RIGORES DE LA FORMACIÓN

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Georg Ratzinger dirigiendo el coro de los Gorriones de la Catedral de Ratisbona en 1976

Cuando el 19 de julio apareció en la prensa alemana la noticia del informe sobre los abusos en el coro de los Gorriones de la Catedral de Ratisbona, una anciana del asilo donde trabajo, que estaba leyendo el periódico local, me dijo indignada que quienes habían perpetrado esas atrocidades debían ser castigados. Lo mismo pensé yo. Pero también me invadió cierta tristeza, pues sabía que en esos casos muy rara vez los culpables son castigados, los delitos en su mayoría han prescrito y las víctimas suelen ser dejadas a su suerte y tratadas como si ellas fueran el problema, y no quienes lo han sufrido y cargan todavía con las consecuencias.

Pues lo que describe el informe de 440 páginas, encargado por el actual obispo de Ratisbona al abogado independiente Ulrich Weber —que se demoró dos años en la investigación correspondiente y el procesamiento de datos—, es la descripción de un crimen colectivo.

Hasta ahora se ha logrado determinar el número de 547 víctimas, de las cuales 67 fueron objeto de abuso sexual y 500 de abuso físico, siendo que algunas de ellas sufrieron ambos tipos de abuso. El número de perpetradores en el período de 1945 a 1992 —año en que se registra el último incidente— es de 49, de los cuales 9 cometieron abusos sexuales y 45, abusos físicos. La mayoría de los abusos ocurrieron en las décadas de los ‘60 y ‘70.

Del informe se desprende que no se trata de casos aislados, aun cuando haya ex-alumnos de las escuelas del coro que no sufrieron abusos y guardan recuerdos gratos de su época escolar. Pero eso no descalifica para nada los crudos testimonios de las víctimas, ni anula el hecho de que se trató de un sistema educativo y de formación dominado por la violencia, el miedo y el desamparo, tanto en la escuelas preparatorias de Etterzhausen y Pielenhofen, como en el internado de la escuela secundaria en Ratisbona.

Al igual que en otras instituciones donde han ocurrido abusos similares —llámese Sodalicio o Legionarios de Cristo—, el sistema formativo estaba orientado a la suprema perfección, en este caso a la excelencia en el rendimiento musical y el éxito del coro. Con el fin de lograr la máxima disciplina y disponibilidad, se buscó quebrar la voluntad de los educandos, lo cual sirvió de base para la justificación de prácticas violatorias de derechos humanos fundamentales, traduciéndose esto principalmente en abusos físicos y psicológicos, ocurridos casi a diario a vista y paciencia de todos dentro de los recintos escolares, mientras que los abusos sexuales, poco frecuentes y ocasionales, se dieron a puerta cerrada, aunque pueden considerarse como consecuencia última de la lógica del sistema.

El informe da cuenta de métodos cuasi policíacos: control de la higiene corporal, de armarios, de correspondencia, de camas, de comidas, etc. Quien cometía alguna falta era castigado desproporcionadamente con golpes o humillaciones, siendo las bofetadas y los varapalos los métodos más frecuentes. Otros castigos eran verter la sopa caliente sobre los dedos de quien no quería tomarla; o ser obligado a comer lo que se vomitaba cuando uno se resistía a comer el “forraje” que se servía en el comedor.

El informe habla también de abusos sociales —restricción de la comunicación con otros mediante aislamiento, prohibiciones, alejamiento de amigos y de la familia, retención de bienes personales, negación parcial de alimentos, etc.—, lo cual permite el control sobre el entorno del educando y, a la vez, se evita que lo que ocurre dentro de la institución llegue a conocimiento de personas externas. Como cuando se revisaba cada carta que enviaban los alumnos a sus familiares, y se las retenía si contenían información no grata para la escuela, o se ordenaba al alumno escribirla nuevamente en términos más amables.

Ni que decir, no faltaron quienes alimentaron pensamientos suicidas, o incluso intentaron fugar de la escuela, siendo luego castigados severamente, sin que pasara nada. Pues hasta el año 2010 no se dio crédito a quienes denunciaron los horrores vividos.

Durante mucho tiempo se consideró que los castigos eran normales para la época. Simples rigores de la formación. El informe dice lo contrario. Las pesadillas recurrentes y los traumas de los afectados son prueba de ello.

(Columna publicada en Altavoz el 24 de julio de 2017)

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FUENTES

Ulrich Weber/ Johannes Baumeister
Vorfälle von Gewaltausübung an Schutzbefohlenen bei den Regensburger Domspatzen (18. Juli 2017)
http://www.uw-recht.org/fileadmin/user_upload/Abschlussbericht_Domspatzen.pdf

ZEIT ONLINE
Regensburger Domspatzen: Mindestens 547 Chorknaben wurden missbraucht (18. Juli 2017)
http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-07/regensburger-domspatzen-abschlussbericht-misshandlung

Frankfurter Allgemeine
Missbrauch bei Domspatzen: Sadisten im geistlichen Gewand (18.07.2017)
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/domspatzen-bericht-zu-missbrauchsfaellen-vorgelegt-15111839.html

Süddeutsche Zeitung
Georg Ratzinger war Teil des Gewaltsystems bei den Regensburger Domspatzen (19. Juli 2017)
http://www.sueddeutsche.de/bayern/katholische-kirche-georg-ratzinger-war-teil-des-gewaltsystems-bei-den-regensburger-domspatzen-1.3594702

AGRADECIMIENTOS VATICANOS A UN PRESUNTO ENCUBRIDOR Y ABUSADOR SEXUAL POR SERVICIOS PRESTADOS

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El cardenal George Pell junto al Papa Francisco

Cuando el 30 de enero de 2017 la Santa Sede emitió el comunicado sobre el caso Figari, reconociendo parcialmente sus delitos, uno de los atenuantes para justificar el suave castigo que se le dio —si es que puede considerarse castigo— fue que «el Sr. Figari es sin embargo de considerar como el fundador del Sodalitium Christianae Vitae y por lo tanto como el mediador de un carisma divino».

Poco faltó para que se le diera las gracias por todos los servicios prestados a la Iglesia, los cuales deben ser tan valiosos y considerables que, en comparación, poco cuentan unos cuantos «actos contra el VI mandamiento«» que, además, «han ocurrido en un pasado muy remoto». Como si sólo por ese hecho ya no tuvieran el poder de haber arruinado vidas enteras.

Es proverbial y conocida la lentitud e ineptitud de los tribunales eclesiásticos para procesar las denuncias de abusos sexuales, además de que la misma ley eclesial, al poner tiempos relativamente cortos para la prescripción de delitos tan graves, garantiza que éstos nunca sean castigados con las penas que les corresponderían. Por otra parte, las “investigaciones” de la Santa Sede carecen de rigor y hasta ahora no se sabe que se haya convocado a víctimas de abusos para interrogarlas y requerir mayores detalles, permitiendo que sus testimonios puedan ser examinados acuciosamente y, eventualmente, verificados como pruebas decisivas de la culpabilidad del acusado. Antes de llegar a ese punto, se prefieren soluciones ambiguas y castigos dorados.

Por eso mismo, aunque no sorprende, resulta escandalosa y vergonzosa la posición que ha tomado la Santa Sede ante las graves acusaciones hechas por la justicia australiana en contra del cardenal George Pell. Mientras que en otros casos se ha suspendido a eclesiásticos de todas las funciones propias de su cargo —incluyendo las pastorales y sacramentales— hasta que se aclararan las denuncias de abusos en su contra, a Pell sólo se le hado «un período de excedencia para poderse defender».

Todo parece indicar que la Santa Sede da por supuesta la inocencia del prelado vaticano, pues no tiene ningún reparo en agradecerle por los servicios prestados: «El Santo Padre, que ha podido apreciar la honestidad del Cardenal Pell durante los tres años de trabajo en la Curia Romana, le está agradecido por su colaboración y, en particular, por su enérgico empeño a favor de las reformas en el sector económico y administrativo y por su activa participación en el Consejo de los Cardenales (C9)».

Además, se hace una defensa abierta de Pell como alguien que ha combatido efectivamente los abusos sexuales contra menores: «se recuerda que el Cardenal Pell ha condenado desde hace décadas abiertamente y repetidamente los abusos cometidos contra menores como actos inmorales e intolerables; ha cooperado en el pasado con las Autoridades australianas (por ejemplo, en las declaraciones ante la Royal Commission), ha apoyado la creación de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores y, finalmente, como Obispo diocesano en Australia, ha introducido sistemas y procedimientos para la protección de los menores y para garantizar la asistencia a las víctimas de abusos».

Y a decir verdad, la mentada Comisión Pontificia no pasa de ser hasta ahora un mero saludo a la bandera, sin logros que mostrar en la lucha contra la pederastia eclesial. Por otra parte, los sistemas y procedimientos de protección establecidos por Pell se parecen mucho al sistema de reparaciones instituido por el Sodalicio para “ayudar” a las víctimas: ha servido para llevar a cabo un control de daños, buscando obtener el silencio de las víctimas y pagarles lo menos posible en concepto de indemnizaciones.

Finalmente, el comunicado sobre Pell muestra que a nivel de la Santa Sede aún no se tiene conciencia del nivel de incoherencia que puede haber en los abusadores sexuales. Ni Marcial Maciel, ni Fernando Karadima, ni Luis Fernando Figari jamás enseñaron públicamente nada que se apartara de la moral cristiana. Y eso no fue obstáculo para que cometieran delitos que ningún cristiano avalaría. En consecuencia, se puede esgrimir a favor del cardenal Pell todo lo que se quiera que dice el comunicado. Eso no significa que no pueda haber cometido graves abusos sexuales. Sólo esperamos que esta vez se haga justicia.

(Columna publicada en Altavoz el 3 de julio de 2017)

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FUENTE

Religión Digital
Pell deja la Secretaría de Economía y regresa a Australia para defenderse de las acusaciones de abusos a menores
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/06/29/la-policia-australiana-acusa-al-cardenal-pell-de-abusos-sexuales-a-menores-religion-iglesia-vaticano-pederastia-australia.shtml

JUSTICIA ECLESIÁSTICA: LA IMPUNIDAD PROGRAMADA

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Cuando una revisa el Código de Derecho Canónico en lo referente a los delitos que castiga la Iglesia, se obtiene rápidamente la impresión de que la justicia eclesiástica es una ilusión, una quimera pintada en la pared.

Comenzado por que el tiempo de prescripción para la mayoría de los delitos es de 3 años y «comienza a contarse a partir del día en el que se cometió el delito, o, cuando se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día en que cesó» (ver cánones 1362-1363).

Ese tiempo se extiende actualmente a 20 años en el caso de delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como por ejemplo «los delitos más graves contra la santidad del augustísimo Sacrificio y sacramento de la Eucaristía», «los delitos más graves contra la santidad del Sacramento de la Penitencia», «el delito más grave de la atentada ordenación sagrada de una mujer» y «los delitos más graves contra la moral», entre los cuales se cuenta exclusivamente «el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años» y «la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años, por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento» (ver “Breve relación sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, 21 de mayo de 2010).

Hago la salvedad de que, antes del año 2001, se ponía el límite de mayoría de edad a los 16 años. Ese mismo año, un documento del pontificado de Juan Pablo II elevó ese límite a los 18 años de edad y el tiempo de prescripción del abuso sexual de un menor por parte de un clérigo se extendió de 5 a 10 años, y en el año 2010 durante el pontificado de Benedicto XVI a 20 años, contados a partir de la mayoría de edad de la víctima.

Otros delitos que tienen una prescripción de 5 años son el del clérigo o religioso de votos perpetuos que atenta contraer matrimonio, el del clérigo que vive en concubinato o que permanece con escándalo en un pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, el del clérigo que cometa un acto de este tipo con violencia o amenazas, o públicamente; y en general, los delitos de homicidio, rapto o retención general de un ser humano con violencia o fraude, mutilación o lesiones, y el aborto.

Con lapsos tan cortos de prescripción, considerando que en ninguna parte de la ley canónica se establecen limites de tiempo para cada etapa del proceso y constatando que los tribunales eclesiásticos se toman indolentemente todo el tiempo del mundo para procesar cualquier demanda, resulta prácticamente imposible que un delito no haya prescrito cuando haya finalizado el proceso.

De este modo, la ley eclesiástica actual se convierte en instrumento de una impunidad programada de antemano.

En el caso de las denuncias contra Figari, presentadas ante el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima en el año 2011, la Santa Sede se pronunció recién el 30 de enero de 2017, más de cinco años después, sin haber investigado prácticamente nada, pues su resolución se basaba casi exclusivamente en el contenido de las denuncias presentadas y en el informe del visitador Mons. Fortunato Pablo Urcey. Evidentemente, el único delito de que se encontró culpable a Figari, a saber, abuso de oficio (ver canon 1362 §2), estaba prescrito desde antes del inicio del proceso.

Por otra parte, en cuanto a sanciones administrativas, como la expulsión del miembro de un instituto de vida consagrada, el Código de Derecho Canónico es muy severo con los religiosos que atentan matrimonio, viven en concubinato o persisten con escándalo público en un acto contra el sexto mandamiento del Decálogo: deben ser expulsados sin contemplaciones. La expulsión también procedería, sin embargo, si el delito sexual fue cometido con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor de edad «a no ser que […] el Superior juzgue que la dimisión no es absolutamente necesaria y que la enmienda de su súbdito, la restitución de la justicia y la reparación del escándalo puede satisfacerse de otro modo» (canon 695 §1).

Hablando claro, se es mucho más severo con religiosos que caen en conductas sexuales que no implican necesariamente un abuso hacia su contraparte, mientras que se permite la suspensión de la sanción en casos en que el religioso haya cometido flagrantes abusos sexuales.

Que es lo que finalmente sucedió con Figari. Pues la Santa Sede da por sentado, en base al informe de Mons. Urcey, que «no se encuentran actualmente miembros de la Sociedad de vida apostólica que sostengan al Sr. Figari o bien que estén particularmente ligados a él, en puestos de gobierno o en la formación» y «que tanto el Gobierno general como el conjunto del Sodalitium Christianae Vitae tienen clara conciencia de los errores cometidos en el pasado por el Sr. Figari y que resulta igualmente decidida la voluntad de dicho Gobierno general de liberarse del estilo de gobierno y formativo por él adoptados en el curso de los numerosos años en que ha dirigido el Sodalitium Christianae Vitae, así como de remediar, en el límite de lo posible y en todo caso de lo justo, a los daños causados a cualquiera». Y, por lo tanto, dado que de este modo supuestamente se restituye la justicia y se repara el escándalo, no se hace necesaria la expulsión.

Se trata de argumentos endebles. Por menos se expulsó a Germán McKenzie en el pasado. Además, el Sodalicio no ha demostrado fehacientemente hasta ahora que se haya librado de los estilos de formación y modos de proceder de Figari, manteniendo su estructura institucional verticalista, su ideología conservadora rígida, sus métodos invasivos de adoctrinamiento y el secretismo como consigna tácita. Y en cuanto a remediar los daños causados, sólo hemos visto una estrategia de control de daños que ha dejado varias víctimas caídas a la vera del camino, a las cuales no se les ha reconocido su status de tal y se las ha abandonado a su suerte. Además, las reparaciones concedidas han solido estar generalmente muy por debajo del límite de lo que financieramente es posible para el Sodalicio, y ciertamente muy lejos de ser justas.

La Santa Sede tenía en sus manos las herramientas para autorizar la expulsión de Figari, pero decidió hacerse de la vista gorda, negar que Figari haya aplicado violencia (psicológica) cuando cometió actos de carácter sexual y permitirle seguir siendo miembro de derecho pleno de la institución que fundó, elogiándolo con palabras que a más de uno le podrían causar una indigestión ácida: «[Figari] es sin embargo de considerar como el fundador del Sodalitium Christianae Vitae y por lo tanto como el mediador de un carisma divino».

En el fondo, lo que la Santa Sede no quiere reconocer es que cometió un error mayúsculo cuando en el año 1997 aprobó al Sodalicio como institución de derecho pontificio. Tengo la sospecha fundada de que los responsables del Sodalicio no actuaron con transparencia y presentaron una visión de la institución recortada y acomodada a los requerimientos de imagen que necesitaban transmitir. Así como me consta que las Memorias de Luis Fernando Figari, discursos que el entonces Superior General pronunció entre 1976 y 1986 y que jugaron un papel decisivo en la configuración ideológica y disciplinar de la institución, nunca fueron enviadas a Roma, pues en el mismo Sodalicio se las puso fuera de circulación a fines de los ‘80 y se requisaron todos los ejemplares que había en las bibliotecas de las comunidades sodálites o en posesión de cualquier sodálite común y corriente, junto con la mayoría de los libros de contenidos fascistas.

La expulsión hubiera dejado a Figari, en lo que concierne al Sodalicio, prácticamente en la calle, pues el Código de Derecho Canónico establece en el canon 702 §1 lo siguiente: «Quienes legítimamente salgan de un instituto religioso o hayan sido expulsados de él, no tienen derecho a exigir nada por cualquier tipo de prestación realizada en él».

Ciertamente, se trata de una ley eclesiástica injusta que atenta contra derechos humanos fundamentales. Primero: porque pone en igualdad de condiciones a quien se sale legítimamente de un instituto y a quien es expulsado de él. Segundo: porque deja desprotegida a la persona y desconoce su derecho a una justa compensación por servicios prestados, en algunos casos a lo largo décadas.

Aun cuando el mismo Código de Derecho Canónico reconoce que «el instituto debe observar la equidad y la caridad evangélica con el miembro que se separe de él» (canon 702 §1), se trataría de una obligación moral y no de un derecho adquirido, lo cual se presta a muchas injusticias.

Luego de tanta disquisición jalada de los pelos por parte de la Santa Sede, que ha finalizado con un decreto que deja a Figari impune, protegido hasta el fin de sus días en una jubilación dorada con la cual muchas de sus víctimas no podrán nunca ni siquiera soñar, queda la hipótesis de que se ha buscado más bien proteger la reputación institucional de la Iglesia católica poniendo a resguardo a Figari. Pues debe contar con mucha información comprometedora y sería muy peligroso dejarlo suelto en pampa.

Al final, el sistema judicial de la Iglesia, ajeno a los avances en legislación sobre derechos humanos fundamentales, ha funcionado como debía funcionar, garantizando la impunidad de un personaje notable de una institución aprobada por la misma Santa Sede y salvaguardando los intereses institucionales por encima de las sufridas personas de carne y hueso que fueron víctimas de abusos graves.

Y si con eso se ha querido evitar el escándalo, al final no se ha logrado este objetivo. Pues el mayor escándalo en la Iglesia católica actual no es que se sepan los delitos de miembros connotados suyos, sino más bien que se encubran y queden impunes. Y se transmita la impresión no de hallarnos ante la comunidad de creyentes que fundó Jesucristo, sino —por lo menos a nivel de sus jerarcas— ante una organización criminal.

(Columna publicada en Altavoz el 2 de abril de 2017)

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FUENTES

Código de Derecho Canónico
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM

Congregación para la Doctrina de la Fe
Carta a los obispos de la Iglesia católica y a otros ordinarios y jerarcas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (18 de mayo de 2001)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html
Breve relación sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (21 de mayo de 2010)
http://www.vatican.va/resources/resources_rel-modifiche_sp.html

Pronunciamiento de la Santa Sede sobre el caso Luis Fernando Figari (30 de enero de 2017)
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Carta_Roma_2017.pdf

EL CANON 1395 Y LA REVICTIMIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

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Cardenal José Rodríguez Carballo, firmante de la nefasta resolución vaticana sobre el caso Figari

En la carta vaticana del 30 de enero de 2017 a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, se dice que «el Sr. Figari, con el fin de obtener la obediencia de los propios hermanos, utilizó estrategias y modos de persuasión impropios, es decir, solapados, arrogantes y de todos modos violentos e irrespetuosos del derecho a la inviolabilidad de la propia interioridad y discreción, y por lo tanto a la libertad de la persona humana de discernir con autonomía las propuestas o las decisiones».

Incluso admite que «siempre con el fin de manipular, de hacer dependientes y por lo tanto de controlar más que de dirigir las conciencias, […] el Sr. Figari ha solicitado también, de modo improcedente y en cualquier caso excesivo, confidencias en el delicado ámbito de la sexualidad, y en algunos casos ha cometido actos contrarios al VI Mandamiento».

Pero luego se dice que Figari no habría cometido abusos sexuales sino sólo pecados graves, interpretando antojadizamente el canon 1395 del Código de Derecho Canónico, el mismo que sirvió para determinar que el P. Fernando Karadima en Chile sí había cometido delitos sexuales.

El mentado canon habla de delitos contra el sexto mandamiento con «violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad» cometidos por un clérigo, pero las leyes respecto a la expulsión de un miembro de un instituto de vida consagrada (cánones 695-740) establecen que quien cometa esos actos, puede ser expulsado aunque no sea clérigo.

Para el Vaticano, los violentos “modos de persuasión” que solía aplicar Figari se esfumaron repentinamente como por ensalmo en el momento de cometer esos actos, de modo que tampoco hubo “víctimas” sino “cómplices” del pecado mayores de 16 años, que es el límite de mayoría de edad que establece la Iglesia católica romana en su legislación, aún cuando para delitos sexuales cometidos por clérigos, el Papa Juan Pablo II elevó ese límite a 18 años en el año 2001.

Aun así, la carta vaticana reconoce que, según la documentación adicional presentada por Moroni, sí hubo por lo menos un “cómplice” menor de 16 años, es decir, una “víctima”.

Es evidente que quien manipula conciencias y seduce mediante engaños, aplica violencia psicológica para abusar de sus víctimas, aunque sean mayores de edad.

El Vaticano no ha querido ver esto y ha terminado participando en la revictimización de las víctimas.

(Columna publicada en Exitosa el 25 de marzo de 2017)

LA ARQUITECTURA DEL ABUSO: LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

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A Figari le gustaba la figura de los círculos concéntricos para explicar cómo estaba constituida la Familia Sodálite.

En el centro, formando el núcleo, se hallaba el Sodalicio, sobre todo los laicos consagrados que vivían en comunidades. Luego, en la siguiente circunferencia se ubicaba la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, la rama femenina de mujeres consagradas. A continuación, seguía el Movimiento de Vida Cristiana, donde tenían prioridad las Agrupaciones Marianas para varones, y después los grupos para mujeres, entre ellos la Asociación de María Inmaculada (AMI). Y así sucesivamente hasta incluir las diferentes asociaciones que se nutren de la “espiritualidad” sodálite. Que aunque oficialmente pudieran tener la fachada de entidades independientes y autónomas, siempre han dependido del núcleo sodálite, el cual dictaba los estilos de vida a ser asumidos por quienes se comprometieran con cualquier entidad que se inspirara en el “carisma” sodálite. Como un pulpo oculto bajo la superficie, aunque lo nieguen los responsables de la institución, los tentáculos del Sodalicio se han extendido hacia todas las asociaciones que se reconocen vinculadas a la Familia Sodálite.

Este esquema de círculos concéntricos también se plasma en la estructura institucional del mismo Sodalicio, donde en el centro se halla el Superior General, a quien se le debe obediencia absoluta e incondicional. En el siguiente círculo se hallan los demás miembros del Consejo Superior: el Vicario General y los cinco Asistentes Generales de Instrucción, Espiritualidad, Apostolado, Comunicaciones y Temporalidades. Después siguen los superiores de comunidades, los consejeros espirituales, los formadores, los instructores, los demás miembros de comunidades sodálites y finalmente los candidatos a la vida consagrada. En el círculo más externo se hallan los adherentes, es decir, aquellos sodálites que han optado por el matrimonio y que oficialmente no pertenecen a la institución, aunque mantienen una compromiso muy cercano con ella, y a los cuales siempre se les ha considerado ad intra como la última rueda del coche.

Este mismo esquema se replica en los niveles jerárquicos dentro del Sodalicio: aspirante, probando, formando (en cuatro niveles), consagrado temporal, consagrado perpetuo, profeso temporal y profeso perpetuo. Mientras más arriba se está dentro de esta jerarquía, más cercanía hay hacia el centro, más facultad de mando, más acceso a a información y, por supuesto, más secretismo hacia los círculos externos.

Pues se ha de tener en cuenta que a la institución le son totalmente ajenas las prácticas y costumbres democráticas, así como aquello que les sirve de base: la auténtica libertad de opinión y de decisión propia. Y para mantener esto, a lo largo de su historia nunca ha habido un flujo continuo de información desde el centro —conocido como la cúpula y que no necesariamente se identifica con el Consejo Superior— hacia las bases, entendidas como todos aquellos miembros de a pie de los círculos externos que forman parte del Sodalicio y que son mantenidos en la ignorancia respecto a lo que realmente se cocina en el núcleo. Y también respecto a lo que ha sucedido realmente en la historia de la institución.

Esta estructura de círculos concéntricos se refleja arquitectónicamente en las mismas comunidades sodálites mediante la importancia relativa que se le da a los diferentes espacios habitacionales.

Si bien se solía decir que la capilla donde está el Santísimo Sacramento era el centro de toda comunidad sodálite, este espacio siempre fue un lugar accesible a todos los miembros de la comunidad —e incluso ocasionalmente a gente externa, si contaban con permiso del superior—. La capilla, en realidad, revestía el carácter de un servicio espiritual prácticamente accesible a casi todos.

El verdadero sancta sanctorum de cada comunidad sodálite era el dormitorio del superior, al cual no se podía ingresar sino sólo con el permiso de éste. Luego venían los dormitorios asignados personalmente a un sacerdote o a un guía espiritual con ciertos privilegios, los dormitorios compartidos de los demás miembros de la comunidad y los espacios comunes de vida comunitaria, a los cuales no solían tener acceso la gente externa a la comunidad. Finalmente, estaban los espacios para recibir a la gente que viniera de visita, separados de las áreas comunitarias por una puerta con un letrero que decía PRIVADO.

Respecto al dormitorio del superior —que era la vez su lugar de trabajo y solía contar con un escritorio y su biblioteca personal—, si éste se recluía en ese espacio con la puerta cerrada, a nadie se le hubiera ocurrido interrumpirlo por ningún motivo, so pena de recibir una feroz reprimenda. O de ser sometido a una severa medida correctiva. Mas aún si el superior tenía una sesión de consejería espiritual o una conversación con alguno de sus subordinados.

Por otra parte, quien se encerraba con el superior dentro de su habitación iba con la confianza absoluta de lo que allí iba a suceder era beneficioso para él y una ayuda para su crecimiento espiritual. En ese ambiente, donde una interrupción externa era impensable y de dónde no se podía salir hasta que el superior diera por terminada la conversación o la actividad que allí se realizaba, se daban las condiciones para que un abuso de confianza pudiera llegar al extremo de un abuso sexual sin que nadie se enterara. El subordinado se encontraba totalmente desprotegido y en una situación vulnerable.

Es cierto que en la mayoría de las ocasiones no se verificó ningún abuso en esas circunstancias. Pero si ello ocurría, el mismo sistema de círculos concéntricos basado en la centralidad de la obediencia y la confianza absoluta hacia el superior, unido a la intangibilidad del espacio y del tiempo ocupados por quien estaba revestido de autoridad ilimitada, creaba un velo impenetrable de opacidad e impunidad en torno a cualquier abuso que se pudiera perpetrar.

Algo análogo ocurría con los consejeros espirituales que cumplían sus funciones en habitaciones cuya puerta se cerraba y ocultaba a la vista ajena lo que pudiera pasar en esos espacios. Como me ocurrió a mí en la comunidad sodálite de San Aelred, en una pequeña habitación destinada a consejerías espirituales y cuya puerta —que no contaba entonces con ningún ventanillo— fue cerrada con llave antes de que Jaime Baertl me diera la orden de desnudarme y de simular un coito con una enorme silla que allí había.

Por eso, cuando Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, declaró el 26 de octubre de 2015 al diario El Comercio que «uno se pregunta cómo diablos pudo haber ocurrido esto en el Sodalicio» (ver http://elcomercio.pe/sociedad/lima/como-diablos-pudo-pasado-esto-sodalicio-noticia-1850794), me quedé atónito. Más aún, cuando las condiciones para que eso ocurriera estaban dadas por el mismo sistema desde sus inicios.

¿Pudieron ocurrir abusos sexuales en una comunidad sodálite sin que la mayoría de los miembros de la comunidad se diera cuenta? ¿No notaron nada raro los jóvenes que vivían en las comunidades, siendo así que compartían techo con los mismos abusadores, comían a la misma mesa y ocupaban los mismos espacios habitacionales?

A decir verdad, precisamente la configuración de los espacios en las comunidades sodálites favorecieron que se cometieran los abusos sin que casi nadie se percatara de ellos. Pues no se puede comparar una comunidad sodálite con el hogar en que vive una familia común y corriente, donde no hay habitaciones a las cuales algunos miembros de la familia tenga prohibido entrar. O donde si alguien se encierra demasiado tiempo en su habitación de manera imprevista, se despiertan sospechas de que algo malo pasa con ese miembro de la familia.

En las comunidades sodálites uno podía encerrarse solo un tiempo relativamente breve en un dormitorio —que era compartido con otros— para hacer una meditación o práctica de yoga. Pero la puerta permanecía siempre sin llave. El único que tenía el privilegio de ponerle llave a su habitación era el superior, y eventualmente algún guía espiritual o sacerdote que tuviera una habitación sólo para sí mismo. Y esas habitaciones eran de acceso restringido para los sodálites de rango inferior dentro de la comunidad. Sólo se accedía a ellas con permiso del dueño y señor de la habitación, generalmente para una sesión de consejería espiritual o para una conversación privada.

Mientras durara ese intercambio, nadie debía interrumpir, salvo por motivo grave, en cuyo caso debía primero dar un par de golpes en la puerta. Más aún, por disciplina aprendida en la vida comunitaria, a nadie se le ocurría interrumpir al superior o guía espiritual cuando estaban encerrados solos o con alguien en su habitación. Y ese alguien quedaba prácticamente a merced del superior. O del guía espiritual de turno.

Todo lo dicho explica una de las conclusiones a las que llega el segundo de los informes preparados por los expertos extranjeros contratados por el Sodalicio (ver http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Informe-Abusos-Febrero2017.pdf):

«Todas las víctimas reportaron que confiaban en su agresor en el momento que fueron abusados. Estas inconductas sexuales ocurrieron en distintos lugares, pero principalmente en comunidades del SCV».

Y eso explica por qué en otras entidades o asociaciones vinculadas al Sodalicio donde no se encuentre replicado arquitectónicamente el esquema de los círculos concéntricos en vano se buscará víctimas de abuso sexual. Por ejemplo, las instituciones educativas promovidas por el Sodalicio, donde —a mi parecer— el riesgo de que menores sean víctimas de abusos sexuales no es mayor que en cualquier otra institución educativa promedio. Pues resulta difícil replicar los círculos concéntricos en espacios donde trabajan en su mayoría profesionales de la educación no sodálites que, si bien pueden tener muchos simpatía por el Sodalicio, no han sido sometidos a las prácticas manipuladoras que producen un lavado de cerebro y una uniformización de las mentes en los sodálites de comunidad.

En los colegios del Sodalicio existe el riesgo de un adoctrinamiento ideológico de corte conservador, así como la posibilidad de que jóvenes sean captados para luego entrar a formar parte del Sodalicio. Pero si alguna vez llegan a ser objeto de abusos, eso probablemente no ocurrirá en el plantel escolar, sino en algunas de las comunidades, donde el sistema de círculos concéntricos no ha sido desmontado y permanece intacto. Y donde podría volver a engullir a uno que otro que caiga en el vórtice de su espiral psicótica.

(Columna publicada en Altavoz el 20 de marzo de 2017)

LA VERDAD RETOCADA

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«Los expertos no han encontrado indicios de complicidad ni conspiración entre los presuntos abusadores», dice Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, en su carta introductoria a los “Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana”.

Sin embargo, esa conclusión no aparece en ninguno de los dos informes. ¿Qué sucedió? ¿Estaba pero luego fue eliminada?

Porque la brevedad de ambos informes así como su estilo fragmentario, sumado a varias inconsistencias y falsedades, nos hacen suponer que no sólo fue eliminada la conclusión mencionada, sino que en general los textos habrían pasado por varios filtros, y al final lo que el Sodalicio habría dado a conocer sería una versión mutilada y retocada de los informes originales elaborados por los expertos.

Pues, a decir verdad, ningún experto que se respete señalaría solamente los nombres de cuatro abusadores sexuales y callaría los de otros cuatro.

Ningún experto serio —sabiendo que son décadas el tiempo que una víctima tarda en hablar— diría taxativamente que el último acto de abuso de un menor por un sodálite ocurrió en el año 2000 —lo cual implica además negar que Daniel Murguía habría abusado de un menor en el año 2007—. Adicionalmente, téngase en cuenta que se reconoce que el último caso conocido de abuso sexual de un adulto joven es del año 2009.

Que los informes hablen de la «cultura pasada» del Sodalicio, presenten una visión cuasi-heroica de los actuales responsables de la institución e incidan en lo maravilloso de la situación actual de ésta, debido a haberse tomado las medidas preventivas del caso, no hace sino confirmar la sospecha de una manipulación descarada de la verdad.

(Columna publicada en Exitosa el 18 de marzo de 2017)

EL ENCUBRIMIENTO DE LOS NAUSEABUNDOS

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Según Luis Galarreta, el Congreso no verá el caso Sodalicio porque se ha visto en otras instancias. ¿No se ha dado cuenta hasta ahora de que en ninguna de esas instancias el tema se ha investigado en toda su amplitud, y que la única instancia en capacidad de hacer eso es el Congreso de la República?

Tenemos el informe final de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación convocada por el Sodalicio, que se ciñe a temas de abusos y saca conclusiones demoledoras pero que ha sido desacreditado por instancias posteriores.

La Fiscalía de la Nación se limitó a las denuncias presentadas por cinco víctimas, y tras una investigación que presenta serias deficiencias, le ha restado valor a las declaraciones de testigos y denunciantes, asumiendo como ciertas las mentiras de los acusados.

La Santa Sede, aun admitiendo el control psicológico ejercido por Figari, sólo le reconoce pecados graves pero niega que haya habido abusos sexuales y, por lo tanto, tampoco hay víctimas sino solamente cómplices del pecado.

Los informes preparados por tres expertos contratados por el Sodalicio, fragmentarios y con una serie de inconsistencias y falsedades, admiten abusos sexuales incluso a jóvenes menores de edad, pero dejan otros temas en la penumbra.

La Defensoría del Pueblo difícilmente podrá investigar todas las versiones del Sodalicio que hay, pues no cuenta con las herramientas necesarias para ello.

Y la propuesta de imprescriptibilidad de violaciones de menores tampoco evitará que casos como el del Sodalicio se repitan, pues los abusos sexuales cometidos no encajan en el concepto de violación que maneja el Código Penal.

Negarse a investigar es encubrimiento puro y duro. Nauseabundo.

(Columna publicada en Exitosa el 11 de marzo de 2017)