LAS PÚTRIDAS MANOS LIMPIAS DEL SODALICIO

Desde octubre de 2015, cuando se destaparon casos de abusos mediante el libro Mitad monjes, mitad soldados, el Sodalicio nunca ha admitido ninguna responsabilidad institucional en las fechorías cometidas. Las declaraciones públicas de algunos de sus representantes pidiendo perdón se han limitado a disculpas por los abusos cometidos por algunos sodálites, que supuestamente habrían cometido actos incompatibles con los fines y el espíritu de la institución. Porque — repitiendo el esquema que se ha solido aplicar en toda la Iglesia católica ante la proliferación de casos de abusos— la institución siempre se ha considerado a sí misma como impecable y santa, y sólo algunos de sus miembros —cual “manzanas podridas”— habrían cometido actos repudiables, atribuibles a que “también son humanos” y designados generalmente no como delitos sino como errores, faltas, deslices o simplemente pecados debidos a la fragilidad de la carne.

A fin de sellar y certificar esta impecabilidad institucional, el Sodalicio convocó a una comisión de tres expertos internacionales (Ian Elliott, Kathleen McChesney y Monica Applewhite) supuestamente para investigar los abusos y resarcir a las víctimas, pero que en realidad sólo sirvió para lavarle las manos a un sistema enfermo que muestra señales de putrefacción en su organismo.

Eso se hace evidente en la carta de Alessandro Moroni, entonces Superior General del Sodalicio, del 14 de febrero de 2017, que sirve de presentación a los informes de los expertos del 10 de febrero del mismo año.

Cuando habla de la «investigación completa de las acusaciones contra miembros o exmiembros del Sodalicio llevada a cabo por un equipo de expertos internacionales», resalta que «se trata de hechos en su mayoría ocurridos en un pasado distante», lo cual «hace difícil poder sustentarlos con una evidencia probatoria irrefutable y señalar concluyentemente la responsabilidad penal de los agresores», aunque «la consistencia de los testimonios recibidos y el rigor metodológico de los investigadores nos permiten reconocer frente a las víctimas la verosimilitud de sus testimonios».

Moroni se atreve a decir que «el último presunto acto de abuso de un menor de edad por un sodálite ocurrió […] en el año 2000», aunque poco antes ha señalado que «en 2007, un sodálite [Daniel Murguía] fue arrestado por el abuso sexual de un menor, y fue inmediatamente expulsado del Sodalicio». ¿Por qué no incluye este caso en su estadística? ¿Porque fue absuelto por el Poder Judicial debido a un tecnicismo judicial? ¿O simplemente porque ya no es sodálite? Los hechos que se le atribuyen son verosímiles y aparecen como comprobados en la misma sentencia absolutoria: llevar a un niño de la calle, un menor de 11 años, a un cuarto de hotel, hacer que se desnude y tomarle fotografías. Esto ya constituye un abuso sexual, aunque la ley no lo tipifique. Lo que adicionalmente habría ocurrido y que no se llegó a aclarar sólo lo saben el menor y el mismo Murguía.

De manera estratégica, Moroni soslaya el tema de los abusos psicológicos y físicos que habrían sufrido personas mayores de edad en la institución, las cuales se hallaban en situación vulnerable debido al control mental que se habría ejercido sobre ellas gracias a un régimen disciplinario característico de las sectas y el ejercicio de una obediencia absoluta que restringía su libertad personal y su capacidad de decisión. Y aunque abusos sexuales en perjuicio de adultos también los hubo en el Sodalicio, Moroni sólo considera los abusos contra menores de edad para poner una fecha límite, con una certeza de visos cuasi-proféticos.

Si bien admite que «los expertos identificaron ciertos elementos dentro de la cultura del Sodalicio que, de alguna manera, permitieron que estos reprobables hechos hayan podido ocurrir», a la vez señala que en la última década ha habido mejoras significativas.

En resumen, los abusos en el Sodalicio pertenecerían a un pasado ya remoto; la responsabilidad respecto a ellos recaería únicamente sobre unos cuantos sodálites y exsodálites que habrían cometido estas acciones. Las razones para dar a conocer el informe, según Moroni, serían «para poder reparar adecuadamente a las personas que han sufrido a causa de lo que aquí se relata, para que hechos como esos no se repitan y para hacer justicia a los sodálites y miembros de nuestra familia espiritual que son personas de bien, íntegras y comprometidas con el anuncio del Evangelio y el servicio a los demás».

En fin, la perfecta lavada de manos para una institución que tendría unos cuantos miembros sucios pero mantendría el cuerpo limpio e impecable. Y donde ya se habrían tomado todas las medidas a través de «un programa permanente para contribuir a la sanación y reconciliación de las personas que han sido víctimas de cualquier abuso o maltrato relacionado con nuestra comunidad y trabajar para que nunca vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza».

Todo muy bonito, a no ser por que ese “programa permanente” prácticamente no existe. Con el informe de los expertos internacionales el Sodalicio habría considerado cerrado y concluido el proceso de reparación de las víctimas, sin evaluar la posibilidad de que haya muchas más de las que la institución ha reconocido oficialmente. Además, el proceso no parece haber sido tan limpio y justo como pretende Moroni.

El informe preliminar (julio de 2019) de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, del Congreso de la República del Perú, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde, recoge algunos testimonios sobre el proceso de reparación encargado por el Sodalicio, que estuvo a cargo del irlandés Ian Elliott.

Félix Neyra, por ejemplo —de cuya herencia materna se apropió el Sodalicio—, declaró que Elliott

«me citó para una segunda reunión. Me dijo que era una víctima del Sodalicio. Me garantizó que podían devolverme lo de mi herencia. Eran veinte mil dólares. […] Demoraron como 2 meses y nunca llegó el abono. Hubo correos con idas y vueltas con Ian y [José] Ambrozic. […] Después de estos dos meses me llamó Carlos [Neuenschwander], que era el encargado de la plata. Me citó a una reunión. También citó a Elliott. Me comunicó con ellos por Skype y me dice [Carlos] que han evaluado mi caso y que han llegado a la conclusión que no soy víctima en ningún aspecto. No hay pruebas de ese dinero ni voucher de depósitos. No me van a reparar con nada».

Algunos de las víctimas que quisieron negociar con Elliott el monto de su reparación se toparon con la barrera del idioma, pues Elliott se comunicaba en inglés y no manejaba la lengua castellana. El testimoniante “Arturo” cuenta:

«Yo pedí traductora la segunda vez que hablé con él, y la traductora nunca llegó. Tuve que traer a mi hermana para poder conversar. […] Me dio un monto y me dijo que no era negociable, pero que si quieres puedes ir por la vía judicial, aunque no me iban a dar mucho».

Del carácter no negociable de la reparación ofrecida por el Sodalicio también da cuenta “Mario”:

«Ian [Elliott] te escuchaba y luego el Sodalicio te hacía una oferta de “tómala o déjala”».

A “Mario” se le ofreció sólo el 12% de lo que en justicia pedía y le correspondía, por lo cual concluye que el proceso fue una «burla absoluta hacia las víctimas, porque te hacen ir a contarle tu vida privada a un desconocido con la esperanza de cerrar un capítulo de tu vida y no les interesa lo que tienes por decir».

Martín Balbuena, víctima de abusos no sexuales, describe un trato parecido:

«Ian [Elliott] me trató muy mal. Fue muy mala experiencia. Me hizo ir dos veces, me prometió muchas cosas que nunca me las dio. Me manipuló».

“Santiago”, por su lado, declaró:

«También estuve en la comisión Elliott. No hubo negociación, no estuve satisfecho. Ha sido una maldad lo que han hecho. La segunda comisión no le hace caso a las recomendaciones de la primera, contratan a unos gringos religiosos. Me entrevistó Elliott. Él considero que mi historia era creíble y me indemnizó. No puedo decir el monto. No me sirve ni para pagar buenas terapias. Me pareció autoritaria e insuficiente. Me dijeron: “tenemos esto, si quieres lo recibes, sino está ahí guardado para ti, cuando quieras vuelves”».

El testimoniante “Silvio” explica el motivo por el cual acepta una reparación que no le parece justa:

«Yo acepto esa reparación cuando llego a entender que no va a haber justicia, y que lo que debo hacer, además siendo manipulado por Elliott, es de que es mejor algo que nada. Eso, además, me lo escribe el mismo Elliott en un e-mail que me manda en este proceso, donde yo intento negociar, pero no hay ninguna negociación en el fondo».

El testimoniante “Sergio” tampoco estuvo satisfecho con la reparación ofrecida:

«Me dijeron que me pagarían unas terapias. Yo hasta ahora le pido al psicólogo que me dé el informe y no me lo ha dado. Fue un chiste. Yo creo que ellos revisaron mi sistema financiero. Yo tenía deudas. Eran bastante agresivos. Yo llegué a la Notaría Rivera creo, firmé y me dieron el cheque».

Rocío Figueroa, víctima de abusos sexuales por parte de Germán Doig, también recibió una reparación. Su papel clave en el develamiento de los abusos sexuales en el Sodalicio fue convenientemente omitido en los informes de los expertos internacionales. Al respecto, comentó lo siguiente:

«También hablé en la segunda comisión, pero se portaron pésimo, no pusieron mi historia, pusieron que ellos hicieron todo. Me dijeron: “Debes estar molesta”. Les dije que sí, que los habían comprado. No esperaba mucho, recibí una reparación. Me ofrecieron una porquería y me dieron el doble. A mí me tienen miedo. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, pero me importa un pepino. Nadie te puede callar».

“Rodrigo”, uno de los pocos que se manifestó relativamente satisfecho con la reparación que recibió, manifiesta sin embargo lo siguiente:

«A mí me indemnizaron, me pagaron los años de terapia que yo había usado, me lo reconocieron y me pagaron un año de psicoanálisis. Pero a mí me trataron como rey, comparado a otros que han sufrido muchísimo más y han sido muchísimo más abusados».

Cabe resaltar que una condición para conceder una reparación era la firma de un acuerdo de confidencialidad, por el cual la víctima debía comprometerse «a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre las conversaciones y negociaciones sostenidas para arribar a esta transacción, sobre el contenido del presente acuerdo, incluyendo los montos indemnizatorios comprendidos (asistencia e indemnización), los hechos que lo motivan y las personas involucradas en ellos» (texto tomado de de uno de esos acuerdos de confidencialidad), además de renunciar a cualquier demanda futura y a reclamar ningún monto adicional.

José Enrique Escardó, el primer denunciante del Sodalicio en el año 2000, comentó al respecto ante la Comisión De Belaúnde:

«[…] muy orondamente salieron una vez a decir que creo que habían utilizado dos millones de dólares, ¿no? Para reparación, dijeron ellos. En realidad no lo han utilizado para reparación; lo han utilizado para silenciar víctimas con manipulaciones, con mentiras, con falsas promesas. Han hecho firmar a varias víctimas —en condiciones muy vulnerables, en depresión, con situaciones económicas muy lamentables, muy tristes— acuerdos extrajudiciales en los cuales han exigido el silencio de la persona y han pagado dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares por ese silencio de toda la vida, y para que no les vuelvan a pedir nunca nada, ni un centavo».

Lo que finalmente hizo el Sodalicio es conceder a las víctimas que les dio la gana de reconocer —entre las cuales no me incluyeron a mí— una compra mafiosa de su silencio, a fin de limpiar su imagen institucional. De este modo, se ha lavado las manos utilizando las estrategias de una nada santa organización criminal, de un organismo pútrido hasta la médula.

(Columna publicada en Sudaca el 19 de febrero de 2022)

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Una explicación más detallada de las cláusulas de confidencialidad en los acuerdos extrajudiciales de reparación de las víctimas del Sodalicio se puede leer en:

• SODALICIO: LA FARSA DE LAS REPARACIONES

MITO Y FRACASO DE BENEDICTO XVI

El cardenal Ratzinger, quien como Papa asumió el nombre de Benedicto XVI, tiene fama entre los círculos conservadores de haber sido quien comenzó a tomar medidas severas para enfrentar el problema de la pederastia clerical. El informe sobre abusos sexuales en la arquidiócesis de Múnich-Frisinga del 20 de enero de 2021, elaborado de manera independiente por el bufete de abogados muniquense Westpfahl Spilker Wastl, echa una sombra sobre ese prestigio. Pues Ratzinger estuvo a la cabeza de esa arquidiócesis de marzo de 1977 a febrero de 1982, y el informe documenta cuatro casos en que protegió y encubrió a abusadores sexuales.

Para quienes están debidamente informados, esto no constituyó ninguna sorpresa. Pues ya en el año 2021 la teóloga Doris Reisinger —ella misma víctima de abusos en una congregación que contaba con el beneplácito de Ratzinger— y el cineasta y documentalista Christoph Röhl habían publicado un libro desmontando el mito de un Ratzinger que habría combatido de manera efectiva los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica. El libro lleva el título de Sólo la verdad salva: El abuso en la Iglesia católica y el sistema Ratzinger (Nur die Wahrheit rettet: Der Missbrauch in der katholischen Kirche und das System Ratzinger, Piper, München 2021).

Basta con conocer, a manera de ejemplo, cómo Ratzinger manejó el caso del P. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, para darse cuenta de la leyenda que se ha creado en torno a un Papa incompetente que se vio obligado a renunciar a su cargo.

Existe evidencia de que cuando Ratzinger aun era Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tomó conocimiento de las acusaciones que había contra el P. Marcial Maciel, pero se negó a abrirle un proceso canónico.

A dos de las víctimas de Maciel, José Barba y Arturo Jurado Guzmán, se les presentó el 17 de octubre de de 1998 la oportunidad de declarar en la misma Congregación de la Doctrina de la Fe, solicitando la apertura de un proceso canónico contra el P. Maciel, siendo acompañados por la abogada canonista Martha Wegan, de nacionalidad austriaca. Quien los recibió no fue Ratzinger, sino su secretario Gianfranco Girotti. El principal delito del cual se acusaba a Maciel, a diferencia de los abusos sexuales, no había prescrito: se trataba de la absolución del cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento, dado que después de abusar de sus víctimas, Maciel solía confesarlas y darles la absolución sacramental. No obstante, Ratzinger decidió archivar el caso por presiones del cardenal Angelo Sodano, protector de Maciel, según llegó a averiguar la abogada Martha Wegan.

A principios del año siguiente, Carlos Talavera, obispo de Coatzacoalcos (México), le lleva personalmente a Ratzinger una carta del P. Alberto Athié, redactada por recomendación del nuncio apostólico en México, Mons. Justo Mullor. En ella Athié relataba el caso del sacerdote legionario Juan Manuel Fernández Amenábar, quien antes de morir le confesó que había sido víctima del P. Maciel. Una de las cosas que le dijo el moribundo fue la siguiente: «te pido que en mi funeral les digas que yo he perdonado, pero que pido justicia».

El mismo Alberto Athié, en una entrevista que concedió para el libro Marcial Maciel: Historia de un criminal, de la periodista Carmen Aristegui (Penguin Random House Grupo Editorial México, 2010), cuenta lo que pasó después:

«El caso es que Talavera se va a Roma y de regreso lo busco para preguntarle cómo le había ido y si había podido entregar la carta. Le respuesta de Talavera es muy importante, tanto por el contenido de la respuesta de Ratzinger como por la actitud del mismo Talavera. Talavera es un obispo cien por ciento institucional, un hombre que además me enseñó o trató de enseñarme la obediencia como el valor más importante de un sacerdote. Me dijo dos frases que encuadran exactamente lo que vivió. La primera fue: “Alberto, me quedé helado”. Y entonces me cuenta lo que pasó: le entregó la carta y Ratzinger la leyó delante de él. A continuación viene la respuesta del cardenal: “Monseñor, lo lamento mucho pero el padre Maciel es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. No es prudente abrir el caso”. Y Talavera me dice su segunda frase: “¡Se me cayó Ratzinger!” Que él diga eso es tremendo».

Lo cierto es que el caso del P. Maciel estaría más de cinco años en stand-by, sin que Ratzinger hiciera absolutamente nada, hasta que el 2 de diciembre de 2004 José Barba y Arturo Jurado reciben una carta de la doctora Martha Wegan preguntándoles si querían continuar con el caso en contra de Maciel. Así lo cuenta José Barba en una entrevista para el libro Marcial Maciel: Historia de un criminal:

«Le respondimos que sí, que por supuesto, admirados de que nos lo preguntara. Aquí es muy importante el análisis de las fechas. Piensen en los tiempos: Maciel organiza los festejos de los 60 años de su ordenación sacerdotal, que se cumplen el 24 de noviembre de 2004. Preparan todo a la manera legionaria; es un homenaje verdaderamente faraónico en San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Pedro. La logística fue impresionante. Lo impío de Maciel en todo esto es que quiso aprovechar los últimos días de vida del Papa, ya tan en decadencia, para que le diera el último espaldarazo público; porque él calculaba que si lograba esto, después ya no habría quien moviera una piedra en su contra. Yo creo que invitaron al cardenal Ratzinger, así como invitaron a Angelo Sodano y a otros muchos que encubrieron a Maciel durante años, y que él debe haberles dicho: “No lo hagan”, porque tenía conocimiento de las denuncias, y me parece que aquella ceremonia tan fastuosa tiene que haberle parecido indignante en grado absoluto. La carta de la doctora Wegan está fechada días después. Ella nos contó posteriormente, al doctor Jurado y a mí, en su propio departamento, que el día 8 de diciembre, en el encuentro que tiene todos los años en el Cementerio Teutónico la comunidad de habla alemana en Roma, el cardenal Ratzinger —que era el invitado de honor— se le acercó a Martha Wegan y le dijo: “Esta vez, doctora, sí vamos a ir a fondo en el caso de Marcial Maciel”. Ahí fue el quiebre de Ratzinger con Maciel. De ahí vienen los visitadores y la investigación de Scicluna, que después condujo a la decisión del Vaticano de enviar a Maciel al retiro, para llevar una vida “de oración y penitencia”».

La celebración del 60° jubileo sacerdotal del P. Maciel ciertamente había sido fastuosa. 37 jóvenes legionarios recibieron la ordenación sacerdotal en la Basílica de San Pablo. El Vaticano aprobó los estatutos de la congregación. Maciel participó de la audiencia pontificia en la Plaza de San Pedro y le fue permitido dirigirse a la multitud, donde enfatizó su convicción de que la unidad con el Vicario de Cristo era unidad con Cristo mismo y que los Legionarios de Cristo ponían toda la energía de su carisma al servicio de la Iglesia. El anciano y enfermo Papa Juan Pablo II le dijo a la multitud allí reunida que la obra de Maciel estaba llena del Espíritu Santo. Maciel fue aclamado como “nuestro Padre” por unos 4000 Legionarios y miembros del Regnum Christi, que habían viajado a Roma expresamente para la ocasión.

Por ese entonces Ratzinger estaba preocupado, pues los testimonios de las víctimas en Internet se multiplicaban y él mismo era acusado de encubrir al P. Maciel, motivo por el cual encargó una investigación preliminar a Mons. Charles Scicluna, un prelado que hasta el día de hoy sería clave en la investigación de abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos.

Pero quizás lo decisivo fue un acontecimiento escandaloso ocurrido en el Irish Institute en Roma, el mismo día del jubileo sacerdotal del P. Maciel. Ahí se habían reunido unas 300 mujeres consagradas del Regnum Christi, algunos pocos varones y el secretario privado de Maciel, Rafael Moreno. Durante el evento una joven muchacha de apenas 20 años bailó la jota para Maciel. La sensualidad del baile ya era suficiente para escandalizar a las consagradas presentes. Pero cuando la joven se sentó sobre las piernas de Maciel y lo abrazó, el escándalo fue perfecto. Los presentes estaban atónitos, no obstante Maciel les hizo un señal, indicándoles que todo estaba en orden. Pero quien estaba particularmente alarmado era Rafael Moreno, pues él sabía exactamente quién era la muchacha: la llamaban Normita y era la hija carnal de Maciel. También se hallaba presente la madre de la muchacha.

Esto ya fue demasiado para Moreno, quien ya había intentado infructuosamente en el año 2003 informar al Vaticano sobre la verdadera vida del fundador de los Legionarios de Cristo. En esta ocasión sí tuvo éxito. Fue donde el cardenal Franc Rodé, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y le contó lo que sabía, presentando como pruebas varias fotografías y amenazando con ir a la prensa si no se tomaban las medidas correspondientes. El cardenal Rodé habría hablado posteriormente con Ratzinger, el cual ordenó hacer las investigaciones que devendrían en mayo de 2006, cuando Ratzinger ya se había convertido en el Papa Benedicto XVI, en la orden de que Maciel se retirara a una vida de oración y penitencia, aunque sin indicar claramente los motivos. Más aun, recién en febrero de 2009, un año después de la muerte de Maciel en enero de 2008, los Legionarios de Cristo harían público que el P. Maciel había tenido una doble vida y cometido abusos, como reacción a una nota periodística publicada el 4 de febrero de 2009 en el New York Times.

En resumen, Ratzinger se habría visto forzado por las circunstancias a tomar medidas contra el P. Maciel. No parece haber tenido conciencia del sufrimiento de las víctimas, pues ello no le motivó nunca a abrir un proceso contra uno de los mayores abusadores sexuales que ha tenido la Iglesia católica en su historia reciente. Pero el escándalo que podía afectar la imagen de la Iglesia por el hecho de que se supiera que un sacerdote prestigioso y admirado por el el Papa Juan Pablo II tenía mujer y progenie parece haber pesado más en su ánimo. Finalmente, las medidas que se tomaron fueron tibias, pues Ratzinger habría pensado siempre que en el abuso sexual clerical se trataba de casos individuales y nunca admitió hallarse ante un problema estructural y sistémico de la Iglesia católica. Nunca se le abrió un proceso canónico al P. Maciel, arguyendo su edad avanzada. De esta manera, la justicia que se pretendió dar a las víctimas fue parcial e insuficiente.

El problema de la pederastia clerical ha seguido avanzando sin solución a la vista y al final, como un boomerang, le ha regresado aparatosamente al anciano Ratzinger a través del informe de Múnich, evidenciándolo como un encubridor más.

(Columna publicada el 5 de febrero de 2022 en Sudaca)