UNA RAYA MÁS AL TIGRE

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Ocurrió en Baltimore, la ciudad estadounidense más tradicionalmente católica, a fines de los años ‘60.

La Hna. Catherine Cesnik, de tan sólo 26 años de edad, maestra de inglés y teatro en la escuela secundaria arzobispal para mujeres Keough, desapareció el 7 de noviembre de 1969. Su cuerpo fue hallado el 3 de enero de 1970 en un basural, con señas de ahorcamiento y un enorme hueco en la parte trasera de la cabeza.

Nunca se supo quién mató a la religiosa ni el motivo del crimen.

Sin embargo, las investigaciones continúan gracias a la valentía de un grupo de ex-alumnas de la escuela, que han decidido revelar lo que callaron durante décadas y que constituirían indicios certeros de los motivos del asesinato y quizás de su autor.

En 1992 Jean Wehner, ex-alumna de Keough, denunció ante el arzobispado de Baltimore al entonces capellán de la escuela, el P. Joseph Maskell, por abusos sexuales cometidos cuando ella tenía 16 años, que incluían ser inducida a desnudarse en su presencia, que él se masturbara delante de ella o ser obligada a realizar actos sexuales. Incluso la forzó a prostituirse con otros hombres, la mayoría de ellos supuestamente policías amigos del cura. Hubo violación en toda regla, pero sobre todo un abuso de confianza que incapacitó a la víctima para que ofreciera resistencia.

El archivamiento del caso por parte del tribunal eclesiástico debido a falta de pruebas llevó a los abogados de Wehner a buscar más víctimas. Una de las más importantes, Teresa Lancaster, confesó que Maskell había abusado de ella repetidas veces, e incluso la llevó donde un ginecólogo amigo para verificar que no hubiera embarazo, y mientras éste le examinaba los pechos, el cura la violó nuevamente en la mesa del consultorio.

En noviembre de 1969 Maskell habría llevado a Wehner al basural, donde ella reconoció el cadáver de la Hna. Cesnik. «¿Ves lo que pasa cuando hablas cosas malas de la gente?», le habría dicho Maskell.

El caso judicial fue archivado en 1995 por prescripción de los delitos.

El P. Maskell no actuó solo. Lo confirman decenas de víctimas que han aparecido recientemente. Y todo indica que fue el arzobispado quien presionó para que no se siguiera investigando el caso.

Aparentemente, la Hna. Cesnik fue asesinada porque quiso ayudar a las chicas y sacar a la luz los abusos cometidos por Maskell y otros.

Un escándalo más para la Iglesia católica. ¿O una raya más al tigre?

(Columna publicada en Exitosa el 6 de mayo de 2017)

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FUENTE

HuffPost
Buried In Baltimore: The Mysterious Murder Of A Nun Who Knew Too Much (May 15, 2015)
http://www.huffingtonpost.com/2015/05/14/cesnik-nun-murder-maskell_n_7267532.html

LA VÍCTIMA CRUCIFICADA

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“Daniel”, víctima de abuso sexual clerical, declarando ante la Audiencia de Granada

«Perdona este gravísimo pecado y gravísimo delito que has sufrido. Perdona, hijo mío, tanto dolor ocasionado y tanto como habrás sufrido. Estas heridas hacen que la Iglesia se resienta al completo».

Así se dirigió el Papa Francisco por teléfono en agosto de 2014 a “Daniel”, un joven muchacho de 24 años, miembro del Opus Dei, víctima de abusos sexuales en la arquidiócesis de Granada (España) cuando sólo tenía 14 años, animándolo a denunciar penalmente a los victimarios. Era su respuesta directa a una carta que le había enviado “Daniel” motivada por la indolencia e inacción del arzobispado granadino.

Además, Francisco obligó al renuente arzobispo de Granada, Mons. Francisco Javier Martínez —quien tenía conocimiento de la denuncia pero no hizo nada—, a abrir una investigación canónica. Los implicados: diez sacerdotes y dos laicos, tres de los cuales fueron suspendidos a divinis, entre ellos el líder y abusador máximo, el P. Román Martínez.

Tras un proceso penal que ha durado más de un año, siendo el único acusado el P. Román debido a que los demás delitos ya habían prescrito, la Audiencia de Granada ha emitido el 11 de abril un veredicto sorprendente, pues todas las pericias apuntaban a la veracidad del relato de “Daniel” y a la falta de honestidad e incongruencia en los descargos del P. Román.

Se ha absuelto al acusado y a la víctima se le ha tirado mierda encima, atribuyéndole «versiones de los hechos imprecisas y vacilantes», resaltando la supuesta «inconsistencia del relato del acusador», aduciendo que «determinadas circunstancias que él daba por ciertas e inequívocas, han sido desmontadas a través del material probatorio que obraba». Además, se señala falta de pruebas y aspectos absolutamente inverosímiles en su testimonio, así como «conducta desleal» a lo largo del proceso. Finalmente, se le obliga a pagar los costos de la defensa del acusado.

El arzobispo de Granada está contento con la sentencia, a la vez que proclama hipócritamente que la posición de la Iglesia es la protección en primer lugar de las víctimas. Seguirá el proceso canónico contra nueve de los implicados, pero poco se puede esperar.

Pues los inocentes siempre serán víctimas a las que crucificar. Ocurrió en los inicios de la historia del cristianismo con Jesús, condenado sin pruebas por la jerarquía sacerdotal de entonces. Y se repite en la actualidad dentro de los mismos confines de la Iglesia.

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FUENTES

eldiario.es
Las claves del ‘caso Romanones’, el mayor juicio contra la pederastia eclesial en España (05/03/2017)
http://www.eldiario.es/sociedad/claves-Romanones-pederastia-eclesial-Espana_0_619088389.html
Absuelven al padre Román en el juicio por los abusos de ‘Los Romanones’ (11/04/2017)
http://www.eldiario.es/sociedad/Absuelven-Roman-juicio-abusos-Romanones_0_632037365.html

Religión Digital
Ante la absolución de Román Martínez: “Este arzobispado se alegra de la actuación de la justicia”
http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2017/04/11/este-arzobispado-se-alegra-de-la-actuacion-de-la-justicia-iglesia-religion-dios-jesus-papa-romanones.shtml

Asociación PRODENI (Pro Derechos del Niño)
Dossier periodístico sobre el caso Romanones
http://www.prodeni.org/Caso_Romanones.htm

JUSTICIA ECLESIÁSTICA: LA IMPUNIDAD PROGRAMADA

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Cuando una revisa el Código de Derecho Canónico en lo referente a los delitos que castiga la Iglesia, se obtiene rápidamente la impresión de que la justicia eclesiástica es una ilusión, una quimera pintada en la pared.

Comenzado por que el tiempo de prescripción para la mayoría de los delitos es de 3 años y «comienza a contarse a partir del día en el que se cometió el delito, o, cuando se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día en que cesó» (ver cánones 1362-1363).

Ese tiempo se extiende actualmente a 20 años en el caso de delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como por ejemplo «los delitos más graves contra la santidad del augustísimo Sacrificio y sacramento de la Eucaristía», «los delitos más graves contra la santidad del Sacramento de la Penitencia», «el delito más grave de la atentada ordenación sagrada de una mujer» y «los delitos más graves contra la moral», entre los cuales se cuenta exclusivamente «el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años» y «la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años, por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento» (ver “Breve relación sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, 21 de mayo de 2010).

Hago la salvedad de que, antes del año 2001, se ponía el límite de mayoría de edad a los 16 años. Ese mismo año, un documento del pontificado de Juan Pablo II elevó ese límite a los 18 años de edad y el tiempo de prescripción del abuso sexual de un menor por parte de un clérigo se extendió de 5 a 10 años, y en el año 2010 durante el pontificado de Benedicto XVI a 20 años, contados a partir de la mayoría de edad de la víctima.

Otros delitos que tienen una prescripción de 5 años son el del clérigo o religioso de votos perpetuos que atenta contraer matrimonio, el del clérigo que vive en concubinato o que permanece con escándalo en un pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, el del clérigo que cometa un acto de este tipo con violencia o amenazas, o públicamente; y en general, los delitos de homicidio, rapto o retención general de un ser humano con violencia o fraude, mutilación o lesiones, y el aborto.

Con lapsos tan cortos de prescripción, considerando que en ninguna parte de la ley canónica se establecen limites de tiempo para cada etapa del proceso y constatando que los tribunales eclesiásticos se toman indolentemente todo el tiempo del mundo para procesar cualquier demanda, resulta prácticamente imposible que un delito no haya prescrito cuando haya finalizado el proceso.

De este modo, la ley eclesiástica actual se convierte en instrumento de una impunidad programada de antemano.

En el caso de las denuncias contra Figari, presentadas ante el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima en el año 2011, la Santa Sede se pronunció recién el 30 de enero de 2017, más de cinco años después, sin haber investigado prácticamente nada, pues su resolución se basaba casi exclusivamente en el contenido de las denuncias presentadas y en el informe del visitador Mons. Fortunato Pablo Urcey. Evidentemente, el único delito de que se encontró culpable a Figari, a saber, abuso de oficio (ver canon 1362 §2), estaba prescrito desde antes del inicio del proceso.

Por otra parte, en cuanto a sanciones administrativas, como la expulsión del miembro de un instituto de vida consagrada, el Código de Derecho Canónico es muy severo con los religiosos que atentan matrimonio, viven en concubinato o persisten con escándalo público en un acto contra el sexto mandamiento del Decálogo: deben ser expulsados sin contemplaciones. La expulsión también procedería, sin embargo, si el delito sexual fue cometido con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor de edad «a no ser que […] el Superior juzgue que la dimisión no es absolutamente necesaria y que la enmienda de su súbdito, la restitución de la justicia y la reparación del escándalo puede satisfacerse de otro modo» (canon 695 §1).

Hablando claro, se es mucho más severo con religiosos que caen en conductas sexuales que no implican necesariamente un abuso hacia su contraparte, mientras que se permite la suspensión de la sanción en casos en que el religioso haya cometido flagrantes abusos sexuales.

Que es lo que finalmente sucedió con Figari. Pues la Santa Sede da por sentado, en base al informe de Mons. Urcey, que «no se encuentran actualmente miembros de la Sociedad de vida apostólica que sostengan al Sr. Figari o bien que estén particularmente ligados a él, en puestos de gobierno o en la formación» y «que tanto el Gobierno general como el conjunto del Sodalitium Christianae Vitae tienen clara conciencia de los errores cometidos en el pasado por el Sr. Figari y que resulta igualmente decidida la voluntad de dicho Gobierno general de liberarse del estilo de gobierno y formativo por él adoptados en el curso de los numerosos años en que ha dirigido el Sodalitium Christianae Vitae, así como de remediar, en el límite de lo posible y en todo caso de lo justo, a los daños causados a cualquiera». Y, por lo tanto, dado que de este modo supuestamente se restituye la justicia y se repara el escándalo, no se hace necesaria la expulsión.

Se trata de argumentos endebles. Por menos se expulsó a Germán McKenzie en el pasado. Además, el Sodalicio no ha demostrado fehacientemente hasta ahora que se haya librado de los estilos de formación y modos de proceder de Figari, manteniendo su estructura institucional verticalista, su ideología conservadora rígida, sus métodos invasivos de adoctrinamiento y el secretismo como consigna tácita. Y en cuanto a remediar los daños causados, sólo hemos visto una estrategia de control de daños que ha dejado varias víctimas caídas a la vera del camino, a las cuales no se les ha reconocido su status de tal y se las ha abandonado a su suerte. Además, las reparaciones concedidas han solido estar generalmente muy por debajo del límite de lo que financieramente es posible para el Sodalicio, y ciertamente muy lejos de ser justas.

La Santa Sede tenía en sus manos las herramientas para autorizar la expulsión de Figari, pero decidió hacerse de la vista gorda, negar que Figari haya aplicado violencia (psicológica) cuando cometió actos de carácter sexual y permitirle seguir siendo miembro de derecho pleno de la institución que fundó, elogiándolo con palabras que a más de uno le podrían causar una indigestión ácida: «[Figari] es sin embargo de considerar como el fundador del Sodalitium Christianae Vitae y por lo tanto como el mediador de un carisma divino».

En el fondo, lo que la Santa Sede no quiere reconocer es que cometió un error mayúsculo cuando en el año 1997 aprobó al Sodalicio como institución de derecho pontificio. Tengo la sospecha fundada de que los responsables del Sodalicio no actuaron con transparencia y presentaron una visión de la institución recortada y acomodada a los requerimientos de imagen que necesitaban transmitir. Así como me consta que las Memorias de Luis Fernando Figari, discursos que el entonces Superior General pronunció entre 1976 y 1986 y que jugaron un papel decisivo en la configuración ideológica y disciplinar de la institución, nunca fueron enviadas a Roma, pues en el mismo Sodalicio se las puso fuera de circulación a fines de los ‘80 y se requisaron todos los ejemplares que había en las bibliotecas de las comunidades sodálites o en posesión de cualquier sodálite común y corriente, junto con la mayoría de los libros de contenidos fascistas.

La expulsión hubiera dejado a Figari, en lo que concierne al Sodalicio, prácticamente en la calle, pues el Código de Derecho Canónico establece en el canon 702 §1 lo siguiente: «Quienes legítimamente salgan de un instituto religioso o hayan sido expulsados de él, no tienen derecho a exigir nada por cualquier tipo de prestación realizada en él».

Ciertamente, se trata de una ley eclesiástica injusta que atenta contra derechos humanos fundamentales. Primero: porque pone en igualdad de condiciones a quien se sale legítimamente de un instituto y a quien es expulsado de él. Segundo: porque deja desprotegida a la persona y desconoce su derecho a una justa compensación por servicios prestados, en algunos casos a lo largo décadas.

Aun cuando el mismo Código de Derecho Canónico reconoce que «el instituto debe observar la equidad y la caridad evangélica con el miembro que se separe de él» (canon 702 §1), se trataría de una obligación moral y no de un derecho adquirido, lo cual se presta a muchas injusticias.

Luego de tanta disquisición jalada de los pelos por parte de la Santa Sede, que ha finalizado con un decreto que deja a Figari impune, protegido hasta el fin de sus días en una jubilación dorada con la cual muchas de sus víctimas no podrán nunca ni siquiera soñar, queda la hipótesis de que se ha buscado más bien proteger la reputación institucional de la Iglesia católica poniendo a resguardo a Figari. Pues debe contar con mucha información comprometedora y sería muy peligroso dejarlo suelto en pampa.

Al final, el sistema judicial de la Iglesia, ajeno a los avances en legislación sobre derechos humanos fundamentales, ha funcionado como debía funcionar, garantizando la impunidad de un personaje notable de una institución aprobada por la misma Santa Sede y salvaguardando los intereses institucionales por encima de las sufridas personas de carne y hueso que fueron víctimas de abusos graves.

Y si con eso se ha querido evitar el escándalo, al final no se ha logrado este objetivo. Pues el mayor escándalo en la Iglesia católica actual no es que se sepan los delitos de miembros connotados suyos, sino más bien que se encubran y queden impunes. Y se transmita la impresión no de hallarnos ante la comunidad de creyentes que fundó Jesucristo, sino —por lo menos a nivel de sus jerarcas— ante una organización criminal.

(Columna publicada en Altavoz el 2 de abril de 2017)

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FUENTES

Código de Derecho Canónico
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM

Congregación para la Doctrina de la Fe
Carta a los obispos de la Iglesia católica y a otros ordinarios y jerarcas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (18 de mayo de 2001)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html
Breve relación sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (21 de mayo de 2010)
http://www.vatican.va/resources/resources_rel-modifiche_sp.html

Pronunciamiento de la Santa Sede sobre el caso Luis Fernando Figari (30 de enero de 2017)
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Carta_Roma_2017.pdf

LA CRUDA VERDAD

abuso

La Iglesia católica tiene como principio pragmático, elevado a la categoría de imperativo ético, evitar siempre el escándalo. Pues supuestamente lo que escandaliza socava la fe de los fieles y los aleja de la salvación. «La salvación de las almas debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia» es el enunciado sobre el cual se asienta todo la ley eclesiástica, como señala el actual Código de Derecho Canónico (n. 1752).

Pero lo que muchos representantes de la Iglesia han perdido de vista es que en el lenguaje bíblico “escándalo” se entiende como “tropiezo”, y el que escandaliza es aquel que hace tropezar a otros —cualquier abusador, por ejemplo— y no el que da a conocer quiénes son los abusadores y cuáles son los abusos cometidos.

Cuando se trata de investigar abusos, la verdad desnuda hecha pública es lo que menos interesa a los tribunales eclesiásticos, pues su veredicto final dependerá de cuán escandalosa consideren la revelación de los hechos. Y por evitar el escándalo se preferirá —como ha ocurrido frecuentemente— encubrir y proteger a los abusadores y, en la medida de lo posible, mantener la verdad completa en el silencio más absoluto.

Poco se puede esperar de las instancias vaticanas, mucho menos del Sodalicio mismo, respecto a la verdad sobre los abusos cometidos en esta institución. Su preocupación ardiente por salvar a las almas evitando el escándalo hará que oculten todo lo que se pueda ocultar, como lo han intentado infructuosamente hasta ahora.

Una comisión investigadora en el Congreso, ajena al poder eclesiástico, representa al menos la esperanza de que se conozca por fin la cruda verdad en todas sus dimensiones.

(Columna publicada en Exitosa el 11 de febrero de 2017)

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Esta columna fue redactada el jueves 9 de febrero antes de que al día siguiente, 10 de febrero, se diera a conocer a la opinión pública la carta de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, pronunciándose sobre el caso de Luis Fernando Figari (ver http://sodalicio.org/comunicados/pronunciamiento-de-la-santa-sede-sobre-el-caso-luis-fernando-figari-2-2/). Lamentablemente, no me equivoqué y se cumplieron mis predicciones.

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (IV)

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Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

En esta cuarta y última entrega se analiza los razonamientos “trespatinescos” que llevaron a la fiscal Peralta a concluir que la denuncia contra miembros del Sodalicio debía archivarse por falta de pruebas.

No es que la fiscal no tuviera pruebas que sustentaban los hechos denunciados por los denunciantes. Simplemente las desestimó como tales, por motivos no pertinentes.

Un claro ejemplo son la admisión de las tachas contra los psicoterapeutas Jorge Bruce y Dante Wharton: en el caso de Bruce, porque «desde el 2001 viene emitiendo pronunciamientos públicos sobre el Sodalicio que le impiden actuar de manera objetiva e imparcial en esta investigación»; en el caso de Wharton, porque «adelantó opinión sobre el caso de materia de investigación lo que impide que emita un pronunciamiento objetivo e imparcial».

¿No se percató la fiscal de que la participación de ambos especialistas en el caso no se da en calidad de testigos que corroboren los hechos denunciados, sino en calidad de profesionales con un bagaje científico a los cuales se les encarga la evaluación psicológica de los denunciantes? ¿Desde cuándo la opinión personal de un psicoterapeuta es relevante respecto a una pericia psicológica que se basa en pruebas objetivas y mediciones científicamente acreditadas? Haciendo una comparación, ¿acaso la opinión personal de un médico juega algún papel en el diagnóstico que hace de un paciente? Si la fiscal cree que es así, ¿hizo una investigación previa de los psicólogos del Instituto de Medicina Legal cuyos peritajes sí aceptó, para ver cual era la opinión personal que tenían sobre el Sodalicio? Pues lo que está cuestionando la fiscal es que se tenga una opinión previa vinculada al tema de la demanda, y el hecho de que sea pública o no resultaría irrelevante, pues aún así estaría influyendo en los resultados de la pericia.

En todo caso, los peritajes del Instituto de Medicina Legal sí que son cuestionables desde el momento en que concluyen con certeza cuasi-dogmática que la afectación emocional que presentan Óscar Osterling y José Enrique Escardó –—del cual se admite incluso que «requiere terapia psicológica especializada»–— no guardan ninguna relación con la experiencia vivida en el Sodalicio y son atribuibles a factores presentes en la infancia y la adolescencia. En el caso de Pedro Salinas, los impulsos «que han sido desfavorables para la estructuración de su personalidad» son atribuidos de manera concluyente a la ausencia de la figura paterna, no habiendo el Sodalicio contribuido en nada a que presente esas características. En otras palabras, la experiencia sodálite no habría dejado ninguna huella en los denunciantes, ni mala ni buena, pues ni les habría ocasionado los problemas psicológicos que presentan ni les habría ayudado a solucionarlos. Como si hubieran sido pasados por agua tibia.

En el caso de los hermanos López de Romaña no se ratificó sus peritajes psicológicos porque «faltaron a sus citaciones» y «al borde de la terminación de la etapa investigatoria concurrieron a las citas de Medicina Legal». Sin explicar si las ausencias de ambos hermanos fueron por razones justificadas, la fiscal simplemente da constancia de que acudieron tarde, y por eso no se tomó en cuenta los peritajes efectuados. Se trata de una simple cuestión administrativa que pudo haber sido resuelta de manera satisfactoria, pero en la cual la fiscal prefirió omitir cualquier diligencia que pudiera contribuir a determinar si los López de Romaña también presentaban problemas psicológicos.

No llego a entender los criterios que se aplicaron. ¿Cómo se puede concluir taxativamente que un sistema de formación que incluye reiteradas prácticas físicas y psicológicas de carácter extremo no tienen ningún efecto sobre la psique de las personas? El mismo Jaime Baertl admite como ciertas algunas de esas prácticas (dormir en las escaleras, nadar en el mar en la madrugada, recibir golpes en el estómago) y las considera «imprudentes». José Ambrozic señala que «en algunos casos los rigores –—como él los llama–— pudieron ser excesivos». Óscar Tokumura señala «respecto a los supuestos golpes en el vientre, era para ver si hacían ejercicios, siendo que ello sólo se hacía con el consentimiento de éstos», cuando yo nunca he visto que alguien haya tenido ni siquiera la oportunidad de negarse a que le aplicaran tan peligroso golpe. Tanto Fernando Vidal, Alessandro Moroni, Jaime Baertl como José Ambrozic resaltan que los actos descritos como «rigores de la formación» ya no se realizan. ¿Por qué motivos? Evidentemente, porque no eran beneficiosos para nadie, e incluso traían consigo consecuencias perjudiciales.

Por todo lo visto, no se justifican las palabras de la fiscal Peralta cuando respecto a las lesiones psicológicas producidas por actividades abusivas acota que «como elementos que acrediten las versiones de los denunciantes únicamente se cuenta con sus afirmaciones y declaraciones juradas». Las actividades en cuestión han sido admitidas por los mismos denunciados, sólo que la valoración es distinta. Para ellos se trata de «rigores de la formación», mientras que los denunciantes hablan de «abusos físicos y psicológicos». Me pregunto por qué la fiscal no consultó a un especialista en la materia que pudiera aclarar qué consecuencias tendrían las actividades descritas en la psique de una persona, y si pueden ser consideradas como beneficiosas o dañinas. Pues de que hubo esas actividades, las hubo, y eso ni siquiera lo niegan los denunciados.

Otros documentos que la fiscal tomó como pruebas de que los denunciantes actuaron en pleno uso de sus facultades —y, por lo tanto, no hubo privación de la libertad o secuestro mental— son las cartas de puño y letra en que solicitan ser admitidos en el Sodalicio o en una comunidad de formación, redactadas supuestamente cuando los denunciantes ya eran mayores de edad. No tiene en cuenta que el trabajo de adoctrinamiento con aplicación de métodos invasivos de la psique se realizaba durante un período de aproximadamente un año antes de el candidato fuera admitido en el Sodalicio. Si las primeras cartas de los denunciantes fueron firmadas cuando ya tenían 18 años, es fácil suponer que el trabajo con ellos se inició cuando todavía eran menores de edad.

En el pasado han habido casos flagrantes donde el Sodalicio ha incorporado a sus filas a menores de edad. Mi caso, por ejemplo. En mi declaración jurada en calidad de testigo que fue presentada a la fiscal Peralta, digo lo siguiente: «Me vinculé formalmente al Sodalicio de Vida Cristiana o Sodalitium Christianae Vitae (en adelante SCV) mediante compromiso emitido en diciembre de 1978 en la capilla del Colegio Santa Úrsula (Calle Salamanca 125, San Isidro, Lima), a la edad de 15 años, en el grado de sodalite marie, grado que posteriormente fue eliminado de las normas de la institución».

Tengo en mi poder dos autobiografías —una de 1979 y otra de 1980, ambas escritas de puño y letra por encargo de Jaime Baertl— que me fueron devueltas por Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, en enero de 2016. En ambas aparece la fecha exacta de cuándo ingresé al Sodalicio. En la primera dice textualmente: «El 8 de diciembre hice mi promesa de maríe y entré a formar parte del Sodalitium». Estamos hablando del 8 de diciembre de 1978, cuando yo tenía tan sólo 15 años de edad. Y ya me venían trabajando desde marzo de ese año, cuando tenía 14 años.

Lamentablemente, no obstante contar con este dato, la fiscal no se comunicó conmigo ni tomó en cuenta mi testimonio.

Otros documentos que la fiscal no debió admitir como pruebas contra los denunciantes son las fotografías presentadas por la defensa de los denunciados, en las que se ve a los hermanos López de Romaña y a Óscar Osterling participando en diversas actividades realizadas cuando aún formaban parte del Sodalicio. Al respecto, dice la fiscal Peralta: «En la investigación se han presentado fotografías llevando una vida libre y con expresiones de alegría en la vida dentro del SCV». Ciertamente, tanta ingenuidad sería conmovedora, a no ser porque la conclusión que de ella se deriva no se sostiene por ningún lado, a saber, «que todos esos actos son demostrativos que podían expresar su voluntad».

¡Por Dios! ¿Acaso ese tipo de fotografías demuestran lo que ella dice? Tomemos el caso de Colonia Dignidad, un enclave de alemanes situado al pie de los Andes chilenos, donde el líder religioso Paul Schäfer sometió mentalmente a todos los colonos y abusó sexualmente casi a diario de menores de edad durante décadas. De todas las fotos que hay, ¿se puede encontrar una sola donde no aparezcan los colonos sonrientes, tanto en diversas actividades colectivas como en fiestas populares alemanas? ¿Se puede ver en las fotos de familia que quedan, con personas de rostro alegre, indicios de los crímenes cometidos? Nada de nada. Y, sin embargo, sería ilegítimo utilizar esas fotos para pretender negar los abusos cometidos.

Ante todo esto, le auguramos un futuro brillante a la fiscal Peralta si decide cambiar de profesión e iniciar una carrera en el área de la comedia de enredos. Pero si permanece en su puesto, sólo nos queda decir como “Tres Patines”:

«¡Cosa más grande de la vida, chico!»

(Columna publicada en Altavoz el 28 de enero de 2017)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

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Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

En este tercera entrega analizaré la valoración de los testimonios hecha por la fiscal, que bien podría haber hecho “Tres Patines” con similares resultados.

Dada la naturaleza de los delitos denunciados, ocurridos muchos de ellos hace bastante tiempo, los cuales, de ser ciertos, habrían sido mantenidos en silencio tanto por los denunciados —por razones obvias— como por los denunciantes —debido a no haber pasado todavía el tiempo suficiente como para procesar psicológicamente la experiencia—, la prueba testimonial es de suma importancia.

¿Cómo saber que ocurrieron hechos que no fueron documentados en su momento pero que han dejado huella personal y han permanecido latentes en la memoria de sus protagonistas? A través de los testimonios, donde se tiene que examinar la veracidad de aquel que presta testimonio, además de comprobar la coherencia y solidez de su relato sobre la base de datos objetivos externos. «La declaración del presunto agraviado debe contar con garantías de certeza», admite la fiscal Peralta.

El problema está en que una de las garantías que exige es «que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición».

¡Perdón! ¿He entendido bien? Por poner un ejemplo, alguien abusa de mí y me causa un daño que me marca de por vida. ¿Mi testimonio sólo sería aceptado si no tengo ningún sentimiento negativo —como odio, desprecio, rabia— hacia esa persona? ¿Para que mi testimonio sea válido debo estar lleno de amor, compasión y ternura por quien me jodió la vida, o por lo menos tener una actitud neutra hacia él? Este criterio carente de empatía hacia cualquier agraviado sería suficiente para tirarse abajo miles de testimonios de víctimas de la violencia en el Perú, aunque coincidan en cientos de detalles, los necesarios como para admitir su verosimilitud de sus relatos.

Visto esto, no extraña que el Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni, junto con todas las cartas firmadas por las denunciantes solicitando su ingreso a una comunidad sodálite de formación, haya presentado también «diversas opiniones y publicaciones que ha realizado el señor José Enrique Escardó Steck respecto a sus vivencias en el Sodalicio, además de su opinión de la Iglesia católica en diferentes aspectos y perspectivas». Se refiere a los artículos publicados originalmente por Escardó en el año 2000 en la revista Gente «bajo el título “El quinto pie del gato”, en el que abiertamente ataca y recrimina a la Iglesia católica».

Que la parte denunciada presente estos escritos implica, por cómo está redactado el texto de la resolución, que se busca desacreditar a Escardó siguiendo los criterios de validación de la fiscal, es decir, que siendo Escardó una especie de enemigo de la Iglesia católica que odia al Sodalicio, su testimonio deberá ser tomado con pinzas. No se tiene en cuenta que esa animadversión puede haber sido generada por experiencias traumáticas en una institución de la Iglesia, como es el Sodalicio mismo. Es decir, la actitud anticatólica de Escardó podría haberse originado en la experiencia que tuvo en el Sodalicio, y esa misma actitud se utilizaría como pretexto para invalidar su testimonio sobre lo vivido. Moroni ha puesto la carreta delante de los bueyes, y la fiscal —católica pía y devota— le ha seguido la corriente. Como fiel oveja del rebaño.

Insólita es también la manera cómo la fiscal —en un castellano que es una tortura para los ojos de los lectores— desacredita las testimoniales que corroboran las afirmaciones y declaraciones juradas de los denunciantes, pues «se deben tomar con ciertas reservas por cuanto no vienen aparejadas con elementos objetivos que la sustente y podrían haber sido influenciados por tres factores actuantes: 1.- El prolongado transcurso de tiempo entre los supuestos hechos a la actualidad. 2.- La publicación del libro “Mitad Monjes Mitad Soldados” y la gran publicidad dada a los hechos allí narrados como ciertos. 3.- El ofrecimiento de resarcimiento económico ofrecido a los que se consideren víctimas de parte del Sodalitium Christianae Vitae; siendo la influencia de dichos factores advertidos por la suscrita en la mayoría de las declaraciones».

¿No se ha percatado la fiscal de que las historias de los denunciantes y de varios testigos ya habían sido puestas por escrito antes de la publicación del libro de Salinas y, por lo tanto, antes de que el Sodalicio ofreciera cualquier reparación económica? ¿Y que algunos de estos relatos —no inventados sino exprimidos de la memoria— han servido de fuentes del libro de Salinas y coinciden en múltiples detalles con acontecimientos de la historia remota del Sodalicio, que todavía no se habían hecho de conocimiento público y que sólo podían ser conocidos por quienes hubieran sido partícipes de esa misma historia?

Lo más delirante es que la fiscal vea malas intenciones —avidez de ganancia económica— en quienes tenían la certeza de que el Sodalicio les iba a negar toda compensación económica si salían a denunciar o a fungir de testigos en un proceso penal, como efectivamente ocurrió. En cierto sentido, eso constituye una manera de ir contra la presunción de inocencia, tanto de los denunciantes como de los testigos, presuponiendo en ellos intenciones torcidas.

Por otra parte, la fiscal Peralta no ha manifestado ninguna reserva contra los testimonios de quienes atestiguaron a favor del Sodalicio.

Igualmente me parecen insuficientes los argumentos esgrimidos para desacreditar las declaraciones públicas de Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, pidiendo perdón por los abusos cometidos, pues la fiscal considera que «son expresiones personales sin especificación de sujetos agresores ni agredidos menos aún con sustento objetivo o medio probatorio alguno». Lo menos que podría haber hecho es interrogar a Moroni sobre estas declaraciones y preguntarle a qué y a quiénes se refería. No lo hizo, y terminó sacando unas conclusiones que son sólo producto de su propia desidia y desinterés.

De modo similar, le niega valor probatorio al informe de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, pues «dicho informe es un documento privado sin respaldo probatorio alguno que justifique su opinión, basado sólo en declaraciones de personas que expresaron haber pertenecido al SCV mas no contrastado con la realidad, sin recabar las declaraciones con los supuestos agresores, es decir, son opiniones unilaterales». Como unilaterales son también las declaraciones de los denunciados, que la fiscal Peralta admitió como válidas sin contrastarlas con la realidad ni analizarlas debidamente.

Tomemos como ejemplo las declaraciones del P. Jaime Baertl, quien no recuerda haber sido confesor de ninguno de los denunciantes «porque la labor de confesión no permite ver el rostro de la persona que se confiesa», cuando en ninguna de las comunidades de formación en que estuvieron los denunciantes hubo jamás un confesionario, y las confesiones se realizaban cara a cara en la capilla. O cuando dice «nadie es sometido a test psicológicos para ingresar al Sodalicio, precisando que cuando se entra de aspirante al Sodalicio un psicólogo les toma 3 ó 4 test». ¿A qué parte del enunciado le creemos: a la primera o a la segunda? Y si la segunda es cierta, ¿no pidió la fiscal el nombre del psicólogo, para poder citarlo y verificar este dato? Porque a mí me tomaron tests Germán Doig y el mismo Baertl cuando yo todavía era menor de edad, y ambos tenían de psicólogo lo que yo tengo de beata cucufata. Y así como ocurrió en mi caso, son varios los testimonios de ex-sodálites que aseguran que les tomaron pruebas psicológicas.

Inexactitudes también hay en las declaraciones de Erwin Scheuch, quien «precisó que nunca realizó apostolado en una institución educativa para que menores se incorporen al Sodalicio», cuando se sabe que habría estado encargado, por lo menos en una ocasión, de la preparación de la confirmación en el Colegio Alexander von Humboldt, y no existe actividad apostólica organizada por el Sodalicio que no busque candidatos para ser incorporados a la institución. En el Sodalicio siempre se ha entendido el apostolado como proselitismo.

Lo más alucinante se da cuando Erwin declara que «nunca ha hackeado a nadie y no lo ha encomendado a alguien a realizar ello, considerando la versión del denunciante Oscar Osterling como una calumnia, quien fue denunciado en febrero de 2008 por una persona externa a la comunidad de enamorar a una joven consagrada». Esto contrasta con lo que declaró Jaime Baertl, quien «señaló que por versión del denunciante Oscar Osterling Castillo, tomó conocimiento del hackeo de su computadora cuando se encontraba en una de las comunidades del Sodalicio, precisando que los correos revelaban una relación amorosa entre dos religiosos, y es por ello que le impusieron medidas correctivas preventivas, decisión que fue tomada por el Superior General Luis Figari». ¿Cuál versión es la correcta? Pues Jaime Baertl corrobora lo que contó Osterling, mientras que Erwin Scheuch lo considera una calumnia.

Regresando al informe de la Comisión de Ética, la fiscal debió haber citado a sus miembros para que explicaran la metodología de trabajo que habían aplicado, En los procedimientos de la Comisión (ver http://comisionetica.org/procedimientos/) se dice que las quejas debían contener «medios probatorios que se considere anexar a la queja o denuncia». Además, se especifica claramente lo siguiente: «La Comisión podrá solicitar al Superior General del SCV informe respecto de cualquier antecedente o información relacionada a los hechos materia de la Queja, y entrega de toda la información que disponga respecto de la acusación, la situación del imputado en la fecha de los hechos y sobre la existencia de otras quejas o denuncias similares o no contra quien es acusado, si quien formula la queja es conocido, miembro o afiliado al SCV, y las acciones que hubiera realizado el SCV al respecto, entre otras etc.» Como se puede ver, la Comisión no se habría limitado a hacer resúmenes de las quejas, sino también a verificar la veracidad de los relatos testimoniales presentados. Su informe final no puede ser considerado un documento privado, sino que tiene otro carácter.

A la luz de lo señalado, podemos suponer que la fiscal habría tomado partido, desestimando los testimonios de los denunciantes además de los testimoniales y documentos presentados por la acusación, mientras que ha admitido sin cuestionamiento los testimonios de los denunciados, aunque hayan en ellos hechos no verificados e incluso contradictorios.

En la siguiente entrega analizaré varias pruebas de la parte denunciante que fueron desestimadas como tales por la fiscal, además de las supuestas pruebas presentadas por la parte acusada que no deberían haberse considerado como tales o cuyo valor probatorio habría requerido de un análisis más profundo. Para lo cual no parece estar capacitada quien tiene una mentalidad de “Tres Patines”.

(Columna publicada en Altavoz el 25 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (IV)

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

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Fiscal María del Pilar Peralta Ramírez

Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (I)

En esta segunda entrega continúo con el análisis de los argumentos “trespatinescos” que utiliza la fiscal Peralta para archivar las denuncias penales contra el Sodalicio.

Dice el fallo que el delito de secuestro como privación de la libertad personal debe entenderse exclusivamente como privación arbitraria de la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro a voluntad, es decir, «cuando el sujeto queda privado de su libertad para movilizarse, ya sea mediante violencia, amenaza o engaño requiriendo necesariamente el dolo o el conocimiento y voluntad de impedir el ejercicio de su libertad ambulatoria». Que esto no habría ocurrido se demostraría supuestamente por el hecho de que en ninguna de las comunidades sodálites hay una «barrera física» —entiéndase muro o reja— que impida la salida de los que allí viven, además de que los denunciantes manifestaron por escrito su voluntad de ingresar y salir del Sodalicio y «existe la presunción iuris tantum que durante toda su vida adulta han ejercido plenamente sus facultades al no haber sido declarados incapaces».

Para ilustrar esta ausencia de barreras físicas, la fiscal Peralta menciona el testimonio de Martín Balbuena, «que [en el año 2008] se escapó por la puerta de la residencia en Colombia, lo que sin lugar a dudas demuestra que su salida o permanencia en las residencias dependía únicamente de la voluntad de que estos quisieran o no permanecer en dichos inmuebles dado que al tomar la decisión de retirarse, simplemente podían salir por la puerta sin que nadie les impidiera dicho acto lo que deja entrever que su libertad de desplazamiento no era vulnerada por los denunciantes que dicho sea de paso no se encontraban físicamente acompañándolo al momento de estar en Colombia».

No puedo creer lo que leen mis ojos. Quien conoce la historia de Martín Balbuena, sabe que lo primero que tuvo que vencer —como tantos otros— es el enorme miedo y angustia ante la inminente huida, pues al tomar esa decisión uno se siente culpable, traidor, fracasado, y sabe que comunicar esa decisión de manera abierta y sincera a los superiores lo único que logra es —en el mejor de los casos— postergar la salida en varios meses y —en el peor— impedirla totalmente.

Salir de comunidad no era nada fácil, pues «años atrás el retenimiento de los miembros a la organización para que no se desvincularan era exagerada. Se evitaba a toda costa la salida de cualquier integrante. En varios casos, a pesar de haber manifestado un deseo honesto de salida, el sodálite era casi forzado a pasar por procesos indefinidos y prolongados para evitar aquello que era una mal en sí: la desvinculación de la comunidad. Se dieron casos dramáticos de personas no idóneas para la vida consagrada o personas que habían cometido faltas graves que, lógicamente, debían salir de comunidad y por el contrario se forzó una permanencia que terminaba siendo traumática y dolorosa. Hay varios casos que atestiguan esta lógica». Esto es lo que leo en las reflexiones de alguien que, cuando todavía era sodálite de derecho pleno, formuló en el año 2015 un análisis crítico interno.

Martín Balbuena esperó el día y la hora en que pudiera salir de la casa sin que nadie advirtiera que no tenía intenciones de regresar. En Colombia, no tenía adónde ir. Cualquiera pensaría que se dirigió al aeropuerto a tomar un avión hacia Lima. Nada más lejos de la realidad. Era uno de los primeros lugares donde buscarían ubicarlo cuando advirtieran su prolongada ausencia -—como efectivamente lo hicieron—. Con escaso dinero y sólo lo que tenía puesto, inició un peligroso y aventurero recorrido por tierra —de varios días—, que lo llevaría en bus desde Colombia hasta la capital del Perú, pasando por Ecuador.

¿Cómo puede afirmar la fiscal Peralta que la libertad —ambulatoria, para usar su interpretación— no estaba restringida, cuando quienes tomaban la decisión de irse definitivamente de la comunidad en un día determinado tenían que hacerlo subrepticiamente, tomando precauciones para que nadie se enterara en ese momento, de preferencia a horas imprevistas, cuando todos estaban durmiendo o ausentes de la casa? No conozco ningún solo caso en que un sodálite le haya comunicado a sus superiores su decisión de irse y haya podido realizar esto el mismo día, al día siguiente o a la brevedad posible.

La barrera que había que superar era interior, y eso no resultaba fácil.

En 1993, yo estuve prácticamente recluido siete meses en San Bartolo, creyendo firmemente que si me iba contraviniendo la voluntad de los superiores, me iba a condenar para siempre. Pues ése era el tipo de pensamiento que se me había implantado en la mente, y que yo estaba obligado a admitir por obediencia si quería permanecer siendo sodálite. Y que en ese entonces me generó tal angustia, que durante ese tiempo deseé cada día que me sobreviniera la muerte.

Uno no podía desplazarse fuera de la casa si no había de por medio una autorización del superior. Ciertamente, no había ninguna barrera física que a uno le impidiera salir, pero en caso de hacerlo sin permiso, uno se exponía a castigos desproporcionados. Asimismo, cualquier viaje realizado por algún sodálite de comunidad tenía que contar con el permiso del superior, así como cualquier acto jurídico realizado por la persona. Las ganancias obtenidas en calidad de sueldo por un trabajo tenían que ser declaradas, y a uno se le indicaba qué cantidad podía quedarse.

¿Era todo esto realizado de manera libre? Desde el momento en que toda decisión del sujeto tenía que ser validada por un superior jerárquico, quedaba afectada la libertad personal. Como dice el texto aludido de un sodálite crítico, «los aspectos más insignificantes de la vida del sodálite quedaban sometidos al juicio del superior, juicio que podía llegar hasta el fondo de la conciencia personal».

De este modo, la única libertad que quedaba es la seguir a pie juntillas la rutina diaria y la de formular deseos e intenciones, pero no la de ejecutar lo que uno realmente quería. Y para aceptar esto como normal, se requiere haber quebrado la voluntad del sujeto, haber modificado sus criterios de pensamiento con el fin de tenerlo siempre “voluntariamente” dispuesto a cumplir órdenes superiores, sin manifestar ningún asomo de crítica en su pensamiento. Esto es lo que algunos especialistas llaman “lavado de cerebro”.

Y esto es lo que no ha querido ver la fiscal Peralta, quien ha creído entender que sólo si encontraba “incapacidad mental” en los denunciantes había sustento para la denuncia. Evidentemente, no la ha encontrado. Pues una persona con el cerebro lavado —o mejor dicho, sujeta a control mental— no pierde sus facultades intelectuales o volitivas, su capacidad para realizar actos jurídicos o para efectuar acciones normales de la vida cotidiana. Más aún, a ojos de las personas que tienen trato con ella, su forma de actuar se asemeja a la de un ser humano normal. Pero no toma decisiones propias en áreas fundamentales, pues gran parte de su capacidad de decisión ha sido transferida a los superiores, que deciden por ella. Y una de esas áreas es la libertad ambulatoria, pues a los sodálites de comunidad no les estaba permitido ni siquiera salir de la casa por la puerta si no contaban con permiso del superior.

Se trata de una privación de la libertad, hecha mediante violencia, amenaza y engaño —utilizando los mismos términos de la fiscal Peralta—, pues el cambio de mentalidad para generar una dependencia así hacia los superiores se hacía mediante técnicas introspectivas invasivas que llevaban al quiebre de la propia personalidad y lo volvían a uno dócil para cumplir “voluntariamente” cualquier orden superior, habiendo además amenazas de castigos para quien no obedeciera en este punto —ayunos a pan y agua (o a lechuga y agua), aislamiento, prohibiciones—, y todo era realizado con engaño, pues a los afectados nunca se les informaba de sus derechos, sólo de sus obligaciones, entre las cuales la principal era obedecer sin cuestionar.

Que algunos hayan podido superar con mucho esfuerzo esa barrera y hayan finalmente logrado irse de la comunidad no significa que esa barrera no existiera, así como que el hecho de que alguien logre saltar un muro y escaparse del recinto en que se le mantenía secuestrado, no significa que ese muro no haya existido como impedimento.

¿Diría la fiscal Peralta que si un secuestrado logra fácilmente violar la cerradura de la casa en que se le mantenía encerrado ya no se puede hablar de secuestro, pues la puerta no constituía un verdadero impedimento para que pudiera movilizarse libremente?

“Tres Patines” hubiera argumentado así ante el tremendo juez de la tremenda corte. Con toda probabilidad.

No acaban aquí los tremendos argumentos de la tremenda fiscal. Continuaré con su análisis en la siguiente entrega.

(Columna publicada en Altavoz el 24 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)