LA IMAGEN AUSENTE DEL GENOCIDIO

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Fotograma de “L’image manquante” (Rithy Panh, 2013)

Rithy Panh nació el 18 de abril de 1964 en Phnom Penh, capital de Camboya. Cuando en 1975 las fuerzas revolucionarias del Khmer Rouge tomaron la ciudad —y junto con ella el poder en todo el país—, su familia y cientos de miles de residentes fueron obligados a trasladarse a una zona rural para dedicarse exclusivamente a actividades manuales y agrarias en campos de trabajo forzado. Rithy vio morir a sus padres, hermanos y parientes cercanos por agotamiento debido al exceso de trabajo o desnutrición. En 1979 logró escapar a Tailandia, donde vivió durante un tiempo en un campo de refugiados en Mairut, hasta que encontró la oportunidad de trasladarse a París (Francia).

Cuando estaba aprendiendo el oficio de carpintero, alguien le pasó una cámara de video durante una fiesta, lo cual despertó en él el interés por dedicarse a la cinematografía. Después de graduarse en el Institut des hautes études cinématographiques (Instituto de Altos Estudios Cinematográficos), regresó a Camboya en 1990, aunque sin dejar de tener un domicilio base en París.

Desde entonces ha rodado varios documentales sobre las consecuencias del genocidio en la Camboya democrática y sus problemáticas sociales contemporáneas. Sin embargo, cuando quiso realizar un film sobre los horrores vividos por la población —particularmente por su desaparecida familia— bajo la dictadura de Pol Pot (1975-1979), fue vana su búsqueda de imágenes de las víctimas en los campos de trabajo forzado. Todos los testimonios gráficos de los horrores vividos habían desparecido o nunca existieron.

No obstante, los hechos estaban grabados en la memoria. Y es partir de ella que el cineasta decide reconstruir las imágenes ausentes del genocidio, en un documental donde intercala material de archivo con reconstrucciones a partir de figuras de arcilla que retratan los sufrimientos de las víctimas, acompañadas de una voz en off que describe lo que el espectador está viendo y lo sitúa en contexto. El resultado fue la cinta La imagen ausente (L’image manquante) de 2013, exhibida ese mismo año en el Festival de Cannes en la sección Un certain regard (Una cierta mirada), donde resultó ganadora.

El mismo cineasta ha explicado con sus propias palabras la gestación de esta película:

«Desde hace años, busco una imagen: una fotografía tomada entre 1975 y 1979 en Camboya por los Jemeres Rojos. Una sola imagen no sirve como prueba de un genocidio, pero invita a la reflexión, permite reconstruir la historia. La he buscado en vano en los archivos y por todas partes. Ahora he llegado a la conclusión de que esa imagen debe faltar. Lo que ahora propongo no es una imagen, o la búsqueda de una imagen, sino más bien la imagen de una búsqueda: la búsqueda que permite el cine. Ciertas imágenes deben seguir faltando por siempre, y deben ser reemplazadas por otras: en este movimiento esta la vida, el combate, la pena y la belleza, la tristeza y los rostros perdidos, la comprensión de lo que fue, a veces la nobleza e incluso la valentía, pero nunca el olvido».

Estas mismas palabras podrían aplicarse a la labor de los artesanos de Sarhua, los cuales a falta de imágenes sobre los horrores vividos en la época del terrorismo, decidieron ellos mismos crearlas artísticamente para mantener vivo el recuerdo de lo sufrido y así poder procesar el trauma de la violencia y la muerte que descendieron sobre su comunidad pero que fueron finalmente derrotadas, transmitiendo así su conciencia colectiva de los años del terrorismo a las siguientes generaciones y dejándoles un mensaje de esperanza a la vez que una tarea a realizar: la construcción de un Perú reconciliado que no olvida ni su historia ni a sus pobladores andinos originarios.

Las protestas de grupos ligados a los sectores conservadores ante la adquisición de las Tablas de Sarhua por el Museo de Arte de Lima sólo evidencian las divisiones que siguen existiendo en el país, donde hay quienes pretenden que la historia de los años de la violencia sea relatada sólo por quienes manejan los hilos del poder y defienden intereses corruptos, antes que por quienes vivieron en carne propia los horrores de la violencia terrorista. Aquellos que también fueron víctimas del olvido y la violencia proveniente de un Estado ausente.

(Columna publicada en Altavoz el 29 de enero de 2018)

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LA OBEDIENCIA TRAMPOSA DEL SODALICIO A LA IGLESIA

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Mons. Joseph William Tobin entrevistado en una comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana (agosto de 2016)

En su comunicado del 10 de enero, el Sodalicio informa haber recibido «la noticia del nombramiento que la Santa Sede ha hecho de Mons. Noel Antonio Londoño Buitrago, C.Ss.R., Obispo de Jericó en el departamento de Antioquia (Colombia), como Comisario Apostólico de nuestra Sociedad».

Sin manifestar ninguna contrariedad y sin hacer alusión a los problemas que habrían motivado la intervención, el comunicado dice: «Como hemos hecho hasta ahora con el Cardenal Joseph Tobin desde su nombramiento como Delegado para el Sodalicio en mayo de 2016, colaboraremos en todo con Mons. Londoño para que pueda ejercer sus funciones según lo dispuesto por la Santa Sede».

Finalmente concluye: «Reafirmamos una vez más nuestra absoluta obediencia al Santo Padre y a la Santa Madre Iglesia».

Cabe preguntarse cómo colaboraron con Tobin. ¿Acaso le contaron toda la historia de la institución, desde la época en que era bien marcada la influencia del fascismo español? ¿Le mostraron las Memorias, opúsculos anuales escritos por Figari entre 1976 y 1986, de lectura y estudio obligatorios para los sodálites hasta que se decidió requisar —sin explicar el motivo— todos los ejemplares e incluso ocultar su existencia a la Santa Sede durante el proceso de aprobación del Sodalicio? ¿Le permitieron asistir a alguna reunión grupal donde se obligara a los participantes a revelar sus intimidades privadas para finalmente “sacarles la mierda” por ser infieles al Señor Jesús? ¿Le hicieron escuchar las palabras soeces con que se humilla a los sodálites en la vida cotidiana?

Tobin parece tener la impresión de haber conocido bien al Sodalicio, como declaró en una entrevista publicada el 4 de agosto de 2016: «He llegado a conocer desde cerca la realidad del Sodalitium en sus obras apostólicas, colegios, trabajo social. He pasado tres días completos con el Consejo Superior y también visité la Casa de Formación. Luego tuve una cantidad de entrevistas con sodálites y ex sodálites». Al final, su evaluación es positiva: «Por una parte los problemas y los desafíos son graves. Yo creo que por otra parte hay voluntad de parte del Consejo Superior de enfrentarlos con sinceridad. Espero que esta actitud siga y venga compartida por los demás sodálites».

Alessandro Moroni, quien según el P. Jean Pierre Teullet desestimó las denuncias contra Figari en el año 2013 y posteriormente negó la gravedad de los abusos sufridos por varias víctimas de abusos psicológicos, integraba como Superior General ese Consejo Superior. También formaba parte de él como Vicario General José Ambrozic, miembro de la primera generación del Sodalicio y testigo de innumerables abusos cometidos dentro de la institución, el cual no ha tenido hasta ahora la valentía de reconocer públicamente la gravedad de los hechos que él presenció. Javier Rodríguez Canales, entonces Asistente de Apostolado, por lo menos ha tenido el decoro de renunciar al Sodalicio. Carlos Neuenschwander, Asistente General de Temporalidades —es decir, de la administración económica del Sodalicio— se habría encargado de que se pagara lo mínimo posible en reparaciones a las víctimas que el Sodalicio selectivamente reconoció.

Así como el Sodalicio habría escenificado ante Tobin su mascarada de una comunidad de gente feliz y contenta —como siempre lo hizo cada vez que venían visitantes importantes—, evidentemente obviando mostrar en todos sus detalles cómo se trata a sus miembros en el día a día, también es probable que haga lo mismo con Mons. Londoño, el comisario de la Santa Sede. Su colaboración con éste consistiría en influenciarlo en lo posible, para que se lleve una buena impresión de las comunidades sodálites. En lo que respecta a estas representaciones escénicas, los sodálites son expertos y fieles discípulos de Figari.

Por otra parte, la obediencia sodálite a la Iglesia implica renunciar a obedecer la propia conciencia. Sólo así se entiende que el Sodalicio haya aceptado sin observaciones ni reparos la inmoral decisión tomada por el Vaticano respecto a Figari.

Además, el Sodalicio —con su proverbial falta de transparencia— siempre ha buscado controlar la información que le llega al Papa, ocultando los aspectos incómodos de su régimen de gobierno, su disciplina y su historia, a fin de que el Sumo Pontífice termine ordenándoles lo que ellos ya han previsto. Sólo espero esta vez que con la intervención vaticana se dé definitivamente un GAME OVER.

(Columna publicada en Altavoz el 22 de enero de 2018)

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FUENTES

Página web oficial del Sodalicio de Vida Cristiana
Entrevista a Mons Joseph William Tobin, delegado vaticano para el caso Sodalicio (04 Ago 2016)
http://sodalicio.org/noticias/entrevista-a-mons-joseph-william-tobin-delegado-vaticano-para-el-caso-sodalicio/
Comunicado sobre nombramiento de Comisario Apostólico para el Sodalicio (10 Ene 2018)
http://sodalicio.org/comunicados/comunicado-sobre-nombramiento-de-comisario-apostolico-para-el-sodalicio/

EL SODALICIO INTERVENIDO

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Cuando el 10 de enero la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que el Sodalicio había sido intervenido y que se había nombrado un Comisario con autoridad para gestionar el gobierno, el régimen interno y las cuestiones económicas del instituto, leí con escepticismo los comentarios en la prensa y en las redes sociales que decían que por fin el Vaticano estaba tomando cartas en el asunto de los abusos sexuales cometidos por Figari y otros sodálites, y que por fin se iba a atender a las víctimas.

Nada más lejos de la realidad. Salvo ocasionales atisbos, la Iglesia católica todavía no ha asumido satisfactoriamente la perspectiva de las víctimas ni en su legislación ni en su pastoral, y lo que más le ha preocupado cuando han habido casos de abusos sexuales es el escándalo generado antes que el daño ocasionado a los afectados. De ahí sus intentos por acallar la publicidad de los hechos, darle carácter reservado a la información al respecto y sacar momentáneamente de circulación a los perpetradores, buscando de alguna manera rehabilitarlos tras “haber caído en pecado”.

Pero acoger y atender a las víctimas, como lo hacía Jesús con los sufrientes y desvalidos, no está entre sus prioridades, por lo menos institucionalmente. Como se constata en la visita del Papa a Chile y Perú, donde no se ha incluido en el programa ningún encuentro entre Francisco y las víctimas de abusos sexuales, psicológicos y físicos por parte del clero, religiosos y laicos consagrados.

La intervención del Sodalicio no se debe a los abusos sexuales cometidos por Figari. Para la Santa Sede ésos son «hechos y comportamientos que, aunque objetivamente graves, han ocurrido sobre todo en un pasado muy remoto», además de que «»no se encuentra prueba cierta de ulteriores actos contra el VI mandamiento, cometidos sucesivamente o en precedencia a los referidos» (Carta del Vaticano a Alessandro Moroni, 30 de enero de 2017). Y, al parecer, los dos informes sobre abusos sexuales elaborados por tres expertos internacionales, dados a conocer por el Sodalicio en febrero de 2017, dejaron satisfecha a la Santa Sede, la cual no habló más sobre el asunto. Sin embargo, un número considerable de víctimas quedaron insatisfechas por el trato recibido de parte de los representantes del Sodalicio, que ofrecieron reparaciones exiguas en comparación con los daños personales sufridos o simplemente negaron que haya habido abusos.

Como ocurrió en mi caso, donde se me negó la condición de víctima, no obstante haber testimoniado graves abusos psicológicos y físicos cometidos sistemáticamente en perjuicio mío. Mi testimonio no sólo fue enviado a los representantes del Sodalicio, sino también por partida doble al Vaticano —una vez personalmente y la otra por la diócesis de Espira (Speyer)—, sin que haya recibido hasta ahora ninguna respuesta.

Es la situación actual del Sodalicio la que motiva la intervención vaticana, es decir, el modo en que se maneja el régimen interno y la formación, y la gestión económica-financiera, que no es que vaya mal, sino que parece tener fuentes no sólo de dudosa moralidad sino también de legitimidad cuestionable.

Evidentemente, cualquier intervención en régimen de comisariato de la Santa Sede tiene la intención de “sanear” la institución. ¿Pero puede acaso sanearse una entidad que funcionó desde sus inicios como una secta destructiva, controlando draconianamente el pensamiento y lenguaje de sus miembros, su comportamiento durante las veinticuatro horas del día, sus emociones a través del mecanismo de la culpa, así como la información que les era permitido recibir? Porque siguen habiendo evidencias de que la formación impartida sigue el mismo patrón de siempre, restringiendo considerablemente la libertad interior de los sodálites.

Pero además de los informes recientes que habrían llegado a la Santa Sede —y que aún desconocemos—, lo que más parece preocuparle al Vaticano es la posibilidad de una sentencia condenatoria contra aquél a quien llaman «el fundador del Sodalitium Christianae Vitae y por lo tanto […] mediador de un carisma de origen divino» (Carta del 30 de enero de 2017).

Sospechamos que harán todo lo posible para que Figari no vaya a la cárcel, buscando evitar así empañar aún más la imagen de Iglesia santa que quieren mantener a toda costa, sin importarles pisotear a las víctimas.

(Columna publicada en Altavoz el 15 de enero de 2018)

LA IGLESIA QUE ESPERA AL PAPA FRANCISCO EN EL PERÚ

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Manfred Lehmann como Padre Julio en “Commando Leopard” (Antonio Margheriti, 1985)

La primera semana del año una bronquitis aguda me obligó a guardar cama. Tuve así tiempo para revisar unas películas de mercenarios de bajo presupuesto, realizadas en la década de los ‘80 en régimen de co-producción ítalo-germano. Aunque parezca increíble, en estos filmes de serie B sin mayores pretensiones siempre se encuentran escenas memorables que quedan impresas en la memoria.

Lo que más me llamó la atención es que en tres de los cinco filmes que pude visionar aparece la figura de un sacerdote católico.

En Comando Patos Salvajes (1984), de Antonio Margheriti, un anciano sacerdote en la selva del sudeste asiático acoge en su misión a todas las víctimas del tráfico de drogas imperante en la zona y no tiene ningún reparo en darles cobijo a los mercenarios enviados para destruir algunos depósitos de estupefacientes. Posteriormente, tropas del gobierno destruirán a sangre y fuego la misión y clavarán al clérigo a la cruz de su iglesia.

En Comando Leopardo (1985), también de Margheriti, Manfred Lehmann da vida al Padre Julio, un sacerdote que acoge a pobres y desposeídos en un país latinoamericano ficticio, dominado por una dictadura militar. Cuando llegan los guerrilleros armados, comandados por Carrasco “El Leopardo” (Lewis Collins), el cura les da acogida e incluso les presta ayuda para volar una refinería, lo cual posteriormente llevará a que sea asesinado a sangre fría por el General Silveira (Klaus Kinski) cuando inintencionadamente mata a un soldado con lanzallamas que iba a prenderle fuego a la iglesia con su feligresía adentro.

En Operación Nam (1986), de Fabrizio de Angelis, Donald Pleasance interpreta al Padre Lenoir, un sacerdote francés que trabaja en la selva vietnamita y que les proporciona armas a los cuatro amigos que han decidido ir a rescatar a prisioneros de guerra americanos, cuya existencia el mismo gobierno estadounidense niega y que viven en condiciones lamentables, siendo continuamente objeto de tortura y maltratos.

La imagen del sacerdote que transmitía cierto cine popular en la década de los ‘80 era la de un hombre comprometido con los desvalidos y marginales, y que era capaz de asumir riesgos en defensa de sus derechos humanos, poniendo en juego incluso su propia vida si ello era necesario.

Ello es reflejo de la conciencia que había tomado la Iglesia de sí misma bajo el pontificado de Juan XXIII y durante las sesiones del Concilio Vaticano II, que concluyó: «La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos» (Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual, 41).

Ha pasado el tiempo y mientras los sectores conservadores se han ido fortaleciendo en la Iglesia, ésta ha predicado cada vez con mucho menor frecuencia la defensa de los derechos humanos —si es que nos lo ha tachado de “cojudez”— y se ha convertido ella misma en un problema en este aspecto. Los numerosos casos de abusos sexuales por parte del clero y de personal laico de la Iglesia atentan gravemente contra el derecho a la integridad corporal y psíquica de miles de personas vulnerables. El encubrimiento sistemático y la laxitud para juzgar los abusos físicos, psicológicos y sexuales en instituciones de la Iglesia católica atentan gravemente contra el derecho a la justicia de los afectados. Y no hablemos de las frecuentes violaciones a los derechos laborales en que incurren organizaciones católicas amparándose en privilegios obtenidos mediante pactos dudosos.

La Iglesia que espera al Papa Francisco en el Perú es una Iglesia que no ha acompañado a los familiares de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que ha estado ausente en las luchas de las mujeres esterilizadas forzosamente por el gobierno de Fujimori, que ha renunciado a tener una pastoral de acercamiento a las personas homosexuales, que ha dejado abandonadas a las víctimas de abusos no solamente del Sodalicio sino de otras instituciones católicas, que ha callado en todos los colores del arco iris ante el inmoral indulto de un criminal como Fujimori.

Es una Iglesia que le sonríe a los dueños del poder, mientras defeca sobre aquellos a los cuales está en obligación de defender.

(Columna publicada en Altavoz el 8 de enero de 2018)

INDULTANDO A HITLER

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En la hipótesis contrafáctica de que Adolf Hitler hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido condenado por sus crímenes a cadena perpetua y tuviera la misma edad que Alberto Fujimori, eso nos ubicaría en el año 1968, cuando Kurt Georg Kiesinger —antiguo miembro del partido nazi— era canciller de Alemania, el cual, finalizada la guerra, fue categorizado como “simpatizante” del nazismo, y si bien pasó 18 meses en campos de prisioneros, al final superó exitosamente el proceso de “desnazificación”, por lo menos en lo formal, y se enroló en la Unión Demócrata Cristiana (CDU), partido conservador fundado por Konrad Adenauer.

El año ‘68 fue también el de las protestas estudiantiles, sobre todo de jóvenes idealistas de izquierda que abominaban de la indolencia que tenían muchos miembros de la generación de sus padres hacia los crímenes del nazismo.

El 7 de noviembre de 1968, la activista Beate Klarsfeld —esposa de un francés de ascendencia judía-—lo abofeteó públicamente en el transcurso de una Convención de la CDU, gritándole: «¡Kiesinger! ¡Nazi! ¡Renuncia!» Klarsfeld fue condenada a un año de prisión, pero la pena nunca se aplicó, porque la apelación interpuesta implicaba sacar los trapitos sucios de Kiesinger al aire. El proceso fue aplazado indefinidamente, y Kiesinger nunca hizo aclaraciones ni habló públicamente sobre este incidente en todo el resto de su vida.

En 1968 el tema del régimen nazi era tabú en Alemania y ni siquiera se abordaba en las clases de historia. Pero, a pesar del tiempo transcurrido, Hitler seguía teniendo muchos admiradores en secreto, incluso entre algunos jóvenes, admiración que se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Razones? Hitler estabilizó la economía deteriorada de un país que venía de una democracia inestable, donde los partidos tradicionales habían perdido credibilidad y apoyo. Cuando en 1930 el partido nazi se convirtió en la segunda fuerza política en el Parlamento, no sólo comenzaron a financiarlo varios empresarios, sino también la aseguradora Allianz, el Deutsche Bank y el Dresdner Bank.

Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933, siguiendo procedimientos constitucionales en un régimen democrático, pero una vez en el poder buscó la manera de controlar los poderes legislativo y judicial desde el ejecutivo. El incendio del Reichstag, ocurrido el 27 de febrero, le permitió a Hitler obtener del presidente Hindenburg un decreto de urgencia, «mediante el cual podía abolir la libertad de prensa, el derecho a la libre expresión, el derecho a la privacidad de las comunicaciones y el respeto a la propiedad privada» (Wikipedia).

Sin haber obtenido aún una mayoría parlamentaria en las subsiguientes elecciones del 5 de abril, en aplicación del decreto de urgencia removió a los 81 diputados comunistas de sus curules y la cantidad necesaria de socialdemócratas para obtener mayoría y votar una ley habilitante que transfería las funciones del Reichstag al canciller por cuatro años. Luego vendría la designación de jueces favorables al gobierno.

Durante la dictadura hitleriana se beneficiaron grandes empresas alemanas que todavía existen (BMW, VW, Audi, Bayer, BASF, Hugo Boss, Deutsche Bank, Degussa, etc.), algunas de ellas sobre todo por la mano de obra barata suministrada por los campos de concentración.

En conclusión, se puede estabilizar la economía a la vez que se socava la democracia y se violan derechos humanos fundamentales. Y eso es algo que repitió Fujimori en otro contexto, promoviendo el capitalismo salvaje que postula el neoliberalismo —con la aquiescencia de la mayoría de empresarios peruanos—, flexibilizando los estándares de protección ambiental y dejando sin protección a los trabajadores mediante el recorte de derechos adquiridos y generando un aumento de la desigualdad social, uno de los principales enemigos del desarrollo.

Que se puede generar riqueza de otro modo, sin afectar el bienestar social, lo demuestran los países nórdicos de Europa, donde existe una economía social de mercado.

Ni Hitler ni Fujimori mataron a nadie con sus propias manos, pero ambos fueron —en diferente medida— autores mediatos de crímenes inexcusables. Y de prácticas eugenésicas atroces —en el caso de Hitler con los judíos, en el de Fujimori con las esterilizaciones masivas de mujeres autóctonas—. ¿Es lícito olvidar esos delitos en aras del bienestar producido? De ninguna manera. Indultar a Fujimori es como que Kiesinger hubiera indultado a Hitler.

(Columna publicada en Altavoz el 2 de enero de 2018)