaran la metodología de trabajo que habían aplicado, En los procedimientos de la Comisión (ver http://comisionetica.org/procedimientos/) se dice que las quejas debían contener «medios probatorios que se considere anexar a la queja o denuncia». Además, se especifica claramente lo siguiente: «La Comisión podrá solicitar al Superior General del SCV informe respecto de cualquier antecedente o información relacionada a los hechos materia de la Queja, y entrega de toda la información que disponga respecto de la acusación, la situación del imputado en la fecha de los hechos y sobre la existencia de otras quejas o denuncias similares o no contra quien es acusado, si quien formula la queja es conocido, miembro o afiliado al SCV, y las acciones que hubiera realizado el SCV al respecto, entre otras etc.» Como se puede ver, la Comisión no se habría limitado a hacer resúmenes de las quejas, sino también a verificar la veracidad de los relatos testimoniales presentados. Su informe final no puede ser considerado un documento privado, sino que tiene otro carácter.

A la luz de lo señalado, podemos suponer que la fiscal habría tomado partido, desestimando los testimonios de los denunciantes además de los testimoniales y documentos presentados por la acusación, mientras que ha admitido sin cuestionamiento los testimonios de los denunciados, aunque hayan en ellos hechos no verificados e incluso contradictorios.

En la siguiente entrega analizaré varias pruebas de la parte denunciante que fueron desestimadas como tales por la fiscal, además de las supuestas pruebas presentadas por la parte acusada que no deberían haberse considerado como tales o cuyo valor probatorio habría requerido de un análisis más profundo. Para lo cual no parece estar capacitada quien tiene una mentalidad de “Tres Patines”.

(Columna publicada en Altavoz el 25 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (IV)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

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Fiscal María del Pilar Peralta Ramírez

Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (I)

En esta segunda entrega continúo con el análisis de los argumentos “trespatinescos” que utiliza la fiscal Peralta para archivar las denuncias penales contra el Sodalicio.

Dice el fallo que el delito de secuestro como privación de la libertad personal debe entenderse exclusivamente como privación arbitraria de la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro a voluntad, es decir, «cuando el sujeto queda privado de su libertad para movilizarse, ya sea mediante violencia, amenaza o engaño requiriendo necesariamente el dolo o el conocimiento y voluntad de impedir el ejercicio de su libertad ambulatoria». Que esto no habría ocurrido se demostraría supuestamente por el hecho de que en ninguna de las comunidades sodálites hay una «barrera física» —entiéndase muro o reja— que impida la salida de los que allí viven, además de que los denunciantes manifestaron por escrito su voluntad de ingresar y salir del Sodalicio y «existe la presunción iuris tantum que durante toda su vida adulta han ejercido plenamente sus facultades al no haber sido declarados incapaces».

Para ilustrar esta ausencia de barreras físicas, la fiscal Peralta menciona el testimonio de Martín Balbuena, «que [en el año 2008] se escapó por la puerta de la residencia en Colombia, lo que sin lugar a dudas demuestra que su salida o permanencia en las residencias dependía únicamente de la voluntad de que estos quisieran o no permanecer en dichos inmuebles dado que al tomar la decisión de retirarse, simplemente podían salir por la puerta sin que nadie les impidiera dicho acto lo que deja entrever que su libertad de desplazamiento no era vulnerada por los denunciantes que dicho sea de paso no se encontraban físicamente acompañándolo al momento de estar en Colombia».

No puedo creer lo que leen mis ojos. Quien conoce la historia de Martín Balbuena, sabe que lo primero que tuvo que vencer —como tantos otros— es el enorme miedo y angustia ante la inminente huida, pues al tomar esa decisión uno se siente culpable, traidor, fracasado, y sabe que comunicar esa decisión de manera abierta y sincera a los superiores lo único que logra es —en el mejor de los casos— postergar la salida en varios meses y —en el peor— impedirla totalmente.

Salir de comunidad no era nada fácil, pues «años atrás el retenimiento de los miembros a la organización para que no se desvincularan era exagerada. Se evitaba a toda costa la salida de cualquier integrante. En varios casos, a pesar de haber manifestado un deseo honesto de salida, el sodálite era casi forzado a pasar por procesos indefinidos y prolongados para evitar aquello que era una mal en sí: la desvinculación de la comunidad. Se dieron casos dramáticos de personas no idóneas para la vida consagrada o personas que habían cometido faltas graves que, lógicamente, debían salir de comunidad y por el contrario se forzó una permanencia que terminaba siendo traumática y dolorosa. Hay varios casos que atestiguan esta lógica». Esto es lo que leo en las reflexiones de alguien que, cuando todavía era sodálite de derecho pleno, formuló en el año 2015 un análisis crítico interno.

Martín Balbuena esperó el día y la hora en que pudiera salir de la casa sin que nadie advirtiera que no tenía intenciones de regresar. En Colombia, no tenía adónde ir. Cualquiera pensaría que se dirigió al aeropuerto a tomar un avión hacia Lima. Nada más lejos de la realidad. Era uno de los primeros lugares donde buscarían ubicarlo cuando advirtieran su prolongada ausencia -—como efectivamente lo hicieron—. Con escaso dinero y sólo lo que tenía puesto, inició un peligroso y aventurero recorrido por tierra —de varios días—, que lo llevaría en bus desde Colombia hasta la capital del Perú, pasando por Ecuador.

¿Cómo puede afirmar la fiscal Peralta que la libertad —ambulatoria, para usar su interpretación— no estaba restringida, cuando quienes tomaban la decisión de irse definitivamente de la comunidad en un día determinado tenían que hacerlo subrepticiamente, tomando precauciones para que nadie se enterara en ese momento, de preferencia a horas imprevistas, cuando todos estaban durmiendo o ausentes de la casa? No conozco ningún solo caso en que un sodálite le haya comunicado a sus superiores su decisión de irse y haya podido realizar esto el mismo día, al día siguiente o a la brevedad posible.

La barrera que había que superar era interior, y eso no resultaba fácil.

En 1993, yo estuve prácticamente recluido siete meses en San Bartolo, creyendo firmemente que si me iba contraviniendo la voluntad de los superiores, me iba a condenar para siempre. Pues ése era el tipo de pensamiento que se me había implantado en la mente, y que yo estaba obligado a admitir por obediencia si quería permanecer siendo sodálite. Y que en ese entonces me generó tal angustia, que durante ese tiempo deseé cada día que me sobreviniera la muerte.

Uno no podía desplazarse fuera de la casa si no había de por medio una autorización del superior. Ciertamente, no había ninguna barrera física que a uno le impidiera salir, pero en caso de hacerlo sin permiso, uno se exponía a castigos desproporcionados. Asimismo, cualquier viaje realizado por algún sodálite de comunidad tenía que contar con el permiso del superior, así como cualquier acto jurídico realizado por la persona. Las ganancias obtenidas en calidad de sueldo por un trabajo tenían que ser declaradas, y a uno se le indicaba qué cantidad podía quedarse.

¿Era todo esto realizado de manera libre? Desde el momento en que toda decisión del sujeto tenía que ser validada por un superior jerárquico, quedaba afectada la libertad personal. Como dice el texto aludido de un sodálite crítico, «los aspectos más insignificantes de la vida del sodálite quedaban sometidos al juicio del superior, juicio que podía llegar hasta el fondo de la conciencia personal».

De este modo, la única libertad que quedaba es la seguir a pie juntillas la rutina diaria y la de formular deseos e intenciones, pero no la de ejecutar lo que uno realmente quería. Y para aceptar esto como normal, se requiere haber quebrado la voluntad del sujeto, haber modificado sus criterios de pensamiento con el fin de tenerlo siempre “voluntariamente” dispuesto a cumplir órdenes superiores, sin manifestar ningún asomo de crítica en su pensamiento. Esto es lo que algunos especialistas llaman “lavado de cerebro”.

Y esto es lo que no ha querido ver la fiscal Peralta, quien ha creído entender que sólo si encontraba “incapacidad mental” en los denunciantes había sustento para la denuncia. Evidentemente, no la ha encontrado. Pues una persona con el cerebro lavado —o mejor dicho, sujeta a control mental— no pierde sus facultades intelectuales o volitivas, su capacidad para realizar actos jurídicos o para efectuar acciones normales de la vida cotidiana. Más aún, a ojos de las personas que tienen trato con ella, su forma de actuar se asemeja a la de un ser humano normal. Pero no toma decisiones propias en áreas fundamentales, pues gran parte de su capacidad de decisión ha sido transferida a los superiores, que deciden por ella. Y una de esas áreas es la libertad ambulatoria, pues a los sodálites de comunidad no les estaba permitido ni siquiera salir de la casa por la puerta si no contaban con permiso del superior.

Se trata de una privación de la libertad, hecha mediante violencia, amenaza y engaño —utilizando los mismos términos de la fiscal Peralta—, pues el cambio de mentalidad para generar una dependencia así hacia los superiores se hacía mediante técnicas introspectivas invasivas que llevaban al quiebre de la propia personalidad y lo volvían a uno dócil para cumplir “voluntariamente” cualquier orden superior, habiendo además amenazas de castigos para quien no obedeciera en este punto —ayunos a pan y agua (o a lechuga y agua), aislamiento, prohibiciones—, y todo era realizado con engaño, pues a los afectados nunca se les informaba de sus derechos, sólo de sus obligaciones, entre las cuales la principal era obedecer sin cuestionar.

Que algunos hayan podido superar con mucho esfuerzo esa barrera y hayan finalmente logrado irse de la comunidad no significa que esa barrera no existiera, así como que el hecho de que alguien logre saltar un muro y escaparse del recinto en que se le mantenía secuestrado, no significa que ese muro no haya existido como impedimento.

¿Diría la fiscal Peralta que si un secuestrado logra fácilmente violar la cerradura de la casa en que se le mantenía encerrado ya no se puede hablar de secuestro, pues la puerta no constituía un verdadero impedimento para que pudiera movilizarse libremente?

“Tres Patines” hubiera argumentado así ante el tremendo juez de la tremenda corte. Con toda probabilidad.

No acaban aquí los tremendos argumentos de la tremenda fiscal. Continuaré con su análisis en la siguiente entrega.

(Columna publicada en Altavoz el 24 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (I)

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Leopoldo Fernández “Tres Patines” (1904-1985)

Quién no recuerda con una sonrisa nostálgica al comediante cubano Leopoldo Fernández (1904-1985), creador del pícaro personaje José Candelario “Tres Patines”, quien a través de una labia enrevesada que moldeaba el lenguaje a sus anchas llegaba a conclusiones que desafiaban la lógica y el sentido común, sobre todo en sus disputas dentro de un marco judicial en la serie de TV La tremenda corte.

Pues algo similar he sentido tras haber leído el texto completo de la resolución de la fiscal María del Pilar Peralta, archivando la denuncia contra Luis Fernando Figari, seis miembros y un ex-miembro del Sodalicio de Vida Cristiana. No sé si reír con soltura o llorar con ternura ante la ingenuidad de los argumentos esgrimidos o ante la ignorancia en la materia de quien se supone que debe administrar justicia con conocimiento de causa. Ciertamente, ni las risas ni las lágrimas han podido evitar que algo de rabia se me haya asentado en el fondo del alma debido a la ligereza con que se han abordado temas tan serios, donde está en juego la justicia debida a quienes ya han sufrido demasiado.

El primer hecho inexplicable es por qué se excluyó a Mons. José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, de la denuncia. La fiscal Peralta no indica ninguna razón en el texto de la resolución. ¿Tal vez porque era el único obispo católico entre los acusados? ¿O quizás creyó que así le estaba prestando un servicio a la Iglesia católica, de la cual de se considera pía y ferviente parroquiana?

Uno se pregunta si esta adhesión religiosa —que no debería tener ninguna influencia en la administración objetiva de justicia— la habría llevado a tener una actitud tan benevolente hacia el Sodalicio —que siempre ofrece como carta de presentación el ser parte integrante de la Iglesia católica—. Pues la fiscal considera que «se ha evidenciado con los documentos ya glosados, con la visita efectuada por la suscrita a sus comunidades y templos que se trata de una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, reconocida formalmente por la Iglesia católica, de vida religiosa incompatible con un objetivo delictivo». Entre los «documentos ya glosados» destaca el texto de las Constituciones del Sodalicio de Vida Cristiana, algo así como la normativa suprema que rige la vida de la institución.

El hecho de ser una organización religiosa reconocida por el Vaticano, que dice perseguir «fines de apostolado, evangelización, obras sociales, entre otras», es argumento suficiente para la fiscal para descartar que la asociación pueda tener también fines delictivos, como el secuestro sistemático de las voluntades mediante técnicas de manipulación mental —restringiendo la libertad de los afectados— o maltratos físicos y psicológicos practicados de manera habitual como parte de la disciplina de formación, que habrían dejado lesiones perdurables en la psique de los denunciantes.

La fiscal debería saber que muchas asociaciones que cometen delitos suelen tener una fachada legal inobjetable, además de una imagen pública intachable, no pudiendo encontrarse en ninguno de sus documentos algún indicio de la comisión de delitos. ¿O acaso esperaba encontrar en las Constituciones del Sodalicio indicaciones de cómo sacarle la mierda a los sodálites en formación —expresión usada con frecuencia al interior de las mismas comunidades sodálites— a fin de desterrar su “hombre viejo” (la antigua personalidad) y reemplazarlo por el “hombre nuevo” (la personalidad configurada con Cristo y obediente en todo)? Más bien, si se hubiera tomado el trabajo de analizar debidamente la letra de las Constituciones, habría comprobado que «el documento está planteado para que el miembro de la organización sea un instrumento sujeto a la arbitrariedad de los superiores. Las premisas son:

La vocación sodálite es a la plena disponibilidad apostólica.
La obediencia es el compromiso fundamental del sodálite.
La obediencia debe ser en todo como la de Jesús al Padre.
Y nunca se establece los límites o alcances de la autoridad.»

Las últimas palabras citadas provienen de un ex-sodálite, cuyas reflexiones críticas —plasmadas en dos breves escritos que todavía no han sido hechos públicos— se originaron antes de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, cuando todavía era miembro pleno del Sodalicio.

La fiscal Peralta, en vez de buscar indicios de delitos en los documentos internos o mediante visitas a las comunidades y templos del Sodalicio, debería haber indagado la veracidad de los detalles incluidos en los diversos testimonios que se presentaron —los cuales coinciden en prácticas abusivas atentatorias contra derechos fundamentales del ser humano—, siendo que a varios de estos testimonios no les prestó la debida atención, incluso llegando al extremo de no contactar a testigos importantes. Pues dada la naturaleza de los delitos, realizados al interior de las casas de formación y ajenos a la mirada pública —y en algunos casos a puerta cerrada—, la prueba testimonial es la que prevalece.

¿Cree de veras que visitando la parroquia, la comunidad y el centro pastoral que el Sodalicio gestiona en Mayorazgo (Ate) —como efectivamente lo hizo— podía encontrar indicios de actos delictivos? ¡Por favor! Aunque parezca increíble, eso es lo dice la resolución fiscal: «lo que se pudo observar es que las actividades que se realizan tienen índole religiosa y de conviviencia consentida por parte de sus integrantes e incluso se encargaban de la administración de dos iglesias “Nuestra Señora de la Cruz” y “Cristo Reconciliación”, además de realizar labores de actividad de ayuda social en dichas parroquias». Lo único que le faltó es tomar un “lonchecito” con los miembros de la comunidad, en compañía de Mons. Fortunato Pablo Urcey, el visitador designado por el Vaticano en el año 2015, el cual tampoco vio nada.

Sus palabras resultarían hasta conmovedoras, a no ser por la ingenuidad y falta de conocimiento en la materia que demuestra la Sra. Peralta Ramírez. ¿Qué cosa cree que vieron quienes visitaron las comunidades de los Legionarios de Cristo durante décadas, mientras su fundador, el P. Marcial Maciel, y otros “imitadores” o cómplices suyos abusaban de menores y mayores de edad, amparados en el principio de la obediencia absoluta y con el Vaticano haciéndose de la vista gorda? ¿Cree acaso que los numerosos visitantes de Colonia Dignidad en Chile vieron alguna vez indicios de los delitos que Paul Schäfer y algunos de sus secuaces cometieron a diario durante décadas, abusando sexualmente de menores de edad casi a diario y manteniendo las mentes de los colonos sometidas mediante una estricta obediencia y una disciplina que no toleraba ninguna divergencia? En el caso del Sodalicio, ¿pensaba realmente que iba a poder presenciar actos similares a aquellos que las víctimas denunciaron que se cometieron al interior de las comunidades en momentos privados de la vida cotidiana?

El hecho de que la fiscal asuma una interpretación restrictiva de delito de asociación ilícita para delinquir, al señalar que la asociación debe haber tenido fines delictivos desde el momento de su constitución, no resulta convincente. No es lo que dice el texto de la ley. Y es evidente que difícilmente se encontrará fines delictivos en los documentos oficiales de constitución de una sociedad, cualquiera que sea. Lo que tenía que haber investigado es si había un grupo de personas que utilizaban sistemáticamente la estructura de la asociación para cometer delitos de abuso y secuestro, justificando ese proceder en las mismas normativas internas de la asociación. Sin importar si esas personas fueron integrantes de ella desde el momento en que se creó, pues la ley no se limita a penalizar la constitución de una asociación para delinquir, sino también el hecho de promoverla o ser integrante de ella. Se trata de un delito que no se restringe al punto de partida de la asociación, sino que se prolonga en el tiempo.

En el caso del Sodalicio, ¿de qué delitos estaríamos hablando? De los abusos sexuales, aunque hayan prescrito; de la manipulación de las conciencias mediante el engaño y la coacción psicológica, a fin hacerlas dependientes en grado extremo de los superiores, de la comunidad y sobre todo del mismo Figari; y de los maltratos psicológicos y físicos efectuados, que en muchos casos afectaron la salud psicológica, la autoestima y la capacidad relacional de los afectados.

Las cosas son claras, pero sólo para quien quiera verlas. En la siguiente entrega seguiré con el análisis de los despropósitos vertidos por la fiscal Peralta en su cuestionable fallo.

(Columna publica en Altavoz el 23 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

SODALICIO: EL SACRIFICIO RITUAL DE LAS VÍCTIMAS

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«Dado que la historia de la víctima pone en peligro el matrimonio de los padres, la reputación de la institución, la paz de la comunidad, no hay ningún interés en abrirse al relato de la víctima. La víctima vive peligrosamente, porque con su experiencia pone en peligro el sistema en el cual vive. De este modo, debe ser “sacrificada”, obligada a guardar silencio. “Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca,” dice Caifás en el Evangelio de Juan para justificar la sentencia de muerte de Jesús. Justamente esta lógica banal sacrifica a los afectados por abusos sobre el altar de la institución, del sistema familiar, de la buena fama de la escuela. En esta lógica la víctima aparece insignificantemente pequeña y la institución, gigantesca. Y de este modo la víctima se convierte en sacrificio.

El sacrificio es la continuación del abuso. La violencia contra quienes están bajo custodia, precisamente en su forma particularmente grave de violencia sexual, se vuelve violencia estructural en el momento en que quienes forman parte del sistema cierran los oídos a la voz de la víctima.»

Estás palabras forman parte de un artículo publicado el 4 de abril de 2010 por el jesuita Klaus Mertes, protagonista principal de la ola de destapes de abusos sexuales que se inició en Alemania en enero de 2010 cuando él mismo, siendo rector del Colegio Canisio de Berlín, conversó con algunos ex-alumnos que habían sido víctimas de abuso sexual en esa entidad educativa y decidió enviar una carta a los alumnos egresados de varios promociones, pidiéndoles disculpas en caso de que hubieran sido víctimas de un par de sacerdotes jesuitas que habían cumplido labores docentes en la institución.

Lo que vino después fue una ola de revelaciones de casos de abusos sexuales a nivel de toda Alemania. Abusos había habido no sólo en el Colegio Canisio, sino también en otras instituciones educativas jesuitas. Otros casos emblemáticos de dimensiones masivas fueron el del Colegio de la Abadía de Ettal (Baviera), a cargo de los benedictinos; la Escuela de Odenwald en el estado de Hesse, un centro educativo experimental laico; el internado de los Gorriones de la Catedral de Ratisbona (Baviera). Y esto era sólo la punta del iceberg, pues abusos sexuales individualizados habían ocurrido en todas las diócesis alemanas.

Y si bien el 30 de marzo de ese año Mertes fue felicitado por Mons. Stephan Ackermann, obispo de Tréveris, en nombre de la Conferencia Episcopal Alemana por «haber abierto una puerta y haber vencido el silencio hasta entonces reinante», él mismo experimentaría una especie de reprobación indirecta y subterránea por parte de varias instancias eclesiásticas, que terminaría con la decisión de sus superiores de sacarlo de Berlín y enviarlo en septiembre de 2011 como rector al Colegio St. Blasien en una localidad apartada de la Selva Negra. Aparentemente, su decisión de sacar a luz los abusos de los que había tenido conocimiento y comprometerse con las víctimas en calidad de representante de la institución victimaria es algo mal visto en la Iglesia católica. Pues el destino de las víctimas es el sacrificio. Y junto con ellas deben ser sacrificados aquellos que tomen partido a favor de ellas.

No otra ha sido la estrategia que ha aplicado sistemáticamente durante el último año el Sodalicio. Si bien la institución ha admitido oficialmente a través de su Superior General Alessandro Moroni que hay víctimas, hasta ahora no se ha presentado ningún dato concreto al respecto: cuántas son, quiénes son los victimarios, qué tipo de abusos se cometieron, etc. Sus declaraciones se han dado sólo como reacción ante información publicada previamente en la prensa escrita, en las redes sociales y en otros medios online. Parecería que los sodálites sienten que la cosa no es con ellos y que los abusos cometidos son incidentes ajenos al actual sistema institucional, que todavía sigue en funciones. O tal vez creen que ninguno de los sodálites aún en actividad haya cometido abusos de ningún tipo. Todos los delitos habrían sido perpetrados por el iniciador de la vaina, Luis Fernando Figari —ya declarado persona non grata por Moroni— o por individuos que ya no pertenecen a la institución. Supuestamente, para el Sodalicio del momento presente esos problemas pertenecerían al pasado.

Sin embargo, todavía no han tomado conciencia de que el problema central ni siquiera se podría reducir a las inconductas de algunos miembros o ex-miembros. Se trata de un problema estructural, donde los abusadores han actuado en el marco de las condiciones generadas por la misma ideología y la disciplina sodálite. Se trata de una situación que afecta los derechos humanos de quienes hemos pasado por la institución e incluso de aquellos que todavía siguen en ella.

Pues en el Sodalicio se ha atentado contra la integridad física y psicológica de muchos, que han sido sometidos a tratos inhumanos y degradantes. Se ha dado un trato preferencial a algunos y discriminado a otros en razón de su procedencia étnica. Se ha inculcado una mentalidad misógina que minusvaloraba a las mujeres en general. Se ha transmitido e incentivado la homofobia, a la vez que algunos sodálites con cargos de responsabilidad se aprovechaban de la condición homosexual de algunos miembros para someterlos sexualmente o extorsionarlos psicológicamente. Se ha explotado laboralmente a muchos sodálites, haciéndolos trabajar gratuitamente, sin beneficios sociales y sin darles información de ningún tipo sobre sus derechos laborales. Se ha impedido a muchos estudiar una carrera que estuviera de acuerdo con sus capacidades y su vocación profesional, indicándoles que su futuro al respecto se debía regir por la obediencia hacia los superiores y por lo que éstos decidieran. A nivel institucional, no se ha proveído de seguro médico ni de jubilación a nadie, ni siquiera a quienes habían hecho una promesa de permanecer a perpetuidad en el Sodalicio. Se ha restringido la vida privada de los sodálites a su mínima expresión. Se ha dañado considerablemente las relaciones de muchos miembros y ex-miembros con su familia natural, en algunos casos de manera irreparable. Se ha limitado de manera extrema el derecho a la libertad de opinión y de expresión —que incluye el derecho a comunicar o recibir informaciones—. Se ha atentado contra la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, interceptando cartas, abriéndolas sin permiso del destinatario o manteniendo un sistema de control informático sobre las casillas de correo electrónico de los miembros, sin conocimiento ni autorización de éstos.

Y por último, en numerosos casos se ha desatendido el derecho a la reparación e indemnización de las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. Pues el procedimiento de reparaciones instituido por el Sodalicio ha sido en general una farsa, una cortina de humo para sacarse el problema de encima pero sin atender verdaderamente a los requerimientos morales del bien y la justicia. Comenzando por el hecho de que ha sido el misterioso “comité de reparaciones” del Sodalicio quien ha decidido quién es víctima y quién no. ¿Desde cuándo se considera legítimo que sea la institución victimaria —y no una entidad independiente— la que decida quiénes son sus víctimas? ¿Cuando se ha visto que sea el inculpado el que determine quiénes han sido objeto de sus actos delictivos y quiénes no?

La Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, comisión independiente convocada por el Sodalicio, reconoció en su quinta recomendación “la condición de víctimas […] a través de los respectivos informes individuales” de los casos que habían analizado. ¿A cuánto asciende el número de víctimas reconocidas por la Comisión? No lo sé exactamente, pero no hace mucho tiempo conversé con una persona que me confió que él era el caso 168. Y no había sido el último en declarar ante la Comisión.

El Sodalicio, en cambio, ha dejado de reconocer a varias de estas personas como víctimas, sin informarles sobre las razones y criterios que llevaron a esta conclusión. Las indemnizaciones ofrecidas en algunos casos, teniendo en cuenta el daño generado, han sido ridículas y ofensivas. Algunas víctimas dañadas gravemente que estaban recibiendo ayuda periódica han dejado de percibirla. Y dejando de lado las indemnizaciones económicas, en lo que se refiere a reparaciones morales el asunto ha sido también lamentable. Hay víctimas que no han recibido ninguna disculpa por escrito de ningún representante del Sodalicio, y aquellos a los que sí se les ha enviado una carta suelen recibir por lo general un texto estándar donde no se especifica los abusos concretos de los que fueron víctimas y, por lo tanto, de qué se les está pidiendo disculpas.

Las víctimas incomodan, porque ponen en cuestión a la institución. Pero ellas no tienen la culpa de que les hayan hecho lo que les hicieron. Aún siendo inocentes, son sacrificadas en el altar de la buena imagen de una institución que no se la merece. Y de esta manera, el abuso continúa.

(Columna publicada en Altavoz el 11 de diciembre de 2016)

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El artículo completo de Klaus Mertes SJ se puede leer en mi post IGLESIA Y ABUSOS: LAS ESPINAS SE CONVIERTEN EN UNA CORONA.

CARTA ABIERTA A UN CONTRATADO DEL SODALICIO

A Ian Elliott, consultor especialista en abusos contratado por el Sodalicio para atender a las víctimas

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Estimado Ian:

He decidido escribirte de manera abierta y pública, debido a que hasta ahora no he recibido respuesta al e-mail que te envié el 10 de noviembre respondiendo a tu desafortunado e-mail del 9 de noviembre.

En realidad, todo comenzó el 1° de mayo de este año, cuando cansado de esperar a que el Sodalicio se comunicara conmigo no obstante las promesas de atender personalmente a cada una de las víctimas —entre las cuáles me cuento yo como el caso N.º 6 según la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación—, decidí tomar la iniciativa y comunicarme con Rafael Ísmodes, uno de los pocos sodálites que, por su calidad humana y su falta de doblez, me ha inspirado siempre confianza. Ísmodes me remitió a José Ambrozic, con quien también llegué a hablar en un par de oportunidades. Fue Ambrozic quien me sugirió que hablara contigo vía Skype, cosa que se concretó el 8 de julio.

Después de haber expuesto partes de mi historia y aclarado mis opiniones sobre el Sodalicio y sobre lo que está pasando con la institución, me agradeciste amablemente por la conversación, prometiéndome que ibas a ocuparte de mi caso. La verdad es que me despreocupé del asunto, sabiendo que de parte del Sodalicio poco o nada se podía esperar.

Sin embargo, el día 2 de octubre me comunicaste que no te habías olvidado de mí y que estabas viendo mi caso; y el 3 de octubre me informaste que ibas a viajar a Alemania para entrevistarte con algunas víctimas y que podíamos fijar una fecha para tener una conversación personal. Ésta se realizó efectivamente el 28 de octubre en horas de la mañana en una elegante suite doble en el Grand Westin Frankfurt Hotel —que cuesta normalmente 520 euros la noche, costo asumido en su totalidad por el Sodalicio a fin de que tú pudieras cumplir con la noble misión de atender a las víctimas—.

Reconozco que fuiste muy amable y correcto. Lo cual me hizo desconfiar, pues de acuerdo a mi experiencia, un exceso de amabilidad suele ir acompañado proporcionalmente de falta de sinceridad y transparencia. Y no faltaron indicios que me confirmaron esta sospecha. Como cuando comenzaste a hablarme maravillas del actual Consejo Superior del Sodalicio. Ciertamente, estoy de acuerdo contigo en que sus miembros son muy amables y bienintencionados. Pero no es eso lo que está en cuestión, sino más bien si están en capacidad de comprender dónde radica el problema del Sodalicio y, en consecuencia, si pueden tomar las decisiones correctas para darle solución. Te dije claramente que no conozco a ningún sodálite cuya captación y reclutamiento interior no se haya iniciado en la adolescencia, en la gran mayoría de los casos antes de alcanzar la mayoría de edad. Con personas ya adultas nunca ha funcionado. Y que el hecho de haber crecido en un coto ideológico protegido les hace muy difícil comprender la realidad más allá de las anteojeras ideológicas que les han colocado desde temprana edad en sus mentes.

Más sorprendido quedé cuando me dijiste que para el actual Consejo Superior los problemas ya eran cosa del pasado y que el Sodalicio actual no era el mismo que el de antes. ¿De un pasado que se remonta hacia atrás recién a partir de octubre de 2015, cuando estalló el escándalo? Respuesta afirmativa. ¿En un año el Sodalicio ha dejado de ser el que yo conocí? ¿De veras has sido tan ingenuo como para tragarte ese rollo?

¿Y cómo iba el asunto de las reparaciones? Me dijiste que el Sodalicio había determinado un monto para ser repartido entre todas las víctimas. Te pregunté si te habían mostrado los documentos contables que muestran a cuánto a asciende su patrimonio actual para ver cuánto podían ofrecer realmente y hacer la recomendación que como profesional te correspondía hacer. No, no te los habían mostrado ni tampoco los pediste. Te bastó con que te dijeran cuál era el monto destinado a reparaciones, las cuales iban a ser asignadas de acuerdo a la gravedad del delito cometido, sin considerar los daños y perjuicios sufridos. Es decir, a alguien al que avasallaron sexualmente pero sólo estuvo vinculado un año le correspondería una indemnización elevada, mientras que a otro que sacrificó veinte años de su vida en el Sodalicio, experimentando continuos abusos psicológicos pero sin haber sufrido nunca abuso sexual, le correspondería una indemnización bastante más reducida, si es que no ninguna.

En tu obsesión por presentar las cosas de manera positiva, quisiste resaltar la bondad de los miembros del Consejo Superior, que estaban ofreciendo estas reparaciones voluntariamente sin estar obligados a ellas por ninguna ley. Como un favor merecedor de gratitud y una señal de buena voluntad. Y que el monto iba a ser algo superior a lo que podría ofrecer la justicia peruana, en el caso hipotético de que se ganara un juicio.

Lamento decirte que no puedo compartir esta opinión. Un favor es algo que hace alguien gratuitamente en beneficio de otro, sin que el primero le deba nada al segundo. Y eso no se cumple en el caso del Sodalicio, el cual tiene una deuda moral con todas las víctimas dañadas por miembros de la institución y su sistema. ¿Cómo puedes considerar como un favor lo que incluso la moral cristiana considera como un deber de conciencia, tal como se señala en las siguientes citas del Catecismo de la Iglesia Católica?

1459 Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo (por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto.

2487 Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto; si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente, en nombre de la caridad. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación, moral y a veces material, debe apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia.

¿Me has querido dar a entender que las víctimas deberían estar agradecidas al Sodalicio por realizar algo que en realidad constituye una obligación moral a ser cumplida por los sodálites, más aún cuando se jactan de seguir las exigencias del Evangelio —y la ética que de ellas se desprende— hasta sus últimas consecuencias? ¿Que no haya una obligación legal —lo cual significa que las víctimas estarían jurídicamente inermes— implica que el cumplimiento de una grave obligación moral deba ser recibido con gratitud sumisa, más aún cuando me has dado a entender que si la víctima no considera justo el monto ofrecido, el Sodalicio le da el ultimátum de «tómalo o déjalo» y se desentiende del asunto, escudándose en la “ingratitud” de la víctima?

Por otra parte, determinar el monto de las reparaciones sobre la base de lo que se ofrecería en el sistema judicial peruano —que es deficitario, corrupto y con frecuencia favorece la impunidad— me parece miserable. El Sodalicio siempre presumió de querer cambiar el mundo y revertir las injusticias que en él se cometen. Ahora resulta que si el sistema judicial peruano permite una injusticia, entonces el Sodalicio se acomoda a la situación en la medida en que lo favorezca económicamente, y allí se acabaron sus deseos de luchar por un mundo mejor. ¿No te parece que las reparaciones deberían fijarse más bien sobre la base de criterios objetivos de justicia, teniendo en cuenta los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas?

Éstas son reflexiones que podrían ayudar a otros, pues en mi caso el “comité de reparaciones” del Sodalicio ha decidido que yo no tengo derecho a una reparación —como me comunicaste en tu “amable” e-mail del 9 de noviembre— con el argumento de que puedo recibir un tratamiento psicológico gratuito bajo el sistema de salud alemán y, por lo tanto, el Sodalicio no cree que deba darme una ayuda en ese sentido.

La atención psicológica es uno de los puntos que me haría acreedor a una justa indemnización. Pero no es el único punto. ¿Qué hay del secuestro de los mejores años de mi juventud, que desperdicié siguiendo una ilusión fanática con una mente manipulada y habiendo perdido mi capacidad de decidir libremente con conocimiento de causa? ¿Qué hay de los daños infligidos a los lazos familiares, sobre todo a la relación con mi madre?¿Qué hay del continuo sentimiento de culpa que primero me fomentaron en las comunidades sodálites y luego me acompañó durante décadas por haber abandonado la vida comunitaria y que se tradujo también en sentimientos de inferioridad? ¿Qué hay de la marginación progresiva de que fui objeto en ambientes de la Familia Sodálite? ¿Qué hay de la errada orientación vocacional realizada por sodálites no profesionales, que finalmente me llevó a estudiar teología, una carrera que no me sirvió posteriormente para obtener un trabajo decentemente remunerado que me permitiera mantener a mi familia? ¿Qué hay de la falta absoluta de cotizaciones para un fondo de jubilación, que me asegurara una vejez digna? ¿Qué hay de los rumores difamatorios que miembros del Sodalicio echaron a correr para tirarse abajo mi reputación, tachándome de loco, desquiciado, anti-católico, amargado y vengativo? ¿No sabes que recientemente me encontré aquí en Alemania con un ex-sodálite a quien yo no conocía, cuyo padre —a quien tampoco conozco y que también estuvo vinculado a la Familia Sodálite— le había preguntado si yo padecía del síndrome de Asperger? Es sólo un ejemplo para que veas hasta dónde llegaron las calumnias. Sin contar con que también afectaron las relaciones al interior de mi actual núcleo familiar. ¿Cómo puede el Sodalicio reparar todo este daño o devolverme las cosas valiosas de la vida que perdí o que nunca pude vivir?

Te pongo a continuación las recomendaciones que hizo la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación en mi caso:

  1. Reconocimiento por parte del Superior General de su condición de víctima y pedido de disculpas por escrito.
  2. Devolución a la víctima de toda su información personal, particularmente la relativa a sus evaluaciones psicológicas.
  3. Informar por escrito a todas aquellas personas —sea que se encuentren dentro o fuera del SCV— del hecho que hubiesen sido evaluadas psicológicamente por personas no profesionales, pidiéndoles las disculpas del caso y devolviéndoles los documentos pertinentes.
  4. Otorgarle una compensación económica que indemnice los años de pertenencia al SCV, ante el inadecuado discernimiento vocacional sufrido.
  5. Otorgarle la reparación económica proporcional al daño sufrido, comprendiendo la afectación moral y material de la víctima.
  6. Otorgarle la compensación económica que le permita acceder a un tratamiento médico psiquiátrico y/o psicológico integral por el tiempo que los profesionales médicos determinen.
  7. Realizar las investigaciones necesarias al interior del SCV, en relación a los actos denunciados. Asimismo, que el SCV imponga a los responsables las sanciones correspondientes.

De las siete recomendaciones, hasta ahora el Sodalicio sólo ha cumplido parcialmente la número 2, y eso fue antes de que la Comisión emitiera cualquier informe, pues yo mismo decidí solicitar el 14 de diciembre de 2015 mi documentación al Superior General del Sodalicio Alessandro Moroni. Recibí una serie de escritos manuscritos elaborados por mí, la mayoría anteriores a 1981 y unos cuantos posteriores a esa fecha, pero las evaluaciones psicológicas que se me tomaron así como los informes de rutina sobre mí elaborados por superiores y consejeros espirituales habían desaparecido como por ensalmo. Según Moroni, no había nada más. ¿Nada más, considerando que viví más de once años en comunidades sodálites? Cuesta creerlo. ¿En qué momento desaparecieron esos documentos, si es que no fueron destruidos?

A la vista de los hechos, lamento mucho, estimado Ian, que en mi caso —y probablemente en varios casos más— hayas contribuido a que el Sodalicio no cumpla con su obligación moral de reparar —aunque sea simbólicamente— las heridas causadas, y se ignoren las recomendaciones hechas por una Comisión que trabajó de manera imparcial e independiente. Sin recibir ninguna remuneración, a diferencia de cualquier contratado, que se debe a quien le paga.

Un cordial saludo

Martin Scheuch

(Columna publicada en Altavoz el 13 de noviembre de 2016)