EL CURA SODÁLITE JAIME BAERTL: ¿MITÓMANO O MENTIROSO?

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P. Jaime Baertl Gómez

Hay personas que se rodean de un halo de importancia y pierden todo contacto con la realidad, convencidos de su propia e irreemplazable grandeza. No estoy hablando de Donald Trump —aunque las palabras le caen a pelo— sino de alguien que probablemente sienta ser uno de los pivotes sobre los cuales se asienta el Sodalicio, a saber, el inefable cura Jaime Baertl.

Pues Baertl declaró en la Fiscalía que fue él quien entre 2008 y 2010 investigó las denuncias contra Germán Doig, llevando a que se determinara que los abusos denunciados eran reales y a que se cancelara el proceso de beatificación en curso. En fin, deberíamos creer que es el héroe de la película, a quien estaríamos agradecidos, a no ser porque en sus declaraciones siempre ha manifestado una relación muy ambigua con la verdad.

Ha dicho que no recuerda haber sido confesor de los denunciantes, «porque la labor de confesión no permite ver el rostro de la persona que se confiesa», cuando las confesiones en las comunidades eran cara a cara, porque no habían confesionarios.

Dijo que «los rigores de formación —entiéndase abusos— no eran informados por escrito, pero todos los conocían». ¡Por supuesto! ¡Y todos deben haber estado muy contentos de que se los aplicaran con conocimiento de causa, pues sólo se admitían masoquistas en el Sodalicio!

Precisó que «nadie es sometido a tests psicológicos para ingresar al Sodalicio», cuando José Ambrozic declaró que «se realizaban algunos tests básicos que eran caracterológico y de inteligencia».

Después de éstas y otras falsedades, ¿es Baertl creíble cuando afirma que «no ordenó a Martin Scheuch desnudarse y fornicar con una silla»?

(Columna publicada en Exitosa el 28 de enero de 2017)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (IV)

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Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

En esta cuarta y última entrega se analiza los razonamientos “trespatinescos” que llevaron a la fiscal Peralta a concluir que la denuncia contra miembros del Sodalicio debía archivarse por falta de pruebas.

No es que la fiscal no tuviera pruebas que sustentaban los hechos denunciados por los denunciantes. Simplemente las desestimó como tales, por motivos no pertinentes.

Un claro ejemplo son la admisión de las tachas contra los psicoterapeutas Jorge Bruce y Dante Wharton: en el caso de Bruce, porque «desde el 2001 viene emitiendo pronunciamientos públicos sobre el Sodalicio que le impiden actuar de manera objetiva e imparcial en esta investigación»; en el caso de Wharton, porque «adelantó opinión sobre el caso de materia de investigación lo que impide que emita un pronunciamiento objetivo e imparcial».

¿No se percató la fiscal de que la participación de ambos especialistas en el caso no se da en calidad de testigos que corroboren los hechos denunciados, sino en calidad de profesionales con un bagaje científico a los cuales se les encarga la evaluación psicológica de los denunciantes? ¿Desde cuándo la opinión personal de un psicoterapeuta es relevante respecto a una pericia psicológica que se basa en pruebas objetivas y mediciones científicamente acreditadas? Haciendo una comparación, ¿acaso la opinión personal de un médico juega algún papel en el diagnóstico que hace de un paciente? Si la fiscal cree que es así, ¿hizo una investigación previa de los psicólogos del Instituto de Medicina Legal cuyos peritajes sí aceptó, para ver cual era la opinión personal que tenían sobre el Sodalicio? Pues lo que está cuestionando la fiscal es que se tenga una opinión previa vinculada al tema de la demanda, y el hecho de que sea pública o no resultaría irrelevante, pues aún así estaría influyendo en los resultados de la pericia.

En todo caso, los peritajes del Instituto de Medicina Legal sí que son cuestionables desde el momento en que concluyen con certeza cuasi-dogmática que la afectación emocional que presentan Óscar Osterling y José Enrique Escardó –—del cual se admite incluso que «requiere terapia psicológica especializada»–— no guardan ninguna relación con la experiencia vivida en el Sodalicio y son atribuibles a factores presentes en la infancia y la adolescencia. En el caso de Pedro Salinas, los impulsos «que han sido desfavorables para la estructuración de su personalidad» son atribuidos de manera concluyente a la ausencia de la figura paterna, no habiendo el Sodalicio contribuido en nada a que presente esas características. En otras palabras, la experiencia sodálite no habría dejado ninguna huella en los denunciantes, ni mala ni buena, pues ni les habría ocasionado los problemas psicológicos que presentan ni les habría ayudado a solucionarlos. Como si hubieran sido pasados por agua tibia.

En el caso de los hermanos López de Romaña no se ratificó sus peritajes psicológicos porque «faltaron a sus citaciones» y «al borde de la terminación de la etapa investigatoria concurrieron a las citas de Medicina Legal». Sin explicar si las ausencias de ambos hermanos fueron por razones justificadas, la fiscal simplemente da constancia de que acudieron tarde, y por eso no se tomó en cuenta los peritajes efectuados. Se trata de una simple cuestión administrativa que pudo haber sido resuelta de manera satisfactoria, pero en la cual la fiscal prefirió omitir cualquier diligencia que pudiera contribuir a determinar si los López de Romaña también presentaban problemas psicológicos.

No llego a entender los criterios que se aplicaron. ¿Cómo se puede concluir taxativamente que un sistema de formación que incluye reiteradas prácticas físicas y psicológicas de carácter extremo no tienen ningún efecto sobre la psique de las personas? El mismo Jaime Baertl admite como ciertas algunas de esas prácticas (dormir en las escaleras, nadar en el mar en la madrugada, recibir golpes en el estómago) y las considera «imprudentes». José Ambrozic señala que «en algunos casos los rigores –—como él los llama–— pudieron ser excesivos». Óscar Tokumura señala «respecto a los supuestos golpes en el vientre, era para ver si hacían ejercicios, siendo que ello sólo se hacía con el consentimiento de éstos», cuando yo nunca he visto que alguien haya tenido ni siquiera la oportunidad de negarse a que le aplicaran tan peligroso golpe. Tanto Fernando Vidal, Alessandro Moroni, Jaime Baertl como José Ambrozic resaltan que los actos descritos como «rigores de la formación» ya no se realizan. ¿Por qué motivos? Evidentemente, porque no eran beneficiosos para nadie, e incluso traían consigo consecuencias perjudiciales.

Por todo lo visto, no se justifican las palabras de la fiscal Peralta cuando respecto a las lesiones psicológicas producidas por actividades abusivas acota que «como elementos que acrediten las versiones de los denunciantes únicamente se cuenta con sus afirmaciones y declaraciones juradas». Las actividades en cuestión han sido admitidas por los mismos denunciados, sólo que la valoración es distinta. Para ellos se trata de «rigores de la formación», mientras que los denunciantes hablan de «abusos físicos y psicológicos». Me pregunto por qué la fiscal no consultó a un especialista en la materia que pudiera aclarar qué consecuencias tendrían las actividades descritas en la psique de una persona, y si pueden ser consideradas como beneficiosas o dañinas. Pues de que hubo esas actividades, las hubo, y eso ni siquiera lo niegan los denunciados.

Otros documentos que la fiscal tomó como pruebas de que los denunciantes actuaron en pleno uso de sus facultades —y, por lo tanto, no hubo privación de la libertad o secuestro mental— son las cartas de puño y letra en que solicitan ser admitidos en el Sodalicio o en una comunidad de formación, redactadas supuestamente cuando los denunciantes ya eran mayores de edad. No tiene en cuenta que el trabajo de adoctrinamiento con aplicación de métodos invasivos de la psique se realizaba durante un período de aproximadamente un año antes de el candidato fuera admitido en el Sodalicio. Si las primeras cartas de los denunciantes fueron firmadas cuando ya tenían 18 años, es fácil suponer que el trabajo con ellos se inició cuando todavía eran menores de edad.

En el pasado han habido casos flagrantes donde el Sodalicio ha incorporado a sus filas a menores de edad. Mi caso, por ejemplo. En mi declaración jurada en calidad de testigo que fue presentada a la fiscal Peralta, digo lo siguiente: «Me vinculé formalmente al Sodalicio de Vida Cristiana o Sodalitium Christianae Vitae (en adelante SCV) mediante compromiso emitido en diciembre de 1978 en la capilla del Colegio Santa Úrsula (Calle Salamanca 125, San Isidro, Lima), a la edad de 15 años, en el grado de sodalite marie, grado que posteriormente fue eliminado de las normas de la institución».

Tengo en mi poder dos autobiografías —una de 1979 y otra de 1980, ambas escritas de puño y letra por encargo de Jaime Baertl— que me fueron devueltas por Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, en enero de 2016. En ambas aparece la fecha exacta de cuándo ingresé al Sodalicio. En la primera dice textualmente: «El 8 de diciembre hice mi promesa de maríe y entré a formar parte del Sodalitium». Estamos hablando del 8 de diciembre de 1978, cuando yo tenía tan sólo 15 años de edad. Y ya me venían trabajando desde marzo de ese año, cuando tenía 14 años.

Lamentablemente, no obstante contar con este dato, la fiscal no se comunicó conmigo ni tomó en cuenta mi testimonio.

Otros documentos que la fiscal no debió admitir como pruebas contra los denunciantes son las fotografías presentadas por la defensa de los denunciados, en las que se ve a los hermanos López de Romaña y a Óscar Osterling participando en diversas actividades realizadas cuando aún formaban parte del Sodalicio. Al respecto, dice la fiscal Peralta: «En la investigación se han presentado fotografías llevando una vida libre y con expresiones de alegría en la vida dentro del SCV». Ciertamente, tanta ingenuidad sería conmovedora, a no ser porque la conclusión que de ella se deriva no se sostiene por ningún lado, a saber, «que todos esos actos son demostrativos que podían expresar su voluntad».

¡Por Dios! ¿Acaso ese tipo de fotografías demuestran lo que ella dice? Tomemos el caso de Colonia Dignidad, un enclave de alemanes situado al pie de los Andes chilenos, donde el líder religioso Paul Schäfer sometió mentalmente a todos los colonos y abusó sexualmente casi a diario de menores de edad durante décadas. De todas las fotos que hay, ¿se puede encontrar una sola donde no aparezcan los colonos sonrientes, tanto en diversas actividades colectivas como en fiestas populares alemanas? ¿Se puede ver en las fotos de familia que quedan, con personas de rostro alegre, indicios de los crímenes cometidos? Nada de nada. Y, sin embargo, sería ilegítimo utilizar esas fotos para pretender negar los abusos cometidos.

Ante todo esto, le auguramos un futuro brillante a la fiscal Peralta si decide cambiar de profesión e iniciar una carrera en el área de la comedia de enredos. Pero si permanece en su puesto, sólo nos queda decir como “Tres Patines”:

«¡Cosa más grande de la vida, chico!»

(Columna publicada en Altavoz el 28 de enero de 2017)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

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Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

En este tercera entrega analizaré la valoración de los testimonios hecha por la fiscal, que bien podría haber hecho “Tres Patines” con similares resultados.

Dada la naturaleza de los delitos denunciados, ocurridos muchos de ellos hace bastante tiempo, los cuales, de ser ciertos, habrían sido mantenidos en silencio tanto por los denunciados —por razones obvias— como por los denunciantes —debido a no haber pasado todavía el tiempo suficiente como para procesar psicológicamente la experiencia—, la prueba testimonial es de suma importancia.

¿Cómo saber que ocurrieron hechos que no fueron documentados en su momento pero que han dejado huella personal y han permanecido latentes en la memoria de sus protagonistas? A través de los testimonios, donde se tiene que examinar la veracidad de aquel que presta testimonio, además de comprobar la coherencia y solidez de su relato sobre la base de datos objetivos externos. «La declaración del presunto agraviado debe contar con garantías de certeza», admite la fiscal Peralta.

El problema está en que una de las garantías que exige es «que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición».

¡Perdón! ¿He entendido bien? Por poner un ejemplo, alguien abusa de mí y me causa un daño que me marca de por vida. ¿Mi testimonio sólo sería aceptado si no tengo ningún sentimiento negativo —como odio, desprecio, rabia— hacia esa persona? ¿Para que mi testimonio sea válido debo estar lleno de amor, compasión y ternura por quien me jodió la vida, o por lo menos tener una actitud neutra hacia él? Este criterio carente de empatía hacia cualquier agraviado sería suficiente para tirarse abajo miles de testimonios de víctimas de la violencia en el Perú, aunque coincidan en cientos de detalles, los necesarios como para admitir su verosimilitud de sus relatos.

Visto esto, no extraña que el Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni, junto con todas las cartas firmadas por las denunciantes solicitando su ingreso a una comunidad sodálite de formación, haya presentado también «diversas opiniones y publicaciones que ha realizado el señor José Enrique Escardó Steck respecto a sus vivencias en el Sodalicio, además de su opinión de la Iglesia católica en diferentes aspectos y perspectivas». Se refiere a los artículos publicados originalmente por Escardó en el año 2000 en la revista Gente «bajo el título “El quinto pie del gato”, en el que abiertamente ataca y recrimina a la Iglesia católica».

Que la parte denunciada presente estos escritos implica, por cómo está redactado el texto de la resolución, que se busca desacreditar a Escardó siguiendo los criterios de validación de la fiscal, es decir, que siendo Escardó una especie de enemigo de la Iglesia católica que odia al Sodalicio, su testimonio deberá ser tomado con pinzas. No se tiene en cuenta que esa animadversión puede haber sido generada por experiencias traumáticas en una institución de la Iglesia, como es el Sodalicio mismo. Es decir, la actitud anticatólica de Escardó podría haberse originado en la experiencia que tuvo en el Sodalicio, y esa misma actitud se utilizaría como pretexto para invalidar su testimonio sobre lo vivido. Moroni ha puesto la carreta delante de los bueyes, y la fiscal —católica pía y devota— le ha seguido la corriente. Como fiel oveja del rebaño.

Insólita es también la manera cómo la fiscal —en un castellano que es una tortura para los ojos de los lectores— desacredita las testimoniales que corroboran las afirmaciones y declaraciones juradas de los denunciantes, pues «se deben tomar con ciertas reservas por cuanto no vienen aparejadas con elementos objetivos que la sustente y podrían haber sido influenciados por tres factores actuantes: 1.- El prolongado transcurso de tiempo entre los supuestos hechos a la actualidad. 2.- La publicación del libro “Mitad Monjes Mitad Soldados” y la gran publicidad dada a los hechos allí narrados como ciertos. 3.- El ofrecimiento de resarcimiento económico ofrecido a los que se consideren víctimas de parte del Sodalitium Christianae Vitae; siendo la influencia de dichos factores advertidos por la suscrita en la mayoría de las declaraciones».

¿No se ha percatado la fiscal de que las historias de los denunciantes y de varios testigos ya habían sido puestas por escrito antes de la publicación del libro de Salinas y, por lo tanto, antes de que el Sodalicio ofreciera cualquier reparación económica? ¿Y que algunos de estos relatos —no inventados sino exprimidos de la memoria— han servido de fuentes del libro de Salinas y coinciden en múltiples detalles con acontecimientos de la historia remota del Sodalicio, que todavía no se habían hecho de conocimiento público y que sólo podían ser conocidos por quienes hubieran sido partícipes de esa misma historia?

Lo más delirante es que la fiscal vea malas intenciones —avidez de ganancia económica— en quienes tenían la certeza de que el Sodalicio les iba a negar toda compensación económica si salían a denunciar o a fungir de testigos en un proceso penal, como efectivamente ocurrió. En cierto sentido, eso constituye una manera de ir contra la presunción de inocencia, tanto de los denunciantes como de los testigos, presuponiendo en ellos intenciones torcidas.

Por otra parte, la fiscal Peralta no ha manifestado ninguna reserva contra los testimonios de quienes atestiguaron a favor del Sodalicio.

Igualmente me parecen insuficientes los argumentos esgrimidos para desacreditar las declaraciones públicas de Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, pidiendo perdón por los abusos cometidos, pues la fiscal considera que «son expresiones personales sin especificación de sujetos agresores ni agredidos menos aún con sustento objetivo o medio probatorio alguno». Lo menos que podría haber hecho es interrogar a Moroni sobre estas declaraciones y preguntarle a qué y a quiénes se refería. No lo hizo, y terminó sacando unas conclusiones que son sólo producto de su propia desidia y desinterés.

De modo similar, le niega valor probatorio al informe de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, pues «dicho informe es un documento privado sin respaldo probatorio alguno que justifique su opinión, basado sólo en declaraciones de personas que expresaron haber pertenecido al SCV mas no contrastado con la realidad, sin recabar las declaraciones con los supuestos agresores, es decir, son opiniones unilaterales». Como unilaterales son también las declaraciones de los denunciados, que la fiscal Peralta admitió como válidas sin contrastarlas con la realidad ni analizarlas debidamente.

Tomemos como ejemplo las declaraciones del P. Jaime Baertl, quien no recuerda haber sido confesor de ninguno de los denunciantes «porque la labor de confesión no permite ver el rostro de la persona que se confiesa», cuando en ninguna de las comunidades de formación en que estuvieron los denunciantes hubo jamás un confesionario, y las confesiones se realizaban cara a cara en la capilla. O cuando dice «nadie es sometido a test psicológicos para ingresar al Sodalicio, precisando que cuando se entra de aspirante al Sodalicio un psicólogo les toma 3 ó 4 test». ¿A qué parte del enunciado le creemos: a la primera o a la segunda? Y si la segunda es cierta, ¿no pidió la fiscal el nombre del psicólogo, para poder citarlo y verificar este dato? Porque a mí me tomaron tests Germán Doig y el mismo Baertl cuando yo todavía era menor de edad, y ambos tenían de psicólogo lo que yo tengo de beata cucufata. Y así como ocurrió en mi caso, son varios los testimonios de ex-sodálites que aseguran que les tomaron pruebas psicológicas.

Inexactitudes también hay en las declaraciones de Erwin Scheuch, quien «precisó que nunca realizó apostolado en una institución educativa para que menores se incorporen al Sodalicio», cuando se sabe que habría estado encargado, por lo menos en una ocasión, de la preparación de la confirmación en el Colegio Alexander von Humboldt, y no existe actividad apostólica organizada por el Sodalicio que no busque candidatos para ser incorporados a la institución. En el Sodalicio siempre se ha entendido el apostolado como proselitismo.

Lo más alucinante se da cuando Erwin declara que «nunca ha hackeado a nadie y no lo ha encomendado a alguien a realizar ello, considerando la versión del denunciante Oscar Osterling como una calumnia, quien fue denunciado en febrero de 2008 por una persona externa a la comunidad de enamorar a una joven consagrada». Esto contrasta con lo que declaró Jaime Baertl, quien «señaló que por versión del denunciante Oscar Osterling Castillo, tomó conocimiento del hackeo de su computadora cuando se encontraba en una de las comunidades del Sodalicio, precisando que los correos revelaban una relación amorosa entre dos religiosos, y es por ello que le impusieron medidas correctivas preventivas, decisión que fue tomada por el Superior General Luis Figari». ¿Cuál versión es la correcta? Pues Jaime Baertl corrobora lo que contó Osterling, mientras que Erwin Scheuch lo considera una calumnia.

Regresando al informe de la Comisión de Ética, la fiscal debió haber citado a sus miembros para que explicaran la metodología de trabajo que habían aplicado, En los procedimientos de la Comisión (ver http://comisionetica.org/procedimientos/) se dice que las quejas debían contener «medios probatorios que se considere anexar a la queja o denuncia». Además, se especifica claramente lo siguiente: «La Comisión podrá solicitar al Superior General del SCV informe respecto de cualquier antecedente o información relacionada a los hechos materia de la Queja, y entrega de toda la información que disponga respecto de la acusación, la situación del imputado en la fecha de los hechos y sobre la existencia de otras quejas o denuncias similares o no contra quien es acusado, si quien formula la queja es conocido, miembro o afiliado al SCV, y las acciones que hubiera realizado el SCV al respecto, entre otras etc.» Como se puede ver, la Comisión no se habría limitado a hacer resúmenes de las quejas, sino también a verificar la veracidad de los relatos testimoniales presentados. Su informe final no puede ser considerado un documento privado, sino que tiene otro carácter.

A la luz de lo señalado, podemos suponer que la fiscal habría tomado partido, desestimando los testimonios de los denunciantes además de los testimoniales y documentos presentados por la acusación, mientras que ha admitido sin cuestionamiento los testimonios de los denunciados, aunque hayan en ellos hechos no verificados e incluso contradictorios.

En la siguiente entrega analizaré varias pruebas de la parte denunciante que fueron desestimadas como tales por la fiscal, además de las supuestas pruebas presentadas por la parte acusada que no deberían haberse considerado como tales o cuyo valor probatorio habría requerido de un análisis más profundo. Para lo cual no parece estar capacitada quien tiene una mentalidad de “Tres Patines”.

(Columna publicada en Altavoz el 25 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (IV)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

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Fiscal María del Pilar Peralta Ramírez

Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (I)

En esta segunda entrega continúo con el análisis de los argumentos “trespatinescos” que utiliza la fiscal Peralta para archivar las denuncias penales contra el Sodalicio.

Dice el fallo que el delito de secuestro como privación de la libertad personal debe entenderse exclusivamente como privación arbitraria de la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro a voluntad, es decir, «cuando el sujeto queda privado de su libertad para movilizarse, ya sea mediante violencia, amenaza o engaño requiriendo necesariamente el dolo o el conocimiento y voluntad de impedir el ejercicio de su libertad ambulatoria». Que esto no habría ocurrido se demostraría supuestamente por el hecho de que en ninguna de las comunidades sodálites hay una «barrera física» —entiéndase muro o reja— que impida la salida de los que allí viven, además de que los denunciantes manifestaron por escrito su voluntad de ingresar y salir del Sodalicio y «existe la presunción iuris tantum que durante toda su vida adulta han ejercido plenamente sus facultades al no haber sido declarados incapaces».

Para ilustrar esta ausencia de barreras físicas, la fiscal Peralta menciona el testimonio de Martín Balbuena, «que [en el año 2008] se escapó por la puerta de la residencia en Colombia, lo que sin lugar a dudas demuestra que su salida o permanencia en las residencias dependía únicamente de la voluntad de que estos quisieran o no permanecer en dichos inmuebles dado que al tomar la decisión de retirarse, simplemente podían salir por la puerta sin que nadie les impidiera dicho acto lo que deja entrever que su libertad de desplazamiento no era vulnerada por los denunciantes que dicho sea de paso no se encontraban físicamente acompañándolo al momento de estar en Colombia».

No puedo creer lo que leen mis ojos. Quien conoce la historia de Martín Balbuena, sabe que lo primero que tuvo que vencer —como tantos otros— es el enorme miedo y angustia ante la inminente huida, pues al tomar esa decisión uno se siente culpable, traidor, fracasado, y sabe que comunicar esa decisión de manera abierta y sincera a los superiores lo único que logra es —en el mejor de los casos— postergar la salida en varios meses y —en el peor— impedirla totalmente.

Salir de comunidad no era nada fácil, pues «años atrás el retenimiento de los miembros a la organización para que no se desvincularan era exagerada. Se evitaba a toda costa la salida de cualquier integrante. En varios casos, a pesar de haber manifestado un deseo honesto de salida, el sodálite era casi forzado a pasar por procesos indefinidos y prolongados para evitar aquello que era una mal en sí: la desvinculación de la comunidad. Se dieron casos dramáticos de personas no idóneas para la vida consagrada o personas que habían cometido faltas graves que, lógicamente, debían salir de comunidad y por el contrario se forzó una permanencia que terminaba siendo traumática y dolorosa. Hay varios casos que atestiguan esta lógica». Esto es lo que leo en las reflexiones de alguien que, cuando todavía era sodálite de derecho pleno, formuló en el año 2015 un análisis crítico interno.

Martín Balbuena esperó el día y la hora en que pudiera salir de la casa sin que nadie advirtiera que no tenía intenciones de regresar. En Colombia, no tenía adónde ir. Cualquiera pensaría que se dirigió al aeropuerto a tomar un avión hacia Lima. Nada más lejos de la realidad. Era uno de los primeros lugares donde buscarían ubicarlo cuando advirtieran su prolongada ausencia -—como efectivamente lo hicieron—. Con escaso dinero y sólo lo que tenía puesto, inició un peligroso y aventurero recorrido por tierra —de varios días—, que lo llevaría en bus desde Colombia hasta la capital del Perú, pasando por Ecuador.

¿Cómo puede afirmar la fiscal Peralta que la libertad —ambulatoria, para usar su interpretación— no estaba restringida, cuando quienes tomaban la decisión de irse definitivamente de la comunidad en un día determinado tenían que hacerlo subrepticiamente, tomando precauciones para que nadie se enterara en ese momento, de preferencia a horas imprevistas, cuando todos estaban durmiendo o ausentes de la casa? No conozco ningún solo caso en que un sodálite le haya comunicado a sus superiores su decisión de irse y haya podido realizar esto el mismo día, al día siguiente o a la brevedad posible.

La barrera que había que superar era interior, y eso no resultaba fácil.

En 1993, yo estuve prácticamente recluido siete meses en San Bartolo, creyendo firmemente que si me iba contraviniendo la voluntad de los superiores, me iba a condenar para siempre. Pues ése era el tipo de pensamiento que se me había implantado en la mente, y que yo estaba obligado a admitir por obediencia si quería permanecer siendo sodálite. Y que en ese entonces me generó tal angustia, que durante ese tiempo deseé cada día que me sobreviniera la muerte.

Uno no podía desplazarse fuera de la casa si no había de por medio una autorización del superior. Ciertamente, no había ninguna barrera física que a uno le impidiera salir, pero en caso de hacerlo sin permiso, uno se exponía a castigos desproporcionados. Asimismo, cualquier viaje realizado por algún sodálite de comunidad tenía que contar con el permiso del superior, así como cualquier acto jurídico realizado por la persona. Las ganancias obtenidas en calidad de sueldo por un trabajo tenían que ser declaradas, y a uno se le indicaba qué cantidad podía quedarse.

¿Era todo esto realizado de manera libre? Desde el momento en que toda decisión del sujeto tenía que ser validada por un superior jerárquico, quedaba afectada la libertad personal. Como dice el texto aludido de un sodálite crítico, «los aspectos más insignificantes de la vida del sodálite quedaban sometidos al juicio del superior, juicio que podía llegar hasta el fondo de la conciencia personal».

De este modo, la única libertad que quedaba es la seguir a pie juntillas la rutina diaria y la de formular deseos e intenciones, pero no la de ejecutar lo que uno realmente quería. Y para aceptar esto como normal, se requiere haber quebrado la voluntad del sujeto, haber modificado sus criterios de pensamiento con el fin de tenerlo siempre “voluntariamente” dispuesto a cumplir órdenes superiores, sin manifestar ningún asomo de crítica en su pensamiento. Esto es lo que algunos especialistas llaman “lavado de cerebro”.

Y esto es lo que no ha querido ver la fiscal Peralta, quien ha creído entender que sólo si encontraba “incapacidad mental” en los denunciantes había sustento para la denuncia. Evidentemente, no la ha encontrado. Pues una persona con el cerebro lavado —o mejor dicho, sujeta a control mental— no pierde sus facultades intelectuales o volitivas, su capacidad para realizar actos jurídicos o para efectuar acciones normales de la vida cotidiana. Más aún, a ojos de las personas que tienen trato con ella, su forma de actuar se asemeja a la de un ser humano normal. Pero no toma decisiones propias en áreas fundamentales, pues gran parte de su capacidad de decisión ha sido transferida a los superiores, que deciden por ella. Y una de esas áreas es la libertad ambulatoria, pues a los sodálites de comunidad no les estaba permitido ni siquiera salir de la casa por la puerta si no contaban con permiso del superior.

Se trata de una privación de la libertad, hecha mediante violencia, amenaza y engaño —utilizando los mismos términos de la fiscal Peralta—, pues el cambio de mentalidad para generar una dependencia así hacia los superiores se hacía mediante técnicas introspectivas invasivas que llevaban al quiebre de la propia personalidad y lo volvían a uno dócil para cumplir “voluntariamente” cualquier orden superior, habiendo además amenazas de castigos para quien no obedeciera en este punto —ayunos a pan y agua (o a lechuga y agua), aislamiento, prohibiciones—, y todo era realizado con engaño, pues a los afectados nunca se les informaba de sus derechos, sólo de sus obligaciones, entre las cuales la principal era obedecer sin cuestionar.

Que algunos hayan podido superar con mucho esfuerzo esa barrera y hayan finalmente logrado irse de la comunidad no significa que esa barrera no existiera, así como que el hecho de que alguien logre saltar un muro y escaparse del recinto en que se le mantenía secuestrado, no significa que ese muro no haya existido como impedimento.

¿Diría la fiscal Peralta que si un secuestrado logra fácilmente violar la cerradura de la casa en que se le mantenía encerrado ya no se puede hablar de secuestro, pues la puerta no constituía un verdadero impedimento para que pudiera movilizarse libremente?

“Tres Patines” hubiera argumentado así ante el tremendo juez de la tremenda corte. Con toda probabilidad.

No acaban aquí los tremendos argumentos de la tremenda fiscal. Continuaré con su análisis en la siguiente entrega.

(Columna publicada en Altavoz el 24 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (I)

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Leopoldo Fernández “Tres Patines” (1904-1985)

Quién no recuerda con una sonrisa nostálgica al comediante cubano Leopoldo Fernández (1904-1985), creador del pícaro personaje José Candelario “Tres Patines”, quien a través de una labia enrevesada que moldeaba el lenguaje a sus anchas llegaba a conclusiones que desafiaban la lógica y el sentido común, sobre todo en sus disputas dentro de un marco judicial en la serie de TV La tremenda corte.

Pues algo similar he sentido tras haber leído el texto completo de la resolución de la fiscal María del Pilar Peralta, archivando la denuncia contra Luis Fernando Figari, seis miembros y un ex-miembro del Sodalicio de Vida Cristiana. No sé si reír con soltura o llorar con ternura ante la ingenuidad de los argumentos esgrimidos o ante la ignorancia en la materia de quien se supone que debe administrar justicia con conocimiento de causa. Ciertamente, ni las risas ni las lágrimas han podido evitar que algo de rabia se me haya asentado en el fondo del alma debido a la ligereza con que se han abordado temas tan serios, donde está en juego la justicia debida a quienes ya han sufrido demasiado.

El primer hecho inexplicable es por qué se excluyó a Mons. José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, de la denuncia. La fiscal Peralta no indica ninguna razón en el texto de la resolución. ¿Tal vez porque era el único obispo católico entre los acusados? ¿O quizás creyó que así le estaba prestando un servicio a la Iglesia católica, de la cual de se considera pía y ferviente parroquiana?

Uno se pregunta si esta adhesión religiosa —que no debería tener ninguna influencia en la administración objetiva de justicia— la habría llevado a tener una actitud tan benevolente hacia el Sodalicio —que siempre ofrece como carta de presentación el ser parte integrante de la Iglesia católica—. Pues la fiscal considera que «se ha evidenciado con los documentos ya glosados, con la visita efectuada por la suscrita a sus comunidades y templos que se trata de una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, reconocida formalmente por la Iglesia católica, de vida religiosa incompatible con un objetivo delictivo». Entre los «documentos ya glosados» destaca el texto de las Constituciones del Sodalicio de Vida Cristiana, algo así como la normativa suprema que rige la vida de la institución.

El hecho de ser una organización religiosa reconocida por el Vaticano, que dice perseguir «fines de apostolado, evangelización, obras sociales, entre otras», es argumento suficiente para la fiscal para descartar que la asociación pueda tener también fines delictivos, como el secuestro sistemático de las voluntades mediante técnicas de manipulación mental —restringiendo la libertad de los afectados— o maltratos físicos y psicológicos practicados de manera habitual como parte de la disciplina de formación, que habrían dejado lesiones perdurables en la psique de los denunciantes.

La fiscal debería saber que muchas asociaciones que cometen delitos suelen tener una fachada legal inobjetable, además de una imagen pública intachable, no pudiendo encontrarse en ninguno de sus documentos algún indicio de la comisión de delitos. ¿O acaso esperaba encontrar en las Constituciones del Sodalicio indicaciones de cómo sacarle la mierda a los sodálites en formación —expresión usada con frecuencia al interior de las mismas comunidades sodálites— a fin de desterrar su “hombre viejo” (la antigua personalidad) y reemplazarlo por el “hombre nuevo” (la personalidad configurada con Cristo y obediente en todo)? Más bien, si se hubiera tomado el trabajo de analizar debidamente la letra de las Constituciones, habría comprobado que «el documento está planteado para que el miembro de la organización sea un instrumento sujeto a la arbitrariedad de los superiores. Las premisas son:

La vocación sodálite es a la plena disponibilidad apostólica.
La obediencia es el compromiso fundamental del sodálite.
La obediencia debe ser en todo como la de Jesús al Padre.
Y nunca se establece los límites o alcances de la autoridad.»

Las últimas palabras citadas provienen de un ex-sodálite, cuyas reflexiones críticas —plasmadas en dos breves escritos que todavía no han sido hechos públicos— se originaron antes de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, cuando todavía era miembro pleno del Sodalicio.

La fiscal Peralta, en vez de buscar indicios de delitos en los documentos internos o mediante visitas a las comunidades y templos del Sodalicio, debería haber indagado la veracidad de los detalles incluidos en los diversos testimonios que se presentaron —los cuales coinciden en prácticas abusivas atentatorias contra derechos fundamentales del ser humano—, siendo que a varios de estos testimonios no les prestó la debida atención, incluso llegando al extremo de no contactar a testigos importantes. Pues dada la naturaleza de los delitos, realizados al interior de las casas de formación y ajenos a la mirada pública —y en algunos casos a puerta cerrada—, la prueba testimonial es la que prevalece.

¿Cree de veras que visitando la parroquia, la comunidad y el centro pastoral que el Sodalicio gestiona en Mayorazgo (Ate) —como efectivamente lo hizo— podía encontrar indicios de actos delictivos? ¡Por favor! Aunque parezca increíble, eso es lo dice la resolución fiscal: «lo que se pudo observar es que las actividades que se realizan tienen índole religiosa y de conviviencia consentida por parte de sus integrantes e incluso se encargaban de la administración de dos iglesias “Nuestra Señora de la Cruz” y “Cristo Reconciliación”, además de realizar labores de actividad de ayuda social en dichas parroquias». Lo único que le faltó es tomar un “lonchecito” con los miembros de la comunidad, en compañía de Mons. Fortunato Pablo Urcey, el visitador designado por el Vaticano en el año 2015, el cual tampoco vio nada.

Sus palabras resultarían hasta conmovedoras, a no ser por la ingenuidad y falta de conocimiento en la materia que demuestra la Sra. Peralta Ramírez. ¿Qué cosa cree que vieron quienes visitaron las comunidades de los Legionarios de Cristo durante décadas, mientras su fundador, el P. Marcial Maciel, y otros “imitadores” o cómplices suyos abusaban de menores y mayores de edad, amparados en el principio de la obediencia absoluta y con el Vaticano haciéndose de la vista gorda? ¿Cree acaso que los numerosos visitantes de Colonia Dignidad en Chile vieron alguna vez indicios de los delitos que Paul Schäfer y algunos de sus secuaces cometieron a diario durante décadas, abusando sexualmente de menores de edad casi a diario y manteniendo las mentes de los colonos sometidas mediante una estricta obediencia y una disciplina que no toleraba ninguna divergencia? En el caso del Sodalicio, ¿pensaba realmente que iba a poder presenciar actos similares a aquellos que las víctimas denunciaron que se cometieron al interior de las comunidades en momentos privados de la vida cotidiana?

El hecho de que la fiscal asuma una interpretación restrictiva de delito de asociación ilícita para delinquir, al señalar que la asociación debe haber tenido fines delictivos desde el momento de su constitución, no resulta convincente. No es lo que dice el texto de la ley. Y es evidente que difícilmente se encontrará fines delictivos en los documentos oficiales de constitución de una sociedad, cualquiera que sea. Lo que tenía que haber investigado es si había un grupo de personas que utilizaban sistemáticamente la estructura de la asociación para cometer delitos de abuso y secuestro, justificando ese proceder en las mismas normativas internas de la asociación. Sin importar si esas personas fueron integrantes de ella desde el momento en que se creó, pues la ley no se limita a penalizar la constitución de una asociación para delinquir, sino también el hecho de promoverla o ser integrante de ella. Se trata de un delito que no se restringe al punto de partida de la asociación, sino que se prolonga en el tiempo.

En el caso del Sodalicio, ¿de qué delitos estaríamos hablando? De los abusos sexuales, aunque hayan prescrito; de la manipulación de las conciencias mediante el engaño y la coacción psicológica, a fin hacerlas dependientes en grado extremo de los superiores, de la comunidad y sobre todo del mismo Figari; y de los maltratos psicológicos y físicos efectuados, que en muchos casos afectaron la salud psicológica, la autoestima y la capacidad relacional de los afectados.

Las cosas son claras, pero sólo para quien quiera verlas. En la siguiente entrega seguiré con el análisis de los despropósitos vertidos por la fiscal Peralta en su cuestionable fallo.

(Columna publica en Altavoz el 23 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

LA VIDA EXITOSA DE UN SOBREVIVIENTE DEL SODALICIO

metropolis

Fotograma de la película “Metropolis” (Fritz Lang, 1927)

En el vergonzoso fallo de la fiscal María del Pilar Peralta que archiva las denuncias contra el Sodalicio se dice «que ninguno de los presuntos agraviados presenta actualmente problemas psicológicos derivados de su permanencia en el Sodalicio. Por el contrario, las pericias demuestran que todos ellos llevaron vidas personales y profesionales exitosas».

En el dictamen que recibí de un psicólogo profesional en diciembre de 2016 aquí en Alemania se me diagnostica trastornos adaptativos que pueden haberse originado en mi experiencia sodálite, sin descartar que haya podido tener un síndrome de estrés postraumático en el pasado. Y eso ha tenido consecuencias.

Mi azarosa vida profesional después de salir de una comunidad sodálite en el año 1993 se puede sintetizar así: trabajos como profesor en diversos colegios particulares durante la mañana, en institutos docentes en la tarde —sin contar en éstos con ningún beneficio social—. De 2001 a 2002 trabajé a medio tiempo para la cooperación alemana al desarrollo. Ya en Alemania laboré principalmente para services, que me colocaron en puestos de secretario trilingüe, de atención telefónica a clientes en tres idiomas, de reserva de vuelos por teléfono.

En todo este tiempo he estado casi 5 años desempleado.

Desde enero de 2013 cachueleo todos los días como repartidor de periódicos en mi pueblo, de 5 a 6 de la madrugada. Y a partir de este mes me dedico a tiempo completo al cuidado de ancianos en un asilo.

Por lo general, pocas veces los trabajos me han durado más de 2 años y rara vez estuvieron a la altura de mis intereses y mis capacidades. Gracias al Sodalicio, que me secuestró durante décadas de la vida real.

(Columna publicada en Exitosa el 21 de enero de 2017)

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Cuando el periodista Beto Villar me entrevistó en la estación del tren de Mannheim para un reportaje que fue emitido el 8 de mayo de 2016 en el programa Punto Final de Latina Televisión, me hizo una pregunta que no fue incluida en la emisión: «¿Qué habrías estudiado si no hubieras estudiado teología?»

Le conté que en marzo de 1981 postulé a Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, sólo con el fin de complacer a mi madre —quien aún albergaba esperanzas de alejarme de la órbita del Sodalicio— y logré el octavo puesto en el examen de admisión. Ni siquiera fui a ver los resultados y me enteré por terceros. No quería ser rapado —como es la costumbre entre los admitidos en una universidad en el Perú— antes de ingresar a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que era donde debía realizar estudios según los deseos de Luis Fernando Figari, quien veía en mí una prometedora figura intelectual dentro del ámbito del Sodalicio. No sospechaba yo entonces de la falta de libertad intelectual que reina en el Sodalicio —pues todos aquellos que se dedican a labores vinculadas a la producción intelectual tenían que ceñirse a una ideología rígida y reflejar el pensamiento de Figari en todo lo que enseñaban o escribían, no habiendo cabida para un debate intelectual abierto—.

Si hubiera seguido estudios en la PUCP, probablemente habría seguido una carrera vinculada a la literatura o el periodismo. Todo eso se truncó cuando yo todavía tenía 17 años. No tuve auténtica libertad de elegir, pues ya entonces las prácticas manipulatorias habían logrado cambios en mi personalidad y me habían generado una gran dependencia hacia el Sodalicio. Mi vida giraba en torno al Sodalicio y todo lo que no estuviera vinculado con la institución revestía una importancia secundaria, comenzando por los vínculos familiares. En ese entonces creía que mi existencia sólo tenía sentido en el Sodalicio, y debía ofrendarle mi presente y mi futuro para siempre. Por fortuna y gracia de Dios, pude escapar muchos años después de esta situación.

De poco me sirvió el Master of Business Administration que terminé en la Escuela de Administración para Graduados (ESAN) en el año 2000 —en materias que no correspondían realmente a mis intereses y habilidades—, o la Maestría en Traducción de las Lenguas Española y Alemana que hice de 2011 a 2012 bajo la modalidad a distancia con el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD) y la Universidad de Córdoba (España). Ya era demasiado mayor como para poder insertarme con éxito en el mercado laboral. No he tenido otra alternativa que hacer el año pasado, durante cinco meses, una capacitación para dedicarme al cuidado de ancianos. Afortunadamente, fue pagada por la Oficina de Trabajo. Y así seguimos, como diría Víctor Heredia, sobreviviendo, sobreviviendo…

LA CACA DEL CARDENAL CIPRIANI

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El sábado 7 de enero en su radioprograma “Diálogo de Fe” el cardenal Cipriani caricaturizó la posición de quienes defienden la igualdad —social, cultural, económica, etc.— de géneros y se refirió a este tema con las siguientes palabras: «Si salimos de este gran engaño, de que todo se puede hacer —no cohíbas a nadie, déjalos tranquilos—, bueno, si el niño puede en lugar de comer un poco de carne, comer caca, déjalo pues».

Sería bueno hacer un breve recuento de algunas veces en que el cardenal nos ha querido alimentar con caca en vez de darnos un alimento sustancioso para el intelecto y el corazón.

– Cuando en 2013 se refirió al obispo Gabino Miranda, acusado de pedofilia, diciendo: «No hagamos leña del árbol caído».

– Tras un silencio de una semana una vez conocidos los abusos del Sodalicio, cuando dijo: «¡Jamás y por ningún motivo la Iglesia puede permitir que se ofenda a Dios por personas que deben dar ejemplo de Dios!» Ninguna alusión a las víctimas, con las cuales nunca ha querido hablar. Es el mal ejemplo lo que parecía molestarle.

– Cuando criticó un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana sobre la pena de muerte, poco tiempo después de que la candidata Keiko Fujimori propusiera la pena de muerte para violadores de niños.

– Cuando le echó la culpa a las niñas de salir embarazadas y abortar: «Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas, sino porque muchas veces la mujer se pone como en un escaparate, provocando».

Son sólo algunas perlas del amplio repertorio fecal del cardenal Cipriani.

(Columna publicada en Exitosa el 14 de enero de 2017)