EL PAPEL HIGIÉNICO DEL SODALICIO

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Cuando la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, primera comisión convocada por el Sodalicio en noviembre de 2015 para abordar los abusos cometidos en la institución, emitió su informe final en abril de 2016, allí se incluían once recomendaciones, de las cuales estrictamente cinco le correspondía cumplir al Sodalicio, las cuales fueron parcial o deficientemente implementadas o incluso incumplidas del todo.

De este modo, si bien se repudió públicamente la conducta de Luis Fernando Figari, no se le aplicó la mayor sanción moral e institucional que correspondía, que era la expulsión de la institución, la denuncia penal por todos los delitos cometidos —que no sólo se limitaban a abusos sexuales— y la eliminación de todo apoyo económico con fondos provenientes del Sodalicio. Más bien, se le contrató a uno de los abogados más onerosos del Perú, Armando Lengua Balbi, que habría sido pagado por el Sodalicio mismo. Además, la institución asumirá los costos de su tren de vida en una residencia en Italia hasta el fin de sus días.

Por otra parte, el Sodalicio no reconoció como víctimas a todas aquellas personas que, mediante informes individuales, la Comisión había reconocido como tales. Y en el caso de las que si fueron reconocidas, el Sodalicio no cumplió con resarcirlas justamente sino con montos insuficientes o irrisorios en comparación con los daños ocasionados. Mucho menos asumió las terapias psicológicas y médicas hasta donde fuera necesario, sino por el tiempo de un año, renovable solamente por un año adicional y nada más. Y respecto a la exigencia de «una solicitud de perdón y desagravio, de manera personal y escrita, por parte del Superior General a cada una de las víctimas», se incumplió totalmente. Ninguna víctima ha recibido de manera personal una disculpa escrita.

La «compensación por los daños personales sufridos por quienes fueron privados de un adecuado discernimiento vocacional, y en esa medida, obligados a prestar servicios no remunerados, incluso en condición de “servidumbre”» fue ignorada, salvo en algunos pocos casos, donde la compensación económica otorgada puede ser calificada de miserable.

Respecto a la medida que establece que «el SCV deberá proceder a la devolución inmediata de toda la documentación correspondiente a cada una de las personas que forma o formó parte de la institución, que así lo solicite», no sé si habrá habido alguien que haya solicitado esta documentación. Yo sí la solicité en diciembre de 2015, antes de que la Comisión emitiera su informe, y la documentación recibida fue escasa y a todas luces incompleta (ver LOS ARCHIVOS SECRETOS DEL SODALICIO).

Hubo otra recomendación en la que las autoridades sodálites se zurraron olímpicamente, a saber, aquella que reza: «Las personas que ejercieron algún cargo en la organización del SCV, durante los años en que se permitieron los abusos denunciados, deben ser impedidas de ejercer algún cargo representativo al interior de la organización». El Sodalicio siguió manteniendo su misma estructura organizacional y permitió que la mayoría de las personas aludidas en esta recomendación permanecieran en puestos de responsabilidad.

Por supuesto, el Sodalicio mantuvo un doble discurso, afirmando ante la opinión pública o bien que ya había cumplido con las recomendaciones de la Comisión de Ética, o bien que el cumplimiento estaba en proceso (ver SODALICIO: LA GRAN MENTIRA DE LAS RECOMENDACIONES CUMPLIDAS).

Aunque no lo haya admitido abiertamente, se sabe que al Sodalicio no le gustó en absoluto el trabajo de esta comisión y, ya sabiendo de antemano la orientación que iba a tener el informe final, desarrolló un plan B para neutralizar sus efectos que consistió en la creación de una segunda comisión conformada por tres expertos internacionales (Kathleen McChesney, Ian Elliott y Monica Applewhite), los cuales fueron contactados recién en marzo de 2016 (ver LOS EXTERMINADORES DE PLAGAS). Considerando que las autoridades del Sodalicio, a través de su entonces Superior General Alessandro Moroni, se manifestaron satisfechos con los dos informes finales de esta segunda comisión (10 de febrero de 2017), era de esperarse que cumplieran las recomendaciones allí incluidas. Sin embargo, tras revisarlas detenidamente, es otra la impresión que se obtiene, a saber, que el Sodalicio en líneas generales también se zurró en esas recomendaciones e hizo lo que le dio la gana.

Se trata de un total de 34 recomendaciones incluidas en el segundo informe agrupadas en cuatro rubros (A. Respuestas a las denuncias de abuso y maltrato; B. Prevención de abuso y maltrato en el futuro; C. Cumplimiento y responsabilidad; D. Transparencia y comunicación). Incluso se señala el estado de cumplimiento de cada recomendación (Completado/En marcha/Pendiente). Sería muy extenso detenerme en cada recomendación, de modo que me voy limitar a las que aparecen clasificadas como “Completado”.

A.1 Establecer un sistema para que las personas que han sido abusadas por un miembro del SCV, puedan reportar el abuso al SCV.
> Completado

A.2 Utilizar los servicios de una persona con experiencia en ayudar a las personas que han sido abusadas para recibir reportes de abuso y trabajar con las autoridades del SCV para asegurar que todas las personas sean tratadas con justicia y respeto.
> Completado

A.3 Publicar la información de contacto de la persona que recibirá los reportes de abuso en varios medios y en el sitio web del SCV.
> Completado

A.4 Reportar todas las nuevas denuncias de delitos conforme lo indiquen las leyes de los países en los que se produjo la presunta ofensa.
> Completado y en práctica permanente

Hasta ahora no se sabe cómo es el sistema que ha establecido el Sodalicio para que se le haga llegar denuncias de abusos ni los procedimientos que se seguirán. En ninguna parte de la página web oficial de la institución (https://sodalicio.org) aparece descrito este sistema.

Por otra parte, el día 4 de noviembre de 2019 me comuniqué con el único número telefónico de contacto que aparece en la página web del Sodalicio, el de su Oficina de Prensa —ubicada en Calle Dos 553, Urb. Monterrico Norte, San Borja, dirección que corresponde a su Centro Pastoral “Nuestra Señora de la Evangelización”—. Me atendió cortésmente una persona que dijo llamarse José Bazo. Le pregunté dónde podía encontrar los datos de la persona que recibe reportes de abuso, pues en uno de los informes de la comisión de expertos internacionales se daba a entender que esa información debía estar publicada en el sitio web del Sodalicio, y por más que me había esforzado, no había logrado encontrarla. Me dijo que no sabía nada y que él no tenía esa información. Tras consultar algo con su jefe que estaba presente, me comunicó que me iban a enviar la respuesta por e-mail.

El 7 de noviembre recibí el siguiente e-mail:

«Sr. Martín Scheuch, habiendo recibido su pedido a la Oficina de Comunicaciones, le informo lo siguiente:

Con el fin de recibir denuncias de cualquier tipo de abuso que se haya cometido por miembros o ex-miembros del Sodalicio, fue creada la Oficina de Asistencia y Reparación.

Para entrar en contacto con la Oficina y reportar algún tipo de abuso basta con enviar un correo electrónico a la Dra. Silvia Matuk, Coordinadora de la Oficina de Asistencia y Reparación: oficina@asistenciayreparacion.com

Atentamente

Daniel Calderón
Asistente General de Comunicaciones»

Al ir a consultar nuevamente la página web oficial del Sodalicio, me encontré con que había sido añadido un nuevo link que no estaba antes con el título de Ambientes Seguros. El texto al que se accede comienza así:

«En el Sodalicio de Vida Cristiana hemos adoptado el compromiso firme de implementar y conservar ambientes seguros, a fin de proteger y salvaguardar a las personas vinculadas a nuestras actividades apostólicas, educativas y pastorales, en especial a los menores y adultos vulnerables».

Luego sigue una extensa explicación de las medidas de capacitación que se han implementado para lograr este objetivo y al final se dan los datos de contacto en caso de que se quiera reportar un abuso:

«Con el fin de recibir denuncias de cualquier tipo de abuso que se haya cometido por miembros o ex-miembros del Sodalicio, fue creada la Oficina de Asistencia y Reparación. Para entrar en contacto con la Oficina y reportar algún tipo de abuso basta con enviar un correo electrónico a la Dra. Silvia Matuk, Coordinadora de la Oficina de Asistencia y Reparación: oficina@asistenciayreparacion.com»

Es así que, dos años y nueve meses después de la publicación de los informes de la comisión McChesney-Elliott-Applewhite, recién cumplían con una recomendación que aparecía en el texto como “completada”.

No es el único incumplimiento. De Silvia Matuk, elegida como la «persona con experiencia en ayudar a las personas que han sido abusadas», sólo se sabe que ha sido docente de Sociología del Derecho en la Universidad Católica San Pablo (del Sodalicio) y que —según me ha contado una fuente— es tía del sodálite Carlos Neuenschwander, quien fuera miembro del Consejo Superior con el cargo de asistente de temporalidades (encargado de la administración económica) cuando estallaron los escándalos de abusos a fines de 2015. La señora Matuk no tendría ninguna experiencia en el manejo de casos de abusos y, por el proceder que ha tenido hasta ahora con algunas víctimas, parecería que solamente es la obediente portavoz de lo que deciden arbitrariamente las autoridades del Sodalicio. Más aún, ella sería la única integrante de la Oficina de Asistencia y Reparación, que parece no tener local físico —su dirección es inexistente—, además de no contar con número telefónico, haciendo imposible la comunicación persona a persona, tan necesaria para una persona cuando quiere dar a conocer que ha sido víctima de abusos.

La finalidad de todo esto parece ser bien clara, y así lo indica la página web del Sodalicio:

«A través de estos esfuerzos buscamos que no se repitan nunca más al interior de nuestra comunidad ningún tipo de abuso como los que hemos reconocido con mucho dolor».

La señora Matuk sería una pieza importante para que esto efectivamente sea así, y de este modo evitarle al Sodalicio el “dolor” que le ocasionan estas molestias conocidas como denuncias de abusos. Se buscaría evitar que cualquier nueva denuncia trascienda, desanimar a quien tenga la intención de denunciar y “mecer” a quienes insistan en hacerle reclamaciones al Sodalicio. Además, no hay ninguna garantía de que una denuncia enviada a la dirección de e-mail indicada reciba una respuesta. Desde febrero de 2017, yo personalmente no he recibido ninguna respuesta a los e-mails que les he enviado a Alessandro Moroni, ex Superior General, y José David Correa, Superior General del Sodalicio. Ni siquiera tuvieron la gentileza de remitirme a la Oficina de Asistencia y Reparación. Como si la consigna fuera no responder a quien tiene cosas incómodas que decir. Como cualquier víctima de abusos, por ejemplo.

Por otra parte, la única denuncia hecha por el Sodalicio ante la justicia civil de delitos perpetrados por sodálites o ex sodálites fue la presentada por Alessandro Moroni junto con su abogado Claudio Cajina el 15 de marzo de 2017 ante el Ministerio Público en el Perú, donde los únicos acusados fueron Luis Fernando Figari, Germán Doig (ya fallecido), Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía (quien ya había sido anteriormente absuelto). Los delitos de los cuatro primeros (abusos sexuales en perjuicio de menores de edad) estaban todos prescritos. Los otros cinco abusadores sexuales reconocidos por el Sodalicio pero cuyo nombre la institución no quiso revelar nunca fueron denunciados. Asimismo, no hay ninguna denuncia hecha por los responsables del Sodalicio por otros delitos reconocidos en los informes de ambas comisiones: esclavitud moderna, lesiones físicas y psicológicas, restricciones a la libertad personal, encubrimiento y omisión de denuncia, etc., en los cuales estarían involucrados un número considerable de sodálites. Ni siquiera en el reciente caso de Emilio Garreaud, acusado el año pasado ante el Tribunal Eclesiástico Provincial de Costa Rica por abuso sexual en perjuicio de un hombre adulto, se sabe que se haya presentado una denuncia ante el tribunal civil correspondiente.

A.6 Utilizar investigadores externos, calificados para investigar denuncias específicas de abuso.
> Completado y permanente

Hasta ahora los únicos investigadores externos para investigar abusos que contrató el Sodalicio fueron los que les elaboraron los dos informes a la medida de la institución, a saber, Kathleen McChesney, Ian Elliott y Monica Applewhite, que en ese sentido realizaron un trabajo deficiente y orientado al saneamiento —o, mas bién, “limpieza de cara”— de la institución antes que a la atención efectiva de las víctimas. No han habido más investigadores. El Sodalicio ha querido dar vuelta a la página y no hay indicios de que sus intenciones vayan en la línea de investigar más y de someterse a posteriores pesquisas externas.

B.11 Identificar a los miembros del SCV que han mostrado comportamientos que indican que pueden presentar un riesgo de abusar de otros. Obtener asistencia psicológica para ellos. Utilizar orientación profesional para establecer e implementar un plan apropiado para monitorear el comportamiento de esos hermanos en el futuro y evaluar su idoneidad para el apostolado externo.
> Completado y monitoreo en marcha

No sabemos si los sujetos aludidos han recibido asistencia psicológica. De ser así, tampoco sabemos si ha sido efectiva. En todo caso, el Sodalicio no ha revelado sus nombres —aunque sospechamos quiénes podrían ser— y, por lo tanto, ni los jóvenes a los cuales se les hace apostolado externo ni sus progenitores saben si la persona que se está encargando de esa tarea es alguien que ha tenido comportamientos abusivos en el pasado. Y creo que tienen derecho a saberlo, a fin de aplicar las medidas preventivas necesarias para protegerse.

C.2 Llevar a cabo una investigación completa para identificar a las autoridades del SCV que tienen acusaciones de no responder u ocultar informes de abuso y maltrato.
> Completado

¿Donde están los resultados de esta supuesta investigación? En ninguno de los dos informes de la comisión de expertos se menciona a ninguno de los encubridores. Si tomamos el caso de Jeffery Daniels, por ejemplo, yo mismo he podido identificar con nombre y apellido a por lo menos nueve encubridores (ver SODALICIO: RETRATO DE FAMILIA CON ABUSADORES Y ENCUBRIDORES). A ello hay que sumar a aquellos que encubrieron los abusos de Figari, Doig y los demás abusadores. Estamos hablando de una manera sistemática de proceder, seguida por un numero considerable de miembros del Sodalicio, muchos de los cuales siguen perteneciendo a la institución. Pero sobre estos encubridores se ha guardado silencio, se les ha protegido y se les ha cubierto con el manto de la impunidad.

En cuanto a las recomendaciones que aparecen como “En marcha” o “Pendientes”, o no hay manera de verificar que el Sodalicio las haya cumplido, o hay serios indicios de que simplemente no se hizo nada o se cumplieron deficientemente.

Finalmente, veamos el resumen final que hace el informe de las tres responsabilidades del Sodalicio, en un texto que parecería estar describiendo un mundo paralelo ajeno a la realidad de los hechos:

«El SCV tiene ahora tres responsabilidades principales con respecto al abuso sexual de menores y adultos cometidos por sodálites o ex sodálites.

En primer lugar, el SCV deberá continuar brindando ayuda a las víctimas de abuso sexual y otros tipos de abuso perpetrados por cualquiera de sus miembros o ex miembros. Para ese fin, a través de su Oficina de Asistencia e Integridad [sic], el SCV ha estado en contacto con la mayoría de las personas que se sabe han sido víctimas de abusos y maltratos diversos por algún sodálite. Este contacto debe garantizar apoyo pastoral, facilitar disculpas a las víctimas y disponer también la reparación y compensación apropiadas».

Lo pueden testimoniar las víctimas: apoyo pastoral no ha habido, mucho menos disculpas públicas personales, y las reparaciones y compensaciones han estado lejos de ser apropiadas. Súmese a esto que varias víctimas no fueron reconocidas como tales por el Sodalicio y les fue rehusado lo que por justicia les correspondía.

«A pesar del mucho tiempo que ha pasado desde que las víctimas fueron abusadas, el daño psicológico y espiritual que se les infligió permanece. Estas víctimas, que en algún momento admiraron a Figari como a una figura paterna, merecen verlo asumir su responsabilidad por las acciones realizadas y saber que las autoridades eclesiales reconocen su conducta como profundamente pecadora e inaceptable para cualquier líder religioso. En ese sentido, la segunda responsabilidad del SCV es asegurar que Figari cumpla con las instrucciones dispuestas por la CIVCSVA [Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica] y aprobadas por el Santo Padre el 30 de enero de 2017».

Esta segunda responsabilidad parece un chiste cruel de humor negrísimo. Las víctimas deberían sentirse satisfechas de que Figari tenga prohibido regresar al Perú —sustrayéndose así a la justicia civil—, que no tenga ningún contacto con ninguno de los integrantes del Sodalicio —salvo uno al cual le será confiada «la tarea de referente del Sr. Figari, para cualquier eventualidad y exigencia» (Carta de la CIVCSVA a Alessandro Moroni, 30 de enero de 2017)— y que el Sodalicio asuma todos los costos de una vivienda para él solo y de todo lo necesario para que tenga «un estilo decoroso de vida» hasta el momento de su muerte, mientras que las víctimas tienen que lidiar por el resto de sus días con las consecuencias psicológicas —a veces incluso físicas— de los abusos sufridos, además de sufrir penurias económicas debido a los años perdidos en el Sodalicio y a las limitaciones personales ocasionadas por los abusos, sin que las compensaciones ofrecidas por el Sodalicio, irrisorias en relación a los daños y perjuicios sufridos, sirvan de mucha ayuda.

«La prevención de todo tipo de abuso —sexual, físico o psicológico— es la tercera principal responsabilidad del SCV. La prevención incluye la evaluación y selección exhaustiva de los candidatos; tener programas de formación integral y saludable y códigos de conducta bien definidos; cooperar con las autoridades civiles sobre temas de abuso y mantener mecanismos efectivos para denunciar abusos; así como manejar comportamientos inapropiados. Todos los miembros de la familia sodálite necesitan una educación continua para desarrollar su conciencia sobre lo que constituye un abuso, así como una mayor comprensión del impacto que el abuso tiene sobre las víctimas. Sobre todo, el SCV debe tener autoridades firmemente comprometidas con mantener ambientes sanos y seguros en sus actividades y obras apostólicas».

Mientras se mantenga el principio de una obediencia absoluta y un pensamiento único, además de mantener las “medidas de formación” que permiten un lavado de cerebro y restricciones indebidas a la libertad interior, no habrá ambiente seguro dentro de las comunidades sodálites, que es donde ocurrieron la mayor parte de los abusos —y no en las actividades y obras apostólicas—, sin contar los abusos que ocurrieron en ambientes privados. Los expertos internacionales que redactaron este texto estaban —por usar una expresión vulgar que aquí se justifica— “meando fuera del inodoro”. De poco sirve que las medidas de prevención y capacitaciones para «mantener ambientes y seguros» se apliquen en aquellas instancias donde precisamente casi nunca ocurrieron los abusos.

Además, creer que una capacitación sobre el tema de los abusos evitará que se cometan abusos es como creer que las incontables charlas sobre la castidad y el celibato que se solían impartir en retiros y actividades de formación han garantizado que los sodálites no cometan faltas contra la castidad. Según esto, lo que le habría faltado a Figari sería conciencia de lo que es un abuso y comprensión del impacto que tienen los abusos sobre las víctimas. Así de fácil. Se esquiva así ver la raíz del problema, que se halla en el sistema y las estructuras institucionales que facilitan la existencia de abusos de autoridad, los cuales en algunos casos terminan abriendo la puerta a los abusos sexuales.

En conclusión, el Sodalicio se ha limpiado el culo con los informes de sus dos comisiones. Y ese papel higiénico no le he dejado el cutis reluciente, pues la mierda la tiene por todas partes, debido a una infección de carácter sistémico que invade todo su organismo. No debería, pues, extrañarnos si más adelante vuelven a darse casos de abusos en el Sodalicio. Y de abusos graves, que no limpia ningún papel.

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A continuación, la lista completa de las recomendaciones hechas por la comisión McChesney-Elliott-Applewhite a las autoridades del Sodalicio:

A. RESPUESTA A LAS DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO

A.1 Establecer un sistema para que las personas que han sido abusadas por un miembro del SCV, puedan reportar el abuso al SCV.
> Completado
A.2 Utilizar los servicios de una persona con experiencia en ayudar a las personas que han sido abusadas para recibir reportes de abuso y trabajar con las autoridades del SCV para asegurar que todas las personas sean tratadas con justicia y respeto.
> Completado
A.3 Publicar la información de contacto de la persona que recibirá los reportes de abuso en varios medios y en el sitio web del SCV.
> Completado
A.4 Reportar todas las nuevas denuncias de delitos conforme lo indiquen las leyes de los países en los que se produjo la presunta ofensa.
> Completado y en práctica permanente
A.5 Brindar la capacitación necesaria a las autoridades del SCV para responder a incidentes y denuncias de abuso y maltrato por miembros y asociados que trabajan en sus instituciones y apostolados.
El contenido de la capacitación debe incluir lo siguiente:
 Definiciones y dinámicas del abuso físico, sexual y psicológico, y abuso de poder
 Efectos del abuso sobre las víctimas
 Comprensión actual sobre los autores de abusos
 Los estándares vigentes de atención para la respuesta al abuso de menores y el maltrato de adultos
 Atención pastoral a los que han sufrido abuso.
> En marcha
A.6 Utilizar investigadores externos, calificados para investigar denuncias específicas de abuso.
> Completado y permanente
A.7 Requerir informes escritos para cada investigación que se haga en el futuro.
> En marcha
A.8 Establecer una Junta de Revisión para evaluar las denuncias de abusos o traspaso de límites presentadas contra los miembros del SCV y brindar asesoramiento sobre acciones de gestión al Superior General, compuesto por profesionales externos, como psicólogos y expertos en protección infantil y miembros representantes de la comunidad y autoridades del SCV.
> Pendiente
A.9 Mejorar los sistemas actuales de registro de documentos estableciendo protocolos, maximizando la tecnología disponible y proporcionando capacitación pertinente a los usuarios del sistema.
> En marcha

B. PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO EN EL FUTURO

B.1 Desarrollar y aplicar pautas para la evaluación de nuevos miembros que cumplan con las normas vigentes para las congregaciones religiosas.
> En marcha
B.2 Mejorar la evaluación psicológica y las evaluaciones de antecedentes para cumplir con las normas vigentes.
> En marcha
B.3 Crear y utilizar una Junta de Evaluación y Selección de evaluadores profesionales que incluya a expertos externos en la evaluación de candidatos para la vida religiosa.
> Pendiente
B.4 Revisar todos los aspectos y fases de la formación y alinear las prácticas con las normas vigentes: establecer las calificaciones de formadores, contenidos de formación y
parámetros formativos.
-> En marcha
B.5 Reforzar los aspectos de la formación con respecto a las dimensiones humanas y conductuales, y brindar formación constante en relación a los retos de una vida sana en la comunidad, el celibato y la obediencia.
> En marcha
B.6 Dar capacitación específica a los formadores, candidatos y formandos sobre la prevención de abuso sexual y los maltratos en el apostolado, los colegios y los servicios solidarios.
> En marcha
B.7 Establecer una política con respecto a las redes sociales, mensajes de texto y otras comunicaciones digitales con menores, aspirantes y personas en formación.
> Pendiente
B.8 Proporcionar capacitación regular de identificación y prevención de abuso a los miembros del SCV, educadores, empleados, voluntarios, padres interesados y jóvenes con
edad suficiente, en varios formatos de presentación.
> En marcha
B.9 Establecer códigos de conducta para los miembros del SCV que incluyan consecuencias por malas conductas. Proporcionar capacitación a los miembros para asegurar que los Códigos de Conducta sean plenamente comprendidos.
> Pendiente
B.10 Desarrollar y aplicar pautas para la idoneidad del apostolado que se ajusten a los estándares vigentes de atención para el servicio a menores, adultos vulnerables y otras tareas apostólicas.
> Pendiente
B.11 Identificar a los miembros del SCV que han mostrado comportamientos que indican que pueden presentar un riesgo de abusar de otros. Obtener asistencia psicológica para ellos. Utilizar orientación profesional para establecer e implementar un plan apropiado para monitorear el comportamiento de esos hermanos en el futuro y evaluar su idoneidad para el apostolado externo.
> Completado y monitoreo en marcha
B.12 Identificar a los miembros del SCV que hayan abusado sexual o físicamente de menores, y retirarlos del apostolado externo y del contacto con menores sin supervisión. Aplicar las sanciones administrativas y / o canónicas apropiadas. Obtener asistencia psicológica para el miembro. Utilizar orientación profesional para establecer un plan apropiado para monitorear el comportamiento del miembro en el futuro.
> Completado y medidas en marcha
B.13 Desarrollar e implementar métodos de supervisión para miembros del SCV que han abusado de otros y siguen siendo parte de la comunidad. Designar y capacitar a superiores adecuados para supervisarlos.
> Completado y capacitación en marcha

C. CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

C.1 Revisar las investigaciones y aplicar consistentemente las directrices sobre la idoneidad para el apostolado en todos los casos.
> En marcha
C.2 Llevar a cabo una investigación completa para identificar a las autoridades del SCV que tienen acusaciones de no responder u ocultar informes de abuso y maltrato.
> Completado
C.3 Utilizar los resultados de esa investigación para determinar el papel que estas autoridades tienen en el futuro de la comunidad.
> En marcha
C.4 Designar una persona que reciba las quejas de los sodálites y los ayude en el proceso de resolución.
> Pendiente
C.5 Establecer un mecanismo interno de cumplimiento de políticas.
> Pendiente
C.6 Recurrir periódicamente a los profesionales externos para revisar el cumplimiento permanente de las políticas de conducta del SCV.
> En marcha

D. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN

D.1 Comunicarse regular y abiertamente con los miembros del SCV y los miembros de la familia espiritual sobre los temas de protección de todas las personas en el SCV y sus obras apostólicos.
> En marcha
D.2 Ser lo más transparente posible sobre los problemas de abuso y cómo se abordan, manteniendo al mismo tiempo la debida consideración de privacidad de las víctimas.
> En marcha
D.3 Establecer una política para comunicarse con diversos públicos con respecto a las denuncias de abuso.
> Pendiente
D.4 Mejorar las estructuras formales de comunicación y utilizar diversos métodos de comunicación.
> En marcha
D.5 Publicar las normas de conducta del SCV en el sitio web de SCV.
> Pendiente
D.6 Mejorar las interacciones con los Obispos Diocesanos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica en asuntos de inconductas.
> En marcha

INSTRUCCIONES PARA REDUCIR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE ABUSOS EN EL SODALICIO

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Alessandro Moroni, ex Superior General del Sodalicio (2012-2019), ejecutor de varias de las instrucciones señaladas en este artículo

— Contrate a tres expertos internacionales de renombre que hayan ayudado previamente a diversas instituciones —entre ellas la Iglesia católica— a gestionar crisis de abusos sexuales contra menores y reducir los daños que de ello puedan derivarse en perjuicio de la organización. Ni se le ocurra contratar a personas que hayan representado a víctimas en búsqueda de justicia. Tampoco vuelva a cometer el error de convocar a un abogado, una abogada, un obispo católico, una psiquiatra y un periodista para una comisión de atención a las víctimas, pues por más católicos que sean y por más que parezcan estar a favor de su organización, en virtud de su formación y su libertad de conciencia podrían estar más orientados a buscar la verdad y la justicia y a atender las inquietudes de las víctimas.

— Dele publicidad al hecho de que ha contratado a la ex número 3 (Kathleen McChesney) de una institución terrenal como el FBI, destacando que por ese mismo hecho está más que capacitada para investigar una institución de origen divino donde los ex número 1 (Luis Fernando Figari), 2 (Germán Doig) y 3 (Virgilio Levaggi) se cuentan entre los principales abusadores sexuales. Destaque su carácter independiente, aun cuando se sabe que el FBI —entidad de investigación criminal tan independiente como la policía o el servicio secreto de un país— no suele precisamente fomentar la independencia de espíritu y criterio entre sus integrantes. Aún así, rodéela de un aura especial, apelando a las asociaciones inconscientes que tiene la audiencia gracias a las películas de Hollywood, donde rara vez se pone al FBI bajo mala luz.

— Contrate a un especialista (Ian Elliott) que ha estado al servicio de los obispos irlandeses —responsables de encubrimiento o dejadez en el manejo de los casos de pederastia— y que, más que defender los intereses de las víctimas, habría defendido los intereses del episcopado irlandés mediante una estrategia de control de daños. Tenga la certeza de que, si le paga unos jugosos honorarios, hará algo similar con el Sodalicio.

— Finalmente, contrate a una especialista en prevención de abusos (Monica Applewhite) que realice capacitaciones para los miembros del Sodalicio. Asuma como premisa que los abusadores habrían cometido sus fechorías porque no estaban capacitados para reconocer y prevenir abusos, y ahora que todos los sodálites han recibido la formación correcta al respecto, existe la certeza de que ya nunca más habrá abusos en la institución, porque ahora todos han estudiado —como hacían antes religiosamente con los escritos de Figari— y aprendido en qué consiste un abuso sexual, y ya no van a confundir agresiones sexuales con medidas de formación. Antes ni enterados, ahora son tan expertos en la materia, que saben a quiénes pueden excluir del estatus de víctima sin que se les mueva una pestaña.

— Permita que se haga arbitrariamente la distinción entre abuso sexual y manipulación sexual, como señalan los expertos internacionales en sus informes, donde se define abuso sexual como «el contacto sexual que se produce por medio de amenaza, coerción o fuerza (la coerción puede ser manifiesta o encubierta, física o psicológica)», y manipulación sexual como «el abuso emocional o psicológico que es de naturaleza sexual o incluye un componente sexual», entendiéndose de lo dicho que en la manipulación no hay contacto físico. De este modo se borra del radar del abuso sexual acciones como ordenar a la víctima que se desnude en el contexto de una consejería espiritual, mostrarle revistas pornográficas, hacer que se siente sobre un palo y preguntarle si lo está disfrutando, u ordenarle que fornique una silla, todo ello sin ningún contacto físico. Recuerde: la manipulación sexual no cuenta estrictamente como abuso sexual.

— Ponga el acento en los casos de abusos sexuales en perjuicio de menores de edad, sobre todo cuando usted sabe perfectamente que en la organización la gran mayoría de los abusos se perpetraron contra jóvenes mayores de edad. En estos últimos casos, siembre la duda de si realmente hubo abuso, ya que debido a que se trataba de personas adultas, estaban en edad de dar su libre consentimiento o no a lo que se les pedía.

— Asuma la fecha del último caso denunciado de abuso sexual como el momento en se terminaron definitivamente los abusos. «El último presunto acto de abuso de un menor de edad por un sodálite ocurrió hace 17 años, en el 2000» (Carta introductoria a los informes de abusos, por Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio). Ignore el caso de Daniel Murguía, quien habría abusado de un menor de edad ajeno al Sodalicio en el año 2007. Ignore que Luis Fernando Figari fue Superior General hasta el año 2010. Asuma que, por obra y gracia del Espíritu Santo, se habría convertido en un santo varón después del año 2000 y ya no habría cometido ningún abuso más. Mantenga en la sombra los abusos sexuales en perjuicio de jóvenes mayores de edad, además de los abusos físicos y psicológicos. No deje que fluyan abiertamente en la estadística que se presenta a la opinión pública. Asuma que es improbable que haya abusos sexuales contra mayores de edad, pues ya están lo suficientemente grandecitos como para saber lo que están haciendo —o lo que les están haciendo— y, dado que en ningún caso hubo violencia física, su consentimiento los convertiría automáticamente en cómplices y no en víctimas. No mencione para nada la manipulación o violencia psicológica.

— Asuma que el número de víctimas de diversos abusos que usted ha determinado es el definitivo y que no hay más. Pase por alto que en tema de abusos masivos cometidos en una institución, el número de casos denunciados suele ser un porcentaje del total de casos reales, habiendo siempre una cifra oscura que eleva considerablemente el número de abusos habidos. Asimismo, ignore los estudios y opiniones de especialistas, que señalan que una víctima de abuso sexual puede demorar décadas en procesar psicológicamente su experiencia y finalmente hablar.

— Por último, en la medida de lo posible, obligue a las víctimas a callar so pena de consecuencias indeseables para ellas, y establezca un sistema de atención de víctimas que se caracterice por su ineficiencia e inutilidad, como, por ejemplo, indicar una dirección de e-mail de una sola persona responsable sin posibilidad de contacto telefónico o presencial, dado que usted no indicará ningún número telefónico ni ninguna dirección física. Cualquier comunicación incluyendo alguna queja o nueva denuncia enviada al actual Superior General o a algún otro miembro de la institución deberá ser remitida a esta persona, que actuará de espantapájaros. Sea como sea, todo mensaje de este tipo deberá ser ignorado o respondido con evasivas. El nuevo “candidato a víctima” no tendrá dónde reclamar, y usted mantendrá el número de víctimas constante.

— Finalmente, si alguien sigue insistiendo a pesar de todas sus precauciones y pretende con un nuevo testimonio incrementar el número de víctimas, no retroceda ante la intimidación y la amenaza velada. Y en última instancia, inicie querellas por difamación.

Recuerde que usted está haciendo lo correcto y que una institución de la Iglesia católica con aprobación pontificia siempre actúa en consonancia con la verdad y la justicia. Y quien no esté de acuerdo con esto, que se joda por impío.

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El Sodalicio sólo ha reconocido a 67 víctimas de abusos sexuales, psicológicos y físicos. Si bien 57 han recibido reparaciones con la condición de observar una cláusula de confidencialidad, ninguna de las reparaciones ofrecidas ha cumplido con estándares internacionales de justicia ni ha sido satisfactoria para ninguna víctima. Para muchos se trató de la opción entre “eso” o “nada”.

El presente texto busca explicar de manera satírica por qué el número de víctimas reconocidas por el Sodalicio resulta una cifra muy conservadora, y el número de víctimas podría ser en realidad mayor. Si las autoridades de la institución actuaran con sinceridad, deberían tener otro discurso. En lugar de hablar de “sólo 67 víctimas”, deberían hablar de “al menos 67 víctimas”. Espero que investigaciones posteriores nos acerquen más a la verdad, pues lo que se sabe hasta ahora es sólo la punta del iceberg.

NAVIDAD, LA ILUSIÓN PERDIDA

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Daniel Bühling (nacido en 1978) pasó su infancia en una pequeña localidad del sur de Alemania, situada entre Stuttgart y Múnich. Siguiendo una vocación tardía, decidió ser sacerdote ya cumplidos los 20 años. Hizo su formación en tres seminarios en Augsburgo, Múnich y Trieste. Llegó incluso a ser ordenado diácono, pero tras un período de reflexión donde llegó a la conclusión de que la doble moral generalizada entre el clero y los candidatos al sacerdocio era incompatible con sus valores y proyecto de vida, decidió interrumpir su carrera clerical poco antes de ser ordenado presbítero. Su libro autobiográfico El 11° mandamiento: No debes hablar de eso (Das 11. Gebot – Du sollst nicht darüber sprechen, riva Verlag, München 2014) se convirtió en un bestseller en Alemania.

De este libro he traducido al español el capítulo donde Bühling narra cómo eran las Navidades de su infancia. Hay que tener en cuenta que vivía en casa de su abuela, que su padre vivía separado de su madre, que sólo tenía un hermano (fallecido posteriormente), que en Alemania diciembre es el mes más oscuro del año (anochece entre cuatro y cinco de la tarde), además de las características culturales propias de la Navidad alemana: una fiesta íntima del pequeño núcleo familiar en un ambiente de paz y tranquilidad, donde el árbol de Navidad (generalmente un abeto natural) ocupa el centro. Salvando las diferencias, se trata de un relato que expresa en esencia lo que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra infancia.

«En Nochebuena todo era en mi familia como debía ser. La Nochebuena era para mí de niño la noche más hermosa del año, llena de una energía singular. En general, los recuerdos más intensos de mi infancia tienen que ver con la Navidad. El Adviento no era para mí solamente un tiempo de ilusión, sino también un tiempo de sosiego, de reflexión. El tiempo de Adviento me motivaba de manera profunda precisamente debido a su quietud, que para nosotros en el campo era realmente quieta. El trabajo en las granjas estaba hecho, la oscuridad envolvía al pueblo, el frío se deslizaba alrededor de las casas. Todo estaba quieto, y cuando había nieve, me parecía como que la naturaleza estuviera durmiendo bajo un manto blanco. Los ruidos de los escasos automóviles afuera en la calle del pueblo estaban amortiguados. Dentro escuchábamos a la luz de las velas las historias y narraciones sobre el nacimiento de Cristo y elaborábamos coronas y adornos de Navidad a base de ramas y paja.

La noche antes del 24 apenas podía dormir, tan excitado estaba ante las fiestas inminentes. Yo sabía sobre lo que mí se avecinaba. En Nochebuena nuestro padre siempre estaba todo el día con nosotros. A lo largo de la mañana los niños debíamos mantenernos ocupados nosotros mismos. O íbamos donde nuestro abuelo. Éste, en efecto, siempre tenía tiempo para nosotros, dado que, debido a su discapacidad, sólo podía abandonar su habitación con gran esfuerzo. Conversábamos con el abuelo o jugábamos con él, mientras mi abuela horneaba las últimas galletas navideñas en la cocina. Ya entonces olía a Navidad en toda la casa. Nosotros niños estábamos tremendamente agitados, corríamos del abuelo hacia la abuela y más allá hacia nuestra tía, que adornaba el árbol de Navidad , y de vuelta a la abuela, que llenaba el plato de galletas. Yo enervaba a toda la parentela con mi ilusión. Mi hermano, en cambio, se mantenía reservado, pero las preparaciones de la fiesta no lo dejaban totalmente impasible ni siquiera cuando se hallaba en la edad del pavo.

Para el almuerzo nos reuníamos todos en la cocina de mi abuela. Dónde si no. También en Navidad era ella la que nos mantenía unidos y nos reunía. Había entonces una comida ligera, y luego sobrevenía tranquilidad sobre la familia. El trabajo estaba hecho. Mi padre nos juntaba a nosotros los muchachos y sus tres perros pastores alemanes, a veces también un primo, y salíamos afuera a la naturaleza. Si había caído nieve, llevábamos el trineo, y cuando aún eramos muy pequeños, enganchábamos los perros y nos dejábamos tirar por ellos. Dos, tres horas estábamos juntos afuera; por lo demás, nunca pasábamos tanto tiempo juntos. En esa tardes sentía que también la naturaleza era distinta en Nochebuena. Que había una atmósfera predominante en el aire como en ningún otro día. Tanta tranquilidad y paz.

Recién con el crepúsculo regresábamos a casa, y entonces todos nos reuníamos para la hora del café donde la abuela en la cocina. A las cinco y treinta ya había lonche, y entonces nos poníamos a esperar la repartición de regalos. Nosotros niños ya estábamos rascando la puerta de la sala e intentábamos mirar por el ojo de la cerradura para espiar al Niño Dios. Sabíamos que en algún momento desaparecería nuestra madre, sonaría la campanilla y entonce estaría aquel reluciente árbol de luces ahí. Todavía hoy se me pone la piel de gallina cuando pienso en ese momento. Mi madre delante del árbol con velas de verdad, el tocadiscos sonando con “Noche de paz, noche de amor”, todos nosotros entramos, estamos juntos como familia. Es el único momento del año donde todo está bien.

El sentimiento en este momento de mi infancia era de experimentar pura protección. El único momento sin angustias ni preocupaciones. Cada uno a su manera era feliz y estaba en armonía consigo mismo, y esta felicidad llenaba toda la habitación. También era el único momento en el que estábamos todos juntos. Todos los seres humanos a los que quería. Siempre deseé poder llevarme el sentimiento de esta noche conmigo, pues aquello que yo experimentaba en Navidad era precisamente aquello que yo concebía como familia. Simplemente estar juntos. Pero sólo era así en Nochebuena. Durante los demás días del año todo estaba desgarrado.

No cantábamos canciones navideñas, tampoco comíamos un asado grande, y los regalos tampoco eran muy fastuosos. Simplemente estábamos sentados juntos, los niños jugaban con los regalos, había vino caliente con especias y té, escuchábamos música y conversábamos. A las diez de la noche iban mis abuelos a Misa del Gallo, y los demás nos quedábamos sentados y seguíamos celebrando. Cuando la noche ya había terminado, yo como niño ya estaba muerto de pena, porque sabía que iba a demorar otra vez un año, es decir, una eternidad, hasta que pudiera experimentar otra vez ese sentimiento. El día de Navidad ya todo había pasado, pues mi padre se marchaba, y mi madre viajaba con nosotros muchachos donde sus padres.

Y un día debía yo experimentarlo por última vez. Cuando tenía 14 años, mi padre se casó de nuevo, recibió una hija y tuvo a partir de entonces otra familia, con la cual pasaba la Nochebuena. También mi hermano tuvo mientras tanto una pequeña familia propia, con la cual vivía retirado en la vivienda anexa a nuestra casa paterna. Y mi madre, a quien el trabajo de turnos en la fábrica la afectaba cada vez más, ya no lograba poner un árbol de Navidad. Yo me ocupaba entonces del árbol de Navidad, pero no era lo mismo. La familia estaba ahora desgarrada incluso en Navidad.

La nostalgia de ese sentimiento de Navidad de entonces lo llevo conmigo hasta el día de hoy. La ausencia de preocupaciones de entonces ya no existe para mí. Cada una de las Nochebuenas de mi infancia han permanecido en mi memoria, porque cada una fue algo muy especial. Este espíritu de la Navidad lo llevo en mi corazón. Nada me lo puede quitar. Navidad siempre será para mí la más importante y más hermosa fiesta del año. Pero pensar en Navidad me pone también triste. Pues este sentimiento de entonces se ha perdido para siempre».

Tras renunciar a la posibilidad de ser sacerdote católico, Daniel Bühling salió del clóset y en el año 2011 dimitió institucionalmente de la Iglesia católica, a la vez que registró oficialmente su unión civil con su pareja René. Curiosamente, según cuenta, el hecho de ser homosexual no constituía ningún impedimento para recibir las órdenes sagradas, siempre que lo mantuviera en secreto. No son pocos los compañeros de seminario que compartían la misma orientación sexual y que practicaban su sexualidad en secreto, lo cual era sabido por las mismas autoridades eclesiásticas. Sin embargo, él no estaba dispuesto a mantener una doble vida —como hacen un sinnúmero de sacerdotes, incluso con conocimiento y aprobación tácita de su obispo—. Mantener estas cosas en silencio es lo que él llama el undécimo mandamiento en la Iglesia católica.

Actualmente, Bühling trabaja como teólogo libre (sin vinculación institucional a ninguna Iglesia) y ofrece servicios de consejería espiritual y coaching personal. Y la ilusión de la Navidad no parece haberlo abandonado del todo, como él mismo cuenta al final de su libro:

«Todavía me gustaría ser sacerdote. Siento la vocación y siempre la sentiré. Extraño la liturgia, y a veces me sorprendo a mí mismo sentándome en una pequeña capilla y rezando. Yo sé que también en el futuro seguiré creyendo en Dios y estando al servicio de los seres humanos. Pero en esta Iglesia católica, tal como era y sigue siendo y quizás nunca sea sea distinta — en esta Iglesia ya no hay lugar para mí.

Desde mi dimisión tampoco voy a la iglesia, ni siquiera en Navidad. En ese sentido celebro de nuevo la fiesta como en tiempos de mi infancia, exclusivamente con y para la familia. Hoy, sin embargo, el círculo es más pequeño que entonces: mi madre, la madre de René con su pareja, René y yo en mi vivienda. No obstante, la Nochebuena sigue teniendo un significado muy especial para mí. En algún momento durante la noche necesito un tiempo para mí solo. Un momento en el cual salgo al aire libre y experimento el carácter único de esta noche. Un momento, en el cual en lo profundo de mi interior estoy unido con mi Creador, el Dios amado. Y entonces dejo correr mis lágrimas, en recuerdo de mi hermano Oliver — y de pura gratitud por todo lo que tengo hoy. Gracias, amado Dios».

DE EXPERTOS INTERNACIONALES A CÓMPLICES DE ENCUBRIMIENTO

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Kathleen McChesney, Ian Elliott y Monica Applewhite, expertos internacionales contratados por el Sodalicio

Ian Elliott, experto internacional contratado por el Sodalicio junto con otras dos expertas estadounidenses (Kathleen McChesney y Monica Applewhite), me comunicó el 9 de noviembre de 2016 vía e-mail la conclusión de que yo no calificaba para ser incluido en el programa de reparaciones a las víctimas del Sodalicio, dándome a entender que se me negaba la condición de víctima que sí me había atribuido la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, primera comisión convocada por el Sodalicio, integrada por cinco profesionales que actuaron de manera independiente, sin percibir honorarios de ningún tipo.

En noviembre de 2018 Alessandro Moroni, entonces Superior General del Sodalicio, declaró en el Congreso de la República ante la Comisión De Belaúnde lo siguiente sobre mi caso:

«Sí, cuando el señor Elliott entrevistó a Martín —que creo que fue hasta en dos ocasiones según él refirió—, Martin le relató una serie de experiencias de lo que había significado para él su paso por la comunidad, pero no le relató algún hecho específico, particular con algún responsable directo, sino que era toda su experiencia en la comunidad.(…) entonces, eso no estaba dentro del rango que se iba a considerar (…) Yo creo, mirando retrospectivamente, que como fue un trabajo que duró como un año conforme se iban viendo más casos, creo que fuimos teniendo más flexibilidad para esa evaluación; pero, en cualquier caso, en su momento si bien, por un lado, hubo una comprensión de una experiencia que había sido dura. Bueno, yo mismo lo conocí a Martin. Martin hizo su último año de colegio en el Santa María; entonces, yo lo conocí ahí, y después estuvimos un tiempo juntos en el San Bartolo, en fin teníamos una cierta amistad, pero dijimos: “bueno, si nos atenemos a los parámetros que hemos establecido no correspondería una indemnización”. Inclusive, si mal no recuerdo, se le ofreció ayudarle de alguna otra manera. Tal vez con una cuestión de salud, pero él viviendo en Alemania, tenía el servicio de salud a disposición; y por otro lado, comprensiblemente, reaccionó muy mal con el hecho de que se hubiera cambiado un poco la evaluación de su caso con respecto a los de la Comisión, y se cortó ahí un poco la comunicación».

Y sobre el incidente con Jaime Baertl cuando yo tenía 16 años, en que éste me pidió que me desnudara y fornicara una silla, dijo:

«la investigación de ese hecho, que fue al margen del proceso de reparación, no fue conclusiva, porque era palabra contra palabra, pero sí nos llamó la atención que en su testimonio al señor Elliott, por lo menos, el señor Elliott nos relató, y nos dio las notas con carácter de confidencialidad, no estaba incluido ese hecho».

Sin embargo, según las mismas declaraciones de Moroni, no era tarea de la segunda comisión determinar con pruebas si un hecho efectivamente ocurrió, sino examinar solamente su verosimilitud. Y en el supuesto de que el incidente por mí narrado fuera inverosímil, ¿qué tan verosímil podía ser que yo inventara un hecho tan inaudito e insólito, del cual no existe paralelo en otros relatos de víctimas, salvo la circunstancia de que varias de ellas mencionaron que sus guías espirituales también les habían solicitado que se desnudaran ante ellos?

Moroni añadió lo siguiente:

«Yo creo que Martin Scheuch ha sufrido mucho en su paso por la comunidad, y esperamos ayudarlo de alguna manera en algún minuto, más temprano que tarde, pero, probablemente, en su caso han habido cuestiones procedimentales que a lo mejor tendríamos que revisar, pero creo que lejos de nosotros de proteger, entre comillas, la imagen de Jaime Baertl, que por eso no hemos declarado [víctima] a Martin Scheuch, no ha sido así. Eso es lo que pienso».

Pues ciertamente que han habido “cuestiones procedimentales” que no se realizaron bien. Pues, si mal no recuerdo, yo le mencioné en algún momento este incidente a Ian Elliott. Y aun si no fuera así, él debía haberlo sabido y tenido en cuenta, pues en el informe final de la comisión de expertos (10 de febrero de 2017) se menciona lo siguiente entre la fuentes que los expertos consultaron:

«Revisión de las declaraciones de víctimas y testigos a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación (Comisión de Ética)».

Las autoridades del Sodalicio tenían no sólo de mi informe personal elaborado por la Comisión de Ética, sino también el texto completo de la denuncia que yo envié a esa comisión. En ambos documentos se menciona el incidente con Jaime Baertl, además de otros abusos comparables a los que sufrieron Pedro Salinas y José Enrique Escardó, que sí fueron reconocidos como víctimas, con la diferencia de que yo viví mucho más tiempo que ellos en comunidades sodálites (unos 11 años). Lo cual abre camino a dos posibles explicaciones:

1° O los papeles mencionados no le fueron entregados a Ian Elliott por el Sodalicio.
2° O le fueron entregados, y Ian Elliott simplemente los ignoró y no los tuvo en cuenta.

En todo caso, el irlandés nunca respondió a los mensajes solicitándole explicaciones que le envié posteriormente.

Otra fuente que señala el informe es la siguiente:

«Revisión de la información pública disponible sobre el SCV, sus miembros y ex miembros…»

En ese sentido, la mejor información pública estaba en el libro Mitad monjes, mitad soldados y varios artículos más de Pedro Salinas y Paola Ugaz, además de la información contenida en mi blog, siendo que algunos de mis textos fueron además publicados n medios públicos como Exitosa Diario y Altavoz. No hay en el informe la más mínima huella de que estos escritos hayan sido utilizados como fuente de información. Ni siquiera se menciona que el caso de Jeffery Daniels pudo ser conocido gracias a mi blog.

Otra fuente de información mencionada es:

«Entrevistas a 17 sodálites o ex-sodálites acusados de abuso sexual, físico o psicológico».

Aquí no se incluiría a Germán Doig (fallecido), ni tampoco a Figari (el cual no habría estado disponible para entrevistas, según informó Moroni a los miembros de la primera comisión), ni probablemente tampoco a Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels ni Daniel Murguía, los cuales se han resistido a dar declaraciones de todo tipo al respecto.

Con lo cual, el número de personas vinculadas al Sodalicio acusadas de abusos sería por lo menos 22.

Las cifras que da el informe de la segunda comisión no cuadran, pues señala que siete sodálites fueron responsables de inconductas sexuales en perjuicio de adultos jóvenes (entre los cuáles se incluye a Figari, Doig y Levaggi, quienes en su momento fueron los número 1, 2 y 3 de la organización). A ellos habría que sumar a Jeffery Daniels (quien habría abusado sexualmente sólo de jóvenes menores de edad) y a Daniel Murguía (el único acusado de haber abusado de un niño —de 11 años de edad—, el cual no tenía ninguna vinculación con el Sodalicio). Lo cual nos da una cifra de por lo menos nueve abusadores sexuales.

El informe identifica a once personas como abusadores físicos y/o psicológicos en el Sodalicio, dos de los cuales ya han abandonado la institución.

Otra de las recomendaciones del informe es:

«Reportar todas las nuevas denuncias de delitos conforme lo indiquen las leyes de los países en los que se produjo la presunta ofensa».

Aparece como «completada y en práctica permanente».

El 17 de febrero de 2017 Moroni junto con Claudio Cajina, el abogado contratado por el Sodalicio, presentaron ante la Fiscalía una denuncia por 21 casos de abusos sexuales en perjuicio de jóvenes menores de edad (ninguno de maltratos psicológicos y físicos, ninguno en perjuicio de jóvenes mayores de edad), cometidos por Figari (1), Doig (6), Levaggi (1) y Daniels (12), Además se incluyó la inconducta sexual en perjuicio de un niño perpetrado por Murguía, quien ya había sido absuelto por un tecnicismo legal: lo que había cometido no calificaba como violación, delito del que fue acusado. El ponente de la sentencia absolutoria fue el cuestionado juez Javier Villa Stein, tío de Eduardo Regal, quien fue entre 2001 y 2011 el número dos en el Sodalicio en calidad de Vicario General, e incluso fue posteriormente Superior General por un breve período (2011-2012).

Además, en ningún caso se indicaba en la denuncia los nombres de las víctimas. El abogado Cajina indicó que no contaba con autorización para dar a conocer los datos de los presuntos agraviados.

Al final, la denuncia resultó ser un saludo a la bandera, pues tal como estaba formulada, hacía prácticamente imposible iniciar una investigación.

El 15 de marzo, como era de suponerse, la denuncia fue archivada: uno de los denunciados ya había fallecido (Doig), otro había sido absuelto (Murguía) y los demás casos ya habían prescrito.

Además, los cinco abusadores denunciados fueron los únicos que fueron mencionados con nombre y apellido en el informe de los expertos. ¿Por qué se calló el nombre de los otros perpetradores de abusos sexuales, psicológicos y físicos? ¿Por qué no fueron denunciados? ¿Por que los expertos consideraron que la recomendación de denuncias según las leyes del país ya había sido completada?

Lo cierto es que sólo se denuncia a Figari y a cuatro ex sodálites, cuyo procesamiento iba a ser de todas maneras imposible o improbable, considerando que Doig estaba muerto, Murguía absuelto, Figari a salvo en Italia, Levaggi en España y Daniels en Estados Unidos.

Por otra parte, el trato para los abusadores que todavía están en la institución parece ser distinto, pues una de las recomendaciones es la siguiente:

«Identificar a los miembros del SCV que hayan abusado sexual o físicamente de menores, y retirarlos del apostolado externo y del contacto con menores sin supervisión. Aplicar las sanciones administrativas y/o canónicas apropiadas. Obtener asistencia psicológica para el miembro. Utilizar orientación profesional para establecer un plan apropiado para monitorear el comportamiento del miembro en el futuro».

Otra vez se habla solamente de abusos en perjuicio de menores (a los que son mayores, ¡que los parta un rayo si no son capaces de aguantar los “rigores de la formación”!). Y no hay la más mínima huella de que se haya tenido la intención de denunciarlos ante tribunales civiles o expulsarlos del Sodalicio. Se trata de la misma estrategia encubridora que empleó habitualmente la Iglesia con los clérigos y religiosos abusadores: darles asistencia psicológica, ponerlos en otra área de apostolado, monitorear supuestamente su comportamiento y finalmente, darles un visto bueno, y a otra cosa, mariposa.

Al final de cuentas, el informe de los expertos internacionales habría servido de justificación teórica para garantizar la impunidad de los abusadores del Sodalicio. Y los tan encomiados expertos habrían resultado ser tan sólo cómplices de encubrimiento.

LOS EXTERMINADORES DE PLAGAS

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Monica Applewhite, Ian Elliott y Kathleen McChesney, expertos internacionales contratados por el Sodalicio

En octubre de 2015 apareció el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz, dando a conocer públicamente los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana.

El 25 de noviembre del mismo año el entonces Superior General Alessandro Moroni dio a conocer su decisión de convocar a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, integrada por el Dr. Manuel Sánchez Palacios (Presidente de la Comisión), abogado; la Dra. Rosario Fernández Figueroa, abogada; Mons. Carlos García Camader, obispo de Lurín; la Dra. Maíta García Trovato, médico cirujano con especialización en psiquiatría y el Sr. Miguel Humberto Aguirre, periodista.

La nota oficial del Sodalicio por la cual se creó esta Comisión dice lo siguiente:

«Esta comisión es independiente y tiene el encargo inicial de trabajar por 150 días en el conocimiento, atención y confortación de las víctimas identificadas.

La información de aquellos casos que deban ser puestos en manos de la justicia civil o canónica será entregada a dichos fueros con el conocimiento de las víctimas y según los procedimientos aplicables. La Comisión tendrá plenas facultades para ofrecer a las víctimas la máxima asistencia posible».

Y entre estas facultades estaba la de señalar si las víctimas debían ser reparadas económicamente. Si bien al final los informes personales no incluían montos específicos, si indicaban los rubros que debía cubrir una reparación justa, ajustándose a estándares jurídicos internacionales.

Escuchar los testimonios de los afectados, dar recomendaciones para cada caso a las autoridades del Sodalicio —previo consentimiento de la víctima— y publicar un informe final al terminar su trabajo, eso fue lo que hizo esta comisión. Según declaraciones de Moroni en el Congreso de la República (noviembre de 2018), se escucharon a 38 personas, de las cuales 34 fueron consideradas víctimas y 4 no. De lo cual se deduce que las miembros de la Comisión no sólo se limitaron a escuchar, sino que evaluaron los testimonios con criterios profesionales y determinaron quiénes podían ser considerados como víctimas. Por respecto al derecho de privacidad de las víctimas, las denuncias escritas enviadas por éstas no fueron entregadas al Sodalicio, sino sólo los informes personales elaborados por la Comisión —que contenían un resumen de los hechos denunciados y las recomendaciones—, siempre y cuando la víctima estuviera de acuerdo con ello. Y así como algunas consintieron en que el Sodalicio conociera sus informes personales, otras se habrián negado a ello. Por eso mismo, resulta legítimo dudar de las cifras proporcionadas por Moroni en el Congreso, pues no estaría incluyendo a aquellas víctimas que, por motivos personales, se negaron a que sus informes personales fueran remitidos al Superior General del Sodalicio. Y según una fuente, el número total de víctimas de abusos bordearía los cien casos.

El 16 de abril de 2016 la Comisión terminó su informe final, cuyas conclusiones resultaron devastadoras para el Sodalicio.

Posteriormente a esta fecha —y no antes— se supo que el Sodalicio había convocado a una segunda comisión, conformada por expertos internacionales, las estadounidenses Kathleen McChesney y Monica Applewhite y el irlandés Ian Elliott.

Alessandro Moroni declararía en noviembre de 2018 ante la Comisión De Belaúnde en el Congreso de la República que «en paralelo se trabajó la otra comisión. Se decidió eso para distinguir exactamente las cosas. Yo sé que en la práctica muchas de las cosas se mezclaron y otras se sobrepusieron pero creo que en última instancia, a pesar de lo confuso que pudo haber sido para muchos, terminó siendo positivo». Añadió además que «la primera comisión se conformó muy rápidamente, en noviembre ya estaba siendo instalada. Entonces, a los otros expertos, que además vivían en distintos lugares, recién los estábamos contactando. Sí sabíamos que iba a ver los dos momentos, el segundo en realidad no fue una comisión sino un equipo de 3 personas, cada una con una función distinta. Cuando la Comisión comienza a acoger a las personas, todavía no estaba diseñado al detalle el segundo trabajo, simplemente se sabía que después habría otro trabajo».

Sin embargo, en un video publicado el 18 de febrero de 2017 por el mismo Sodalicio en su canal de Youtube (Canal S), la Sra. McChesney afirma que tanto ella como Monica Applewhite y Ian Elliott recién fueron contactados por el Sodalicio en marzo de 2016. En ese momento, las autoridades del Sodalicio ya habrían perdido todo control sobre el trabajo de los integrantes de la primera comisión y habrían sospechado a grosso modo en qué dirección iban a ir las conclusiones del informe final. No hay ningún indicio que demuestre que el Sodalicio habría tenido el plan de establecer dos comisiones desde un principio, sino más bien todo lo contrario. La convocación de una segunda comisión habría sido un plan alternativo para neutralizar las conclusiones a que había llegado la primera, tanto a nivel general como a nivel de informes personales.

Tengo razones para suponer que Moroni, como buen sodálite, no sería afecto ni a la transparencia ni a la verdad, sobre todo cuando ésta tenía que hacerse pública y era desfavorable a la imagen institucional del Sodalicio.

Por otra parte, el trabajo de los expertos internacionales tampoco ha estado exento de cuestionamientos. Si bien el Sodalicio ha insistido en sus comunicaciones de prensa que se trataba de profesionales con amplia experiencia en el tema de abusos en perjuicio de menores, un análisis a fondo nos muestra que esa experiencia tenía un sesgo y, por lo tanto, serias limitaciones. Ninguno de los expertos ha trabajado para asociaciones de víctimas ni ha sido nunca contratado para representar a las víctimas de abusos y defender sus derechos.

En la página web de la empresa que dirige Kathleen McChesney, Kinsale Management Consulting, se dice que se ofrecen servicios de consultoría para organizaciones, llevando a cabo estrategias de seguridad y gestión de crisis. Allí mismo se dice que la Dra. McChesney fue elegida por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para establecer y dirigir la Oficina de Protección de Menores, donde desarrolló y administró un mecanismo nacional de cumplimiento para asegurar que todas las diócesis católicas cumplieran con las leyes civiles y las políticas internas de prevención, informe y respuesta respecto al abuso sexual de menores.

Por otra parte, Ian Elliott, en la página web de su empresa unipersonal, ofrece servicios de consultoría en el campo de la protección de menores dirigidos a organizaciones, de modo que éstas puedan ajustarse a estándares de protección de menores con un particular énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.

En la página web de Monica Applewhite se señala que ésta tiene experiencia en el estudio de los abusos y en ayudar a organizaciones a prevenir y responder a incidentes o acusaciones de abuso.

De lo dicho se concluye que los tres expertos contaban con experiencia en el trabajo con organizaciones, a fin de guiarlas en la prevención y manejo de los casos de abusos ocurridos en ella, teniendo como fin que ésta mejore, ajustándose a estándares de seguridad y protección. Mientras que la primera comisión estuvo orientada hacia las víctimas, para la segunda éstas no habrían sido una prioridad. El objetivo principal habría sido más bien la organización misma. Y, como en sus anteriores encargos, no estaba entre sus funciones cuestionar a la institución misma, sino ponerse al servicio de ella y lograr que cambie. Eso explicaría la insistencia de Ian Elliott en afirmar que el Sodalicio había cambiado, como me lo dijo personalmente a mí el 28 de octubre de 2016 en Frankfurt. Porque si no había habido un cambio, no habría cumplido con el objetivo para el cual había sido contratado y por el cual habría recibido unos jugosos honorarios.

En un video publicado el 25 de abril de 2016, Kathleen McChesney afirma, estando a inicios de su investigación del Sodalicio, lo siguiente: «Bueno, está claro que ha habido mala conducta por parte de miembros del SCV, no todos, un número pequeño, a través de los años». Algo similar dijo cuando en el año 2002 asumió la tarea de liderar la Oficina de Protección de Menores de la Iglesia católica estadounidense: «Creo que la Iglesia católica ha sufrido por la acción de unos pocos». Ese sesgo que le hace creer en la santidad de las instituciones de la Iglesia, proveniente de su compromiso personal como católica, puede haber afectado los resultados de su investigación, impidiéndole ver las dimensiones del problema y el aspecto sistémico que presenta.

Asimismo, en la página web de Ian Elliott aparecen recomendaciones de personas que representan a organizaciones —entre ellas la misma Monica Applewhite y Scott Browning, un abogado estadounidense contratado por el Sodalicio para defender sus intereses y ayudar a determinar el monto de las reparaciones—, pero no hay ni una sola recomendación de una víctima de abusos.

Quisiera llenar este vacío, dando a conocer dos mensajes dirigidos a los expertos por una víctima del Sodalicio que fue entrevistada por Kathleen McChesney y Ian Elliott.

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13 de julio de 2016

Hola, Kathleen:

Te escribo en español porque así me lo pediste. Siento mucho decirte esto, pero el trato que estamos recibiendo las víctimas del Sodalicio es tan malo, que yo en lo personal no quisiera colaborar más en los casos que me pides. Creo que la información que te di la semana pasada sobre hackeo de computadoras e interceptación de comunicaciones, obstrucción de la justicia destruyendo evidencias, encubrimiento de abusos y delitos, compras de terrenos a traficantes, evasión de impuestos utilizando el nombre de la Iglesia, etc. es más que suficiente para que la contrastes con otros testimonios y puedas confirmarla.

Te pongo en contexto para que se entienda este correo. Estas son las recomendaciones personales que la Comisión de Etica realizó, y fueron entregadas al Sodalicio:

«En conciencia, para el presente caso la Comisión recomienda lo siguiente:
– Reconocimiento por parte del Superior General de su condición de víctima y pedido de disculpas por escrito.
– Reconocimiento de interceptación de sus comunicaciones
– Otorgarle una reparación económica proporcional al daño sufrido, comprendiendo la afectación moral y material de la víctima.
– Otorgarle una compensación económica que indemnice los años de servicios prestados al SCV.
– Otorgarle la cobertura económica que le permita acceder a un tratamiento médico psiquiátrico y/o psicológico integral por el tiempo que los profesionales médicos determinen, como consecuencia del mal trato recibido al interior del SCV.
– Realizar las investigaciones necesarias al interior del SCV, en relación a los actos denunciados. Asimismo, que el SCV imponga a los responsables las sanciones correspondientes».

En repetidas oportunidades les he pedido a Alessandro Moroni, Rafael Ísmodes y José Ambrozic que se pronuncien y que expresen las razones por las cuales las recomendaciones personales que realizó la Comisión de Ética (congregada por el mismo Sodalicio) han sido ignoradas. A ti, Kathleen, te he pedido que revises la página http://www.comisionetica.org o el video de Rafael Ísmodes y otros más en los que hablaban de los alcances de la Comisión de Ética. Llevo casi tres meses preguntando esto (a los sodálites mencionados, a ti, Kathleen, y a Ian Elliott) y hasta ahora no recibo NINGUNA respuesta. A ustedes, Kathleen e Ian, les digo que lo que ha hecho el Sodalicio con los miembros de la Comisión de Ética es una falta de respeto y consideración absolutas. Y a ustedes dos los ha convertido en cómplices de esta falta, siendo que estas personas, todas de reconocida e impecable trayectoria en nuestro país, sin cobrar nada, nombrados por el mismo Sodalicio, se la pasaron casi cinco meses trabajando y recibiendo los testimonios de muchísimas víctimas.

Kathleen, tomé e hice tomar a muchos la mala decisión de conversar contigo y con Ian. Cometí el error de creerle a los sodálites, que —sin responder a las preguntas acerca de la Comisión de Ética— pidieron que confiemos y que conversemos con ustedes. Ustedes son buenas personas, muy profesionales, pero finalmente asalariados del Sodalicio y lo que concluyan quedará en manos del Sodalicio que —si quieren o no— lo aplicarán. Lo que han hecho ustedes, Kathleen, con nuestros casos, nunca lo vamos a saber. No sabemos cuáles serán las conclusiones. No sabemos si confrontaron versiones, si llamaron a más testigos. No sabemos qué sugerencias tienen para nuestros casos particulares. Todo eso sí lo hizo la Comisión de Ética, que hoy ustedes dos con su silencio y complicidad también rechazan.

Toda la semana pasada ustedes se han reunido nuevamente con las víctimas. He conversado con muchas de ellas, y no conozco a una sola que haya quedado en paz con las reparaciones ofrecidas. Es más, en todos los casos están [siendo] revictimizadas. Ahora se sienten víctimas de ustedes. En ninguno de los casos ha habido negociación y confrontación de argumentos. Conversaciones de 20 minutos. Eso sí, se repitió en todos los diálogos que los abogados del Sodalicio enmarcaron las reparaciones en «la justicia peruana, que lastimosamente es poco generosa en estos casos» y que como un logro dadivoso de parte de Ian Elliott «darían el doble de lo que estipula la justicia peruana».

¿Es correcto que el Sodalicio, incluso para casos de abuso sexual, se comporte como una empresa y que recurra a una “tabla” de reparaciones para atender a las víctimas? ¿De verdad creen que eso ayudará a las víctimas? ¿Creen que eso es “atender a las víctimas”? ¿Creen que las víctimas se sentirán reparadas?

Kathleen, tú como católica, en estas circunstancias tienes la importante tarea de recordarles a los sodálites —que son una institución católica— que ellos son religiosos. Y que su principal tarea HOY es la de reparar a las víctimas (y la satisfacción de las víctimas se tiene que conversar con las víctimas, no con los abogados del Sodalicio) y la de intentar recuperar la fe de todas aquellas personas que de buena fe le entregaron su vida a Dios a través del Sodalicio, pero que HOY, gracias a los abusos vividos, la han perdido. Pregúntale a los sodálites, a quienes les gustan mucho las cifras: ¿cuántos han recuperado la fe? ¿cuántos han descubierto en este proceso la caridad y la magnanimidad de aquellos que, reconociendo sus errores y abusos, intentan por todos los medios recuperar la fe de las personas que la han perdido?

Como comprenderás, Kathleen, las cifras ofrecidas por Ian (el doble de la justicia peruana, siguiendo a los abogados del Sodalicio) son irrisorias y revictimizantes. Son ofensivas. Y creo que serán caldo de cultivo para que en muy poco tiempo se dé otro proceso igual o peor al que se inició en octubre del año pasado y que hasta hoy no se resuelve (ojo, sólo por estadística hay víctimas de abuso sexual que, por el tiempo transcurrido, todavía no salen a la luz; suelen hablar después de 15 ó 20 años).

Ian me comentó que no estaba dentro de sus tareas el averiguar los asuntos económicos del Sodalicio, y por eso tenía que «aceptar las condiciones de los abogados, para enfrentar las reparaciones». Te comento a ti, Kathleen (también a ti, Ian, y a todos los sodálites que tal vez no lo saben y muchas otras personas que están en copia oculta) que el Sodalicio cuenta hoy con activos (assets) que están entre los 1500 y 2000 millones de dólares. A la cifra expuesta en el 2012 en su Asamblea de “sólo” aproximadamente 400 millones de dólares, ahora le tienen que sumar las más de 500 hectáreas que están siendo urbanizadas en Piura, las más de 3000 hectáraes agroindustriales también en Piura, una universidad en Santiago de Chile, y probablemente otras cosas más. Kathleen, por favor coméntale a Ian que con el dinero que tiene el Sodalicio la reparación de las víctimas podría ser según la justicia norteamericana (y no la peruana) y que por eso no se preocupe.

Espero, Kathleen que con este correo, el Sodalicio no me vuelva a “castigar”. Porque te comento: a José Enrique Escardó y a mí, nos han negado las reparaciones que nos correspondían, «por haber denunciado penalmente a Luis Fernando Figari y otras personas del Sodalicio». Les faltó decirnos «¿para qué denuncias, pues?» o «por denunciarnos ya no te doy». Por eso les escribo a muchos en copia oculta. Hay varias víctimas entre ellos que no quisiera que los castiguen por estar entre los destinatarios de este correo.

Lamento nuevamente Kathleen no seguir colaborando en tus investigaciones, pero las circunstancias, el maltrato y falta de atención a las víctimas me han llevado a eso. Mis más sinceras disculpas a todas las personas que les llega este correo y que ya no querían saber nada. Disculpas a los buenos sodálites que se tienen que enterar de esto. También lo hago por ustedes, para que cuando tengan alguna necesidad de ropa, de libros, o para sus estudios, o para su seguro médico, o su celular, o su pasta de dientes, ya no tengan que pedirle a sus padres o a personas cercanas de buena voluntad. Ya saben dónde está el dinero.

Saludos, Kathleen.

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17 de octubre 2016

Ian:

Francamente, me interesa poco o nada lo que tú quieras. ¿O por exponer tus mentiras, como ya hiciste en otros casos, me vas a retirar la condición de víctima y la reparación que me ofreciste? Desde el 19 de octubre del año pasado que escribí mi primer artículo contra las mentiras y abusos del Sodalicio, mi compromiso ha sido siempre con la verdad y con las víctimas (como yo). Tus mentiras y los daños que tú le has hecho a las víctimas las voy a compartir, todas, con todos aquellos que me lo pregunten. Voy a ayudar en lo que pueda a desenmascarar tu falsedad y tu inexistente compromiso con las víctimas. Lo que menos quiero es que sigas dañando a más personas.

Me debes tener grabado o espero que lo recuerdes: en nuestra primera conversación (y en el primer correo que te mandé) te advertí que si no se reparaba en justicia a las víctimas y si estas no se mostraban satisfechas, la indignación de ellas y su búsqueda de justicia NUNCA se iban a detener. Como responsable de este proceso fallido, en el que no ha habido justicia ni satisfacción para varias víctimas, serás blanco de artículos e investigaciones que den cuenta de tu lamentable proceder. Ya no aparecerás diciendo tus mentiras en el infame Canal S. Estarás, más bien, en los diarios más leídos del país. A fuerza de decir mentiras, te lo has ganado.

No voy a enumerar la larga lista de mentiras tuyas que yo y varios otros te hemos escuchado decir. Felizmente varios te han grabado y no van a permitir que digas «yo no dije eso» o «estás mintiendo». Sólo te menciono unas muy graves y que tú has hecho públicas: ¿No me dijiste acaso que tú te sentías víctima del Sodalicio, porque tus recomendaciones no las estaban cumpliendo? ¿No me dijiste que tú tenías una reputación y fama que cuidar y que el Sodalicio te estaba haciendo daño? (Mi imagen y reputación también se han visto dañadas ante muchas víctimas a quienes animé a que hablaran contigo.) ¿No me dijiste, en dos oportunidades, que creías que el Sodalicio debía ser suprimido —“supressed” fue la palabra que usaste—? ¿Cuando te pregunté: Qué es lo que el sodalicio quiere lograr con este proceso —porque por los resultados que veo, sinceramente no los entiendo—, no me respondiste: yo tampoco sé bien lo que quieren hacer, lo único que te digo es que a mí me interesa ayudar a las víctimas? ¿Con qué cara sales a decir frente a cámaras que son «genuinos y honestos en el esquema de reparación que están ofreciendo»? ¿Cómo puedes decir que estás «impresionado por los miembros del Consejo del Sodalicio y que confías en ellos»? Después de dirigir esas frases tan duras contra el Sodalicio hace sólo algunas semanas, ¿cómo puedes decir en el video «que estás convencido de que los miembros del Consejo del Sodalicio sienten una verdadera preocupación y pesar por lo que les ha ocurrido a las víctimas»? ¿O crees sencillamente que puedes burlarte de las víctimas?

Para engañar a la opinión pública, el Sodalicio te ha querido presentar como un experto profesional. Tú mismo hablas de tu vasta experiencia. Nos has hecho la mueca de una independencia. Dices que tu interés son las víctimas. No has demostrado ser nada de eso. Has sido contratado —cobrando cientos de miles de dólares— para ser el cajero del Sodalicio, paradójicamente, lo que la Comisión de Ética (los sepultados y fondeados, pero verdaderos profesionales INDEPENDIENTES) no quiso ser. ¿Cómo un profesional independiente puede permitir que los que definen la justicia para con las víctimas sean los mismos victimarios? ¿Cómo puedes decir en el video que «están motivados por su PROPIO sentido de lo que es la manera correcta actuar»? ¿Los mismos abusivos, pedófilos, encubridores de delitos, te están diciendo cuál es la manera correcta de actuar? Con tu vasta experiencia, ¿no sabes todavía cuál es la correcta manera de actuar? ¿No sabes que el acusado de ser victimario no puede ser juez de un proceso? ¿En algún lugar del mundo has visto algo así? Cuéntame, Ian, ¿dónde está tu independencia? ¿Cómo un verdadero profesional como tú sirve de cómplice del Sodalicio para forzar el olvido sobre el trabajo de los miembros de la Comisión de Ética? ¿Cómo un interesado por las víctimas no se detiene a explicarnos las razones por las cuáles nuestro primer y doloroso testimonio ante la Comisión de Ética lo teníamos que repetir de nuevo? ¿Dónde está el experto profesional de víctimas, que sin tomar ningún apunte ni recibir ningún documento, grabando o sin grabar, toma y comunica decisiones en reuniones a veces menores a una hora, en las que contábamos AÑOS de abuso? Con sinceridad, ¿cómo puedes decir que eres independiente y haber aceptado este trabajo, si tú mismo me dijiste que «el Sodalicio tiene la última palabra»?

Supuestamente entregarás pronto tu informe final. Tal vez sea una mentira más, tal vez no. Según le has dicho a otras víctimas, «será contundente». Pero lo que aquí estuvo mal fue el proceso, desde que llegaste. Todo. Y si el proceso estuvo mal ¿qué podemos esperar de tus conclusiones? Y eso hará que —como te lo dije— esta tragedia nunca se detenga.

Sin ninguna prueba o argumento, me dices en tu correo que lo que digo es mentiroso y abusivo. ¿No es exactamente al revés? ¿No eres tú el que nos ha mentido a varios? ¿No eres tú el que ha abusado de la buena fe con que las víctimas nos acercamos a ti? ¿No eres tú el que ha abusado y se ha aprovechado de las víctimas que están buscando justicia? ¿Por qué no nos mencionaste desde el inicio que el Sodalicio —como me lo escribió José Ambrozic— «se encarga de aprobar y ejecutar tus recomendaciones»? Y, sin embargo, creo que eres una buena persona, pero ha sido muy irresponsable de tu parte asumir este proceso tan importante y ser utilizado de esa manera tan grosera por el mismo Sodalicio. Estoy de acuerdo y me solidarizo contigo. Eres una víctima más.

Saludos.

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En resumen, los tres expertos contratados por el Sodalicio ciertamente contaban con experiencia en lo referente a abusos pero desde una perspectiva organizacional. La experiencia que tenían era la del manejo y gestión de casos de abusos sexuales contra menores en organizaciones. Y el trato con las víctimas siempre estuvo supeditado al objetivo de “sanear” la institución sin ocasionarle perjuicios. Lo que hicieron fue lo que se conoce como crisis management (gestión de crisis). Eran especialistas en control de daños, para beneficio de organizaciones con casos de abusos. No eran especialistas en acompañamiento de las víctimas con el fin de lograr justicia y una reparación integral, muchos menos tratándose en su mayoría de personas que sufrieron abusos psicológicos y físicos —y algunos también abuso sexual— cuando ya habían alcanzado la mayoría de edad.

Por eso mismo, no hubo un cuestionamiento a fondo de las autoridades sodálites, como el que se dio en el caso de la primera comisión, conformada por dos abogados, un obispo, una psiquiatra y un periodista, cuyo sesgo profesional se orientaba a la búsqueda de la verdad y la justicia. En el informe final de la segunda comisión soló se mencionó con nombre y apellido a los abusadores si ya no pertenecían al Sodalicio. Y, por supuesto, a Luis Fernando Figari, declarado persona non grata. Pero los nombres de los abusadores que todavía pertenecían al Sodalicio fueron omitidos.

En abril de 2016 Alessandro Moroni manifestó en un video: «Estamos seguros que con la gracia de Dios nuestra gran familia prevalecerá y saldrá adelante por encima de los errores de sus autoridades que a partir de hoy están decididas a escribir una nueva historia».

Y para reescribir esta historia —práctica frecuente del Sodalicio a través de los años— requirieron de la ayuda de unos especialistas que pudieran librarlos del enjambre de moscas en que se había convertido la ola de denuncias de abusos cometidos en la institución. De este modo, los expertos internacionales no habrían sido otra cosa que exterminadores de plagas, que no se dieron cuenta —o no quisieron darse cuenta— de que estaban trabajando nada menos que para ratas.

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FUENTES

Kathleen McChesney
Kinsale Management Consulting
https://www.kinsalemanagementconsulting.com

Ian Elliott
Safeguarding Consultant
http://ianelliottsafeguarding.com

Monica Applewhite
http://monicaapplewhite.com

BBC Mundo
Agente del FBI contra la pederastia en la Iglesia (09 de noviembre de 2002)
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2433000/2433583.stm

CANAL S

Mensaje del Superior General del Sodalicio (05.04.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=86oglzCe4Uo&t=62s

Entrevista a Kathleen McChesney sobre SCV (25.04.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=Ys_gZyStYAU

Sodalicio: Testimonio de Kathleen McChesney sobre su investigación (18.02.2017)
https://www.youtube.com/watch?v=mYqPPEZ6BRA

LAS ENVENENADAS REPARACIONES DEL SODALICIO PARA SUS VÍCTIMAS

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Los sodálites Fernando Vidal y Alessandro Moroni junto con Claudio Cajina, abogado del Sodalicio, en el Congreso de la República (noviembre de 2018)

A lo largo de toda su historia el Sodalicio ha practicado la damnatio memoriae, aquel procedimiento por el cual las organizaciones o Estados eliminaban de su narrativa a todas aquellas personas e incidentes que hubieran formado parte de su devenir y que en ese momento fueran perjudiciales para su imagen institucional. De este modo, copiando modos de actuar descritos en la novela 1984 de George Orwell y aplicados por el régimen stalinista, se han eliminado documentos, fotos —si que no es han sido retocadas— de todo aquel que ha pasado a ser persona non grata para el Sodalicio. Así, por ejemplo, se eliminó el recuerdo de Virgilio Levaggi —incluso sacando de circulación libros que él había publicado—, de Alberto Gazzo —el primer sacerdote sodálite que colgó los hábitos—, y se ha intentado hacer lo mismo con Jeffery Daniels, Germán Doig y Luis Fernando Figari, abusadores sexuales, eliminado cualquier mención a su nombre en los recuentos oficiales de la historia del Sodalicio. Como si nunca hubieran existido.

La misma suerte parecen haber corrido varios sacerdotes sodálites que decidieron en su momento separarse de la institución y optar por una vida secular al igual que el común de los mortales: Luis Cappelleti, Gianfranco Castellanos, José Tola y Sebastián Correa Ehlers —quien fuera la vocación sodálite estelar al sacerdocio en Chile—. Sin contar con aquellos que descubrieron su vocación sacerdotal en el Sodalicio, pero tomaron la decisión de cultivarla y ejercerla fuera del alcance de sus tentáculos sectarios: Rossano Zas Friz, José María “Chacho” Salazar, Guillermo Leguía —quienes, antes de ser ordenados sacerdotes, se alejaron del Sodalicio— y Jean Pierre Teullet —que cambió su condición de sacerdote sodálite por la de sacerdote diocesano, siendo hoy párroco de la Parroquia Divino Niño en La Molina (Lima)—. Actualmente nada se dice de ellos en la narrativa interna del Sodalicio.

Yo mismo he sido borrado de su historia. Habiendo sido uno de los fundadores de Takillakkta, conjunto musical emblema del Sodalicio, compositor de una gran parte de su repertorio y guitarrista en los dos primeros cassettes publicados por el grupo, no se me menciona ni por asomo en los recuentos históricos.

La institución ha reescrito continuamente su historia para ajustarla a su propia percepción ideológica como una sociedad religiosa que constituye una vía para alcanzar la santidad, querida y elegida por Dios, y oleada y sacramentada por las altas autoridades vaticanas. Para lograr este cometido, se requiere realizar cada cierto tiempo una eliminación de las impurezas históricas que enturbian su reputación, borrarlas de la memoria colectiva y relegarlas al desván del olvido.

Sin embargo, el asunto de los abusos dentro del Sodalicio ha sido de tal magnitud, que una reescritura a fondo de su propia historia se ha convertido en extremadamente difícil. Y las teorías de los casos aislados y las manzanas podridas que, si son separadas, no afectan la sustancia del árbol, resultan insatisfactorias para todo aquel que tenga por lo menos dos dedos de frente. Más aun cuando, en su intento de expurgar los abusos de su historia, se ha vuelto a maltratar a las víctimas, cometiendo graves injusticias.

En noviembre de 2018, Alessandro Moroni, quien fue Superior General del Sodalicio, explicó en el Congreso de la República cuáles habían sido los criterios para determinar las reparaciones económicas concedidas a las víctimas:

«1) la gravedad del abuso;
2) el impacto en la persona;
3) la duración, la salud de la víctima y el vínculo con el abusador».

Aun así, admitió que «no necesariamente la gravedad del hecho en sí tenía el mismo impacto en la persona» y, por lo tanto, un abuso de menor gravedad podía tener mayores consecuencias en una persona determinada que en otra que había sufrido un abuso de mayor gravedad. Señaló además que los tipos de reparación abarcaban el ámbito terapéutico, laboral, académico, económico y el mundo de la salud. Asimismo, reconoció que en el proceso por el cual se determinaron las sumas compensatorias fue «en algunos casos probablemente no suficientemente justo». Lo cual, como podremos verificar, es una apreciación muy tímida y conservadora, aunque pueda ser interpretada benignamente como una señal de que a Moroni también le remordía la conciencia. Y de que también tenía una.

Considerando que la máxima suma ofrecida fue de US$ 250,000, la mínima de US $1,250, el promedio de US$ 60,000, pero el monto ofrecido a la mitad de las 67 víctimas a ser reparadas sería menor de US$ 30,000, nos preguntamos si estas sumas cubrían todos los rubros a ser tenidos en cuenta para que se hable de una reparación justa, considerando los daños y perjuicios sufridos. Además, a ninguna de las víctimas se les habría explicado los criterios aplicados y cómo se había llegado a la suma que se les estaba ofreciendo, sino que simplemente se les habría puesto ante la alternativa de “tómala o déjala”. De hecho, cinco personas rechazaron las indemnizaciones ya sea porque las habrían considerado irrisorias en relación a los daños sufridos y, por lo tanto, ofensivas, ya sea porque no habrían accedido a firmar el acuerdo de confidencialidad que sólo beneficiaría al Sodalicio y le acarrearía desventajas a la víctima.

Si queremos tener una descripción de los elementos que incluye una reparación justa según estándares internacionales, lo encontramos en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law” [“Principios básicos y lineamientos sobre el derecho a remedio y reparación de las víctimas de violaciones graves de la ley internacional de derechos humanos y de la ley humanitaria internacional”], del 21 de marzo de 2006.

Si bien el documento se refiere a situaciones de catástrofe humanitaria, donde han habido masacres y violaciones graves de derechos humanos en contra de grupos o etnias enteras, dado que en el Sodalicio se violaron sistemáticamente derechos humanos básicos de las victimas (ver SODALICIO: LA FARSA DE LAS REPARACIONES), se puede hacer legítimamente una adaptación de estos principios a los casos de abusos perpetrados en el Sodalicio.

Según la resolución de la ONU, teniendo en cuenta la gravedad de la violación de derechos humanos y las circunstancias de cada caso, una reparación efectiva debe incluir los siguientes componentes: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción junto con garantías de que no se repitan los hechos luctuosos.

La restitución, donde sea posible, deberá restaurar a la víctima a su situación original, devolviéndole aquello que perdió: libertad, goce de derechos humanos, identidad, familia, vida y ciudadanía, lugar de residencia, empleo y propiedades.

La compensación en términos económicos deberá darse apropiadamente y proporcionalmente, según la gravedad de los abusos y las circunstancias de cada caso, considerando:
a) el daño físico o mental;
b) las oportunidades perdidas, incluyendo empleo, educación y beneficios sociales;
c) los daños materiales y pérdida de ingresos, incluso aquellos potenciales;
d) el daño moral;
e) los costos requeridos para asistencia legal o profesional, medicinas y servicios médicos así como servicios legales y sociales.

La rehabilitación deberá incluir atención médica y psicológica así como servicios legales y sociales.

La satisfacción, donde sea aplicable, deberá incluir lo siguiente:
a) medidas efectivas orientadas al cese de los abusos;
b) verificación de los hechos y divulgación completa y pública de la verdad excepto aquello que pueda dañar o amenazar la seguridad y los intereses de la víctima, de los allegados de la víctima, testigos, o personas que han intervenido para asistir a la víctima o prevenir la ocurrencia de posteriores abusos;
c) una disculpa pública, incluyendo el reconocimiento de los hechos y la admisión de responsabilidad;
d) sanciones judiciales y administrativas para la personas responsables de los abusos;
e) conmemoraciones y tributos a las víctimas;
f) un recuento escrito minucioso de los abusos perpetrados y de los atentados ocurridos contra los derechos humanos.

Las garantías de no repetición de los hechos que señala la resolución de la ONU no son aplicables al Sodalicio, pues se refieren a instituciones del Estado, pero haciendo una adaptación a lo que es una organización, podríamos decir que incluiría una capacitación del personal de la organización responsable, promover la observación de códigos de conducta y normas éticas según estándares internacionales, implementación de mecanismos y procedimientos para prevenir los abusos e investigarlos en caso de que ocurran, y modificación de las normas institucionales que permitan o favorezcan los delitos, garantizar una asistencia pronta a las víctima y aplicar sanciones efectivas a los responsables.

Sólo en lo referente a la compensación económica, los montos otorgados por el Sodalicio en concepto de reparación no incluyen todos los rubros señalados por la ONU. La Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, primera comisión convocada por el Sodalicio para atender a las víctimas, si bien no determinó montos, aplicó más criterios del derecho internacional en sus recomendaciones de indemnizaciones para las víctimas que la segunda comisión, donde el encargado de proponer los montos era el irlandés Ian Elliott, un contratado del Sodalicio.

El monto total de casi 4 millones de dólares americanos destinados por el Sodalicio para las 67 víctimas reconocidas no llegaría ni al 0.5 % del patrimonio total del Sodalicio. Es decir, la institución habría pagado las reparaciones prácticamente de su “caja chica”.

Lo más grave son los acuerdos de confidencialidad que se les hizo firmar a las víctimas, con lo cual se destierra la posibilidad de una reparación integral, pues las víctimas están obligadas a guardar silencio si no quieren que el Sodalicio les reclame las sumas desembolsadas.

No ha habido disculpas públicas del Sodalicio por cada caso reconocido de abusos, a lo más disculpas generales, donde se reconocen los abusos en general pero no se aceptan hechos concretos ni tampoco se admite la culpa de la institución, aun cuando resulta evidente que ha fracasado en su obligación de proteger a quienes estaban bajo su cargo y responsabilidad. Tampoco ha habido sanciones reales y efectivas para los culpables. Paradójicamente, las sanciones impuestas a Luis Fernando Figari parecen un premio si les compara con las indemnizaciones económicas otorgadas a las víctimas, considerando que a lo largo del tiempo el monto que tendría que invertir el Sodalicio en el mantenimiento de Figari —incluyendo los cuantiosos honorarios de su abogado— superaría la suma asignada a las víctimas en su totalidad.

Además, dado que las víctimas “reparadas” deben guardar silencio, se impide así que se conozca toda la verdad, pues una reparación integral debe incluir un relato minucioso con alcance público de cada uno de los abusos cometidos en el Sodalicio, así como la realización de eventos conmemorativos de alto contenido simbólico, donde se recuerde los hechos luctuosos y la institución pida perdón sincero por haber permitido que ocurrieran. Sin memoria viva de esos acontecimientos tan lamentables no existe ninguna garantía de que no vuelvan a repetirse.

El Sodalicio no ha reconocido ninguna responsabilidad de los abusos en ninguna de las transacciones extrajudiciales que les hizo firmar a las víctimas como condición para recibir una reparación económica, indicando sólo como motivo de la compensación los daños y perjuicios que la víctima alega haber sufrido, pero que la institución nunca corrobora como ocasionados por abusos realmente ocurridos.

El caso del pago de las terapias requeridas por alguna víctimas es escandaloso, desde el momento en que el Sodalicio se ha comprometido a pagar los honorarios médicos sólo por un año, prorrogables por seis meses previo informe del especialista tratante, pero sólo hasta un máximo de dos años. Y en algunos casos ni siquiera ha cumplido con esta condición, como testimonió Óscar Osterling en el Congreso de la República el 20 de febrero de 2019:

«Yo escojo la psicóloga y le digo a la psicóloga: “ponte en contacto con la señora Silvia Matuk [encargada de la Oficina de Asistencia y Reparación del Sodalicio]”. Y la señora Silvia Matuk, entiendo yo, en un momento le dice: “empieza”. ¿Okay? Y yo empiezo con mi tratamiento. Entonces, como digo, un año y 10 meses después, julio de 2018, la psicóloga me dice eso, y le digo “pero qué raro”” Entonces ella me manda los correos. Y en uno de los correos entre ella y Silvia Matuk, le hace la pregunta: “¿con quién han hablado ustedes para evaluar el tema de los dos años? Y, por otro lado, ¿qué opinión autorizada de algún psicólogo o alguien metido en esta ciencia tienen ustede, para decir que dos años es el tiempo que hay que tenerlo?” Entonces, la señora Matuk le responde y le dice: “no, no, nosotros no decimos que termines el tratamiento con Óscar Osterling, lo único que te estoy diciendo es que no lo vamos a pagar, pero tú sigue, sigue tu tratamiento con el señor Osterling”. Y le retruca la psicóloga, y le dice: “oye, te pregunto: ¿con quién han coordinado eso?” Y la señora Matuk responde “que hay una Comisión de Asistencia, otra comisión que apareció por ahí, que es autónoma”. Y ahí estoy. Le escribí a José David Correa [Superior General del Sodalicio], y José David Correa me dice: “habla con la señora Matuk”. Entonces yo le digo a José David Correa, “oye, pero ¿cómo hago? O sea, la señora Matuk ya me dijo que no corresponde, porque la Comisión de Asistencia, que es autónoma dice: ‘estimada Elva, te saludo y presento el reconocimiento del Comité de Asistencia del Sodalicio, por el acompañamiento psicológico que has tenido a bien brindar al señor Óscar Osterling, el mismo que se da por finalizado a partir de la fecha’”».

Sea como sea, una reparación terapéutica que cubra un tiempo limitado y no el tiempo necesario para que la víctima haya sanado es, a todas luces, injusta. Una de las recomendaciones que hizo la primera comisión del Sodalicio en mi caso particular fue: «Otorgarle la compensación económica que le permita acceder a un tratamiento médico psiquiátrico y/o psicológico integral por el tiempo que los profesionales médicos determinen». Desde el momento en que la segunda comisión me negó el status de víctima, también se zurró no sólo en ésta, sino en todas las recomendaciones de la primera comisión respecto a mí. También hicieron lo mismo con aquellas personas que reconocieron como víctimas y que habían presentado previamente sus casos ante la primera comisión.

Aparentemente, el objetivo del Sodalicio nunca habría tenido como objetivo reparar el daño ocasionado a las víctimas —habiendo reconocido como tales sólo a 67, cuando en realidad son muchas más—, sino lograr que éstas firmaran acuerdos de confidencialidad para que se queden con la boca callada y nunca más vuelvan a hablar del tema públicamente ni a pedirles un sólo céntimo más por concepto de reparaciones, y así lograr “purificar” su historia institucional y obtener la absolución pública de la Iglesia y la sociedad.

Lo confirma el testimonio de Gerardo Barreto (publicado en Facebook), quien —a diferencia mía— nunca fue sodálite de comunidad sino solamente adherente (sodálite con vocación al matrimonio):

«Yo tuve una larga conversación telefónica con Ian Elliott, al cabo de la cual él inmediatamente me dijo que el me consideraba una víctima del Sodalicio. Varios días después recibí un e-mail de un sodálite encargado de este proceso para tener una reunión.
Mi respuesta a Ian Elliott con copia al sodálite encargado fue:
Si esta reunión es para decirme que soy una víctima del SCV, ya lo sé y no es necesario reunirnos.
Si esta reunión es para decirme que no soy una víctima y que no van a hacer nada más, no necesitamos reunirnos para eso tampoco.
Y si esta reunión es para decirme que soy una víctima y que me van a reconocer a cambio de mi silencio, entonces tampoco necesitamos reunirnos; porque mi conversación fue para dar mi testimonio, y mi libertad de expresión y mi lucha por justicia especialmente para tantos que ya ni pueden levantar la voz… no tiene precio.
Ése fue el final de “mi proceso”».

Incluso, no obstante haberlos reconocido como víctimas, el Sodalicio no ha hecho efectivas del todo las reparaciones a los cinco ex-sodálites que denunciaron penalmente a varios miembros y ex-miembros de la institución, indicando que está a la espera de que termine el proceso judicial a fin de terminar con el proceso de reparaciones. Si el fin era reparar el daño ocasionado a las víctimas, no tiene sentido la suspensión de los pagos. Pero sí lo que se quiere es el silencio de las víctimas, o no dar ocasión a que se considere como prueba de admisión de los hechos la circunstancia de efectuar el pago de una reparación por daños y perjuicios, entonces cobra sentido la decisión del Sodalicio.

Una decisión turbia que sólo podría provenir de una organización que actúa con fines no santos. Y que ofrece reparaciones envenenadas a sus víctimas para impedir un proceso de reparación integral que no se reduce a lo meramente económico —sino que también tiene un componente simbólico—, buscando así enterrar la memoria colectiva de lo ocurrido. De aquellos hechos que muchos guardamos en el recuerdo y cuya verdad seguiremos proclamando a los cuatro vientos.

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FUENTE

United Nations
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (21 March 2006)
https://www.un.org/ruleoflaw/files/BASICP~1.PDF

SODALICIO: LA FARSA DE LAS REPARACIONES

alessandro_moroni_y_claudio_cajina_17-02-2017

Alessandro Moroni, entonces Superior General del SCV, y Claudio Cajina, abogado del Sodalicio, presentándose ante el Ministerio Público para entregar información sobre abusos sexuales en el Sodalicio (17 de febrero de 2017)

Desde que existe el Sodalicio, han habido en la institución prácticas que atentarían contra varios derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948). En concreto, los diferentes abusos que se han perpetrado en la institución fundada por Luis Fernando Figari y otros calificarían como tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 5), así como la esclavitud moderna o servidumbre (Art. 4) a que fueron sometidos algunos miembros violaría de derechos humanos básicos. También hay testimonios de injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia y la correspondencia, así como ataques a la honra y reputación (Art. 12), realizadas de manera habitual como parte del sistema de funcionamiento de la institución. Y grave es también la manipulación psicológica, el formateo mental y la obligación de tener un pensamiento único, siendo cualquier divergencia legítima reprimida o sancionada con castigos, lo cual atentaría tajantemente contra la libertad de pensamiento y de conciencia (Art. 18). Asimismo, se habría atentado contra el derecho de libre circulación y de elegir el lugar de residencia (Art. 13) de los miembros del Sodalicio desde el momento en que el sólo hecho de salir a la calle requería de la autorización de un superior o encargado de comunidad —bajo pena de castigos en caso de incumplimiento— y casi ninguno de los miembros del Sodalicio podía ni siquiera expresar el deseo de dónde quería residir sino que tenía que aceptar sin rechistar el lugar de residencia asignado por el Superior General de la institución.

Si revisamos la Constitución Política del Perú, se puede suponer con fundamento que en el Sodalicio se habría violado el derecho de las personas «a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar» (Art. 2°, 1) «a la libertad de conciencia» (Art. 2°, 3), «a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento» (Art. 2°, 4), «al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias» (Art. 2°, 7), «a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto» (Art. 2°, 8), «al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados» (Art. 2°, 8), «a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él» (Art. 2°, 11), «a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida» (Art. 2°, 22) y «a la libertad y a la seguridad personales» (Art. 2°, 24).

Si bien ha habido por parte de la institución sodálite un reconocimiento oficial de que hay «víctimas de diversas formas de abuso y maltrato generados en su relación con el Sodalicio» (Carta de Alessandro Moroni, Superior General del SCV, 14 de febrero de 2017), la manera en que supuestamente se buscó atender y auxiliar a esas víctimas dista mucho de ser un procedimiento que responda a criterios de justicia.

La Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, primera instancia convocada por el Sodalicio para atender a las víctimas, habría recibido unos cien testimonios, y emitió informes personales con recomendaciones a ser cumplidas por el Sodalicio a fin de reparar a las víctimas. En la mayoría de los casos, las autoridades del Sodalicio se pasaron estas recomendaciones por el forro, y convocaron una segunda comisión conformada por expertos contratados —y jugosamente remunerados, supuestamente—: el irlandés Ian Elliott y las estadounidenses Kathleen McChesney y Monica Applewhite. El objetivo habría sido volver a hacer las investigaciones a partir de cero y tener un proceso controlado en todas sus instancias y momentos por las autoridades sodálites, dejando sin peso efectivo el trabajo hecho por la primera comisión, cuyos cinco integrantes renunciaron expresamente a cualquier tipo de remuneración ofrecida por el Sodalicio a fin de garantizar su independencia.

Ya desde la instalación de la primera comisión hubo críticas respecto a la manera como el Sodalicio fue manejando los casos de las víctimas, ante lo cual Fernando Vidal, entonces Superior Regional del Perú, creyó necesario aclarar públicamente los cuestionamientos mediante un artículo en el diario El Comercio (18 de enero de 2016). Entre otras cosas, Vidal decía: «Falso también es que hayamos pedido cualquier compromiso de confidencialidad, y mucho menos silencio, a ninguna de las personas que ayudamos».

Parece que más adelante cambiaría diametralmente de opinión, pues —tal como yo he mismo he podido comprobar— en las transacciones extrajudiciales que posteriormente se les hizo firmar a las víctimas como condición ineludible para recibir una reparación —en las cuales figura Fernando Vidal como representante del Sodalicio en su calidad de Superior Regional del Perú—, aparece la siguiente cláusula:

«El señor [Fulano de Tal] y el SCV se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre las conversaciones y negociaciones sostenidas para arribar a esta transacción, sobre el contenido del presente acuerdo, incluyendo los montos indemnizatorios comprendidos (asistencia e indemnización), los hechos que lo motivan y las personas involucradas en ellos.

La obligación de confidencialidad antes descrita alcanza a los representantes, asesores u otras personas que hayan intervenido o participado, colaborado o asesorado a cada una de las partes para la suscripción de la presente transacción. El incumplimiento de esta obligación de confidencialidad por parte de alguna de ellas hará responsable a la parte con la que se vincula.

El incumplimiento del deber de confidencialidad, ya sea directamente o por alguno de sus representantes, asesores o colaboradores, habilitará a la otra parte a reclamar la indemnización correspondiente».

Este acuerdo de confidencialidad es lo de menos si se compara con aquellas otras obligaciones a las cuales la víctima queda atada, expresadas en el siguiente texto:

«La asistencia y compensación monetaria que el SCV se compromete a pagar en virtud del presente Acuerdo es la cantidad completa y única que el SCV proporcionará al señor [Fulano de Tal], ahora o en el futuro.

El señor [Fulano de Tal] voluntariamente libera a el SCV y a los miembros de su Consejo Superior, actuales y anteriores, a todos sus miembros, sacerdotes o laicos, u otras personas con cualquier tipo de vinculación con el SCV, y a todas las personas jurídicas, según el Código Civil Peruano o el Código de Derecho Canónico, o equivalentes constituidas o domiciliadas fuera del Perú, vinculadas a el SCV (colectivamente, los “Liberados”), de cualquier reclamación judicial o extrajudicial, demanda o exigencia a partir de la cual se pretenda cualquier ayuda, indemnización o pago adicional, por los hechos referidos en el presente documento.

Esta transacción se celebra con observancia a los artículos 1303° del Código Civil peruano, 335° del Código Procesal Civil peruano y el Canon 1713° y siguientes del Código de Derecho Canónico, o cualesquier otra norma equivalente en otros países aparte del Perú.

El señor [Fulano de Tal] y el SCV manifiestan su conformidad a que las prestaciones establecidas en este documento son las únicas que el SCV tendrá obligación de proporcionar a el señor [Fulano de Tal].

El señor [Fulano de Tal] renuncia a todas las reclamaciones presentes y futuras, por los hechos materia de la presente transacción y por lo tanto manifiesta que no presentará ninguna demanda por los mismos, poniendo así, de manera firme e irrevocable, fin a cualquier controversia que pudiera tener con el SCV, y/o cualesquiera de sus miembros, y/o cualesquiera de las personas de las personas jurídicas vinculadas a ellas, eximiéndolas por lo tanto, de cualquier situación, hecho, o cualquier daño, material o inmaterial, sufrido antes, durante o después de su vinculación el SCV».

Este acuerdo presenta varios problemas, comenzando porque la base legal aducida es cuestionable.

El artículo 1303° del Código Civil peruano dice: «La transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción». Sin embargo, «sólo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción» (Art. 1305°), lo cual no sería aplicable al presente acuerdo, y «se puede transigir sobre la responsabilidad civil que provenga de delito» (Art. 1306°), lo cual sería aplicable si ha habido previamente una sentencia judicial por la vía penal sobre las acciones delictivas cometidas por alguna persona o algunas personas vinculadas al Sodalicio, o si el mismo Sodalicio admite que se cometieron delitos en perjuicio de la víctima. Dado que no hay todavía ninguna sentencia de tipo penal en el caso Sodalicio, quedaría en pie la obligación de los representantes de la institución de denunciar penalmente el delito o delitos por los cuales se está concediendo una reparación civil a la víctima. Y la víctima tendría el mismo derecho de denunciar penalmente a quienes ella considere culpables, no obstante el acuerdo de confidencialidad.

Lo paradójico es que el Sodalicio no admite ningún delito, ni siquiera en estos acuerdos extrajudiciales. La formulación de los motivos de la reparación excluye cualquier reconocimiento de acción delictiva:

  • «[Fulano de Tal] alega haber sufrido una serie de daños y perjuicios».
  • «El SCV quiere ayuda a reparar el daño y perjuicio afirmado por el señor [Fulano de Tal]».
  • «…remediar y reparar los daños alegados por el señor [Fulano de Tal]…»

Dicho de otro modo, los daños y perjuicios serían los que la víctima dice subjetivamente haber sufrido, que no son corroborados por el Sodalicio de ninguna manera, no obstante que haya habido dos procesos de investigación previos realizados por dos comisiones donde sí se establecen hechos.

Por otra parte, el Código de Derecho Canónico dice en el canon 1713: «Para evitar los litigios judiciales, es útil emplear la transacción o reconciliación, o someter la controversia al juicio de uno o varios árbitros». Si se lee el contexto, se comprobará que los litigios se refieren a controversias sobre derechos de posesión de bienes, lo cual no es aplicables a casos como éste, donde se trata de una reparación por daños y perjuicios causados por circunstancias ocurridas durante una vinculación al Sodalicio. Aquí, más bien, sería aplicable el capítulo DE LA ACCIÓN PARA RESARCIMIENTO DE DAÑOS que comprende los cánones 1729 a 1731.

El acuerdo extrajudicial —sobre todo la cláusula de confidencialidad— no beneficia a las víctimas, cuyo derecho a la privacidad y al anonimato se dan independientemente de cualquier acuerdo. En cambio, sí favorece a los perpetradores de abusos —que quedan impunes gracias al silencio obligado de las víctimas— y a la imagen institucional del Sodalicio —que evita que se sigan ventilando e investigando los numerosos abusos cometidos por miembros de la institución—.

De hecho, este acuerdo constituye una violación más de un derecho humano incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, a saber, que «toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley» (Art. 8).

Este derecho habría sido incluso violado durante el proceso de identificación de las víctimas y de los montos a ser pagados en calidad de reparación, pues la instancia que decidía quién era víctima y quién no, además de los montos monetarios y prestaciones a ser ofrecidas era un Comité de Reparaciones integrado por dos miembros connotados del Sodalicio (Fernando Vidal y José Ambrozic), el abogado del Sodalicio (Claudio Cajina) y un abogado estadounidense (Scott Browning) del bufete de abogados que asesoró al Sodalicio en la conformación de las dos comisiones. Quien hacía las propuestas de reparaciones era Ian Elliott, el experto irlandés contratado por el Sodalicio. Todas estas personas tenían la función de defender los intereses del Sodalicio y, dado que no contaban con la independencia necesaria para estar en capacidad de poder velar también por los intereses de las víctimas, podríamos concluir que carecían de la competencia necesaria para llevar adelante de manera imparcial un proceso de reparaciones. Es como si se cometieran delitos dentro de una organización y se decidiera formar un comité para administrar justicia conformado por miembros comprometidos de la organización y los abogados defensores de sus intereses. Es decir, como si la parte delincuente decidiera quiénes son los afectados por sus actos delictivos y quiénes no, y cuánto es lo que cada uno debería recibir en calidad de reparación.

A eso se suma que las negociaciones habrían sido directamente con las víctimas, no permitiéndose la presencia de ningún abogado. Más aún —como me ha sido confirmado de buena fuente—, si la víctima se presentaba con su abogado para la firma de la transacción extrajudicial, se habría interrumpido el proceso y se habría derivado a ambos a Claudio Cajina, abogado del Sodalicio. Al abogado de la víctima de ninguna manera se le habría permitido tener acceso al acuerdo extrajudicial antes de su firma por parte de su cliente.

Considerando que una reparación es algo que por justicia se le debe a una víctima y se le otorga a fin de resarcir de alguna manera el daño ocasionado, no debería tener otra finalidad distinta, exigiéndole a la víctima una contraprestación a cambio, en este caso su silencio y su renuncia a cualquier acción judicial posterior. Si la víctima considera que la reparación ha sido insuficiente o no ha sido justa, su derecho a seguir buscando justicia a través de los canales judiciales o canónicos indicados debería seguir incólume.

Al respecto, nos pueden iluminar las palabras de Felipe Gómez Isa, director del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (España) e investigador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la misma universidad, quien en otro contexto señala:

«Un programa de reparaciones no se puede concebir sin, al mismo tiempo, avanzar en el ejercicio del derecho a la verdad y del derecho a la justicia. La reparación no puede convertirse en un mero sustituto de la verdad y la justicia, como en ocasiones se pretende, ya que ello equivaldría a querer comprar el silencio y la injusticia. […] La reparación no tiene una dimensión meramente económica, sino que se tiene que abordar como un intento omnicomprensivo de reparar el daño causado a las víctimas y de buscar un nuevo equilibrio político y social, proceso en el que las diferentes medidas de reparación pueden jugar papeles distintos pero complementarios. A esta integralidad del proceso de reparaciones se ha referido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte puso de manifiesto que “al contrario de lo que pretende la concepción materialista del homo oeconomicus, lamentablemente prevaleciente en nuestro tiempo,… el ser humano tiene necesidades y aspiraciones que trascienden la medición o proyección puramente económica… De todo esto resulta claro que las reparaciones no pecuniarias son mucho más importantes de lo que uno podría prima facie suponer… Todo el capítulo de las reparaciones… debe ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad…”»

Dado que en el Sodalicio habría habido un contexto sistemático de violaciones de varios derechos humanos, las palabras anteriores son aplicables de manera análoga.

En conclusión, las “reparaciones” otorgadas por el Sodalicio no cumplirían las condiciones como para ser consideradas como tales, sino más bien serían un pago para comprar el silencio de las víctimas y proteger a los perpetradores, con el fin de garantizar su impunidad. Téngase en cuenta que, entre quienes no podrían ser denunciadas por las víctimas “reparadas”, están las siguientes personas que han formado parte del Consejo Superior: Luis Fernando Figari (como Superior General), Virgilio Levaggi, José Ambrozic, Jaime Baertl, José Antonio Eguren, Óscar Tokumura, Eduardo Regal, Erwin Scheuch y Alessandro Moroni.

El día 22 de octubre le envié un e-mail a José David Correa (Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana), Alessandro Moroni (ex Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana), Fernando Vidal y José Ambrozic (ex integrantes del Comité de Reparaciones) para recabar su versión sobre el acuerdo de confidencialidad incluido en las transacciones extrajudiciales hechas con las víctimas que recibieron una “reparación”. A día de hoy no he recibido ninguna respuesta.

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FUENTES

Alessandro Moroni
Carta introductoria a los “Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana” (14 de febrero de 2017)
https://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Informe-Abusos-Febrero2017.pdf

El Comercio
Aclaración a Pedro Salinas, por Fernando Vidal Castellanos (18/01/2016)
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/aclaracion-pedro-salinas-fernando-vidal-castellanos-263505-noticia/

Felipe Gómez Isa
El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos (2007)
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ilsa/20120531063055/od37-felipe.pdf