EL CASO JEFFERY DANIELS Y LA DOCUMENTACIÓN INTERNA DEL SODALICIO

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Fernando Vidal, Alessandro Moroni y Claudio Cajina en el Congreso de la República (20 de noviembre de 2018)

«Yo me enteré de toda la información, o parte de la información, relativa a [Jeffery Daniels] cuando yo recién asumí como Superior General. No recuerdo ya exactamente si por informes que leí y que se encontraban en los archivos o por las informaciones periodísticas que comenzaron a salir desde fines del 2012 o del 2013», declaraba con voz vacilante el entonces Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni, el 20 de noviembre de 2018 ante la comisión del Congreso presidida por Alberto de Belaúnde.

Las “informaciones periodísticas” sólo pueden referirse a algunos comentarios anónimos (o con seudónimo) que fueron hechos a mi escrito SODALICIO Y SEXO publicado el 30 de enero de 2013 en mi blog Las Líneas Torcidas, o a mi escrito ¿HISTORIA DE ENCUBRIMIENTOS EN EL SODALICIO? publicado el 23 de septiembre del mismo año en el blog, donde hago una recopilación de los comentarios anteriores, pues el primer informe periodístico propiamente dicho sobre Jeffery Daniels sería una nota teniendo como fuente el testimonio de Mauro Bartra, publicada a fines de octubre de 2015 en Exitosa [ver JEFFERY DANIELS, SODÁLITE].

La memoria parece fallarle a Moroni cuando intenta precisar cómo tomó conocimiento de las fechorías de Jeffery Daniels. Cuando Alberto de Belaúnde le pregunta: «¿Cuando usted asume como Superior General recibe entre la documentación alguna información sobre el caso Daniels?», se queda callado en actitud pensativa sin saber qué contestar, y mientras le cede la palabra a Fernando Vidal, Vicario General del Sodalicio, para ganar tiempo, consulta con su abogado Claudio Cajina, sentado a su costado.

Vidal comenta que no recuerda si se enteraron del tema «porque alguien nos comentó o porque salió alguna nota», pero viendo que era un tema que había que aclarar, «comenzamos a buscar archivos y había muy poca información».

De repente, Moroni recuerda repentinamente que «se empezó a hacer un trabajo de recopilación, porque no existía documentación escrita», comunicándose con una que otra persona de esa época para que le contara lo que sabían. «Había información poca, parcial, supuestos (sic)», añade después, contradiciéndose con lo que acaba de decir. Y cuando Alberto de Belaúnde le pide que precise de qué tipo de documentación se trataba, Moroni enumera una evaluación psiquiátrica, una evaluación psicológica, documentos con indicaciones de trabajos espirituales y lecturas que se le pidió a Daniels que hiciera durante su reclusión en San Bartolo, e-mails intercambiados entre Daniels y Germán McKenzie (entonces Superior Regional del Perú), informes de testimonios iniciales que databan de diciembre de 1997 o enero de 1998, el informe de un careo con Daniel donde éste admite haber cometido abusos con tres menores.

Las contradicciones en las que caen Moroni y Vidal son evidentes. Lo cierto es que Moroni no admitió públicamente los delitos de Daniels sino hasta después de la publicación de Mitad monjes, mitad soldados, en una entrevista concedida a El Comercio el 26 de octubre de 2015.

El manejo descrito de la documentación interna va en la línea de lo que señalaba la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación:

«Para el ingreso y permanencia de los miembros de la institución, no se estableció un manual, directivas, lineamientos o documentos similares que permitieran saber a quienes se interesaban en ingresar a la misma, qué prácticas iban a realizar, los horarios, exigencias y demás condiciones de vida en comunidad. Tampoco existían lineamientos a seguir por quienes tenían a su cargo la formación de los nuevos miembros de la institución.

Dada la inexistencia de dichos lineamientos, las condiciones al interior de la institución solo fueron conocidas por quiénes las vivieron o ejercieron, no pudiendo ser verificadas o contrastadas a la fecha con alguna documentación objetiva».

Se puede concluir que el manejo de la documentación interna habría sido desordenada además de caótica y por lo tanto, sin procedimientos claros de levantamiento de información para los archivos, el Sodalicio se habría gestionado principalmente de manera oral. El flujo de información interna habría sido escaso y controlado por una pequeña cúpula. La mayoría de los demás miembros no habrían recibido ninguna información sobre hechos graves ocurridos al interior de la institución. Aparentemente, tampoco necesitaban esta información, pues su única obligación era obedecer.

Al igual que Moroni no supo —o no quiso saber— nada de los abusos hasta que fueron ventilados públicamente, asimismo el nuevo Superior General José David Correa y su nuevo Consejo Superior sabrían poco o nada de la manera en que se procedió internamente con las víctimas del Sodalicio, debiendo asumir como definitivo lo actuado por el anterior cuerpo directivo de la institución.

Elegir para que dirijan el Sodalicio a quienes sólo han tenido la obligación de obedecer sin espíritu crítico y no han recibido mayor información tiene una gran ventaja: no están en capacidad de revisar lo hecho con las víctimas y tampoco podrán hablar de lo que no saben. El silencio y el blindaje están garantizados.

(Columna publicada en Altavoz el 18 de febrero de 2019)

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FUENTES

Yo, Sobreviviente del Sodalicio de Vida Cristiana
“Doig, Figari y McKenzie lo recluyeron” Caso Daniels (1)

El Comercio
“Cómo diablos pudo haber pasado esto en el Sodalicio”. Entrevista al superior Alessandro Moroni (26.10.2015)
https://elcomercio.pe/lima/diablos-pudo-haber-pasado-esto-sodalicio-235305

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LA LETRA MUERTA DEL SODALICIO

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Momento de “comunión fraterna” en los Ejercicios Espirituales durante la V Asamblea General del Sodalicio de Vida Cristiana

El 27 de enero finalizó la V Asamblea General del Sodalicio, la primera supervisada por altas autoridades eclesiásticas: el cardenal Joseph Tobin, delegado vaticano ad nutum para el Sodalicio; Mons. Noel Londoño, C.Ss.R., comisario apostólico; fray Guillermo Rodríguez, O.F.M, comisario apostólico adjunto y el P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., asistente pontificio.

Participaron más de cien sodálites profesos perpetuos, entre ellos:

  • Ricardo Trenemann y Óscar Tokumura, denunciados penalmente por asociación ilícita para delinquir y lesiones graves, además de que el primero tiene en su haber denuncias de abusos sexuales cuando era superior de una comunidad en São Paulo, lo cual fue de conocimiento de Alessandro Moroni (según declaración ante la Fiscalía en febrero de 2017);
  • Luis Ferroggiaro, sacerdote denunciado mediáticamente por Jason Day y luego por unos padres de familia ante el arzobispado de Arequipa por comportamiento indebido con un menor;
  • Javier Leturia, denunciado por abuso sexual con una menor (según Rocío Figueroa), aunque Moroni declaró ante la Fiscalía que se trató de un pecado sexual consentido entre adultos;
  • Enrique Elías y Alessandro Moroni, denunciados penalmente por «encubrimiento personal y real, obstrucción a la justicia, omisión de denuncia [y] delitos contra la libertad sexual en calidad de cómplices» (Diario Correo).

Hasta ahora no se han investigado a fondo estas denuncias ni existe ningún comunicado oficial del Sodalicio sobre la situación estos sodálites aún en actividad. Aparentemente, siguen su vida felices y contentos como si no hubiera pasado nada y aparecen chinos de risa en la foto final oficial de la V Asamblea, junto con Jaime Baertl y José Ambrozic, quienes también tienen serios cuestionamientos.

En el comunicado de la V Asamblea del 26 de enero se dice:

«Reconocemos que en nuestro pasado, sobre todo en algunos ámbitos, se han dado prácticas o aproximaciones que no reflejaron el Evangelio y fueron incluso contrarias a la vocación que indignamente hemos recibido de Dios. Hubo autorreferencialidad, soberbia, poca apertura, poca capacidad de escucha y de autocrítica para aceptar los errores y faltas en su momento. Por todo ello pedimos perdón».

Sin embargo, el documento mismo respira “autorreferencialidad” por todos lados, como si los sodálites vivieran en un mundo paralelo. Dicen que no pueden considerar a Figari como un referente espiritual; sin embargo, varios textos publicados por otros sodálites y la doctrina que profesan actualmente sigue siendo un calco de lo que enseñaba y escribía Figari. Señalan que los abusos de Figari fueron «denunciados e investigados por nuestra comunidad y la Santa Sede», olvidando que ni el Sodalicio ni la Santa Sede hicieron las denuncias, sino las víctimas y el periodismo de investigación. Mencionan «las investigaciones que la comunidad solicitó y llevó a cabo con la ayuda de expertos externos», pero pasan por alto la investigación de años que realizaron Pedro Salinas y Paola Ugaz cristalizada en el libro Mitad monjes, mitad soldados, además de ignorar las investigaciones y análisis que yo mismo fui publicando desde noviembre de 2010 y que llevaron, por ejemplo, a que se conociera el caso de Jeffery Daniels gracias a los testimonios de Mauro Bartra y Álvaro Urbina. Y sobre todo no le dan ningún crédito a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación convocada por el Sodalicio mismo, que determinó un número de más de cien víctimas, superior a las 66 de la comisión de expertos externos.

Sobre la base de la petición de perdón que se hace a las víctimas de abusos y maltratos y el compromiso de «seguir sanando estas heridas y sufrimientos en justicia y en caridad», el 31 de enero le envié un e-mail a cuatro sodálites (Alessandro Moroni, Fernando Vidal, José Ambrozic, Jorge Olaechea), solicitándoles los datos de contacto de José David Correa, el nuevo Superior General del Sodalicio, a fin de iniciar un diálogo reconciliador, pues —como les decía— entiendo que las palabras del comunicado «no están dichas para quedarse en el plano de lo general, sino que se está dispuesto a hacer esto mismo personalmente con cada uno de quienes han sido heridos o maltratados por los hechos luctuosos ocurridos en el Sodalicio». A día de hoy no he recibido respuesta.

Todo ello me lleva a la conclusión de que el Sodalicio sigue siendo el mismo de siempre. Hay falta de transparencia, pues a pesar de que ellos afirman que han cambiado, nadie sabe en qué consisten esos cambios. La soberbia de creerse dueños de la verdad sigue allí, manifiesta en su burda manipulación de la realidad. Siguen resistiéndose a las críticas, siendo emblemática la denuncia de Mons. Eguren contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que han criticado con fundamento al Sodalicio y al arzobispo sodálite. Y su pedido de perdón a las víctimas en general parece ser sólo un mensaje para la platea, pues no han dado señales de querer hacer lo mismo personalmente con cada uno de los afectados.

Al final, su comunicado resulta ser letra muerta, mero papel mojado.

(Columna publicada en Altavoz el 4 de febrero de 2019)

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La “autorreferencialidad”, que aparece en el comunicado en el n.º 5, se manifiesta en el texto inmediatamente después ser mencionada.

«Con el auxilio del Espíritu, creemos haber dado un paso adelante en la toma de conciencia de estos hechos [contrarios al Evangelio] y sus alcances, para poder ver la realidad cada vez más con los ojos de Dios.

Esto nos ha llevado a ver las abundantes bendiciones que son también parte de nuestra historia. Atesoramos los momentos de comunión fraterna en torno al Señor, vividos en oración, amistad, solidaridad y apostolado que han forjado nuestra identidad y que hemos experimentado renovadamente durante nuestra Asamblea». (n.º 5-6).

Es decir, los sodálites consideran como bendiciones lo bien que lo han pasado entre ellos —y que lo siguen pasando—, y no mencionan lo mal que se lo hacen pasar a quienes decidan ya no participar de esta “comunión fraterna”. Cuando precisamente una señal de que se sigue el Evangelio sería la preocupación efectiva por aquellos que legítimamente han decidido separarse de la institución, sin que haya ninguna falta grave de por medio, y se enfrentan a una situación de desamparo y falta de oportunidades. Hasta ahora no hay señales por parte del Sodalicio de querer salir al encuentro de estas personas, sobre todo aquellas que han sido víctimas. Una vez cerrado el capítulo de la comisión de expertos externos, no se han implementado mecanismos de ayuda ni asignado personas para seguir atendiendo a las víctimas conocidas y a las que todavía puedan seguir apareciendo.

Otra cosa que deja muy mal sabor de boca es cuando se dice que

«agradecemos a la Sede Apostólica que nos permita llevar a cabo el proceso de residencia impuesta fuera de una comunidad sodálite de Luis Fernando Figari que las autoridades del Sodalicio pidieron hace varios años, y que hoy, habiendo sido rechazados sus recursos a la Signatura Apostólica, podrá hacerse efectivo» (n.º 7).

En vez de lamentarse de que no se haya podido finalmente expulsar del Sodalicio a Figari, «a quien no podemos considerar como un referente espiritual para nuestra vida sodálite», agradecen que por fin pueda vivir solo en una residencia, estando todos sus gastos solventados hasta el fin de sus días por el Sodalicio, una especie de “castigo” que ya quisiera recibir el común de los mortales.

Asimismo, recién nos enteramos de que era falso lo que Alessandro Moroni dijo en un comunicado del 10 de febrero de 2017:

«El Sr. Luis Fernando Figari será retirado de la comunidad sodálite, donde permanecía por orden de la Santa Sede y será destinado establemente a una residencia en la que no exista una comunidad del Sodalicio, y donde pueda llevar una vida modesta de oración y retiro.

Cumpliendo la orden de la Santa Sede, se proporcionará al señor Figari las condiciones adecuadas para una vida sobria, de recogimiento y oración, por los graves actos cometidos».

Eso explicaría la presencia del P. Gonzalo Len, del P. Héctor Velarde, de Kenneth Pierce y otros sodálites en el departamento de Figari en Roma.

Por otra parte, no sabemos cómo van a fiscalizar que Figari tenga efectivamente una vida de recogimiento y oración. Muy bien podría salir a pasear y viajar como le plazca, banquetearse a su gusto o ver pornografía con frecuencia —como era su costumbre—, entre otros placeres accesibles en su retiro burgués, sin que a ningún sodálite le importe un comino lo que él haga, como ocurrió durante las casi cuatro décadas en que fue Superior General del Sodalicio.

Si a los sodálites les interesara de verdad la justicia y el respeto hacia las víctimas, deberían estar viendo la manera en que Figari responda ante la justicia peruana por los delitos de que se le acusa y termine con sus huesos en la cárcel, en vez de protegerlo y considerar que es un castigo vivir fuera de una comunidad sodálite. Aquellos que hemos vivido en tales comunidades y nos hemos retirado de ellas sabemos que es todo lo contrario: una bendición y una liberación que Figari no merece. Además podrían ahorrarse el dinero dedicado al dispendioso sustento de Figari para invertirlo en reparaciones más justas para las víctimas.

A todo esto, hasta ahora nadie ha explicado de dónde proviene el dinero para pagarle sus honorarios al Dr. Armando Lengua Balbi, abogado de Figari y uno de los más caros del Perú. Considerando que desde los años 70 Figari nunca ha trabajado, suponemos que es el mismo Sodalicio el que estaría asumiendo estos costos, mientras que la mayoría de las víctimas no tienen dónde caerse muertas, muchos menos tienen lo suficiente como para costearse un abogado. De ser esto cierto, el Sodalicio estaría otra vez protegiendo al perpetrador y abusando de las víctimas.

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FOTO OFICIAL DE LA V ASAMBLEA GENERAL DEL SODALICIO
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De izquierda abajo y en el sentido de las agujas del reloj: Óscar Tokumura, Enrique Elías, Alessandro Moroni, Ricardo Trenemann, José Ambrozic, Luis Ferroggiaro, Jaime Baertl y Javier Leturia

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E-MAIL ENVIADO EL 31 DE ENERO DE 2019 A ALESSANDRO MORONI CON COPIA A FERNANDO VIDAL, JOSÉ AMBROZIC Y JORGE OLAECHEA

Estimado Sandro:

Considero un paso positivo, aunque tardío, que quienes actualmente forman parte del Consejo Superior del Sodalicio sean personas que no han tenido ningún cargo de responsabilidad en el momento en que ocurrieron los abusos en el Sodalicio, con lo cual están cumpliendo por fin con una de las recomendaciones de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, aunque sea parcialmente, pues todavía hace falta hacer lo mismo con todos los superiores de comunidades y consejeros espirituales.

Asimismo, le tomo la palabra a lo que se dice en el comunicado de la V Asamblea:

«Como Asamblea queremos pedir sincero perdón a las víctimas de estos abusos y maltratos. Renovamos nuestro compromiso por hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir sanando estas heridas y sufrimientos en justicia y en caridad, y evitar que acciones como éstas vuelvan a ocurrir» (n° 4).

«A quienes se han sentido heridos o se han distanciado, les rogamos acojan esta petición de perdón y esperamos con el paso del tiempo podamos restablecer la comunión y amistad» (n° 9).

Entiendo que estas sinceras palabras no están dichas para quedarse en el plano de lo general, sino que se está dispuesto a hacer esto mismo personalmente con cada uno de quienes han sido heridos o maltratados por los hechos luctuosos ocurridos en el Sodalicio.

Por eso mismo, te agradecería que me envíes las señas de José David Correa para poder iniciar un diálogo personal al respecto. Puede ser dirección de correo electrónico, teléfono fijo o móvil, o usuario de Skype.

Este pedido también se dirige a aquellos a quienes se envía este mensaje en copia.

En caso de no recibir respuesta o no se acceda a mi pedido, no quisiera que José David se entere a través de los medios de que he querido iniciar un diálogo reconciliador con él y sus subordinados me han negado esta posibilidad, además de que el comunicado del Sodalicio quedaría como letra muerta, como mero papel mojado.

Un cordial saludo

Martin Scheuch

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FUENTES

Caretas
El Canto de Moroni (Jueves, 2 de Marzo de 2017)
http://caretas.pe/sociedad/78370-el_canto__de_moroni

Diario Correo
Fiscalía pide documentos sobre Cipriani por presunto encubrimiento al Sodalicio (08 de Agosto del 2018)
https://diariocorreo.pe/peru/fiscalia-documentos-cipriani-presunto-encubrimiento-sodalicio-834784/

Sodalicio de Vida Cristiana
Mensaje de Alessandro Moroni sobre Luis Fernando Figari (10 Feb 2017)
https://sodalicio.org/comunicados/mensaje-de-alessandro-moroni-sobre-luis-fernando-figari/
Comunicado de la V Asamblea: Perdón y Reconciliación (27 Ene 2019)
https://sodalicio.org/noticias/comunicado-de-la-v-asamblea-perdon-y-reconciliacion/
Clausura de la V Asamblea y fin del Comisariamiento del Sodalicio (28 Ene 2019)
https://sodalicio.org/noticias/clausura-de-la-v-asamblea-y-fin-del-comisariamiento-del-sodalicio/

EL SODALICIO BLINDANDO A MONS. EGUREN

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Reunión de sodálites con Mons. Eguren en el centro, y un poco más a la izquierda, Alessandro Moroni y Fernando Vidal

«¿Existe algún tipo de posición institucional respecto del Sodalicio a esta denuncia [de Mons. Eguren contra Pedro Salinas y Paola Ugaz]?» —preguntó el congresista Alberto de Belaúnde a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, y Fernando Vidal, Vicario General de la institución, en una sesión efectuada el 20 de noviembre de 2018.

«No, ninguna. Nosotros ni hemos alentado ni estamos detrás. La denuncia es un acto personal de Mons Eguren, que entendemos que es su derecho de hacerlo pero que ni lo apoyamos ni lo hemos alentado ni nada» —respondió Moroni.

Recientemente ha llegado a mis manos una copia de una constancia a favor de Mons. Eguren, emitida el 4 de diciembre de 2018 por Fernando Vidal en su calidad de Vicario General del Sodalicio de Vida Cristiana, que contradice abiertamente las declaraciones de Moroni en el Congreso. En este documento se asegura que no hay ninguna mención, acusación o referencia a Mons. Eguren en ninguno de los informes emitidos por las dos comisiones que convocó el Sodalicio para investigar los casos de abusos.

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La forma en que este documento pretende blindar a Eguren no puede ser más burda y grosera, por las razones que voy a exponer.

Janet Odar, secretaria de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, me escribió el 15 de abril de 2016: «el informe general será hecho público sin identificar a persona alguna». A la única persona a la que se identifica en ese informe con nombre y apellido es a Luis Fernando Figari, por razones obvias.

Respecto a los informes personales, es probable que en ninguno de 32 informes que fueron remitidos al Sodalicio haya alguna mención a Eguren. Pero lo que no se menciona es que esos informes personales les fueron remitidos al Sodalicio sólo porque las personas a que se refieren lo autorizaron, no porque fueran los únicos casos en que la comisión identificó víctimas, como parece dar a entender el informe posterior de los expertos internacionales.

De buena fuente sé que los casos tratados por esta primera comisión fueron más de cien, y las personas con las que habría hablado la comisión serían muchas más que las sesenta que menciona la segunda comisión. El número de víctimas que no autorizaron el envío de sus informes personales al Sodalicio superaría ampliamente el de las que sí lo autorizaron. Vidal no puede asegurar legítimamente que no se menciona a Eguren en la totalidad de los informes personales.

Por otra parte, los informes personales eran confiados al Sodalicio para «la implementación de las recomendaciones formuladas», según Janet Odar. Utilizarlos para otros fines —en este caso para favorecer los intereses de Mons. Eguren— está fuera de todo comportamiento ético. Tengo entendido que no hay autorización para revelar públicamente información, sea cual sea, sobre la base de lo que dicen o lo que no dicen estos informes.

Respecto a los dos informes de los expertos internacionales, existen dudas fundadas de que los que publicó el Sodalicio sean los mismos informes que los expertos le entregaron en sus manos al Superior General del Sodalicio. Los informes no fueron publicados ni presentados por los expertos mismos, sino por el Sodalicio, la parte investigada. Es decir, no fueron publicados por una instancia independiente.

Además, su brevedad y estilo fragmentario, así como la omisión de algunos nombres, hacen pensar que el Sodalicio se habría reservado el derecho de edición, de modo que los textos que fueron liberados a la opinión pública habrían sido editados, abreviados y acomodados. De hecho, se anonimizan los nombres de cuatro acusados como perpetradores, lo cual no puede provenir de investigadores que cumplan su tarea profesionalmente. Asimismo, los informes no cumplen a cabalidad con los estándares para este tipo de investigaciones y presentan varias inconsistencias.

Considerando que sólo se menciona a cinco acusados de perpetradores por su nombre (Figari, Doig, Levaggi, Daniels y Murguía) y no se menciona los nombres de quienes estuvieron al tanto de los abusos cometidos en la institución y decidieron callar y no hacer nada para favorecer a la institución, la no mención de Eguren en estos informes carece de todo valor.

El 8 de enero le pedí explicaciones por e-mail sobre esta constancia a Alessandro Moroni y a Fernando Vidal. A día de hoy no he recibido ninguna respuesta.

Y eso sólo confirma lo que siempre se ha verificado en la institución: que cuando se afirma que una iniciativa es decisión personal de un sodálite, en realidad la institución está encubriendo su responsabilidad y lavándose las manos. Como Pilatos.

(Columna publicada en Altavoz el 14 de enero de 2019)

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La primera comisión trabajó con transparencia, manteniendo a la vez el sigilo y la reserva donde las circunstancias lo requerían, respetando la voluntad y los derechos de las personas que acudieron a ella. A cada uno de los que rindieron su testimonio ante esta comisión se le envió un informe personal, que podía ser remitido al Sodalicio solamente si la persona lo autorizaba. Además, el informe general fue publicado por los comisionados, sin que nadie del Sodalicio estuviera autorizado a quitar ni una tilde del texto final. En fin, fue un trabajo hecho con transparencia absoluta, donde los comisionados rehusaron recibir ninguna remuneración a fin de garantizar la objetividad de sus conclusiones.

No sabemos cuáles fueron las condiciones pactadas entre el Sodalicio y los expertos internacionales que conformaron la segunda comisión, pues los contratos no se han hecho públicos. No sabemos si el Sodalicio tenía derecho a influir en los informes que iban a ser dados a conocer a la opinión pública. Suponemos que las autoridades sodálites metieron mano en los informes debido a las inconsistencias que presentan y que yo ya he señalado en mi artículo INCONSISTENCIAS Y FALSEDADES EN LOS INFORMES DEL SODALICIO. Asimismo, mayoritariamente era el mismo Sodalicio el que proveía a los expertos de insumos en lo referente a información, lo cual puede haber falseado algunas de las conclusiones.

En mi caso, la primera comisión me reconoció como víctima. La segunda, a pesar de que mi testimonio es uno de los más sólidos, desestimó la verosimilitud de mi relato, tal como me escribió Alessandro Moroni en un e-mail del 31 de enero de 2017:

«…en el testimonio que nos hiciste llegar relataste un episodio que también has descrito por medios de alcance público y que, según los informes que nos hizo llegar la Comisión, también les relataste a ellos. Eso fue encomendado entonces al investigador profesional asignado para estos casos, y en su informe indica que no encontró evidencias para afirmar la verosimilitud de este caso.

Según refirió el Sr. Elliott, en la entrevista que tuvo contigo no fue relatado ningún episodio específico, sino más bien una serie de opiniones sobre tu experiencia en general, y también sobre las cosas que consideras que están o han estado mal en el SCV y deben cambiar. El Sr. Elliott presentó su evaluación a los demás miembros del comité de reparaciones, en el cual él mismo participa. La conclusión unánime fue que, según los criterios establecidos en un comienzo, no correspondía una reparación en el marco de este programa de asistencia».

Por supuesto, nunca se me explicó cuáles fueron esos criterios, a pesar de que solicité esa información, así como anteriormente nunca recibí ninguna respuesta de Ian Elliott cuando le solicité en más de una ocasión que me aclarara por qué yo había sido excluido del programa de reparaciones.

El 22 de diciembre de 2018 le escribí a Moroni, solicitándole aclaraciones sobre cómo se había manejado mi caso, pues no tenía la certeza de que la denuncia que había llegado a sus manos el 27 de octubre de 2015 se la hubiera pasado a ninguno de los expertos internacionales, no obstante que Ian Elliott me aseguró el 28 de octubre de 2016 en Frankfurt que conocía mi historia y no tenía por qué entrar en los detalles. Como es de esperar, no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy.

Esa denuncia —que es la misma que fue enviada posteriormente a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (Roma) y a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada (Ciudad del Vaticano)— es importante, porque en ella doy testimonio de un abuso y maltrato psicológico grave que sufrí en la Comunidad Nuestra Señora del Pilar (Barranco, Lima) en diciembre de 1992, del cual fue cómplice y participante José Antonio Eguren.

La primera comisión trabajó ad honorem y de manera independiente y recibió todos los documentos probatorios requeridos de las mismas víctimas, mientras que la segunda fue pagada y la documentación requerida fue proporcionada por el Sodalicio mismo, la parte investigada. A esto hay sumarle la barrera cultural y del idioma, problema que no tenía la primera comisión.

Asimismo, en la primera comisión se establecieron procedimientos claros para que las víctimas pudieran contactar a los comisionados y se sabía perfectamente cuáles eran los pasos que se iban a seguir. En el caso de la segunda comisión, nunca hubo procedimientos claros al respecto, con el resultado de que su trabajo se extendió más tiempo y sólo lograron identificar a 66 víctimas —varias de las cuales ya habían presentado su caso ante la primera comisión—, mientras que la primera comisión reconoció a más de 100 víctimas, y no 32, como señala el informe de los expertos internacionales. 32 son sólo los casos de víctimas que autorizaron que una copia de sus informes personales fuera enviado al Sodalicio. ¿Metieron aquí mano las autoridades sodálites en el informe de los expertos o les dieron información totalmente sesgada?

Por otra parte, la primera comisión envió un informe personal a cada una de las personas que se presentaron ante ella. La segunda no hizo esto, además de que se negó a responder a las víctimas que solicitaron a Ian Elliott explicaciones por el monto irrisorio de las reparaciones en comparación con el daño sufrido o por no haber sido incluidas en el programa de reparaciones.

La independencia de la comisión de expertos también queda en entredicho desde el momento en que Ian Elliott tenía que consultar el caso de cada víctima con un comité integrado por los sodálites José Ambrozic y Fernando Vidal, el abogado del Sodalicio Claudio Cajina y Scott Browning, abogado norteamericano «que nos diseñó todos los protocolos y las etapas con las cuales terminamos abordando este proceso de asistencia, escucha y reparación», según declaró Alessandro Moroni en el Congreso. De lo que no queda duda es que este comité no tenía nada de independiente y estaba conformado por personas que tenían como tarea prioritaria defender los intereses del Sodalicio. Como eran ellos los que decidían si se debía reparar o no a una víctima y el monto de cada reparación, al final Ian Elliott terminó convirtiéndose en el recadero y mayordomo irlandés del amo y señor que le paga sus honorarios.

Finalmente, la intención de desacreditar a la primera comisión resulta evidente en esta conclusión del informe de los expertos internacionales: «La Comisión [de Ética para la Justicia y la Reconciliación] no llevó a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias reportadas ni examinó la cultura actual del SCV».

Se trata de una afirmación gratuita desde el momento en que ninguno de los expertos se entrevistó con ninguno de los integrantes de la primera comisión. Además, si uno lee los informes, encontrará mucho más análisis de la cultura del SCV en el informe general de la primera comisión que en los informes de la segunda. La cultura actual del SCV resulta irrelevante para determinar por qué sucedieron los abusos. Pero para los expertos sí parece relevante, o más bien para el Sodalicio. Ian Elliott me insistió frecuentemente que el Sodalicio había cambiado. Los casos de José Rey de Castro y Renzo Orbegozo, la forma en que se manejó mi caso, las continuas deserciones que ha tenido la institución, las declaraciones de los sodálites en la Fiscalía y las explicaciones de Moroni y Vidal sobre la denuncia de Eguren me llevan a pensar lo contrario.

EL SISTEMA SODALICIO

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En su carta de presentación a los “Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana” —elaborados por tres expertos internacionales a sueldo del Sodalicio— Alessandro Moroni, superior general de la institución, tras hacer un breve recuento de los casos de abusos sexuales cometidos por Figari, tres sodálites y cuatro ex sodálites, señala: «Los expertos no han encontrado indicios de complicidad ni conspiración entre los presuntos abusadores».

Efectivamente, todo parece indicar que Luis Fernando Figari, Germán Doig, Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels, Ricardo Trenemann, Daniel Murguía y los otros actuaron por cuenta propia y sin conocimiento de los demás, de modo que no habría habido una política sistemática secreta para cometer abusos sexuales en el Sodalicio. Prueba de ello es que, cuando fueron descubiertos los abusos en los casos de Levaggi, Daniels y Murguía, éstos fueron sancionados por las autoridades sodálites —con reclusión interna y suspensión de toda responsabilidad en los casos de Levaggi y Daniels, y con expulsión del Sodalicio en el caso de Murguía, en virtud de que su inconducta se hizo pública a través de la prensa—. Incluso Doig fue sancionado simbólicamente con expulsión post mortem, también debido a la circunstancia de que su caso se había hecho de conocimiento público.

Lo que sí hubo fue una política sistemática de encubrimiento, de modo que se buscó tapar cualquier incidente de abuso sexual. La expulsión sólo procedió cuando el caso se hizo público, con la excepción de Figari, quien —no obstante todo lo que se ha llegado a saber de él— fue tratado a cuerpo de rey hasta el día de hoy y sigue siendo oficialmente miembro del Sodalicio de Vida Cristiana.

Curioso en todo este modo de proceder es que las sanciones ad intra del Sodalicio fueron aplicadas por quienes también tenían en su trastienda personal varios abusos de este tipo. Levaggi fue sancionado por Figari, Daniels fue sancionado por Doig, y ante la opinión pública tanto Figari como Doig aparecían como defensores de una moral sexual adscrita al catolicismo más rancio.

Aún así, Figari y Doig poseían un talante personal muy distinto. Mientras Figari vivía en la opulencia, se regodeaba en el poder que tenía sobre otros y abusaba sexualmente de quien quisiera sin ningún tipo de remordimientos, Doig tenía un estilo de vida más austero y sacrificado, y a ojos de los que lo conocimos personalmente parecía seguir alimentando una búsqueda interior que lo condujera a la santidad. Dado que una persona de las características de Doig debe haber vivido atormentado por los delitos cometidos, desgarrado entre un abismo de perversión y la aspiración a unos fines nobles y elevados, no se descarta la tensión generada como una de las causas que lo habría llevado a la muerte, ya sea por una falla del corazón debido al stress ocasionado por su doble vida, ya sea porque decidiera terminar con su existencia por mano propia.

¿Qué tenían en común los abusadores sexuales mencionados? Pues que todos formaban parte de un sistema que no sólo permitía los abusos psicológicos y físicos, sino que había normalizado estos abusos hasta el punto de que quienes participaban del sistema terminaban incapacitados para darse cuenta de los daños que se les estaba infligiendo. Es un sistema vertical, donde quienes detentan cargos de responsabilidad no están sujetos a control respecto a lo que hacen con sus subordinados —sobre todo a puerta cerrada— y exigen una sumisión total (del entendimiento y la voluntad) como requisito indispensable para seguir perteneciendo a esa élite de elegidos que son los sodálites, donde a quienes obedecen se les arranca la posibilidad de denunciar o de quejarse de maltratos —los cuales no son reconocidos como tales—, donde existe la obligación de guardar silencio sobre todo lo que ocurre dentro de esta subcultura, tal como la llama en su blog José Rey de Castro, ex sodálite que estuvo 18 años bajo régimen de esclavitud moderna en el círculo íntimo de Figari.

Según su testimonio, este sistema, creado a imagen y semejanza de Figari, seguía subsistiendo hasta hace poco. Y si bien actualmente ya no habrían abusos sexuales, el sistema Sodalicio sigue intacto, anulando la libertad de quienes constituyen un engranaje más dentro de esa máquina.

(Columna publicada en Altavoz el 9 de abril de 2018)

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FUENTES

Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana (10 de febrero de 2017)
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Informe-Abusos-Febrero2017.pdf

Mi vida en el Sodalicio (Blog personal de José Rey de Castro)
https://www.mividaenelsodalicio.app/

LA OBEDIENCIA TRAMPOSA DEL SODALICIO A LA IGLESIA

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Mons. Joseph William Tobin entrevistado en una comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana (agosto de 2016)

En su comunicado del 10 de enero, el Sodalicio informa haber recibido «la noticia del nombramiento que la Santa Sede ha hecho de Mons. Noel Antonio Londoño Buitrago, C.Ss.R., Obispo de Jericó en el departamento de Antioquia (Colombia), como Comisario Apostólico de nuestra Sociedad».

Sin manifestar ninguna contrariedad y sin hacer alusión a los problemas que habrían motivado la intervención, el comunicado dice: «Como hemos hecho hasta ahora con el Cardenal Joseph Tobin desde su nombramiento como Delegado para el Sodalicio en mayo de 2016, colaboraremos en todo con Mons. Londoño para que pueda ejercer sus funciones según lo dispuesto por la Santa Sede».

Finalmente concluye: «Reafirmamos una vez más nuestra absoluta obediencia al Santo Padre y a la Santa Madre Iglesia».

Cabe preguntarse cómo colaboraron con Tobin. ¿Acaso le contaron toda la historia de la institución, desde la época en que era bien marcada la influencia del fascismo español? ¿Le mostraron las Memorias, opúsculos anuales escritos por Figari entre 1976 y 1986, de lectura y estudio obligatorios para los sodálites hasta que se decidió requisar —sin explicar el motivo— todos los ejemplares e incluso ocultar su existencia a la Santa Sede durante el proceso de aprobación del Sodalicio? ¿Le permitieron asistir a alguna reunión grupal donde se obligara a los participantes a revelar sus intimidades privadas para finalmente “sacarles la mierda” por ser infieles al Señor Jesús? ¿Le hicieron escuchar las palabras soeces con que se humilla a los sodálites en la vida cotidiana?

Tobin parece tener la impresión de haber conocido bien al Sodalicio, como declaró en una entrevista publicada el 4 de agosto de 2016: «He llegado a conocer desde cerca la realidad del Sodalitium en sus obras apostólicas, colegios, trabajo social. He pasado tres días completos con el Consejo Superior y también visité la Casa de Formación. Luego tuve una cantidad de entrevistas con sodálites y ex sodálites». Al final, su evaluación es positiva: «Por una parte los problemas y los desafíos son graves. Yo creo que por otra parte hay voluntad de parte del Consejo Superior de enfrentarlos con sinceridad. Espero que esta actitud siga y venga compartida por los demás sodálites».

Alessandro Moroni, quien según el P. Jean Pierre Teullet desestimó las denuncias contra Figari en el año 2013 y posteriormente negó la gravedad de los abusos sufridos por varias víctimas de abusos psicológicos, integraba como Superior General ese Consejo Superior. También formaba parte de él como Vicario General José Ambrozic, miembro de la primera generación del Sodalicio y testigo de innumerables abusos cometidos dentro de la institución, el cual no ha tenido hasta ahora la valentía de reconocer públicamente la gravedad de los hechos que él presenció. Javier Rodríguez Canales, entonces Asistente de Apostolado, por lo menos ha tenido el decoro de renunciar al Sodalicio. Carlos Neuenschwander, Asistente General de Temporalidades —es decir, de la administración económica del Sodalicio— se habría encargado de que se pagara lo mínimo posible en reparaciones a las víctimas que el Sodalicio selectivamente reconoció.

Así como el Sodalicio habría escenificado ante Tobin su mascarada de una comunidad de gente feliz y contenta —como siempre lo hizo cada vez que venían visitantes importantes—, evidentemente obviando mostrar en todos sus detalles cómo se trata a sus miembros en el día a día, también es probable que haga lo mismo con Mons. Londoño, el comisario de la Santa Sede. Su colaboración con éste consistiría en influenciarlo en lo posible, para que se lleve una buena impresión de las comunidades sodálites. En lo que respecta a estas representaciones escénicas, los sodálites son expertos y fieles discípulos de Figari.

Por otra parte, la obediencia sodálite a la Iglesia implica renunciar a obedecer la propia conciencia. Sólo así se entiende que el Sodalicio haya aceptado sin observaciones ni reparos la inmoral decisión tomada por el Vaticano respecto a Figari.

Además, el Sodalicio —con su proverbial falta de transparencia— siempre ha buscado controlar la información que le llega al Papa, ocultando los aspectos incómodos de su régimen de gobierno, su disciplina y su historia, a fin de que el Sumo Pontífice termine ordenándoles lo que ellos ya han previsto. Sólo espero esta vez que con la intervención vaticana se dé definitivamente un GAME OVER.

(Columna publicada en Altavoz el 22 de enero de 2018)

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FUENTES

Página web oficial del Sodalicio de Vida Cristiana
Entrevista a Mons Joseph William Tobin, delegado vaticano para el caso Sodalicio (04 Ago 2016)
http://sodalicio.org/noticias/entrevista-a-mons-joseph-william-tobin-delegado-vaticano-para-el-caso-sodalicio/
Comunicado sobre nombramiento de Comisario Apostólico para el Sodalicio (10 Ene 2018)
http://sodalicio.org/comunicados/comunicado-sobre-nombramiento-de-comisario-apostolico-para-el-sodalicio/

EL SODALICIO INTERVENIDO

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Cuando el 10 de enero la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que el Sodalicio había sido intervenido y que se había nombrado un Comisario con autoridad para gestionar el gobierno, el régimen interno y las cuestiones económicas del instituto, leí con escepticismo los comentarios en la prensa y en las redes sociales que decían que por fin el Vaticano estaba tomando cartas en el asunto de los abusos sexuales cometidos por Figari y otros sodálites, y que por fin se iba a atender a las víctimas.

Nada más lejos de la realidad. Salvo ocasionales atisbos, la Iglesia católica todavía no ha asumido satisfactoriamente la perspectiva de las víctimas ni en su legislación ni en su pastoral, y lo que más le ha preocupado cuando han habido casos de abusos sexuales es el escándalo generado antes que el daño ocasionado a los afectados. De ahí sus intentos por acallar la publicidad de los hechos, darle carácter reservado a la información al respecto y sacar momentáneamente de circulación a los perpetradores, buscando de alguna manera rehabilitarlos tras “haber caído en pecado”.

Pero acoger y atender a las víctimas, como lo hacía Jesús con los sufrientes y desvalidos, no está entre sus prioridades, por lo menos institucionalmente. Como se constata en la visita del Papa a Chile y Perú, donde no se ha incluido en el programa ningún encuentro entre Francisco y las víctimas de abusos sexuales, psicológicos y físicos por parte del clero, religiosos y laicos consagrados.

La intervención del Sodalicio no se debe a los abusos sexuales cometidos por Figari. Para la Santa Sede ésos son «hechos y comportamientos que, aunque objetivamente graves, han ocurrido sobre todo en un pasado muy remoto», además de que «»no se encuentra prueba cierta de ulteriores actos contra el VI mandamiento, cometidos sucesivamente o en precedencia a los referidos» (Carta del Vaticano a Alessandro Moroni, 30 de enero de 2017). Y, al parecer, los dos informes sobre abusos sexuales elaborados por tres expertos internacionales, dados a conocer por el Sodalicio en febrero de 2017, dejaron satisfecha a la Santa Sede, la cual no habló más sobre el asunto. Sin embargo, un número considerable de víctimas quedaron insatisfechas por el trato recibido de parte de los representantes del Sodalicio, que ofrecieron reparaciones exiguas en comparación con los daños personales sufridos o simplemente negaron que haya habido abusos.

Como ocurrió en mi caso, donde se me negó la condición de víctima, no obstante haber testimoniado graves abusos psicológicos y físicos cometidos sistemáticamente en perjuicio mío. Mi testimonio no sólo fue enviado a los representantes del Sodalicio, sino también por partida doble al Vaticano —una vez personalmente y la otra por la diócesis de Espira (Speyer)—, sin que haya recibido hasta ahora ninguna respuesta.

Es la situación actual del Sodalicio la que motiva la intervención vaticana, es decir, el modo en que se maneja el régimen interno y la formación, y la gestión económica-financiera, que no es que vaya mal, sino que parece tener fuentes no sólo de dudosa moralidad sino también de legitimidad cuestionable.

Evidentemente, cualquier intervención en régimen de comisariato de la Santa Sede tiene la intención de “sanear” la institución. ¿Pero puede acaso sanearse una entidad que funcionó desde sus inicios como una secta destructiva, controlando draconianamente el pensamiento y lenguaje de sus miembros, su comportamiento durante las veinticuatro horas del día, sus emociones a través del mecanismo de la culpa, así como la información que les era permitido recibir? Porque siguen habiendo evidencias de que la formación impartida sigue el mismo patrón de siempre, restringiendo considerablemente la libertad interior de los sodálites.

Pero además de los informes recientes que habrían llegado a la Santa Sede —y que aún desconocemos—, lo que más parece preocuparle al Vaticano es la posibilidad de una sentencia condenatoria contra aquél a quien llaman «el fundador del Sodalitium Christianae Vitae y por lo tanto […] mediador de un carisma de origen divino» (Carta del 30 de enero de 2017).

Sospechamos que harán todo lo posible para que Figari no vaya a la cárcel, buscando evitar así empañar aún más la imagen de Iglesia santa que quieren mantener a toda costa, sin importarles pisotear a las víctimas.

(Columna publicada en Altavoz el 15 de enero de 2018)

EL CANON 1395 Y LA REVICTIMIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

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Cardenal José Rodríguez Carballo, firmante de la nefasta resolución vaticana sobre el caso Figari

En la carta vaticana del 30 de enero de 2017 a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, se dice que «el Sr. Figari, con el fin de obtener la obediencia de los propios hermanos, utilizó estrategias y modos de persuasión impropios, es decir, solapados, arrogantes y de todos modos violentos e irrespetuosos del derecho a la inviolabilidad de la propia interioridad y discreción, y por lo tanto a la libertad de la persona humana de discernir con autonomía las propuestas o las decisiones».

Incluso admite que «siempre con el fin de manipular, de hacer dependientes y por lo tanto de controlar más que de dirigir las conciencias, […] el Sr. Figari ha solicitado también, de modo improcedente y en cualquier caso excesivo, confidencias en el delicado ámbito de la sexualidad, y en algunos casos ha cometido actos contrarios al VI Mandamiento».

Pero luego se dice que Figari no habría cometido abusos sexuales sino sólo pecados graves, interpretando antojadizamente el canon 1395 del Código de Derecho Canónico, el mismo que sirvió para determinar que el P. Fernando Karadima en Chile sí había cometido delitos sexuales.

El mentado canon habla de delitos contra el sexto mandamiento con «violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad» cometidos por un clérigo, pero las leyes respecto a la expulsión de un miembro de un instituto de vida consagrada (cánones 695-740) establecen que quien cometa esos actos, puede ser expulsado aunque no sea clérigo.

Para el Vaticano, los violentos “modos de persuasión” que solía aplicar Figari se esfumaron repentinamente como por ensalmo en el momento de cometer esos actos, de modo que tampoco hubo “víctimas” sino “cómplices” del pecado mayores de 16 años, que es el límite de mayoría de edad que establece la Iglesia católica romana en su legislación, aún cuando para delitos sexuales cometidos por clérigos, el Papa Juan Pablo II elevó ese límite a 18 años en el año 2001.

Aun así, la carta vaticana reconoce que, según la documentación adicional presentada por Moroni, sí hubo por lo menos un “cómplice” menor de 16 años, es decir, una “víctima”.

Es evidente que quien manipula conciencias y seduce mediante engaños, aplica violencia psicológica para abusar de sus víctimas, aunque sean mayores de edad.

El Vaticano no ha querido ver esto y ha terminado participando en la revictimización de las víctimas.

(Columna publicada en Exitosa el 25 de marzo de 2017)