SODALICIO: EL ABUSO SEXUAL DE MENORES COMO CORTINA DE HUMO

A pesar de los años transcurridos desde octubre de 2015, en que gracias a la publicación del libro-reportaje Mitad monjes, mitad soldados la opinión pública pudo conocer los abusos cometidos en el Sodalicio de Vida Cristiana, no existe hasta ahora una visión general clara y definida de cuál es el problema principal de la institución. Más aún, los clichés que se repiten sobre el abuso sexual eclesiástico se han sobrepuesto al tema, distorsionando la comprensión de su realidad. El Sodalicio mismo, a través de su manejo maquiavélico del asunto y su silencio hermético ante los hechos denunciados, ha contribuido a que subsista esa confusión. Y como dice el refrán: “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Antes que nada hay que señalar que en el Sodalicio no se dio abuso sexual clerical, pues ninguno de los abusadores sexuales conocidos hasta ahora era clérigo. Ni Luis Fernando Figari, ni Germán Doig, ni Virgilio Levaggi, ni Jeffery Daniels lo eran cuando cometieron los abusos denunciados por sus víctimas. Eran laicos consagrados que vivían en comunidades sodálites. En mi historia personal, donde cuento un abuso de connotación sexual cuyo responsable es Jaime Baertl, actualmente sacerdote católico, el hecho se dio cuando todavía no era cura.

Por otra parte, hay quienes creen que hubo violaciones. Siento decepcionar su hambre de sensacionalismo, pero no las hubo. El abuso sexual es un término amplio que abarca todo acto contra la libertad sexual, incluida la violación, pero también otras modalidades donde hay exposición a situaciones sexuales no buscadas voluntariamente por las víctimas, que han sido previamente manipuladas psicológicamente por su victimario o se hallan en una relación asimétrica de dependencia con respecto a él. En los casos conocidos de abuso sexual en el Sodalicio nunca hubo violencia física ni se puso a las víctimas en estado de inconsciencia, sino que se crearon lazos de confianza dentro de un sistema regido por la obediencia religiosa para luego aprovecharse sexualmente de la víctima, previa manipulación de su conciencia.

Y aun cuando hay varios casos documentados de abuso sexual, este tema tampoco constituye el problema principal del Sodalicio. Mucho menos la pederastia, considerando que sólo hay información sobre dos casos de abusos sexuales de niños: el de Jeffery Daniels con un niño de 11 años y el de Daniel Murguía con un niño de la calle en un hostal de mala muerte en el centro de Lima. Las otras 17 víctimas sexuales menores de edad señaladas por los informes de los expertos Elliott, McChesney y Applewhite (febrero de 2017) eran jóvenes adolescentes. En comparación, en ese mismo informe se señala que se identificaron 31 jóvenes adultos que habían sido víctimas de alguna transgresión de características sexuales (abuso o manipulación). Evidentemente, la cifra real debe ser mayor. Aún así, el abuso sexual sigue siendo un problema marginal en el Sodalicio, restringido a un número reducido de sodálites victimarios que sobrepasaron los límites de lo indecible.

Que el problema residía en otros aspectos lo tuvo claro la primera comisión convocada por el Sodalicio, conocida como Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, que trabajó de manera independiente sin remuneración alguna. Ésta dice al inicio de su informe final (abril de 2016):

«En los años iniciales de su fundación, el SCV estableció una cultura interna, ajena y contraria a los principios establecidos en sus Constituciones, aprobadas por Decreto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede de fecha 1° de Noviembre de 1997, en la que la disciplina y la obediencia al superior se forjaron sobre la base de exigencias físicas extremas, y castigos también físicos, configurando abusos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, universalmente reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Perú.

Ese sistema al interior del SCV fue norma interna y práctica establecida, inspirada y fomentada por el fundador de dicha Sociedad de Vida Apostólica y seguida por algunos integrantes de la cúpula, formando una verdadera “cultura particular”».

Se pasa luego a señalar las características de esta “cultura particular”, de este sistema institucional violador de derechos humanos fundamentales, donde el tema sexual también está presente pero de manera marginal. De este modo se describe el entorno que hizo posibles los abusos físicos, psicológicos e incluso sexuales. Pero este informe aborda también algunos temas que luego serían omitidos posteriormente por los voceros del Sodalicio y los expertos internacionales convocados posteriormente: la falta de libertad en el discernimiento vocacional, la obligación impuesta de hacer estudios de teología y filosofía y no lo que uno deseaba, la ausencia de transparencia en las comunicaciones, la explotación económica, el clasismo basado sobre la procedencia social y económica, el racismo y la esclavitud moderna.

Evidentemente, este informe no le gustó nada a la cúpula del Sodalicio, y mientras lo elogiaban en público pero lo vituperaban internamente, anunciaron que se había convocado una segunda comisión para reparar a las víctimas, conformada por el irlandés Ian Elliott y las estadounidenses Kathleen McChesney y Monica Applewhite, que al final evacuaron dos informes, a saber:

• Abusos Perpetrados por el Sr. Luis Fernando Figari y el Abuso Sexual a Menores por parte de Ex Sodálites
• Abusos Perpetrados por Sodálites y Respuesta del SCV a las Acusaciones de Abuso

Ya los títulos nos indican por dónde va la cosa. El tema central será el “abuso sexual a menores”, lo cual ayudará a desviar la atención de los otros abusos, considerados de reducida importancia aun cuando sus efectos puedan ser tan o mas dañinos que un abuso sexual. Asimismo, el grupo de adultos jóvenes que sufrieron abuso sexual pasa también a estar detrás de bambalinas.

Resulta sintomático que en el informe de la Comisión de Ética la palabra “sexual” —en singular o plural— figure sólo 5 veces, mientras que en los informes de los expertos aparezca 117 veces. El título de la primera parte también es sospechoso cuando sólo se habla de “Ex Sodálites” como perpetradores. Se le ve el fustán a la intención de dar a entender que no habría actualmente ningún abusador sexual en el Sodalicio, salvo Figari, que ha sido apartado de la vida comunitaria, y otros tres, cuyos nombres no se mencionan pero que aparecen como si estuvieran rehabilitados. «…uno dejó la vida comunitaria, uno ha sido retirado de todo apostolado y del contacto con personas vulnerables, y uno realiza apostolado de manera restringida». No se sabe con certeza quiénes son, no han sido denunciados ni canónicamente ni ante la justicia civil, pero eso no parece importar ante la circunstancia de que se llega a la conclusión de que los abusos sexuales serían cosa del pasado y que el problema ya estaría resuelto del todo.

Esto se hace evidente en el título del segundo informe, donde se detalla la “heroica” y “ejemplar” respuesta del Sodalicio ante los abusos sexuales y otros tipos de abusos (físicos y psicológicos), sumándose a los abusadores sexuales otros once abusadores no sexuales, no identificados con nombre y apellido, de los cuales se especifica que dos ya han abandonado el Sodalicio y «de los nueve infractores que todavía son miembros del SCV, los cuatro que eran superiores o formadores han sido retirados de esos puestos, y los otros cinco nunca ocuparon esos puestos». En fin, asunto solucionado, sin que haya habido ninguna denuncia ante la justicia civil por parte del Sodalicio, ni mucho menos una denuncia canónica.

Para redondear el trabajo, los informes de los expertos internacionales intentan solapadamente desacreditar el informe de la Comisión de Ética, señalando que «la Comisión no llevó a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias reportadas ni examinó la cultura actual del SCV». No sé qué informe habrán leído, pues lo que allí se describe es precisamente la cultura que ha tenido el Sodalicio hasta bien entrado el siglo XXI, la cual configuró un sistema institucional que permitió y favoreció abusos lesivos de derechos humanos fundamentales y su encubrimiento.

La comisión de expertos internacionales opina distinto:

«La mayoría de los sodálites eran, y son, personas piadosas, con un carácter bueno y moral, atraídos por el Evangelio y los aspectos positivos de la cultura del SCV. Estos sodálites inspiraron y sirvieron como modelos y directores espirituales para los jóvenes, los aspirantes y sus compañeros sodálites. No fue, entonces, la cultura del SCV la que causó que los agresores cometieran actos de abuso, pero hubo autoridades o sodálites mayores que permitieron o alentaron abusos físicos y psicológicos. Para muchos, Figari personificó la cultura del SCV y fue considerado como un icono, y trataba a la gente de maneras que fueron frecuentemente copiadas luego por compañeros y subordinados».

Más aún, los expertos piensan que la cultura actual del Sodalicio no es la misma que la de tiempos pasados:

«La cultura del SCV ha evolucionado de manera positiva en la última década, especialmente después de que Figari renunció como Superior General. El énfasis en ser un “soldado” o impresionar a la jerarquía católica ya no se manifiesta en los trabajos cotidianos y obras apostólicas del instituto. Los cambios son más evidentes en los procesos de discernimiento y formación».

¿Nos quieren dar a entender que durante casi cuatro décadas el Sodalicio tuvo una cultura donde se desarrollaron abusos y que desde la renuncia de Figari como Superior General en el año 2010 hasta la publicación de estos informes en febrero de 2017 el Sodalicio ha pasado raudamente a tener otra cultura institucional, como la rana del cuento que de un momento a otro pasa de ser un animal desagradable y repugnante a un príncipe rebosante de virtudes y amor? A otro perro con ese hueso.

Por otra parte, el informe de los expertos internacionales indica que la Comisión de Ética invitó «a las personas que creían que habían sido abusadas por miembros del SCV a presentarse y divulgar confidencialmente su experiencia» y la sinopsis presentada al Sodalicio corresponde a testimonios de   personas «que se consideraban víctimas». Que la Comisión de Ética, tras deliberaciones y arduo análisis, y luego de escuchar a la contraparte sodálite, haya validado esos testimonios, poniéndolo por escrito en los informes personales que se le entregó a cada una de las víctimas reconocidas, les valió un carajo tanto a los expertos internacionales, contratados y debidamente remunerados, como al Sodalicio mismo.

Ambos informes de los expertos internacionales suman en total 65 páginas, pero si quitamos las portadas, la carta introductoria de Alessandro Moroni, los perfiles de los tres expertos, la descripción de la metodología aplicada, las recomendaciones y los apéndices, nos quedan 36 páginas, de las cuales ocho se dedican enteramente a Luis Fernando Figari. y otras cuatro a Germán Doig, Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía. Esto es importante, pues cuando el informe intente explicar por qué ocurrieron los abusos, se incidirá en la influencia que tuvieron Figari y Doig en la cultura institucional. En otras palabras, serían estas “manzanas podridas” las causas del problema, y una vez separadas, el Sodalicio pudo recomponerse y convertirse en una institución sana. Esta conclusión, que incide sólo en la responsabilidad personal de unos cuantos sodálites como causantes de abusos, se opone a la descripción de todo un sistema de abusos que hizo la Comisión de Ética, descripción que el Sodalicio consideraría hasta ahora como inexacta y alejada de la verdad.

De hecho, las recomendaciones de la Comisión de Ética —que fueron ignoradas en su mayoría o cumplidas sólo parcialmente— eran más concretas y contundentes que las farragosas y vagas recomendaciones hechas por los tres expertos internacionales, algunas de ellas tan inútiles como «dar capacitación específica a los formadores, candidatos y formandos sobre la prevención de abuso sexual y los maltratos en el apostolado, los colegios y los servicios solidarios», es decir, en áreas donde no se cometió ningún abuso relevante, pues los abusos denunciados ocurrieron principalmente dentro de las comunidades sodálites, los centros de formación y en domicilios particulares. Además, es de hacer notar que estas recomendaciones se ven muy bonitas en el papel, pero también habrían sido incumplidas de manera masiva por el Sodalicio.

En resumen, la metodología del informe de los tres expertos internacionales parece haber sido darle prioridad al tema de abusos sexuales de menores —siendo que este tema es marginal dentro de la problemática global del Sodalicio—, desviar la atención de otro tipo de abusos que fueron igual de dañinos y mucho más frecuentes en la institución, cargar la responsabilidad exclusivamente sobre los abusadores sexuales sin mencionar en absoluto ni las causas sistémicas ni tampoco a quienes encubrieron esos abusos, y finalmente relegar todos los hechos a un pasado que ya habría sido superado.

De este modo, el abuso sexual de menores le habría servido al Sodalicio como cortina de humo para no tener que abordar los problemas centrales de su institución, una organización sectaria con un sistema que vulnera derechos fundamentales de las personas y termina dañándolas de por vida.

(Columna publicada el 15 de octubre de 2022 en Sudaca)

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FUENTES

Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación
Informe Final (16 de abril de 2016)
https://comisionetica.org/blog/2016/04/16/informe-final/

Kathleen McChesney, Monica Applewhite & Ian Elliott
Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana (10 de febrero de 2017)
https://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Informe-Abusos-Febrero2017.pdf

SODALICIO: RESUMEN DE UNA INFAMIA

El cardenal Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, junto con miembros del Sodalicio, entre ellos Óscar Tokumura y Luis Ferroggiaro, ambos acusados de abusos

Revisando el disco duro de mi PC, me encontré con un texto que había redactado en el año 2019 a pedido de Pedro Salinas. En ese entonces supuestamente se había abierto la posibilidad de hacer llegar a manos del Papa Francisco cartas personales con testimonios de las víctimas del Sodalicio. Por motivos que desconozco, esto nunca llegó a concretarse.

Publico ahora la carta con la esperanza de que en algún momento caiga bajo la atenta mirada del Papa Francisco, rompiendo con la costumbre tan difundida entre las autoridades eclesiásticas de ignorar a quienes han sido víctimas de abusos en instituciones que cuentan con el respaldo de la Iglesia católica.

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CARTA ABIERTA AL PAPA FRANCISCO

Kleinfischlingen, 19 de julio de 2019

Estimado padre Jorge Bergoglio:

Mi nombre es Martin Scheuch. Actualmente resido en Alemania, donde me dedico laboralmente al acompañamiento de ancianos en un asilo en un pueblo de provincia. Nací en Lima (Perú) el 6 de mayo de 1963 y viví allí hasta el año 2002.

Cuando tenía 14 años (en marzo de 1978) fui captado por el Sodalicio de Vida Cristiana, una sociedad católica fundamentalista de características sectarias, que en esa época hizo todo lo posible para enemistarme con mi madre por el hecho de que ella sospechaba que me estaba metiendo en un grupo que comprometería mi libertad y mi futuro. Y logró su cometido, consiguiendo precisamente esta ruptura familiar.

Me fue asignado un consejero espiritual, Jaime Baertl, que tomaría decisiones sobre mi vida sin consultarlo con mis padres. Una vez, teniendo yo 16 años, me propuso una medida para romper mis barreras psicológicas: estando yo solo con él en una habitación cerrada, me ordenó que me desnudara y que fingiera que estaba copulando sexualmente con una enorme silla que había en ese lugar. Ante mis torpes intentos de cumplir con lo que él me decía, me ordenó que interrumpiera la dinámica y me vistiera. Por supuesto, no comprendí en décadas lo que había ocurrido en esa habitación, y el asunto volvió a mi memoria cuando supe muy posteriormente de otros casos de jóvenes a los que también se les había pedido que se desnudaran en recintos cerrados.

Desde diciembre de 1981 hasta julio de 1993 viví en comunidades sodálites, aspirando a seguir el estilo de vida de un laico consagrado. Durante ese tiempo sufrí diversos abusos psicológicos y físicos que todavía presentan secuelas en la actualidad.

Una vez el fundador, Luis Fernando Figari, me pidió en una reunión de grupo que me levantara la camiseta, dejando la espalda desnuda, y me pusiera a cuatro patas. Luego hizo que otro muchacho —que abandonó al poco tiempo la comunidad— me diera dos correazos en la espalda, con lo cual Figari quería demostrar que las mortificaciones físicas lo único que producen es soberbia en el sujeto que las sufre.

La falta de un adecuado discernimiento vocacional —siendo así que sólo se me permitió estudiar teología—, la suspensión obligada del pensamiento crítico, el control estricto sobre lecturas y películas a las cuales se permitía acceder, el continuo maltrato de palabra sin ningún respeto a la identidad personal, la manipulación sistemática de los propios sentimientos, el fomento constante de una culpabilidad inducida, la falta de sueño y la ausencia de tiempo para el recreo personal (de hecho, nunca tuve vacaciones) así como para dedicarlo a intereses personales, la anulación de toda privacidad, la violencia psicológica ejercida para forzar a la revelación de todas las intimidades, la separación mental del mundo de las comunidades como bueno contra un mundo malo y pervertido en su totalidad, entre otras cosas, me llevaron a una grave crisis personal que hicieron que pasara en proceso de discernimiento mis últimos siete meses en comunidades en las casas de formación de San Bartolo, un balneario situado a unos 50 kilómetros al sur de Lima. Dado que se me había inculcado que abandonar el Sodalicio, una vez que se había iniciado un camino vocacional en él, constituía una traición a Dios, teniendo como consecuencia la posibilidad de condenarse en el infierno y no poder ser nunca feliz en esta vida, me aterraba tener que tomar una decisión. Fue tal la angustia durante esos siete meses, que no hubo día en que no tuviera pensamientos suicidas, deseando que me sobreviniera la muerte y pidiéndole a Dios que me la enviara a través de un accidente fortuito.

Cuando al fin salí de comunidad, con el deseo de seguir en el Sodalicio dentro de la vocación matrimonial, no obstante todos mis esfuerzos para seguir colaborando con su misión evangelizadora, se me fueron cerrando varias puertas y se echaron a correr rumores con informaciones negativas sobre mí —que yo estaba loco, que era raro, que no se podía confiar en mí, etc.—, a la vez que se me fue marginando de responsabilidades y actividades.

Mi pertenencia al Sodalicio se prolongaría hasta el año 2008, cuando decidí cortar por lo sano, pues en el último trimestre de 2007 me llegaron noticias de que se había expulsado al Superior Regional de Lima —una persona a la que yo admiraba— por motivos que desconozco y, además, la policía había capturado a un sodálite consagrado en el centro de Lima en el momento en que estaría abusando sexualmente de un niño de la calle.

Las lecturas sobre agrupaciones sectarias a las cuales había tenido acceso en Alemania y la distancia no sólo física sino también psicológica hacia el Sodalicio contribuyeron a un doloroso proceso en el año 2008, que me permitieron finalmente desprogramarme del formateo mental a que había sido sometido durante décadas. En este proceso no perdí la fe, como les ha ocurrido a otros cuando finalmente comprendieron lo que es les habían hecho.

Tras varias conversaciones con otras personas personas que habían pasado por una experiencia similar a la mía y con un sacerdote del movimiento Schönstatt, decidí a partir del año 2012 ir publicando en un blog mi testimonio junto con varias reflexiones sobre el sistema institucional del Sodalicio, su disciplina y su ideología fundamentalista. Durante todos estos años he sido objeto de difamación y calumnias, incluso hasta el extremo de llegarse a decir que yo me había vuelto en contra de la Iglesia católica. Lo más doloroso es que mi hermano Erwin, que aún sigue siendo miembro del Sodalicio, intentó callarme insinuándole a mi mujer que yo padecía del síndrome de Asperger, una especie de disfuncionalidad psicológica que produce falta de empatía con los seres humanos.

A fines del 2015 el Sodalicio convocó a cinco profesionales católicos (un jurista, una abogada, una psicóloga, un obispo y un periodista) para conformar una Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, a la cual le envié mi testimonio y que me reconoció como víctima de abusos psicológicos y físicos. Las recomendaciones de mi informe personal —entre las cuales estaban el reconocimiento de mi condición de víctima, una petición formal de disculpas y una adecuada reparación— fueron ignoradas por el Sodalicio. Más aún, la segunda comisión de tres expertos internacionales pagados por el Sodalicio desestimó la veracidad de mi testimonio y nunca me reconoció como víctima.

Lo que han hecho las autoridades del Sodalicio desde que estalló el escándalo de los abusos sexuales con la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas a fines del año 2015 es practicar una estrategia de control de daños, sin atención a la justicia que se le debe a las víctimas, con una falta de transparencia que sigue hasta el día de hoy, incluso recurriendo a la mentira cuando se consideraba que era conveniente para sus intereses. El espíritu del fundador Figari sigue presente en la institución tanto en su doctrina como en sus métodos, y aun suponiendo que ya no haya abusos sexuales, los abusos espirituales y psicológicos parecen seguir estando a la orden del día. Hasta ahora ningún miembro de la institución señalado como perpetrador de abusos ha sido sancionado, salvo el fundador Luis Fernando Figari, cuyo castigo parece un premio en comparación con las magras reparaciones que se le han concedido a algunas víctimas además del trato vejatorio que se les ha dispensado.

Mi testimonio personal ha sido enviado tanto a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica como a la Congregación para la Doctrina de la Fe, sin que hasta ahora haya recibido ninguna respuesta de los responsables de ambos dicasterios. Según parece, este testimonio tampoco ha sido tenido en cuenta para evaluar la situación del Sodalicio.

Considerando que el Sodalicio tiene cuantiosamente muchos más exmiembros que integrantes actuales, que los abusos han formado parte de su historia desde los inicios, que el proceso de reparación de las víctimas manejado por la institución ha sido llevado sin transparencia y ha estado plagado de arbitrariedades —salvo lo hecho por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, cuyo informe final fue desestimado por el Sodalicio—, le pido, Santo Padre, que piense en la posibilidad de conformar un equipo especial que investigue independientemente lo que ha sucedido en el Sodalicio y no se deje engañar por los montajes y escenificaciones que realiza la institución, aparentando una bondad y santidad propias más bien de un espíritu farisaico. Se lo pido por el bien del Pueblo de Dios, al cual aún pertenezco, por más que mi confianza en las instancias jerárquicas de la Iglesia se haya visto mellada debido a la manera en que se ha manejado el asunto del Sodalicio hasta ahora.

A la gran mayoría de los miembros actuales hay que darles la oportunidad de un seguimiento sincero de Cristo, lo cual no es posible en una entidad que protege su sistema institucional por encima de todo, que no reconoce todo el alcance de los abusos espirituales, psicológicos y físicos perpetrados por sus miembros —y que son el caldo de cultivo de abusos sexuales— y que protege irrestrictamente a los culpables de esos abusos. Se requiere disolver el Sodalicio y ofrecerles a sus miembros de buena voluntad una alternativa de vida que sea conforme con el espíritu de los Evangelios.

Le pido que no nos abandone a todos los que seguimos luchando para que la Iglesia refleje la imagen de Jesús, de aquel que conocimos a través de relatos de prístina sencillez y en quien todavía seguimos creyendo con una confianza preñada de esperanza.

Un afectuoso saludo,

Martin

EL PAPEL HIGIÉNICO DEL SODALICIO

Cuando la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, primera comisión convocada por el Sodalicio en noviembre de 2015 para abordar los abusos cometidos en la institución, emitió su informe final en abril de 2016, allí se incluían once recomendaciones, de las cuales estrictamente cinco le correspondía cumplir al Sodalicio, las cuales fueron parcial o deficientemente implementadas o incluso incumplidas del todo.

De este modo, si bien se repudió públicamente la conducta de Luis Fernando Figari, no se le aplicó la mayor sanción moral e institucional que correspondía, que era la expulsión de la institución, la denuncia penal por todos los delitos cometidos —que no sólo se limitaban a abusos sexuales— y la eliminación de todo apoyo económico con fondos provenientes del Sodalicio. Más bien, se le contrató a uno de los abogados más onerosos del Perú, Armando Lengua Balbi, que habría sido pagado por el Sodalicio mismo. Además, la institución asumirá los costos de su tren de vida en una residencia en Italia hasta el fin de sus días.

Por otra parte, el Sodalicio no reconoció como víctimas a varias personas que, mediante informes individuales, la Comisión había reconocido como tales. Y en el caso de las que si fueron reconocidas, el Sodalicio no cumplió con resarcirlas justamente sino con montos insuficientes o irrisorios en comparación con los daños ocasionados. Mucho menos asumió las terapias psicológicas y médicas hasta donde fuera necesario, sino por el tiempo de un año, renovable solamente por un año adicional y nada más. Y respecto a la exigencia de «una solicitud de perdón y desagravio, de manera personal y escrita, por parte del Superior General a cada una de las víctimas», se incumplió totalmente. Ninguna víctima ha recibido de manera personal una disculpa escrita.

La «compensación por los daños personales sufridos por quienes fueron privados de un adecuado discernimiento vocacional, y en esa medida, obligados a prestar servicios no remunerados, incluso en condición de “servidumbre”» fue ignorada, salvo en algunos pocos casos, donde la compensación económica otorgada puede ser calificada de miserable.

Respecto a la medida que establece que «el SCV deberá proceder a la devolución inmediata de toda la documentación correspondiente a cada una de las personas que forma o formó parte de la institución, que así lo solicite», no sé si habrá habido alguien que haya solicitado esta documentación. Yo sí la solicité en diciembre de 2015, antes de que la Comisión emitiera su informe, y la documentación recibida fue escasa y a todas luces incompleta (ver LOS ARCHIVOS SECRETOS DEL SODALICIO).

Hubo otra recomendación en la que las autoridades sodálites se zurraron olímpicamente, a saber, aquella que reza: «Las personas que ejercieron algún cargo en la organización del SCV, durante los años en que se permitieron los abusos denunciados, deben ser impedidas de ejercer algún cargo representativo al interior de la organización». El Sodalicio siguió manteniendo su misma estructura organizacional y permitió que la mayoría de las personas aludidas en esta recomendación permanecieran en puestos de responsabilidad.

Por supuesto, el Sodalicio mantuvo un doble discurso, afirmando ante la opinión pública o bien que ya había cumplido con las recomendaciones de la Comisión de Ética, o bien que el cumplimiento estaba en proceso (ver SODALICIO: LA GRAN MENTIRA DE LAS RECOMENDACIONES CUMPLIDAS).

Aunque no lo haya admitido abiertamente, se sabe que al Sodalicio no le gustó en absoluto el trabajo de esta comisión y, ya sabiendo de antemano la orientación que iba a tener el informe final, desarrolló un plan B para neutralizar sus efectos que consistió en la creación de una segunda comisión conformada por tres expertos internacionales (Kathleen McChesney, Ian Elliott y Monica Applewhite), los cuales fueron contactados recién en marzo de 2016 (ver LOS EXTERMINADORES DE PLAGAS). Considerando que las autoridades del Sodalicio, a través de su entonces Superior General Alessandro Moroni, se manifestaron satisfechos con los dos informes finales de esta segunda comisión (10 de febrero de 2017), era de esperarse que cumplieran las recomendaciones allí incluidas. Sin embargo, tras revisarlas detenidamente, es otra la impresión que se obtiene, a saber, que el Sodalicio en líneas generales también se zurró en esas recomendaciones e hizo lo que le dio la gana.

Se trata de un total de 34 recomendaciones incluidas en el segundo informe agrupadas en cuatro rubros (A. Respuestas a las denuncias de abuso y maltrato; B. Prevención de abuso y maltrato en el futuro; C. Cumplimiento y responsabilidad; D. Transparencia y comunicación). Incluso se señala el estado de cumplimiento de cada recomendación (Completado/En marcha/Pendiente). Sería muy extenso detenerme en cada recomendación, de modo que me voy limitar a las que aparecen clasificadas como “Completado”.

A.1 Establecer un sistema para que las personas que han sido abusadas por un miembro del SCV, puedan reportar el abuso al SCV.
> Completado

A.2 Utilizar los servicios de una persona con experiencia en ayudar a las personas que han sido abusadas para recibir reportes de abuso y trabajar con las autoridades del SCV para asegurar que todas las personas sean tratadas con justicia y respeto.
> Completado

A.3 Publicar la información de contacto de la persona que recibirá los reportes de abuso en varios medios y en el sitio web del SCV.
> Completado

A.4 Reportar todas las nuevas denuncias de delitos conforme lo indiquen las leyes de los países en los que se produjo la presunta ofensa.
> Completado y en práctica permanente

Hasta ahora no se sabe cómo es el sistema que ha establecido el Sodalicio para que se le haga llegar denuncias de abusos ni los procedimientos que se seguirán. En ninguna parte de la página web oficial de la institución (https://sodalicio.org) aparece descrito este sistema.

Por otra parte, el día 4 de noviembre de 2019 me comuniqué con el único número telefónico de contacto que aparece en la página web del Sodalicio, el de su Oficina de Prensa —ubicada en Calle Dos 553, Urb. Monterrico Norte, San Borja, dirección que corresponde a su Centro Pastoral Nuestra Señora de la Evangelización—. Me atendió cortésmente una persona que dijo llamarse José Bazo. Le pregunté dónde podía encontrar los datos de la persona que recibe reportes de abuso, pues en uno de los informes de la comisión de expertos internacionales se daba a entender que esa información debía estar publicada en el sitio web del Sodalicio, y por más que me había esforzado, no había logrado encontrarla. Me dijo que no sabía nada y que él no tenía esa información. Tras consultar algo con su jefe que estaba presente, me comunicó que me iban a enviar la respuesta por e-mail.

El 7 de noviembre recibí el siguiente e-mail:

«Sr. Martín Scheuch, habiendo recibido su pedido a la Oficina de Comunicaciones, le informo lo siguiente:

Con el fin de recibir denuncias de cualquier tipo de abuso que se haya cometido por miembros o ex-miembros del Sodalicio, fue creada la Oficina de Asistencia y Reparación.

Para entrar en contacto con la Oficina y reportar algún tipo de abuso basta con enviar un correo electrónico a la Dra. Silvia Matuk, Coordinadora de la Oficina de Asistencia y Reparación: oficina@asistenciayreparacion.com

Atentamente

Daniel Calderón
Asistente General de Comunicaciones»

Al ir a consultar nuevamente la página web oficial del Sodalicio, me encontré con que había sido añadido un nuevo link que no estaba antes con el título de Ambientes Seguros. El texto al que se accede comienza así:

«En el Sodalicio de Vida Cristiana hemos adoptado el compromiso firme de implementar y conservar ambientes seguros, a fin de proteger y salvaguardar a las personas vinculadas a nuestras actividades apostólicas, educativas y pastorales, en especial a los menores y adultos vulnerables».

Luego sigue una extensa explicación de las medidas de capacitación que se han implementado para lograr este objetivo y al final se dan los datos de contacto en caso de que se quiera reportar un abuso:

«Con el fin de recibir denuncias de cualquier tipo de abuso que se haya cometido por miembros o ex-miembros del Sodalicio, fue creada la Oficina de Asistencia y Reparación. Para entrar en contacto con la Oficina y reportar algún tipo de abuso basta con enviar un correo electrónico a la Dra. Silvia Matuk, Coordinadora de la Oficina de Asistencia y Reparación: oficina@asistenciayreparacion.com»

Es así que, dos años y nueve meses después de la publicación de los informes de la comisión McChesney-Elliott-Applewhite, recién cumplían con una recomendación que aparecía en el texto como “completada”.

No es el único incumplimiento. De Silvia Matuk, elegida como la «persona con experiencia en ayudar a las personas que han sido abusadas», sólo se sabe que ha sido docente de Sociología del Derecho en la Universidad Católica San Pablo (del Sodalicio) y que —según me ha contado una fuente— es tía del sodálite Carlos Neuenschwander, quien fuera miembro del Consejo Superior con el cargo de asistente de temporalidades (encargado de la administración económica) cuando estallaron los escándalos de abusos a fines de 2015. La señora Matuk no tendría ninguna experiencia en el manejo de casos de abusos y, por el proceder que ha tenido hasta ahora con algunas víctimas, parecería que solamente es la obediente portavoz de lo que deciden arbitrariamente las autoridades del Sodalicio. Más aún, ella sería la única integrante de la Oficina de Asistencia y Reparación, que parece no tener local físico —su dirección es inexistente—, además de no contar con número telefónico, haciendo imposible la comunicación persona a persona, tan necesaria para una persona cuando quiere dar a conocer que ha sido víctima de abusos.

La finalidad de todo esto parece ser bien clara, y así lo indica la página web del Sodalicio:

«A través de estos esfuerzos buscamos que no se repitan nunca más al interior de nuestra comunidad ningún tipo de abuso como los que hemos reconocido con mucho dolor».

La señora Matuk sería una pieza importante para que esto efectivamente sea así, y de este modo evitarle al Sodalicio el “dolor” que le ocasionan estas molestias conocidas como denuncias de abusos. Se buscaría evitar que cualquier nueva denuncia trascienda, desanimar a quien tenga la intención de denunciar y “mecer” a quienes insistan en hacerle reclamaciones al Sodalicio. Además, no hay ninguna garantía de que una denuncia enviada a la dirección de e-mail indicada reciba una respuesta. Desde febrero de 2017, yo personalmente no he recibido ninguna respuesta a los e-mails que les he enviado a Alessandro Moroni, ex Superior General, y José David Correa, Superior General del Sodalicio. Ni siquiera tuvieron la gentileza de remitirme a la Oficina de Asistencia y Reparación. Como si la consigna fuera no responder a quien tiene cosas incómodas que decir. Como cualquier víctima de abusos, por ejemplo.

Por otra parte, la única denuncia hecha por el Sodalicio ante la justicia civil de delitos perpetrados por sodálites o exsodálites fue la presentada por Alessandro Moroni junto con su abogado Claudio Cajina el 15 de marzo de 2017 ante el Ministerio Público en el Perú, donde los únicos acusados fueron Luis Fernando Figari, Germán Doig (ya fallecido), Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía (quien ya había sido anteriormente absuelto). Los delitos de los cuatro primeros (abusos sexuales en perjuicio de menores de edad) estaban todos prescritos. Los otros cinco abusadores sexuales reconocidos por el Sodalicio pero cuyo nombre la institución no quiso revelar nunca fueron denunciados. Asimismo, no hay ninguna denuncia hecha por los responsables del Sodalicio por otros delitos reconocidos en los informes de ambas comisiones: esclavitud moderna, lesiones físicas y psicológicas, restricciones a la libertad personal, encubrimiento y omisión de denuncia, etc., en los cuales estarían involucrados un número considerable de sodálites. Ni siquiera en el reciente caso de Emilio Garreaud, acusado el año pasado ante el Tribunal Eclesiástico Provincial de Costa Rica por abuso sexual en perjuicio de un hombre adulto, se sabe que se haya presentado una denuncia ante el tribunal civil correspondiente.ex

A.6 Utilizar investigadores externos, calificados para investigar denuncias específicas de abuso.
> Completado y permanente

Hasta ahora los únicos investigadores externos para investigar abusos que contrató el Sodalicio fueron los que les elaboraron los dos informes a la medida de la institución, a saber, Kathleen McChesney, Ian Elliott y Monica Applewhite, que en ese sentido realizaron un trabajo deficiente y orientado al saneamiento —o, mas bién, “limpieza de cara”— de la institución antes que a la atención efectiva de las víctimas. No han habido más investigadores. El Sodalicio ha querido dar vuelta a la página y no hay indicios de que sus intenciones vayan en la línea de investigar más y de someterse a posteriores pesquisas externas.

B.11 Identificar a los miembros del SCV que han mostrado comportamientos que indican que pueden presentar un riesgo de abusar de otros. Obtener asistencia psicológica para ellos. Utilizar orientación profesional para establecer e implementar un plan apropiado para monitorear el comportamiento de esos hermanos en el futuro y evaluar su idoneidad para el apostolado externo.
> Completado y monitoreo en marcha

No sabemos si los sujetos aludidos han recibido asistencia psicológica. De ser así, tampoco sabemos si ha sido efectiva. En todo caso, el Sodalicio no ha revelado sus nombres —aunque sospechamos quiénes podrían ser— y, por lo tanto, ni los jóvenes a los cuales se les hace apostolado externo ni sus progenitores saben si la persona que se está encargando de esa tarea es alguien que ha tenido comportamientos abusivos en el pasado. Y creo que tienen derecho a saberlo, a fin de aplicar las medidas preventivas necesarias para protegerse.

C.2 Llevar a cabo una investigación completa para identificar a las autoridades del SCV que tienen acusaciones de no responder u ocultar informes de abuso y maltrato.
> Completado

¿Donde están los resultados de esta supuesta investigación? En ninguno de los dos informes de la comisión de expertos se menciona a ninguno de los encubridores. Si tomamos el caso de Jeffery Daniels, por ejemplo, yo mismo he podido identificar con nombre y apellido a por lo menos doce encubridores: Luis Fernando Figari, Germán Doig (fallecido), Germán McKenzie (exsodálite), Jaime Baertl, Óscar Tokumura, Erwin Scheuch, Eduardo Regal, Juan Carlos Len, Miguel Salazar, Jürgen Daum (fallecido), Alfredo Garland y José Ambrozic. Por los altos cargos que ocuparon en ese entonces, sobre todo en el Consejo Superior, es imposible que no hayan sabido de los abusos cometidos por Jeffery Daniels (ver SODALICIO: RETRATO DE FAMILIA CON ABUSADORES Y ENCUBRIDORES). A ello hay que sumar a aquellos que encubrieron los abusos de Figari, Doig y los demás abusadores. Estamos hablando de una manera sistemática de proceder, seguida por un numero considerable de miembros del Sodalicio, muchos de los cuales siguen perteneciendo a la institución. Pero sobre estos encubridores se ha guardado silencio, se les ha protegido y se les ha cubierto con el manto de la impunidad.

En cuanto a las recomendaciones que aparecen como “En marcha” o “Pendientes”, o no hay manera de verificar que el Sodalicio las haya cumplido, o hay serios indicios de que simplemente no se hizo nada o se cumplieron deficientemente.

Finalmente, veamos el resumen final que hace el informe de las tres responsabilidades del Sodalicio, en un texto que parecería estar describiendo un mundo paralelo, ajeno a la realidad de los hechos:

«El SCV tiene ahora tres responsabilidades principales con respecto al abuso sexual de menores y adultos cometidos por sodálites o exsodálites.

En primer lugar, el SCV deberá continuar brindando ayuda a las víctimas de abuso sexual y otros tipos de abuso perpetrados por cualquiera de sus miembros o exmiembros. Para ese fin, a través de su Oficina de Asistencia e Integridad [sic], el SCV ha estado en contacto con la mayoría de las personas que se sabe han sido víctimas de abusos y maltratos diversos por algún sodálite. Este contacto debe garantizar apoyo pastoral, facilitar disculpas a las víctimas y disponer también la reparación y compensación apropiadas».

Lo pueden testimoniar las víctimas: apoyo pastoral no ha habido, mucho menos disculpas públicas personales, y las reparaciones y compensaciones han estado lejos de ser apropiadas. Súmese a esto que varias víctimas no fueron reconocidas como tales por el Sodalicio y les fue rehusado lo que por justicia les correspondía.

«A pesar del mucho tiempo que ha pasado desde que las víctimas fueron abusadas, el daño psicológico y espiritual que se les infligió permanece. Estas víctimas, que en algún momento admiraron a Figari como a una figura paterna, merecen verlo asumir su responsabilidad por las acciones realizadas y saber que las autoridades eclesiales reconocen su conducta como profundamente pecadora e inaceptable para cualquier líder religioso. En ese sentido, la segunda responsabilidad del SCV es asegurar que Figari cumpla con las instrucciones dispuestas por la CIVCSVA [Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica] y aprobadas por el Santo Padre el 30 de enero de 2017».

Esta segunda responsabilidad parece un chiste cruel de humor negrísimo. Las víctimas deberían sentirse satisfechas de que Figari tenga prohibido regresar al Perú —sustrayéndose así a la justicia civil—, que no tenga ningún contacto con ninguno de los integrantes del Sodalicio —salvo uno al cual le será confiada «la tarea de referente del Sr. Figari, para cualquier eventualidad y exigencia» (Carta de la CIVCSVA a Alessandro Moroni, 30 de enero de 2017)— y que el Sodalicio asuma todos los costos de una vivienda para él solo y de todo lo necesario para que tenga «un estilo decoroso de vida» hasta el momento de su muerte, mientras que las víctimas tienen que lidiar por el resto de sus días con las consecuencias psicológicas —a veces incluso físicas— de los abusos sufridos, además de sufrir penurias económicas debido a los años perdidos en el Sodalicio y a las limitaciones personales ocasionadas por los abusos, sin que las compensaciones ofrecidas por el Sodalicio, irrisorias en relación a los daños y perjuicios sufridos, sirvan de mucha ayuda.

«La prevención de todo tipo de abuso —sexual, físico o psicológico— es la tercera principal responsabilidad del SCV. La prevención incluye la evaluación y selección exhaustiva de los candidatos; tener programas de formación integral y saludable y códigos de conducta bien definidos; cooperar con las autoridades civiles sobre temas de abuso y mantener mecanismos efectivos para denunciar abusos; así como manejar comportamientos inapropiados. Todos los miembros de la familia sodálite necesitan una educación continua para desarrollar su conciencia sobre lo que constituye un abuso, así como una mayor comprensión del impacto que el abuso tiene sobre las víctimas. Sobre todo, el SCV debe tener autoridades firmemente comprometidas con mantener ambientes sanos y seguros en sus actividades y obras apostólicas».

Mientras se mantenga el principio de una obediencia absoluta y un pensamiento único, además de mantener las “medidas de formación” que permiten un lavado de cerebro y restricciones indebidas a la libertad interior, no habrá ambiente seguro dentro de las comunidades sodálites, que es donde ocurrieron la mayor parte de los abusos —y no en las actividades y obras apostólicas—, sin contar los abusos que ocurrieron en ambientes privados. Los expertos internacionales que redactaron este texto estaban —por usar una expresión vulgar que aquí se justifica— “meando fuera del inodoro”. De poco sirve que las medidas de prevención y capacitaciones para «mantener ambientes y seguros» se apliquen en aquellas instancias donde precisamente casi nunca ocurrieron los abusos.

Además, creer que una capacitación sobre el tema de los abusos evitará que se cometan abusos es como creer que las incontables charlas sobre la castidad y el celibato que se solían impartir en retiros y actividades de formación han garantizado que los sodálites no cometan faltas contra la castidad. Según esto, lo que le habría faltado a Figari sería conciencia de lo que es un abuso y comprensión del impacto que tienen los abusos sobre las víctimas. Así de fácil. Se esquiva así ver la raíz del problema, que se halla en el sistema y las estructuras institucionales que facilitan la existencia de abusos de autoridad, los cuales en algunos casos terminan abriendo la puerta a los abusos sexuales.

En conclusión, el Sodalicio se ha limpiado el culo con los informes de sus dos comisiones. Y ese papel higiénico no le he dejado el cutis reluciente, pues la mierda la tiene por todas partes, debido a una infección de carácter sistémico que invade todo su organismo. No debería, pues, extrañarnos si más adelante vuelven a darse casos de abusos en el Sodalicio. Y de abusos graves, que no limpia ningún papel.

________________________________________

A continuación, la lista completa de las recomendaciones hechas por la comisión McChesney-Elliott-Applewhite a las autoridades del Sodalicio:

A. RESPUESTA A LAS DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO

A.1 Establecer un sistema para que las personas que han sido abusadas por un miembro del SCV, puedan reportar el abuso al SCV.
> Completado
A.2 Utilizar los servicios de una persona con experiencia en ayudar a las personas que han sido abusadas para recibir reportes de abuso y trabajar con las autoridades del SCV para asegurar que todas las personas sean tratadas con justicia y respeto.
> Completado
A.3 Publicar la información de contacto de la persona que recibirá los reportes de abuso en varios medios y en el sitio web del SCV.
> Completado
A.4 Reportar todas las nuevas denuncias de delitos conforme lo indiquen las leyes de los países en los que se produjo la presunta ofensa.
> Completado y en práctica permanente
A.5 Brindar la capacitación necesaria a las autoridades del SCV para responder a incidentes y denuncias de abuso y maltrato por miembros y asociados que trabajan en sus instituciones y apostolados.
El contenido de la capacitación debe incluir lo siguiente:
 Definiciones y dinámicas del abuso físico, sexual y psicológico, y abuso de poder
 Efectos del abuso sobre las víctimas
 Comprensión actual sobre los autores de abusos
 Los estándares vigentes de atención para la respuesta al abuso de menores y el maltrato de adultos
 Atención pastoral a los que han sufrido abuso.
> En marcha
A.6 Utilizar investigadores externos, calificados para investigar denuncias específicas de abuso.
> Completado y permanente
A.7 Requerir informes escritos para cada investigación que se haga en el futuro.
> En marcha
A.8 Establecer una Junta de Revisión para evaluar las denuncias de abusos o traspaso de límites presentadas contra los miembros del SCV y brindar asesoramiento sobre acciones de gestión al Superior General, compuesto por profesionales externos, como psicólogos y expertos en protección infantil y miembros representantes de la comunidad y autoridades del SCV.
> Pendiente
A.9 Mejorar los sistemas actuales de registro de documentos estableciendo protocolos, maximizando la tecnología disponible y proporcionando capacitación pertinente a los usuarios del sistema.
> En marcha

B. PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO EN EL FUTURO

B.1 Desarrollar y aplicar pautas para la evaluación de nuevos miembros que cumplan con las normas vigentes para las congregaciones religiosas.
> En marcha
B.2 Mejorar la evaluación psicológica y las evaluaciones de antecedentes para cumplir con las normas vigentes.
> En marcha
B.3 Crear y utilizar una Junta de Evaluación y Selección de evaluadores profesionales que incluya a expertos externos en la evaluación de candidatos para la vida religiosa.
> Pendiente
B.4 Revisar todos los aspectos y fases de la formación y alinear las prácticas con las normas vigentes: establecer las calificaciones de formadores, contenidos de formación y
parámetros formativos.
> En marcha
B.5 Reforzar los aspectos de la formación con respecto a las dimensiones humanas y conductuales, y brindar formación constante en relación a los retos de una vida sana en la comunidad, el celibato y la obediencia.
> En marcha
B.6 Dar capacitación específica a los formadores, candidatos y formandos sobre la prevención de abuso sexual y los maltratos en el apostolado, los colegios y los servicios solidarios.
> En marcha
B.7 Establecer una política con respecto a las redes sociales, mensajes de texto y otras comunicaciones digitales con menores, aspirantes y personas en formación.
> Pendiente
B.8 Proporcionar capacitación regular de identificación y prevención de abuso a los miembros del SCV, educadores, empleados, voluntarios, padres interesados y jóvenes con
edad suficiente, en varios formatos de presentación.
> En marcha
B.9 Establecer códigos de conducta para los miembros del SCV que incluyan consecuencias por malas conductas. Proporcionar capacitación a los miembros para asegurar que los Códigos de Conducta sean plenamente comprendidos.
> Pendiente
B.10 Desarrollar y aplicar pautas para la idoneidad del apostolado que se ajusten a los estándares vigentes de atención para el servicio a menores, adultos vulnerables y otras tareas apostólicas.
> Pendiente
B.11 Identificar a los miembros del SCV que han mostrado comportamientos que indican que pueden presentar un riesgo de abusar de otros. Obtener asistencia psicológica para ellos. Utilizar orientación profesional para establecer e implementar un plan apropiado para monitorear el comportamiento de esos hermanos en el futuro y evaluar su idoneidad para el apostolado externo.
> Completado y monitoreo en marcha
B.12 Identificar a los miembros del SCV que hayan abusado sexual o físicamente de menores, y retirarlos del apostolado externo y del contacto con menores sin supervisión. Aplicar las sanciones administrativas y/o canónicas apropiadas. Obtener asistencia psicológica para el miembro. Utilizar orientación profesional para establecer un plan apropiado para monitorear el comportamiento del miembro en el futuro.
> Completado y medidas en marcha
B.13 Desarrollar e implementar métodos de supervisión para miembros del SCV que han abusado de otros y siguen siendo parte de la comunidad. Designar y capacitar a superiores adecuados para supervisarlos.
> Completado y capacitación en marcha

C. CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

C.1 Revisar las investigaciones y aplicar consistentemente las directrices sobre la idoneidad para el apostolado en todos los casos.
> En marcha
C.2 Llevar a cabo una investigación completa para identificar a las autoridades del SCV que tienen acusaciones de no responder u ocultar informes de abuso y maltrato.
> Completado
C.3 Utilizar los resultados de esa investigación para determinar el papel que estas autoridades tienen en el futuro de la comunidad.
> En marcha
C.4 Designar una persona que reciba las quejas de los sodálites y los ayude en el proceso de resolución.
> Pendiente
C.5 Establecer un mecanismo interno de cumplimiento de políticas.
> Pendiente
C.6 Recurrir periódicamente a los profesionales externos para revisar el cumplimiento permanente de las políticas de conducta del SCV.
> En marcha

D. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN

D.1 Comunicarse regular y abiertamente con los miembros del SCV y los miembros de la familia espiritual sobre los temas de protección de todas las personas en el SCV y sus obras apostólicos.
> En marcha
D.2 Ser lo más transparente posible sobre los problemas de abuso y cómo se abordan, manteniendo al mismo tiempo la debida consideración de privacidad de las víctimas.
> En marcha
D.3 Establecer una política para comunicarse con diversos públicos con respecto a las denuncias de abuso.
> Pendiente
D.4 Mejorar las estructuras formales de comunicación y utilizar diversos métodos de comunicación.
> En marcha
D.5 Publicar las normas de conducta del SCV en el sitio web de SCV.
> Pendiente
D.6 Mejorar las interacciones con los Obispos Diocesanos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica en asuntos de inconductas.
> En marcha

LOS EXTERMINADORES DE PLAGAS

Monica Applewhite, Ian Elliott y Kathleen McChesney, expertos internacionales contratados por el Sodalicio

En octubre de 2015 apareció el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz, dando a conocer públicamente los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana.

El 25 de noviembre del mismo año el entonces Superior General Alessandro Moroni dio a conocer su decisión de convocar a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, integrada por el Dr. Manuel Sánchez Palacios (Presidente de la Comisión), abogado; la Dra. Rosario Fernández Figueroa, abogada; Mons. Carlos García Camader, obispo de Lurín; la Dra. Maíta García Trovato, médico cirujano con especialización en psiquiatría y el Sr. Miguel Humberto Aguirre, periodista.

La nota oficial del Sodalicio por la cual se creó esta Comisión dice lo siguiente:

«Esta comisión es independiente y tiene el encargo inicial de trabajar por 150 días en el conocimiento, atención y confortación de las víctimas identificadas.

La información de aquellos casos que deban ser puestos en manos de la justicia civil o canónica será entregada a dichos fueros con el conocimiento de las víctimas y según los procedimientos aplicables. La Comisión tendrá plenas facultades para ofrecer a las víctimas la máxima asistencia posible».

Y entre estas facultades estaba la de señalar si las víctimas debían ser reparadas económicamente. Si bien al final los informes personales no incluían montos específicos, sí indicaban los rubros que debía cubrir una reparación justa, ajustándose a estándares jurídicos internacionales.

Escuchar los testimonios de los afectados, dar recomendaciones para cada caso a las autoridades del Sodalicio —previo consentimiento de la víctima— y publicar un informe final al terminar su trabajo, eso fue lo que hizo esta comisión. Según declaraciones de Moroni en el Congreso de la República (noviembre de 2018), se escucharon a 38 personas, de las cuales 34 fueron consideradas víctimas y 4 no. De lo cual se deduce que las miembros de la Comisión no sólo se limitaron a escuchar, sino que evaluaron los testimonios con criterios profesionales y determinaron quiénes podían ser considerados como víctimas. Por respecto al derecho de privacidad de las víctimas, las denuncias escritas enviadas por éstas no fueron entregadas al Sodalicio, sino sólo los informes personales elaborados por la Comisión —que contenían un resumen de los hechos denunciados y las recomendaciones—, siempre y cuando la víctima estuviera de acuerdo con ello. Y así como algunas consintieron en que el Sodalicio conociera sus informes personales, otras se habrían negado a ello. Por eso mismo, resulta legítimo dudar de las cifras proporcionadas por Moroni en el Congreso, pues no estaría incluyendo a aquellas víctimas que, por motivos personales, se negaron a que sus informes personales fueran remitidos al Superior General del Sodalicio. Y según una fuente, el número total de víctimas de abusos bordearía los cien casos.

El 16 de abril de 2016 la Comisión terminó su informe final, cuyas conclusiones resultaron devastadoras para el Sodalicio.

Posteriormente a esta fecha —y no antes— se supo que el Sodalicio había convocado a una segunda comisión, conformada por expertos internacionales, las estadounidenses Kathleen McChesney y Monica Applewhite y el irlandés Ian Elliott.

Alessandro Moroni declararía en noviembre de 2018 ante la Comisión De Belaúnde en el Congreso de la República que «en paralelo se trabajó la otra comisión. Se decidió eso para distinguir exactamente las cosas. Yo sé que en la práctica muchas de las cosas se mezclaron y otras se sobrepusieron pero creo que en última instancia, a pesar de lo confuso que pudo haber sido para muchos, terminó siendo positivo». Añadió además que «la primera comisión se conformó muy rápidamente, en noviembre ya estaba siendo instalada. Entonces, a los otros expertos, que además vivían en distintos lugares, recién los estábamos contactando. Sí sabíamos que iba a haber los dos momentos, el segundo en realidad no fue una comisión sino un equipo de tres personas, cada una con una función distinta. Cuando la Comisión comienza a acoger a las personas, todavía no estaba diseñado al detalle el segundo trabajo, simplemente se sabía que después habría otro trabajo».

Sin embargo, en un video publicado el 18 de febrero de 2017 por el mismo Sodalicio en su canal de YouTube (Canal S), la Sra. McChesney afirma que tanto ella como Monica Applewhite y Ian Elliott fueron contactados por el Sodalicio recién en marzo de 2016. En ese momento, las autoridades del Sodalicio ya habrían perdido todo control sobre el trabajo de los integrantes de la primera comisión y habrían sospechado a grosso modo en qué dirección iban a ir las conclusiones del informe final. No hay ningún indicio que demuestre que el Sodalicio habría tenido el plan de establecer dos comisiones desde un principio, sino más bien todo lo contrario. La convocación de una segunda comisión habría sido un plan alternativo para neutralizar las conclusiones a que había llegado la primera, tanto a nivel general como a nivel de informes personales.

Tengo razones para suponer que Moroni, como buen sodálite, no sería afecto ni a la transparencia ni a la verdad, sobre todo cuando ésta tenía que hacerse pública y era desfavorable a la imagen institucional del Sodalicio.

Por otra parte, el trabajo de los expertos internacionales tampoco ha estado exento de cuestionamientos. Si bien el Sodalicio ha insistido en sus comunicaciones de prensa que se trataba de profesionales con amplia experiencia en el tema de abusos en perjuicio de menores, un análisis a fondo nos muestra que esa experiencia tenía un sesgo y, por lo tanto, serias limitaciones. Ninguno de los expertos ha trabajado para asociaciones de víctimas ni ha sido nunca contratado para representar a las víctimas de abusos y defender sus derechos.

En la página web de la empresa que dirige Kathleen McChesney, Kinsale Management Consulting, se dice que se ofrecen servicios de consultoría para organizaciones, llevando a cabo estrategias de seguridad y gestión de crisis. Allí mismo se dice que la Dra. McChesney fue elegida por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para establecer y dirigir la Oficina de Protección de Menores, donde desarrolló y administró un mecanismo nacional de cumplimiento para asegurar que todas las diócesis católicas cumplieran con las leyes civiles y las políticas internas de prevención, informe y respuesta respecto al abuso sexual de menores.

Por otra parte, Ian Elliott, en la página web de su empresa unipersonal, ofrece servicios de consultoría en el campo de la protección de menores dirigidos a organizaciones, de modo que éstas puedan ajustarse a estándares de protección de menores con un particular énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.

En la página web de Monica Applewhite se señala que ésta tiene experiencia en el estudio de los abusos y en ayudar a organizaciones a prevenir y responder a incidentes o acusaciones de abuso.

De lo dicho se concluye que los tres expertos contaban con experiencia en el trabajo con organizaciones, a fin de guiarlas en la prevención y manejo de los casos de abusos ocurridos en ella, teniendo como fin que ésta mejore, ajustándose a estándares de seguridad y protección. Mientras que la primera comisión estuvo orientada hacia las víctimas, para la segunda éstas no habrían sido una prioridad. El objetivo principal habría sido más bien la organización misma. Como en sus anteriores encargos, no habría estado dentro de sus funciones cuestionar a la institución misma, sino ponerse al servicio de ella y lograr que cambie. Eso explicaría la insistencia de Ian Elliott en afirmar que el Sodalicio había cambiado, como me lo dijo personalmente a mí el 28 de octubre de 2016 en Frankfurt. Porque si no había habido un cambio, no habría cumplido con el objetivo para el cual había sido contratado y por el cual habría recibido unos jugosos honorarios.

En un video publicado el 25 de abril de 2016, Kathleen McChesney afirma, estando a inicios de su investigación del Sodalicio, lo siguiente: «Bueno, está claro que ha habido mala conducta por parte de miembros del SCV, no todos, un número pequeño, a través de los años». Algo similar dijo cuando en el año 2002 asumió la tarea de liderar la Oficina de Protección de Menores de la Iglesia católica estadounidense: «Creo que la Iglesia católica ha sufrido por la acción de unos pocos». Ese sesgo que le hace creer en la santidad de las instituciones de la Iglesia, proveniente de su compromiso personal como católica, puede haber afectado los resultados de su investigación, impidiéndole ver las dimensiones del problema y el aspecto sistémico que presenta.

Asimismo, en la página web de Ian Elliott aparecen recomendaciones de personas que representan a organizaciones —entre ellas la misma Monica Applewhite y Scott Browning, un abogado estadounidense contratado por el Sodalicio para defender sus intereses y ayudar a determinar el monto de las reparaciones—, pero no hay ni una sola recomendación de una víctima de abusos.

Quisiera llenar este vacío, dando a conocer dos mensajes dirigidos a los expertos por una víctima del Sodalicio que fue entrevistada por Kathleen McChesney y Ian Elliott.

________________________________________

13 de julio de 2016

Hola, Kathleen:

Te escribo en español porque así me lo pediste. Siento mucho decirte esto, pero el trato que estamos recibiendo las víctimas del Sodalicio es tan malo, que yo en lo personal no quisiera colaborar más en los casos que me pides. Creo que la información que te di la semana pasada sobre hackeo de computadoras e interceptación de comunicaciones, obstrucción de la justicia destruyendo evidencias, encubrimiento de abusos y delitos, compras de terrenos a traficantes, evasión de impuestos utilizando el nombre de la Iglesia, etc. es más que suficiente para que la contrastes con otros testimonios y puedas confirmarla.

Te pongo en contexto para que se entienda este correo. Estas son las recomendaciones personales que la Comisión de Etica realizó, y fueron entregadas al Sodalicio:

«En conciencia, para el presente caso la Comisión recomienda lo siguiente:
– Reconocimiento por parte del Superior General de su condición de víctima y pedido de disculpas por escrito.
– Reconocimiento de interceptación de sus comunicaciones
– Otorgarle una reparación económica proporcional al daño sufrido, comprendiendo la afectación moral y material de la víctima.
– Otorgarle una compensación económica que indemnice los años de servicios prestados al SCV.
– Otorgarle la cobertura económica que le permita acceder a un tratamiento médico psiquiátrico y/o psicológico integral por el tiempo que los profesionales médicos determinen, como consecuencia del mal trato recibido al interior del SCV.
– Realizar las investigaciones necesarias al interior del SCV, en relación a los actos denunciados. Asimismo, que el SCV imponga a los responsables las sanciones correspondientes».

En repetidas oportunidades les he pedido a Alessandro Moroni, Rafael Ísmodes y José Ambrozic que se pronuncien y que expresen las razones por las cuales las recomendaciones personales que realizó la Comisión de Ética (congregada por el mismo Sodalicio) han sido ignoradas. A ti, Kathleen, te he pedido que revises la página http://www.comisionetica.org o el video de Rafael Ísmodes y otros más en los que hablaban de los alcances de la Comisión de Ética. Llevo casi tres meses preguntando esto (a los sodálites mencionados, a ti, Kathleen, y a Ian Elliott) y hasta ahora no recibo NINGUNA respuesta. A ustedes, Kathleen e Ian, les digo que lo que ha hecho el Sodalicio con los miembros de la Comisión de Ética es una falta de respeto y consideración absolutas. Y a ustedes dos los ha convertido en cómplices de esta falta, siendo que estas personas, todas de reconocida e impecable trayectoria en nuestro país, sin cobrar nada, nombrados por el mismo Sodalicio, se la pasaron casi cinco meses trabajando y recibiendo los testimonios de muchísimas víctimas.

Kathleen, tomé e hice tomar a muchos la mala decisión de conversar contigo y con Ian. Cometí el error de creerle a los sodálites, que —sin responder a las preguntas acerca de la Comisión de Ética— pidieron que confiemos y que conversemos con ustedes. Ustedes son buenas personas, muy profesionales, pero finalmente asalariados del Sodalicio y lo que concluyan quedará en manos del Sodalicio que —si quieren o no— lo aplicarán. Lo que han hecho ustedes, Kathleen, con nuestros casos, nunca lo vamos a saber. No sabemos cuáles serán las conclusiones. No sabemos si confrontaron versiones, si llamaron a más testigos. No sabemos qué sugerencias tienen para nuestros casos particulares. Todo eso sí lo hizo la Comisión de Ética, que hoy ustedes dos con su silencio y complicidad también rechazan.

Toda la semana pasada ustedes se han reunido nuevamente con las víctimas. He conversado con muchas de ellas, y no conozco a una sola que haya quedado en paz con las reparaciones ofrecidas. Es más, en todos los casos están [siendo] revictimizadas. Ahora se sienten víctimas de ustedes. En ninguno de los casos ha habido negociación y confrontación de argumentos. Conversaciones de 20 minutos. Eso sí, se repitió en todos los diálogos que los abogados del Sodalicio enmarcaron las reparaciones en «la justicia peruana, que lastimosamente es poco generosa en estos casos» y que como un logro dadivoso de parte de Ian Elliott «darían el doble de lo que estipula la justicia peruana».

¿Es correcto que el Sodalicio, incluso para casos de abuso sexual, se comporte como una empresa y que recurra a una “tabla” de reparaciones para atender a las víctimas? ¿De verdad creen que eso ayudará a las víctimas? ¿Creen que eso es “atender a las víctimas”? ¿Creen que las víctimas se sentirán reparadas?

Kathleen, tú como católica, en estas circunstancias tienes la importante tarea de recordarles a los sodálites —que son una institución católica— que ellos son religiosos. Y que su principal tarea HOY es la de reparar a las víctimas (y la satisfacción de las víctimas se tiene que conversar con las víctimas, no con los abogados del Sodalicio) y la de intentar recuperar la fe de todas aquellas personas que de buena fe le entregaron su vida a Dios a través del Sodalicio, pero que HOY, gracias a los abusos vividos, la han perdido. Pregúntale a los sodálites, a quienes les gustan mucho las cifras: ¿cuántos han recuperado la fe? ¿cuántos han descubierto en este proceso la caridad y la magnanimidad de aquellos que, reconociendo sus errores y abusos, intentan por todos los medios recuperar la fe de las personas que la han perdido?

Como comprenderás, Kathleen, las cifras ofrecidas por Ian (el doble de la justicia peruana, siguiendo a los abogados del Sodalicio) son irrisorias y revictimizantes. Son ofensivas. Y creo que serán caldo de cultivo para que en muy poco tiempo se dé otro proceso igual o peor al que se inició en octubre del año pasado y que hasta hoy no se resuelve (ojo, sólo por estadística hay víctimas de abuso sexual que, por el tiempo transcurrido, todavía no salen a la luz; suelen hablar después de 15 ó 20 años).

Ian me comentó que no estaba dentro de sus tareas el averiguar los asuntos económicos del Sodalicio, y por eso tenía que «aceptar las condiciones de los abogados, para enfrentar las reparaciones». Te comento a ti, Kathleen (también a ti, Ian, y a todos los sodálites que tal vez no lo saben y muchas otras personas que están en copia oculta) que el Sodalicio cuenta hoy con activos (assets) que están entre los 1500 y 2000 millones de dólares. A la cifra expuesta en el 2012 en su Asamblea de “sólo” aproximadamente 400 millones de dólares, ahora le tienen que sumar las más de 500 hectáreas que están siendo urbanizadas en Piura, las más de 3000 hectáraes agroindustriales también en Piura, una universidad en Santiago de Chile, y probablemente otras cosas más. Kathleen, por favor coméntale a Ian que con el dinero que tiene el Sodalicio la reparación de las víctimas podría ser según la justicia norteamericana (y no la peruana) y que por eso no se preocupe.

Espero, Kathleen, que con este correo el Sodalicio no me vuelva a “castigar”. Porque te comento: a José Enrique Escardó y a mí, nos han negado las reparaciones que nos correspondían, «por haber denunciado penalmente a Luis Fernando Figari y otras personas del Sodalicio». Les faltó decirnos «¿para qué denuncias, pues?» o «por denunciarnos ya no te doy». Por eso les escribo a muchos en copia oculta. Hay varias víctimas entre ellos que no quisiera que los castiguen por estar entre los destinatarios de este correo.

Lamento nuevamente Kathleen no seguir colaborando en tus investigaciones, pero las circunstancias, el maltrato y falta de atención a las víctimas me han llevado a eso. Mis más sinceras disculpas a todas las personas que les llega este correo y que ya no querían saber nada. Disculpas a los buenos sodálites que se tienen que enterar de esto. También lo hago por ustedes, para que cuando tengan alguna necesidad de ropa, de libros, o para sus estudios, o para su seguro médico, o su celular, o su pasta de dientes, ya no tengan que pedirle a sus padres o a personas cercanas de buena voluntad. Ya saben dónde está el dinero.

Saludos.

________________________________________

17 de octubre 2016

Ian:

Francamente, me interesa poco o nada lo que tú quieras. ¿O por exponer tus mentiras, como ya hiciste en otros casos, me vas a retirar la condición de víctima y la reparación que me ofreciste? Desde el 19 de octubre del año pasado que escribí mi primer artículo contra las mentiras y abusos del Sodalicio, mi compromiso ha sido siempre con la verdad y con las víctimas (como yo). Tus mentiras y los daños que tú le has hecho a las víctimas las voy a compartir, todas, con todos aquellos que me lo pregunten. Voy a ayudar en lo que pueda a desenmascarar tu falsedad y tu inexistente compromiso con las víctimas. Lo que menos quiero es que sigas dañando a más personas.

Me debes tener grabado o espero que lo recuerdes: en nuestra primera conversación (y en el primer correo que te mandé) te advertí que si no se reparaba en justicia a las víctimas y si estas no se mostraban satisfechas, la indignación de ellas y su búsqueda de justicia NUNCA se iban a detener. Como responsable de este proceso fallido, en el que no ha habido justicia ni satisfacción para varias víctimas, serás blanco de artículos e investigaciones que den cuenta de tu lamentable proceder. Ya no aparecerás diciendo tus mentiras en el infame Canal S. Estarás, más bien, en los diarios más leídos del país. A fuerza de decir mentiras, te lo has ganado.

No voy a enumerar la larga lista de mentiras tuyas que yo y varios otros te hemos escuchado decir. Felizmente varios te han grabado y no van a permitir que digas «yo no dije eso» o «estás mintiendo». Sólo te menciono unas muy graves y que tú has hecho públicas: ¿No me dijiste acaso que tú te sentías víctima del Sodalicio, porque tus recomendaciones no las estaban cumpliendo? ¿No me dijiste que tú tenías una reputación y fama que cuidar y que el Sodalicio te estaba haciendo daño? (Mi imagen y reputación también se han visto dañadas ante muchas víctimas a quienes animé a que hablaran contigo.) ¿No me dijiste, en dos oportunidades, que creías que el Sodalicio debía ser suprimido —“supressed” fue la palabra que usaste—? ¿Cuando te pregunté: Qué es lo que el sodalicio quiere lograr con este proceso —porque por los resultados que veo, sinceramente no los entiendo—, no me respondiste: yo tampoco sé bien lo que quieren hacer, lo único que te digo es que a mí me interesa ayudar a las víctimas? ¿Con qué cara sales a decir frente a cámaras que son «genuinos y honestos en el esquema de reparación que están ofreciendo»? ¿Cómo puedes decir que estás «impresionado por los miembros del Consejo del Sodalicio y que confías en ellos»? Después de dirigir esas frases tan duras contra el Sodalicio hace sólo algunas semanas, ¿cómo puedes decir en el video «que estás convencido de que los miembros del Consejo del Sodalicio sienten una verdadera preocupación y pesar por lo que les ha ocurrido a las víctimas»? ¿O crees sencillamente que puedes burlarte de las víctimas?

Para engañar a la opinión pública, el Sodalicio te ha querido presentar como un experto profesional. Tú mismo hablas de tu vasta experiencia. Nos has hecho la mueca de una independencia. Dices que tu interés son las víctimas. No has demostrado ser nada de eso. Has sido contratado —cobrando cientos de miles de dólares— para ser el cajero del Sodalicio, paradójicamente, lo que la Comisión de Ética (los sepultados y fondeados, pero verdaderos profesionales INDEPENDIENTES) no quiso ser. ¿Cómo un profesional independiente puede permitir que los que definen la justicia para con las víctimas sean los mismos victimarios? ¿Cómo puedes decir en el video que «están motivados por su PROPIO sentido de lo que es la manera correcta actuar»? ¿Los mismos abusivos, pedófilos, encubridores de delitos, te están diciendo cuál es la manera correcta de actuar? Con tu vasta experiencia, ¿no sabes todavía cuál es la correcta manera de actuar? ¿No sabes que el acusado de ser victimario no puede ser juez de un proceso? ¿En algún lugar del mundo has visto algo así? Cuéntame, Ian, ¿dónde está tu independencia? ¿Cómo un verdadero profesional como tú sirve de cómplice del Sodalicio para forzar el olvido sobre el trabajo de los miembros de la Comisión de Ética? ¿Cómo un interesado por las víctimas no se detiene a explicarnos las razones por las cuáles nuestro primer y doloroso testimonio ante la Comisión de Ética lo teníamos que repetir de nuevo? ¿Dónde está el experto profesional de víctimas, que sin tomar ningún apunte ni recibir ningún documento, grabando o sin grabar, toma y comunica decisiones en reuniones a veces menores a una hora, en las que contábamos AÑOS de abuso? Con sinceridad, ¿cómo puedes decir que eres independiente y haber aceptado este trabajo, si tú mismo me dijiste que «el Sodalicio tiene la última palabra»?

Supuestamente entregarás pronto tu informe final. Tal vez sea una mentira más, tal vez no. Según le has dicho a otras víctimas, «será contundente». Pero lo que aquí estuvo mal fue el proceso, desde que llegaste. Todo. Y si el proceso estuvo mal ¿qué podemos esperar de tus conclusiones? Y eso hará que —como te lo dije— esta tragedia nunca se detenga.

Sin ninguna prueba o argumento, me dices en tu correo que lo que digo es mentiroso y abusivo. ¿No es exactamente al revés? ¿No eres tú el que nos ha mentido a varios? ¿No eres tú el que ha abusado de la buena fe con que las víctimas nos acercamos a ti? ¿No eres tú el que ha abusado y se ha aprovechado de las víctimas que están buscando justicia? ¿Por qué no nos mencionaste desde el inicio que el Sodalicio —como me lo escribió José Ambrozic— «se encarga de aprobar y ejecutar tus recomendaciones»? Y, sin embargo, creo que eres una buena persona, pero ha sido muy irresponsable de tu parte asumir este proceso tan importante y ser utilizado de esa manera tan grosera por el mismo Sodalicio. Estoy de acuerdo y me solidarizo contigo. Eres una víctima más.

Saludos.

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En resumen, los tres expertos contratados por el Sodalicio ciertamente contaban con experiencia en lo referente a abusos pero desde una perspectiva organizacional. La experiencia que tenían era la del manejo y gestión de casos de abusos sexuales contra menores en organizaciones. Y el trato con las víctimas siempre estuvo supeditado al objetivo de “sanear” la institución sin ocasionarle perjuicios. Lo que hicieron fue lo que se conoce como crisis management (gestión de crisis). Eran especialistas en control de daños, para beneficio de organizaciones con casos de abusos. No eran especialistas en acompañamiento de las víctimas con el fin de lograr justicia y una reparación integral, muchos menos tratándose en su mayoría de personas que sufrieron abusos psicológicos y físicos —y algunos también abuso sexual— cuando ya habían alcanzado la mayoría de edad.

Por eso mismo, no hubo un cuestionamiento a fondo de las autoridades sodálites, como el que se dio en el caso de la primera comisión, conformada por dos juristas, un obispo, una psiquiatra y un periodista, cuyo sesgo profesional se orientaba a la búsqueda de la verdad y la justicia. En el informe final de la segunda comisión soló se mencionó con nombre y apellido a los abusadores si ya no pertenecían al Sodalicio. Y, por supuesto, a Luis Fernando Figari, declarado persona non grata. Pero los nombres de los abusadores que todavía pertenecían al Sodalicio fueron omitidos.

En abril de 2016 Alessandro Moroni manifestó en un video: «Estamos seguros que con la gracia de Dios nuestra gran familia prevalecerá y saldrá adelante por encima de los errores de sus autoridades que a partir de hoy están decididas a escribir una nueva historia».

Y para reescribir esta historia —práctica frecuente del Sodalicio a través de los años— requirieron de la ayuda de unos especialistas que pudieran librarlos del enjambre de moscas en que se había convertido la ola de denuncias de abusos cometidos en la institución. De este modo, los expertos internacionales no habrían sido otra cosa que exterminadores de plagas, que no se dieron cuenta —o no quisieron darse cuenta— de que estaban trabajando nada menos que para ratas.

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FUENTES

Kathleen McChesney
Kinsale Management Consulting
https://www.kinsalemanagementconsulting.com

Ian Elliott
Safeguarding Consultant
http://ianelliottsafeguarding.com

Monica Applewhite
http://monicaapplewhite.com

BBC Mundo
Agente del FBI contra la pederastia en la Iglesia (09 de noviembre de 2002)
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2433000/2433583.stm

CANAL S
Mensaje del Superior General del Sodalicio (05.04.2016)

Entrevista a Kathleen McChesney sobre SCV (25.04.2016)

Sodalicio: Testimonio de Kathleen McChesney sobre su investigación (18.02.2017)

SODALICIO: LA FARSA DE LAS REPARACIONES

Alessandro Moroni, entonces Superior General del SCV, y Claudio Cajina, abogado del Sodalicio, presentándose ante el Ministerio Público para entregar información sobre abusos sexuales en el Sodalicio (17 de febrero de 2017)

Desde que existe el Sodalicio, han habido en la institución prácticas que atentarían contra varios derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948). En concreto, los diferentes abusos que se han perpetrado en la institución fundada por Luis Fernando Figari y otros calificarían como tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 5), así como la esclavitud moderna o servidumbre (Art. 4) a que fueron sometidos algunos miembros violaría derechos humanos básicos. También hay testimonios de injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia y la correspondencia, así como ataques a la honra y reputación (Art. 12), realizadas de manera habitual como parte del sistema de funcionamiento de la institución. Y grave es también la manipulación psicológica, el formateo mental y la obligación de tener un pensamiento único, siendo cualquier divergencia legítima reprimida o sancionada con castigos, lo cual atentaría tajantemente contra la libertad de pensamiento y de conciencia (Art. 18). Asimismo, se habría atentado contra el derecho de libre circulación y de elegir el lugar de residencia (Art. 13) de los miembros del Sodalicio desde el momento en que el sólo hecho de salir a la calle requería de la autorización de un superior o encargado de comunidad —bajo pena de castigos en caso de incumplimiento— y casi ninguno de los miembros del Sodalicio podía ni siquiera expresar el deseo de dónde quería residir sino que tenía que aceptar sin rechistar el lugar de residencia asignado por el Superior General de la institución.

Si revisamos la Constitución Política del Perú, se puede suponer con fundamento que en el Sodalicio se habría violado el derecho de las personas «a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar» (Art. 2°, 1) «a la libertad de conciencia» (Art. 2°, 3), «a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento» (Art. 2°, 4), «al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias» (Art. 2°, 7), «a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto» (Art. 2°, 8), «al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados» (Art. 2°, 8), «a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él» (Art. 2°, 11), «a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida» (Art. 2°, 22) y «a la libertad y a la seguridad personales» (Art. 2°, 24).

Si bien ha habido por parte de la institución sodálite un reconocimiento oficial de que hay «víctimas de diversas formas de abuso y maltrato generados en su relación con el Sodalicio» (Carta de Alessandro Moroni, Superior General del SCV, 14 de febrero de 2017), la manera en que supuestamente se buscó atender y auxiliar a esas víctimas dista mucho de ser un procedimiento que responda a criterios de justicia.

La Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, primera instancia convocada por el Sodalicio para atender a las víctimas, habría recibido unos cien testimonios, y emitió informes personales con recomendaciones a ser cumplidas por el Sodalicio a fin de reparar a las víctimas. En la mayoría de los casos, las autoridades del Sodalicio se pasaron estas recomendaciones por el forro, y convocaron una segunda comisión conformada por expertos contratados —y jugosamente remunerados, supuestamente—: el irlandés Ian Elliott y las estadounidenses Kathleen McChesney y Monica Applewhite. El objetivo habría sido volver a hacer las investigaciones a partir de cero y tener un proceso controlado en todas sus instancias y momentos por las autoridades sodálites, dejando sin peso efectivo el trabajo hecho por la primera comisión, cuyos cinco integrantes habían renunciado expresamente a cualquier tipo de remuneración ofrecida por el Sodalicio a fin de garantizar su independencia.

Ya desde la instalación de la primera comisión hubo críticas respecto a la manera como el Sodalicio fue manejando los casos de las víctimas, ante lo cual Fernando Vidal, entonces Superior Regional del Perú, creyó necesario aclarar públicamente los cuestionamientos mediante un artículo en el diario El Comercio (18 de enero de 2016). Entre otras cosas, Vidal decía: «Falso también es que hayamos pedido cualquier compromiso de confidencialidad, y mucho menos silencio, a ninguna de las personas que ayudamos».

Parece que más adelante cambiaría diametralmente de opinión, pues —tal como yo he mismo he podido comprobar— en las transacciones extrajudiciales que posteriormente se les hizo firmar a las víctimas como condición ineludible para recibir una reparación —en las cuales figura Fernando Vidal como representante del Sodalicio en su calidad de Superior Regional del Perú—, aparece la siguiente cláusula:

«El señor [Fulano de Tal] y el SCV se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre las conversaciones y negociaciones sostenidas para arribar a esta transacción, sobre el contenido del presente acuerdo, incluyendo los montos indemnizatorios comprendidos (asistencia e indemnización), los hechos que lo motivan y las personas involucradas en ellos.

La obligación de confidencialidad antes descrita alcanza a los representantes, asesores u otras personas que hayan intervenido o participado, colaborado o asesorado a cada una de las partes para la suscripción de la presente transacción. El incumplimiento de esta obligación de confidencialidad por parte de alguna de ellas hará responsable a la parte con la que se vincula.

El incumplimiento del deber de confidencialidad, ya sea directamente o por alguno de sus representantes, asesores o colaboradores, habilitará a la otra parte a reclamar la indemnización correspondiente».

Este acuerdo de confidencialidad es lo de menos si se compara con aquellas otras obligaciones a las cuales la víctima queda atada, expresadas en el siguiente texto:

«La asistencia y compensación monetaria que el SCV se compromete a pagar en virtud del presente Acuerdo es la cantidad completa y única que el SCV proporcionará al señor [Fulano de Tal], ahora o en el futuro.

El señor [Fulano de Tal] voluntariamente libera a el SCV y a los miembros de su Consejo Superior, actuales y anteriores, a todos sus miembros, sacerdotes o laicos, u otras personas con cualquier tipo de vinculación con el SCV, y a todas las personas jurídicas, según el Código Civil Peruano o el Código de Derecho Canónico, o equivalentes constituidas o domiciliadas fuera del Perú, vinculadas a el SCV (colectivamente, los “Liberados”), de cualquier reclamación judicial o extrajudicial, demanda o exigencia a partir de la cual se pretenda cualquier ayuda, indemnización o pago adicional, por los hechos referidos en el presente documento.

Esta transacción se celebra con observancia a los artículos 1303° del Código Civil peruano, 335° del Código Procesal Civil peruano y el Canon 1713° y siguientes del Código de Derecho Canónico, o cualesquier otra norma equivalente en otros países aparte del Perú.

El señor [Fulano de Tal] y el SCV manifiestan su conformidad a que las prestaciones establecidas en este documento son las únicas que el SCV tendrá obligación de proporcionar a el señor [Fulano de Tal].

El señor [Fulano de Tal] renuncia a todas las reclamaciones presentes y futuras, por los hechos materia de la presente transacción y por lo tanto manifiesta que no presentará ninguna demanda por los mismos, poniendo así, de manera firme e irrevocable, fin a cualquier controversia que pudiera tener con el SCV, y/o cualesquiera de sus miembros, y/o cualesquiera de las personas de las personas jurídicas vinculadas a ellas, eximiéndolas por lo tanto, de cualquier situación, hecho, o cualquier daño, material o inmaterial, sufrido antes, durante o después de su vinculación el SCV».

Este acuerdo presenta varios problemas, comenzando porque la base legal aducida es cuestionable.

El artículo 1303° del Código Civil peruano dice: «La transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción». Sin embargo, «sólo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción» (Art. 1305°), lo cual no sería aplicable al presente acuerdo, y «se puede transigir sobre la responsabilidad civil que provenga de delito» (Art. 1306°), lo cual sería aplicable si ha habido previamente una sentencia judicial por la vía penal sobre las acciones delictivas cometidas por alguna persona o algunas personas vinculadas al Sodalicio, o si el mismo Sodalicio admite que se cometieron delitos en perjuicio de la víctima. Dado que no hay todavía ninguna sentencia de tipo penal en el caso Sodalicio, quedaría en pie la obligación de los representantes de la institución de denunciar penalmente el delito o delitos por los cuales se está concediendo una reparación civil a la víctima. Y la víctima tendría el mismo derecho de denunciar penalmente a quienes ella considere culpables, no obstante el acuerdo de confidencialidad.

Lo paradójico es que el Sodalicio no admite ningún delito, ni siquiera en estos acuerdos extrajudiciales. La formulación de los motivos de la reparación excluye cualquier reconocimiento de acción delictiva:

• «[Fulano de Tal] alega haber sufrido una serie de daños y perjuicios».
• «El SCV quiere ayuda a reparar el daño y perjuicio afirmado por el señor [Fulano de Tal]».
• «…remediar y reparar los daños alegados por el señor [Fulano de Tal]…»

Dicho de otro modo, los daños y perjuicios serían los que la víctima dice subjetivamente haber sufrido, que no son corroborados por el Sodalicio de ninguna manera, no obstante que haya habido dos procesos de investigación previos realizados por dos comisiones donde sí se establecen hechos.

Por otra parte, el Código de Derecho Canónico dice en el canon 1713: «Para evitar los litigios judiciales, es útil emplear la transacción o reconciliación, o someter la controversia al juicio de uno o varios árbitros». Si se lee el contexto, se comprobará que los litigios se refieren a controversias sobre derechos de posesión de bienes, lo cual no es aplicables a casos como éste, donde se trata de una reparación por daños y perjuicios causados por circunstancias ocurridas durante una vinculación al Sodalicio. Aquí, más bien, sería aplicable el capítulo DE LA ACCIÓN PARA RESARCIMIENTO DE DAÑOS que comprende los cánones 1729 a 1731.

El acuerdo extrajudicial —sobre todo la cláusula de confidencialidad— no beneficia a las víctimas, cuyo derecho a la privacidad y al anonimato se dan independientemente de cualquier acuerdo. En cambio, sí favorece a los perpetradores de abusos —que quedan impunes gracias al silencio obligado de las víctimas— y a la imagen institucional del Sodalicio —que evita que se sigan ventilando e investigando los numerosos abusos cometidos por miembros de la institución—.

De hecho, este acuerdo constituye una violación más de un derecho humano incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, a saber, que «toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley» (Art. 8).

Este derecho habría sido incluso violado durante el proceso de identificación de las víctimas y de los montos a ser pagados en calidad de reparación, pues la instancia que decidía quién era víctima y quién no, además de los montos monetarios y prestaciones a ser ofrecidas era un Comité de Reparaciones integrado por dos miembros connotados del Sodalicio (Fernando Vidal y José Ambrozic), el abogado del Sodalicio (Claudio Cajina) y un abogado estadounidense (Scott Browning) del bufete de abogados que asesoró al Sodalicio en la conformación de las dos comisiones. Quien hacía las propuestas de reparaciones era Ian Elliott, el experto irlandés contratado por el Sodalicio. Todas estas personas tenían la función de defender los intereses del Sodalicio y, dado que no contaban con la independencia necesaria para estar en capacidad de poder velar también por los intereses de las víctimas, podríamos concluir que carecían de la competencia necesaria para llevar adelante de manera imparcial un proceso de reparaciones. Es como si se cometieran delitos dentro de una organización y se decidiera formar un comité para administrar justicia conformado por miembros comprometidos de la organización y los abogados defensores de sus intereses. Es decir, como si la parte delincuente decidiera quiénes son los afectados por sus actos delictivos y quiénes no, y cuánto es lo que cada uno debería recibir en calidad de reparación.

A eso se suma que las negociaciones habrían sido directamente con las víctimas, no permitiéndose la presencia de ningún abogado. Más aún —como me ha sido confirmado de buena fuente—, si la víctima se presentaba con su abogado para la firma de la transacción extrajudicial, se habría interrumpido el proceso y se habría derivado a ambos a Claudio Cajina, abogado del Sodalicio. Al abogado de la víctima de ninguna manera se le habría permitido tener acceso al acuerdo extrajudicial antes de su firma por parte de su cliente.

Considerando que una reparación es algo que por justicia se le debe a una víctima y se le otorga a fin de resarcir de alguna manera el daño ocasionado, no debería tener otra finalidad distinta, exigiéndole a la víctima una contraprestación a cambio, en este caso su silencio y su renuncia a cualquier acción judicial posterior. Si la víctima considera que la reparación ha sido insuficiente o no ha sido justa, su derecho a seguir buscando justicia a través de los canales judiciales o canónicos indicados debería seguir incólume.

Al respecto, nos pueden iluminar las palabras de Felipe Gómez Isa, director del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (España) e investigador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la misma universidad, quien en otro contexto señala:

«Un programa de reparaciones no se puede concebir sin, al mismo tiempo, avanzar en el ejercicio del derecho a la verdad y del derecho a la justicia. La reparación no puede convertirse en un mero sustituto de la verdad y la justicia, como en ocasiones se pretende, ya que ello equivaldría a querer comprar el silencio y la injusticia. […] La reparación no tiene una dimensión meramente económica, sino que se tiene que abordar como un intento omnicomprensivo de reparar el daño causado a las víctimas y de buscar un nuevo equilibrio político y social, proceso en el que las diferentes medidas de reparación pueden jugar papeles distintos pero complementarios. A esta integralidad del proceso de reparaciones se ha referido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte puso de manifiesto que “al contrario de lo que pretende la concepción materialista del homo oeconomicus, lamentablemente prevaleciente en nuestro tiempo,… el ser humano tiene necesidades y aspiraciones que trascienden la medición o proyección puramente económica… De todo esto resulta claro que las reparaciones no pecuniarias son mucho más importantes de lo que uno podría prima facie suponer… Todo el capítulo de las reparaciones… debe ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad…”»

Dado que en el Sodalicio habría habido un contexto sistemático de violaciones de varios derechos humanos, las palabras anteriores son aplicables de manera análoga.

En conclusión, las “reparaciones” otorgadas por el Sodalicio no cumplirían las condiciones como para ser consideradas como tales, sino más bien serían un pago para comprar el silencio de las víctimas y proteger a los perpetradores, con el fin de garantizar su impunidad. Téngase en cuenta que, entre quienes no podrían ser denunciadas por las víctimas “reparadas”, están las siguientes personas que han formado parte del Consejo Superior: Luis Fernando Figari (como Superior General), Virgilio Levaggi, José Ambrozic, Jaime Baertl, José Antonio Eguren, Óscar Tokumura, Eduardo Regal, Erwin Scheuch y Alessandro Moroni.

El día 22 de octubre le envié un e-mail a José David Correa (Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana), Alessandro Moroni (ex Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana), Fernando Vidal y José Ambrozic (ex integrantes del Comité de Reparaciones) para recabar su versión sobre el acuerdo de confidencialidad incluido en las transacciones extrajudiciales hechas con las víctimas que recibieron una “reparación”. A día de hoy no he recibido ninguna respuesta.

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FUENTES

Alessandro Moroni
Carta introductoria a los “Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana” (14 de febrero de 2017)
https://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Informe-Abusos-Febrero2017.pdf

El Comercio
Aclaración a Pedro Salinas, por Fernando Vidal Castellanos (18/01/2016)
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/aclaracion-pedro-salinas-fernando-vidal-castellanos-263505-noticia/

Felipe Gómez Isa
El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos (2007)
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ilsa/20120531063055/od37-felipe.pdf

EL SODALICIO BLINDANDO A MONS. EGUREN

Reunión de sodálites con Mons. Eguren en el centro, y un poco más a la izquierda, Alessandro Moroni y Fernando Vidal

«¿Existe algún tipo de posición institucional respecto del Sodalicio a esta denuncia [de Mons. Eguren contra Pedro Salinas y Paola Ugaz]?» —preguntó el congresista Alberto de Belaúnde a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, y Fernando Vidal, Vicario General de la institución, en una sesión efectuada el 20 de noviembre de 2018.

«No, ninguna. Nosotros ni hemos alentado ni estamos detrás. La denuncia es un acto personal de Mons Eguren, que entendemos que es su derecho de hacerlo pero que ni lo apoyamos ni lo hemos alentado ni nada» —respondió Moroni.

Recientemente ha llegado a mis manos una copia de una constancia a favor de Mons. Eguren, emitida el 4 de diciembre de 2018 por Fernando Vidal en su calidad de Vicario General del Sodalicio de Vida Cristiana, que contradice abiertamente las declaraciones de Moroni en el Congreso. En este documento se asegura que no hay ninguna mención, acusación o referencia a Mons. Eguren en ninguno de los informes emitidos por las dos comisiones que convocó el Sodalicio para investigar los casos de abusos.

La forma en que este documento pretende blindar a Eguren no puede ser más burda y grosera, por las razones que voy a exponer.

Janet Odar, secretaria de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, me escribió el 15 de abril de 2016: «el informe general será hecho público sin identificar a persona alguna». Las únicas personas a la que en ese informe se identifica con nombre y apellido son Luis Fernando Figari y Germán Doig, por razones obvias.

Respecto a los informes personales, es probable que en ninguno de 32 informes que fueron remitidos al Sodalicio haya alguna mención a Eguren. Pero lo que no se menciona es que esos informes personales les fueron remitidos al Sodalicio sólo porque las personas a que se refieren lo autorizaron, no porque fueran los únicos casos en que la comisión identificó víctimas, como parece dar a entender el informe posterior de los expertos internacionales.

De buena fuente sé que los casos tratados por esta primera comisión fueron más de cien, y las personas con las que habría hablado la comisión serían muchas más que las sesenta que menciona la segunda comisión. El número de víctimas que no autorizaron el envío de sus informes personales al Sodalicio superaría ampliamente el de las que sí lo autorizaron. Vidal no puede asegurar legítimamente que no se menciona a Eguren en la totalidad de los informes personales.

Por otra parte, los informes personales eran confiados al Sodalicio para «la implementación de las recomendaciones formuladas», según Janet Odar. Utilizarlos para otros fines —en este caso para favorecer los intereses de Mons. Eguren— está fuera de todo comportamiento ético. Tengo entendido que no hay autorización para revelar públicamente información, sea cual sea, sobre la base de lo que dicen o lo que no dicen estos informes.

Respecto a los dos informes de los expertos internacionales, existen dudas fundadas de que los que publicó el Sodalicio sean los mismos informes que los expertos le entregaron en sus manos al Superior General del Sodalicio. Los informes no fueron publicados ni presentados por los expertos mismos, sino por el Sodalicio, la parte investigada. Es decir, no fueron publicados por una instancia independiente.

Además, su brevedad y estilo fragmentario, así como la omisión de algunos nombres, hacen pensar que el Sodalicio se habría reservado el derecho de edición, de modo que los textos que fueron liberados a la opinión pública habrían sido editados, abreviados y acomodados. De hecho, se anonimizan los nombres de tres acusados como perpetradores, lo cual no puede provenir de investigadores que cumplan su tarea profesionalmente. Asimismo, los informes no cumplen a cabalidad con los estándares para este tipo de investigaciones y presentan varias inconsistencias.

Considerando que sólo se menciona a cinco acusados de perpetradores por su nombre (Figari, Doig, Levaggi, Daniels y Murguía) y no se menciona los nombres de quienes estuvieron al tanto de los abusos cometidos en la institución y decidieron callar y no hacer nada para favorecer a la institución, la no mención de Eguren en estos informes carece de todo valor.

El 8 de enero le pedí explicaciones por e-mail sobre esta constancia a Alessandro Moroni y a Fernando Vidal. A día de hoy no he recibido ninguna respuesta.

Y eso sólo confirma lo que siempre se ha verificado en la institución: que cuando se afirma que una iniciativa es decisión personal de un sodálite, en realidad la institución está encubriendo su responsabilidad y lavándose las manos. Como Pilatos.

(Columna publicada en Altavoz el 14 de enero de 2019)

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La primera comisión trabajó con transparencia, manteniendo a la vez el sigilo y la reserva donde las circunstancias lo requerían, respetando la voluntad y los derechos de las personas que acudieron a ella. A cada uno de los que rindieron su testimonio ante esta comisión se le envió un informe personal, que podía ser remitido al Sodalicio solamente si la persona lo autorizaba. Además, el informe general fue publicado por los comisionados, sin que nadie del Sodalicio estuviera autorizado a quitar ni una tilde del texto final. En fin, fue un trabajo hecho con transparencia absoluta, donde los comisionados rehusaron recibir ninguna remuneración a fin de garantizar la objetividad de sus conclusiones.

No sabemos cuáles fueron las condiciones pactadas entre el Sodalicio y los expertos internacionales que conformaron la segunda comisión, pues los contratos no se han hecho públicos. No sabemos si el Sodalicio tenía derecho a influir en los informes que iban a ser dados a conocer a la opinión pública. Suponemos que las autoridades sodálites habrían metido mano en los informes debido a las inconsistencias que presentan y que yo ya he señalado en mi artículo INCONSISTENCIAS Y FALSEDADES EN LOS INFORMES DEL SODALICIO. Asimismo, mayoritariamente era el mismo Sodalicio el que proveía a los expertos de insumos en lo referente a información, lo cual puede haber falseado algunas de las conclusiones.

En mi caso, la primera comisión me reconoció como víctima. La segunda, a pesar de que mi testimonio es uno de los más sólidos, desestimó la verosimilitud de mi relato, tal como me escribió Alessandro Moroni en un e-mail del 31 de enero de 2017:

«…en el testimonio que nos hiciste llegar relataste un episodio que también has descrito por medios de alcance público y que, según los informes que nos hizo llegar la Comisión, también les relataste a ellos. Eso fue encomendado entonces al investigador profesional asignado para estos casos, y en su informe indica que no encontró evidencias para afirmar la verosimilitud de este caso.

Según refirió el Sr. Elliott, en la entrevista que tuvo contigo no fue relatado ningún episodio específico, sino más bien una serie de opiniones sobre tu experiencia en general, y también sobre las cosas que consideras que están o han estado mal en el SCV y deben cambiar. El Sr. Elliott presentó su evaluación a los demás miembros del comité de reparaciones, en el cual él mismo participa. La conclusión unánime fue que, según los criterios establecidos en un comienzo, no correspondía una reparación en el marco de este programa de asistencia».

Por supuesto, nunca se me explicó cuáles fueron esos criterios, a pesar de que solicité esa información, así como anteriormente nunca recibí ninguna respuesta de Ian Elliott cuando le solicité en más de una ocasión que me aclarara por qué yo había sido excluido del programa de reparaciones.

El 22 de diciembre de 2018 le escribí a Moroni, solicitándole aclaraciones sobre cómo se había manejado mi caso, pues no tenía la certeza de que la denuncia que había llegado a sus manos el 27 de octubre de 2015 se la hubiera pasado a ninguno de los expertos internacionales, no obstante que Ian Elliott me aseguró el 28 de octubre de 2016 en Frankfurt que conocía mi historia y no tenía por qué entrar en los detalles. Como es de esperar, no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy.

Esa denuncia —que es la misma que fue enviada posteriormente a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (Roma) y a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada (Ciudad del Vaticano)— es importante, porque en ella doy testimonio de un abuso y maltrato psicológico grave que sufrí en la Comunidad Nuestra Señora del Pilar (Barranco, Lima) en diciembre de 1992, del cual fue cómplice y participante José Antonio Eguren.

La primera comisión trabajó ad honorem y de manera independiente y recibió todos los documentos probatorios requeridos de las mismas víctimas, mientras que la segunda fue pagada y la documentación requerida fue proporcionada por el Sodalicio mismo, la parte investigada. A esto hay que sumarle la barrera cultural y del idioma, problema que no tenía la primera comisión.

Asimismo, en la primera comisión se establecieron procedimientos claros para que las víctimas pudieran contactar a los comisionados y se sabía perfectamente cuáles eran los pasos que se iban a seguir. En el caso de la segunda comisión, nunca hubo procedimientos claros al respecto, con el resultado de que su trabajo se extendió más tiempo y sólo lograron identificar a 66 víctimas —varias de las cuales ya habían presentado su caso ante la primera comisión—, mientras que la primera comisión habría reconocido a unas 100 víctimas, y no 32, como señala el informe de los expertos internacionales. 32 serían sólo los casos de víctimas que autorizaron que copias de sus informes personales fueran enviados al Sodalicio. ¿Metieron aquí mano las autoridades sodálites en el informe de los expertos o les dieron información totalmente sesgada?

Por otra parte, la primera comisión envió un informe personal a cada una de las personas que se presentaron ante ella. La segunda no hizo esto, además de que se negó a responder a las víctimas que solicitaron a Ian Elliott explicaciones por el monto irrisorio de las reparaciones en comparación con el daño sufrido o por no haber sido incluidas en el programa de reparaciones.

La independencia de la comisión de expertos también queda en entredicho desde el momento en que Ian Elliott tenía que consultar el caso de cada víctima con un comité integrado por los sodálites José Ambrozic y Fernando Vidal, el abogado del Sodalicio Claudio Cajina y Scott Browning, abogado norteamericano «que nos diseñó todos los protocolos y las etapas con las cuales terminamos abordando este proceso de asistencia, escucha y reparación», según declaró Alessandro Moroni en el Congreso. De lo que no queda duda es que este comité no tenía nada de independiente y estaba conformado por personas que tenían como tarea prioritaria defender los intereses del Sodalicio. Como eran ellos los que decidían si se debía reparar o no a una víctima y el monto de cada reparación, al final Ian Elliott terminó convirtiéndose en el recadero y mayordomo irlandés del amo y señor que le paga sus honorarios.

Finalmente, la intención de desacreditar a la primera comisión resulta evidente en esta conclusión del informe de los expertos internacionales: «La Comisión [de Ética para la Justicia y la Reconciliación] no llevó a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias reportadas ni examinó la cultura actual del SCV».

Se trata de una afirmación gratuita desde el momento en que ninguno de los expertos se entrevistó con ninguno de los integrantes de la primera comisión. Además, si uno lee los informes, encontrará mucho más análisis de la cultura del SCV en el informe general de la primera comisión que en los informes de la segunda. La cultura actual del SCV resulta irrelevante para determinar por qué sucedieron los abusos. Pero para los expertos sí parece relevante, o más bien para el Sodalicio. Ian Elliott me insistió frecuentemente que el Sodalicio había cambiado. Los casos de José Rey de Castro y Renzo Orbegozo, la forma en que se manejó mi caso, las continuas deserciones que ha tenido la institución, las declaraciones de los sodálites en la Fiscalía y las explicaciones de Moroni y Vidal sobre la denuncia de Eguren me llevan a pensar lo contrario.

EL ENCUBRIMIENTO DE LOS NAUSEABUNDOS

Según Luis Galarreta, el Congreso no verá el caso Sodalicio porque se ha visto en otras instancias. ¿No se ha dado cuenta hasta ahora de que en ninguna de esas instancias el tema se ha investigado en toda su amplitud, y que la única instancia en capacidad de hacer eso es el Congreso de la República?

Tenemos el informe final de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación convocada por el Sodalicio, que se ciñe a temas de abusos y saca conclusiones demoledoras pero que ha sido desacreditado por instancias posteriores.

La Fiscalía de la Nación se limitó a las denuncias presentadas por cinco víctimas, y tras una investigación que presenta serias deficiencias, le ha restado valor a las declaraciones de testigos y denunciantes, asumiendo como ciertas las mentiras de los acusados.

La Santa Sede, aun admitiendo el control psicológico ejercido por Figari, sólo le reconoce pecados graves pero niega que haya habido abusos sexuales y, por lo tanto, tampoco hay víctimas sino solamente cómplices del pecado.

Los informes preparados por tres expertos contratados por el Sodalicio, fragmentarios y con una serie de inconsistencias y falsedades, admiten abusos sexuales incluso a jóvenes menores de edad, pero dejan otros temas en la penumbra.

La Defensoría del Pueblo difícilmente podrá investigar todas las versiones del Sodalicio que hay, pues no cuenta con las herramientas necesarias para ello.

Y la propuesta de imprescriptibilidad de violaciones de menores tampoco evitará que casos como el del Sodalicio se repitan, pues los abusos sexuales cometidos no encajan en el concepto de violación que maneja el Código Penal.

Negarse a investigar es encubrimiento puro y duro. Nauseabundo.

(Columna publicada en Exitosa el 11 de marzo de 2017)

LA ARQUITECTURA DEL ABUSO: EL CASO BAERTL

Jaime Baertl, haciendo “apostolado” con niños en los años 70

Jaime Baertl, cuando fue interrogado por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, habría negado aquel incidente en que me habría ordenado que fornicara una silla, aduciendo que la salita donde yo dije que habría sucedido el hecho tenía una ventana hacia la calle y, por lo tanto, se hallaba a la vista de cualquiera lo que sucediera en ese recinto, o en todo caso la puerta tenía un ventanillo que permitía ver lo que sucedía dentro del cuarto.

El 8 de julio de 2016 en la Fiscalía de la Nación negó también este mismo hecho que yo he denunciado.

Alessandro Moroni, en un e-mail del 31 de enero de este año, me comentó al respecto:

«En el testimonio que nos hiciste llegar relataste un episodio que también has descrito por medios de alcance público y que, según los informes que nos hizo llegar la [segunda] Comisión [de expertos internacionales], también les relataste a ellos. Eso fue encomendado entonces al investigador profesional asignado para estos casos, y en su informe indica que no encontró evidencias para afirmar la verosimilitud de este caso».

Pues resulta que este “investigador profesional” nunca se puso en contacto conmigo para averiguar más detalles sobre el incidente, los cuales se los hubiera dado con mucho gusto. Ni siquiera Ian Elliott, uno de los “expertos” contratados por el Sodalicio —con quien hablé en persona en una ocasión y por Skype en un par de ocasiones más— me interrogó con minuciosidad sobre el tema. Pues si lo hubiera hecho, le hubiera dado la información adicional que voy a poner en este escrito.

Fue en la segunda comunidad fundada por el Sodalicio, denominada “San Aelred”, ubicada en la Avenida Brasil 3029 (Magdalena del Ma, Lima), donde ocurrieron los hechos. Contrariamente a lo que Baertl declaró en la Fiscalía, él nunca fue superior de esa comunidad, sino más bien de la primera comunidad sodálite llamada originalmente “San Aelred” (cuando todavía no existía la segunda) y después “San Agustín”, ubicada en el Óvalo Brasil en Jesús María (Lima), allí donde la Avenida San Felipe desemboca en la Avenida Brasil. Era una comunidad más pequeña con capacidad para cuatro o cinco personas. Desde allí se dirigía Baertl a la otra comunidad, que quedaba a menos de un kilómetro de distancia, donde yo tenía consejo espiritual con él una vez por semana.

Lo mejor es hacerse una idea adecuada del lugar de los hechos. Para ello he hecho un plano de la planta baja de la casa, tal cómo era cuando fue adquirida por el Sodalicio. En un segundo plano incluyo las modificaciones arquitectónicas que se hicieron en el inmueble. Las proporciones son aproximadas, dado que no poseo medidas exactas, pero la distribución de los espacios habitacionales es correcta, y puede ser confirmada por innumerables testigos que conocieron la casa. Aún cuando ésta ya no exista —pues en su lugar se ha construido un edificio de departamentos—, en la misma recta de la Av. Brasil todavía existen casas similares.

Plano 1: Inmueble Av. Brasil 3029, Magdalena del Mar, adquirido por el Sodalicio en 1978 (planta baja)

Como se puede ver, la casa tenía dos amplias salas conectadas entre sí y con el comedor, lo cual permitía que la luz que entraba por la ventana externa y la puerta de la terraza iluminara todos los espacios de manera distribuida. Asimismo, la cocina tenía una ventana que daba a la lavandería, y la iluminación diurna de la sala estaba garantizada por unas ventanales que había en la pared de la escalera. Debajo de ésta había un pequeño espacio, que albergaba un baño de visitas.

Veamos cómo la intervención del Sodalicio para acomodar el inmueble a sus necesidades convertiría esta casa luminosa en una mansión más lúgubre y sombría.

Plano 2: Comunidad sodálite “San Aelred”, a partir de 1979 (planta baja)

Éstas fueron las principales modificaciones que se hicieron:

• Se construyó una pared con una ventana donde estaba el portón del garaje, y éste fue convertido en un aula de instrucción, con un gran pizarrón en la pared del fondo y carpetas de salón de clase.
• La vía de entrada al garaje y el jardín externo fueron convertidos en estacionamiento de vehículos motorizados.
• La sala 1 fue divida en dos mediante una pared para así ganar una salita de reuniones y una salita de consejos. Se clausuró el acceso original para construir dos entradas con sus respectivas puertas y se tapió la comunicación con la sala 2, ahora biblioteca. Nótese que la salita de consejos no tiene ventanas. Sólo se podía estar allí con luz artificial. Las puertas fueron en un principio de cuerpo entero, pero tiempo después se mandó hacer unos ventanillos en ellas, para que se pudiera ver quiénes estaban en cada una de las salitas.
• La sala 2, convertida ahora en biblioteca, llegaría a ser el lugar más oscuro de la casa, pues se puso paneles de madera y puertas en todas las aberturas que tenía, de modo que cuando nos encerrábamos allí para estudiar tranquilamente con luz artificial, parecía una escena sacada de un cuento de terror gótico.
• Se puso paneles de madera y vidrio con una puerta entre el pasillo de entrada y la sala de estar, restándole así más luminosidad a la casa. En esa puerta había un letrero que decía PRIVADO, pues marcaba el límite entre la zona adonde sólo podían entrar los miembros de la comunidad y la zona de visitantes.
• Se construyó una estrecha capilla en el jardín, con bancas pegadas las paredes y el altar en el medio. La iluminación, garantizada por unos angostos ventanillos verticales, era escasa pero suficiente.

En la sala de estar ocurrió el siguiente incidente, que incluí en mi denuncia presentada ante la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconcilación y que posteriormente fue enviada a la Congregación para los Institutos de Vida Religiosa y las Sociedades de Vida Apostólica:

«En diciembre de 1983 fui trasladado a la mencionada comunidad de San Aelred. El superior de esa comunidad era entonces Germán Doig. En ese entonces, era común que los sábados en la noche nos visitara Luis Fernando Figari para conversar a profundidad sobre temas de interés para el Sodalicio, examinar la marcha de la comunidad y aplicar dinámicas de grupo orientadas a fortalecer nuestras convicciones sodálites. En una de esas reuniones Figari pretendió demostrar lo inútiles que son las mortificaciones corporales y que la ascética basada en el dolor físico no tenía mucho sentido y fomentaba la soberbia; que más bien eran beneficiosas las mortificaciones espirituales, a las cuales se da prioridad en la espiritualidad sodálite. Para ello, me pidió que me pusiera a cuatro patas —como un perro— en medio de la salita en la que estábamos reunidos y me levantara la camisa, dejando la espalda libre. Luego le pidió a [Paco] que tomara una correa y me propinara un golpe con ella. [Paco] dudó en ejecutar la orden, pero al final lo hizo debido a que Figari insistió. Ese primer correazo, además de dejarme una marca, me hizo temblar de los pies a la cabeza. A continuación, Figari insistió en que se me diera un segundo correazo, lo cual [Paco] obedeció sin chistar. Cuando pensé que iba a venir el tercer correazo, la sola idea me produjo espasmos como si ya lo hubiera recibido. Figari dio a [Paco] la orden de no continuar, y me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien. Había aprendido, como tantos otros, a soportar pruebas físicas en el Sodalicio y estaba mentalmente programado para sentirme orgulloso de haber sido latigueado. Figari comentó que las mortificaciones físicas tendían a alimentar la soberbia y no tenían el valor mismo valor que las mortificaciones espirituales, que implicaban asumir con alegría los sufrimientos que de por sí trae la vida».

Pero en esa misma casa había ocurrido años antes, en 1979, el incidente en que Jaime Baertl me ordenó desnudarme y fornicar con una silla, precisamente en la salita de consejos.

Al respecto, hay que hacer ciertas aclaraciones en honor a la verdad, pues el hecho ha sido exagerado por la prensa, a tal punto que se ha perdido objetividad en la representación de lo que realmente ocurrió.

Sin que yo supiera lo que venía después, Baertl me dio la orden de desnudarme dos veces, pues la primera vez dudé de si había escuchado lo que había escuchado y mostré reticencia en hacerlo. Finalmente, lo hice porque confiaba en Baertl como mi guía espiritual que supuestamente sabía lo que estaba haciendo para mayor bien mío. Aún así, tuvo que ordenarme después que me sacara también el calzoncillo, pues yo asumí que cumplía con lo mandado quedándome con esta prenda puesta.

Asimismo, la orden de “cachar” la enorme silla —utilizando el mismo lenguaje vulgar empleado entonces por Baertl— fue dada dos veces, pues la primera vez no podía creer lo que se me estaba ordenando y me parecía absurdo. La segunda vez obedecí, poniéndome detrás del respaldar, que me llegaba hasta el mentón y pasando mi miembro a través del espacio que separaba el respaldar del asiento propiamente dicho. Hice un par de movimientos torpes tratando de imitar lo que es un coito —experiencia que nunca había tenido en mi vida—, pero simplemente no pude hacer lo que Baertl me había ordenado, pues la incomodidad que sentía me había hecho perder naturalidad en los movimientos y me había generado cierta rigidez corporal.

La cosa duró menos de un minuto, después de lo cual Baertl me ordenó vestirme de nuevo. No hubo nada de erótico en esa experiencia, en una habitación pequeña sin ventanas iluminada sólo por la luz amarillenta que provenía de un bombillo. De hecho, la experiencia la sentí más bien como inhibitoria de toda libido sexual.

El mismo Jaime Baertl no intentó en ningún momento sacar provecho sexual para sí de la situación, sino que, ocupando un asiento cerca de la otra esquina de la habitación, se tapaba la cara con la mano y miraba sólo de reojo, como si la situación fuera también incómoda para él.

Hay que tener en cuenta que antes de aplicar la medida, Baertl me había dicho que esperara un poco, pues tenía que consultar algo con el superior de la casa, que en ese entonces era Germán Doig. Cuando regresó, me explicó que había que romper mis barreras interiores, pues la conversación había llegado a un punto muerto, cosa que Baertl atribuyó a bloqueos psicológicos que yo tenía producto de experiencias traumáticas en mi familia. No sé si lo que hizo Baertl conmigo llega a la categoría de abuso sexual. Desde la perspectiva del tiempo lo veo más bien como un acto de abuso psicológico con connotaciones sexuales.

Tras haberme vuelto a vestir, yo mismo sentí que se me había hecho violencia interior, pero entonces no categoricé eso como algo malo y reprobable, pues en el Sodalicio a uno lo mentalizaban para aceptar como normal actos de violencia psicológica contra uno mismo o contra otros. Eran habituales en el apostolado y el acompañamiento espiritual.

Sólo con el paso de los años, cuando uno aprende a conocer mejor el mundo y se confronta con la realidad, es que se llega a categorizar ciertas experiencias pasadas como abusos, a la vez que se toma conciencia del daño que han dejado en la propia psique.

Y eso es lo que a mí me pasó con ésta y otras experiencias.

Algunos de los abusadores han alegado que hubo consentimiento de la otra parte, y ése ha sido el argumento principal esgrimido por la carta vaticana del 30 de enero enero de 2017 sobre Figari para negar que éste cometió abusos de menores, sino actos que «pueden ser al máximo considerados gravemente pecaminosos» (ver http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Carta_Roma_2017.pdf).

¿Hubo consentimiento de mi parte? En cierto sentido sí lo hubo, pues Baertl nunca me obligó a la fuerza a desnudarme, mucho menos me obligó a fornicar la silla cuando mis torpes intentos demostraron que no iba a poder hacerlo. Pero se trataba de un consentimiento muy imperfecto y débil, pues en esa pequeña habitación me encontraba a merced de mi consejero espiritual, y en base a la confianza que le tenía y la autoridad que como guía espiritual ejercía sobre mí, había muy poco margen para no acatar la orden, más aún cuando yo debía tener entonces tan sólo unos 16 años.

Respecto a este incidente, le escribí lo siguiente a Alessandro Moroni el 31 de enero de este año:

«La primera vez que lo puse por escrito fue en el año 2008, aunque ya anteriormente se lo había contado a algunas personas. Puedo demostrar esto por un e-mail que le envié en enero de 2009 a Manuel Rodríguez. No había la intención de hacer público este incidente. A fines del mismo año mi hermano Erwin recibió el mismo documento en que se narraba este incidente. Yo tenía entonces la intención de advertir a las autoridades sodálites para que tomaran las medidas necesarias, de ninguna manera la intención de hacerlo público. La primera vez que menciono el incidente de manera pública, aunque sin mencionar a Baertl por su nombre, es en mi post ELOGIO DEL SODALICIO del 11 de enero de 2013. Los reparos que personalmente tenía para hacer de conocimiento público este incidente, ¿no son acaso un indicio de que no lo inventé sino de que efectivamente ocurrió?»

Más aún, en ese momento ni siquiera estaba enterado de los abusos sexuales cometidos por ningún sodálite, salvo el caso de Daniel Murguía. Mi vinculación con Pedro Salinas y Rocío Figueroa recién se iniciaría en el año 2011, por lo cual la hipótesis de una campaña premeditada contra el Sodalicio queda descartada.

¿Puedo acaso haberme imaginado todos estos detalles? ¿No sería lógico que, en caso de querer inventar algo, recurriera a una historia más estándar, basada en abusos sexuales vividos por otros? Lo que a mí me ocurrió es tan insólito, que ni yo mismo pude comprender durante décadas qué es lo que realmente había pasado. Y durante todo el tiempo que mi mente estuvo secuestrada por la ideología sodálite, ni siquiera me planteé una explicación. Simplemente había ocurrido y durante años el incidente quedó guardado en el desván de mi memoria, sin que yo le prestara atención o me atreviera a sacarlo a la luz.

Jaime Baertl debe sentirse contento de que mi historia haya sido considerada como inverosímil por sus expertos contratados. Pero su alegría probablemente sea frágil y fugaz. Pues si todavía no tiene síntomas de Alzheimer, estoy seguro de que el recuerdo de lo que pasó lo acompañará hasta la tumba. Y quizás incluso hasta después, cuando tenga que explicar ante el juicio de la eternidad por qué traicionó tan arteramente su misión sacerdotal de ser testigo de la verdad.

(Columna publicada en Altavoz el 6 de marzo de 2017)

INCONSISTENCIAS Y FALSEDADES EN LOS INFORMES DEL SODALICIO

Ian Elliott y Kathleen McChesney, autores junto con Monica Applewhite de los informes del Sodalicio

A lo largo del tiempo, el Sodalicio siempre ha ido acomodando su propia historia de acuerdo a su visión cambiante de la institución, arrancando las páginas incómodas del pasado, ocultando hechos y reinterpretando otros de manera benigna. Sin embargo, en la actualidad le resulta imposible negar hechos luctuosos que han sido documentados y verificados por la investigación periodística y corroborados por testimonios de innegable verosimilitud. Sólo les queda el recurso de reinterpretar los acontecimientos. Y para estos fines son muy útiles los dos informes evacuados por los tres expertos internacionales, contratados por una suma en dólares que desconocemos, pero que suponemos tan alta y escandalosa, que el Sodalicio no se atrevería a hacerla pública.

Ambos informes, dados a conocer a la opinión pública el 14 de febrero de este año, tienen fecha del 10 de febrero, último día del reciente cónclave sodálite realizado desde el 7 de febrero en la Casa de Retiros de los Pasionistas en La Molina, estando presente el delegado vaticano, el cardenal Joseph William Tobin (ver http://caretas.pe/sociedad/78233-diluyendo_el_pecado).

Los informes llevan como título, a saber:

• Abusos Perpetrados por el Sr. Luis Fernando Figari y el Abuso Sexual a Menores por parte de Ex Sodálites
• Abusos Perpetrados por Sodálites y Respuestas del SCV a las Acusaciones de Abuso

Si bien el primer informe presenta abundante información que valida no sólo lo que relata el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz, sino también lo que yo escribí en mi blog Las Líneas Torcidas a partir de noviembre de 2012, también presenta inexactitudes sobre la reacción que tuvieron las autoridades sodálites ante los casos de abusos.

Por ejemplo, se dice que Figari le prohibió en el año 2008 al entonces Vicario General Eduardo Regal reunirse con Rocío Figueroa, quien había dado a conocer un caso de abuso de una joven de 16 años por parte de Germán Doig, ante lo cual Regal decidió desobedecer a Figari e iniciar una investigación para determinar si había otras víctimas. Según el primer informe, tras investigar durante dos años, «Regal determinó que Doig había abusado de otros menores de edad y en 2011, en contra de los deseos de Figari, informó a la comunidad del SCV y al público que Doig había cometido actos que eran “contrarios a su promesa de celibato”, aunque no reveló que Doig había abusado de menores. Esta noticia conmocionó a la mayoría de los miembros de la comunidad del SCV, y a unos cuantos sodálites aún hoy se les hace difícil creer que Doig era un abusador».

Asimismo, Regal sería el artífice de la renuncia de Figari, pues en el año 2010 él «y otros en el Consejo Superior se encontraban extremamente preocupados por el comportamiento y las acciones de Figari, particularmente por su maltrato y abuso de los hermanos en la comunidad y personas en la familia espiritual del SCV. Ellos creían que la conducta de Figari, que era bien conocida por muchos de los miembros, era totalmente incompatible con la vida de un sodálite. Como resultado, Regal tomó el paso radical y sin precedentes de pedir a Figari que se retirara de la vida pública para llevar una vida de conversión, retiro y oración. Le prohibió aparecer en actividades públicas del SCV, del Movimiento de Vida Cristiana o en los eventos de la familia SCV, le prohibió presentarse a sí mismo como autoridad del SCV o en representación de la misma, así como asistir a Misas de aniversario o Misas públicas, publicar libros nuevos y participar en el Consejo Pontificio de Laicos. Pero los demás miembros de la comunidad no conocían estas medidas y creían que su retiro obedecía a motivos de salud».

La verdad es otra. En el libro Mitad monjes, mitad soldados se cuenta que fue Rocío Figueroa —la cual había seguido investigando y contactando a más víctimas de Doig— quien le habría exigido a Regal el cierre de la causa de beatificación de Doig y la renuncia de Figari. Ésta se concretó el 8 de diciembre de 2010 y fue anunciada por el mismo Figari, aduciendo motivos de salud, tal como informó oficialmente ACI Prensa (ver https://www.aciprensa.com/noticias/fundador-anuncia-nueva-etapa-para-la-familia-sodalite/).

El 15 de julio de 2016, el mismo Regal hizo declaraciones en la Fiscalía que contradicen el papel heroico que le atribuyen los informes:

PREGUNTADO DIGA: Indique usted si conoce el motivo de por qué Luis Fernando FIGARI RODRIGO dejó de ser Superior General.
Dijo: Que sí, conozco. En el año 2010 FIGARI sufrió una operación médica complicada al abdomen, luego de dicha operación se le presentaron infartos cerebrales múltiples que lo dejaron incapacitado para el gobierno, sus capacidades intelectuales y físicas quedaron disminuidas y por lo tanto era indispensable poder contar con un Superior general en ejercicio, es así que varios sodálites, entre ellos yo, le recomendamos encarecidamente que deje el puesto de servicio de Superior General para poder tener un gobierno efectivo.

PREGUNTADO DIGA: Indique usted si en el periodo que fue usted Superior General, recibió denunciados por miembros del SCV por abusos cometidos contra ellos por Luis Fernando FIGARI.
Dijo: Que recibí denuncias y en cada caso procedí según el debido proceso en el marco ya explicado de las atribuciones del Superior General en el que debe existir verosimilitud, pruebas suficientes para, según eso, verificar si hay delito tipificado y vigente y abrir proceso o descartar dichas denuncias o proceder a medidas disciplinarias o administrativas. En ninguna de las denuncias que recibí, luego de investigar, encontré los elementos señalados.

Que Regal desestimó las denuncias contra Figari lo confirma el P. Jean Pierre Teullet en su célebre carta interna del 20 de octubre de 2015 (ver UNA CARTA DEL P. JEAN PIERRE TEULLET, SODÁLITE):

«En mayo del 2012, luego de varios meses de dialogo infructuoso con las autoridades, 4 sodálites presentamos formalmente “pedidos de investigación” contra el Hno. Luis Fernando Figari por actos graves e inmorales cometidos por él […]. Estos pedidos fueron desestimados, primero por el superior general de entonces, el Hno. Eduardo Regal, y luego, al ser presentados nuevamente por mí de modo formal en abril del 2013 al nuevo superior general, el Hno. Alessandro Moroni, fueron también desestimados por él. En ambos casos, nunca se realizó una investigación formal […]. Nunca se erigió un jurado, nunca se nos solicitó el testimonio formal, nunca hubo actas, nunca se dio un dictamen, y menos se nos respondió de modo formal la conclusión de dicho proceso».

Respecto a la interrupción del proceso de beatificación de Doig, tampoco hubo transparencia de parte del Sodalicio. El proceso fue interrumpido recién a fines de 2010, aduciendo que Doig no había alcanzado la heroicidad de virtudes, siendo que ya habían desde antes claras evidencias de los abusos perpetrados por él. Mientras tanto, se siguió promoviendo su figura como la de un sodálite ejemplar —«el mejor entre nosotros» según Figari— hasta el último momento.

El comunicado de Regal se hizo sólo internamente y de manera discreta —supongo que para “evitar el escándalo”—, no de manera pública, como señala falsamente el informe correspondiente. La noticia recién se dio a conocer a la opinión pública con la edición del 1° de febrero de 2011 de Diario16, gracias a que Rocío Figueroa pudo filtrar la información a la prensa con la ayuda de Pedro Salinas. Hasta ese momento, todos los esfuerzos de las autoridades del Sodalicio se habían concentrado en evitar que se dieran a conocer los hechos, a saber, que Doig había abusado sexualmente de jóvenes a su cargo.

Respecto a Jeffery Daniels, se cuenta que estuvo aislado en San Bartolo desde 1998 hasta poco después de la muerte de Germán Doig en el año 2001. El primer informe señala que «fuera de algunas autoridades como Figari y Doig, nadie sabía la verdadera razón por la cual Daniels se encontraba aislado o la amenaza que representaba para los menores».

Sin embargo, poco antes se señala que en el año 1997 un amigo de una de las víctimas le contó a un sodálite que Daniels había abusado de su amigo, y este sodálite se lo contó al Superior Regional. «El Superior regional contactó a Doig, quien al momento se encontraba en Roma con Figari. Doig le indicó al Superior regional que enviara al agresor al centro de formación de San Bartolo para un período de retiro hasta que se pudiera determinar un mejor curso de acción y que él, Doig, se encargaría de las familias de las víctimas. Doig también informó a Figari sobre el tema. El Superior regional realizó investigaciones adicionales y determinó que Daniels había abusado de hasta ocho jóvenes menores de edad. Después de que Doig y Figari regresaron de Roma, asistieron a la siguiente reunión del Consejo Superior donde la situación de Daniels fue tema de discusión».

¿Quiénes, además de Doig, formaban parte del Consejo Superior en ese momento?

De las declaraciones ante la Fiscalía de los acusados penalmente en el caso Sodalicio, se desprende que los otros miembros del Consejo Superior eran Jaime Baertl, José Ambrozic, Erwin Scheuch y una cuarta persona cuyo nombre desconocemos. Además, Oscar Tokumura ha declarado que tuvo conocimiento de los abusos de Jeffery Daniels en el año 1997, y cuando asumió el cargo de superior en San Bartolo, Daniels ya se encontraba allí. Su predecesor en el puesto de superior, Miguel Salazar, también habría conocido los motivos que llevaron a su aislamiento.

Salvo el primer sodálite mencionado de nombre desconocido, al cual se puede considerar inocente dado que comunicó de buena fe y adecuadamente el primer abuso conocido de Daniels a la autoridad correspondiente, los demás sodálites con cargos de responsabilidad —un total de nueve personas— no hicieron absolutamente nada para que Daniels fuera sancionado y serían cómplices de encubrimiento y de haberlo ayudado a sustraerse a la justicia.

Después de verificar esto, uno se pregunta si los sodálites que tuvieron o tienen puestos de responsabilidad en la institución les dijeron toda la verdad a los expertos. O al contrario, como ocurrió en la Fiscalía, mintieron a diestra y siniestra. Pues cuesta admitir como cierto lo que dice el siguiente texto tomado del segundo informe: «Desafortunadamente, algunos imitaron el comportamiento manipulador y cruel de Figari durante estos diálogos, a pesar de que se sentían incómodos al hacerlo. Sólo un pequeño número de sodálites, por ejemplo, Doig, Regal, el P. Jaime Baertl, y algunos de los secretarios más cercanos a Figari, se sintieron empoderados para confrontarlo sobre su conducta». Resulta difícil creer que alguien como Regal —quien no le dio crédito a las denuncias contra Figari— se haya enfrentado a él. Pero aún más difícil resulta creer que lo haya hecho el P. Baertl, de quien no conozco que nunca jamás haya hecho ninguna crítica contra Figari, que lo ha defendido a capa y espada, y —según recuerdo— solía mantener una actitud aduladora hacia el fundador. Además de que se le parecía mucho en la manera como manipulaba las conciencias ajenas, y era tanto o más vulgar y procaz en su lenguaje que el mismo Figari.

El intento de salvar a la institución a como dé lugar —constante perversa que ha estado presente a lo largo de toda la historia del Sodalicio— también se halla presente en varias partes de los informes. Como, por ejemplo, en el siguiente texto del segundo informe: «La mayoría de los sodálites eran, y son, personas piadosas, con un carácter bueno y moral, atraídos por el Evangelio y los aspectos positivos de la cultura del SCV. Estos sodálites inspiraron y sirvieron como modelos y directores espirituales para los jóvenes, los aspirantes y sus compañeros sodálites. No fue, entonces, la cultura del SCV la que causó que los agresores cometieran actos de abuso, pero hubo autoridades o sodálites mayores que permitieron o alentaron abusos físicos y psicológicos».

Lo que sigue a continuación contradice este enunciado, pues se analizan elementos de la cultura institucional que crearon un ambiente favorable a que se cometieran abusos: el carácter icónico de Figari como personificación de la cultura del SCV, que debía ser imitado por todos; la naturaleza reservada del SCV y su falta de transparencia; el esfuerzo por desarrollar una organización religiosa casi militar; la obediencia total que se exigía a los sodálites. «A la luz de sus promesas de total obediencia a las autoridades del SCV, algunos sodálites se sintieron presionados a obedecer a sus superiores en todos los asuntos, incluso cuando se les ordenaba que trataran a sus hermanos de manera nociva para su bienestar físico o mental».

Es decir, la misma cultura del Sodalicio favoreció que personas buenas, piadosas y moralmente rectas cometieran actos repudiables. La bondad y rectitud moral de muchos sodálites —de lo cual yo mismo puedo dar fe— no puede ser considerado argumento para negar que la enfermedad estaría en el sistema, en la misma arquitectura institucional y cultural del Sodalicio.

«Los expertos no han encontrado indicios de complicidad ni conspiración entre los presuntos abusadores», señala Alessandro Moroni en la carta preliminar a los informes. «Los expertos identificaron ciertos elementos de la cultura del Sodalicio que, de alguna manera permitieron que estos reprobables hechos hayan podido ocurrir». Lo cual no hace más que confirmar que el problema sí estaba en la cultura del Sodalicio, generada desde arriba por el mismo Figari. Pues el hecho de que personas que no se coludieron cometieran abusos similares apunta a que la raíz del problema se halla en el sistema en que están insertos, como señala el testimonio de un formador: «Abusé y fui duro porque así me formé, de hecho mi formación fue aún peor. Simplemente no conocía otra manera. Me avergüenzo de lo que hice».

Finalmente, cuando uno revisa las fuentes de los informes se puede verificar una omisión grave. Los expertos no hablaron en ningún momento con ninguno de los integrantes de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. Era de esperarse, pues el Sodalicio ha estado siempre interesado en quitarle peso al informe emitido por esta Comisión, y esto se refleja en el segundo informe cuando se dice que ésta «no llevó a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias reportadas ni examinó la cultura actual del SCV». Esta conclusión se basa sólo en el texto del Informe Final, y no tiene carácter concluyente desde el momento en que no se convocó a ninguno de los comisionados para interrogarlos sobre la manera en se realizaron las sesiones de trabajo. A diferencia de los expertos contratados por el Sodalicio, trabajaron de manera independiente sin recibir remuneración alguna. Lo único que para ellos personalmente estaba en juego era su reputación, la cual ha quedado indemne al comprometerse en la búsqueda de la verdad sin concesiones a intereses institucionales.

Los informes del Sodalicio no dan respuesta satisfactoria a todos los interrogantes, dejan muchas verdades en la sombra y generan muchas preguntas que requerirían de una investigación más a fondo. De ahí la urgencia y necesidad de que se establezca una comisión investigadora en el Congreso de la República. Para que se sepa al fin toda la verdad, sin maquillajes ni interpretaciones interesadas.

(Columna publicada en Altavoz el 19 de febrero de 2017)

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FUENTES

Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana (10 de febrero de 2017)
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Informe-Abusos-Febrero2017.pdf

Declaraciones indagatorias de Alessandro Moroni, José Ambrozic, Erwin Scheuch, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Jaime Baertl ante la Fiscalía de la Nación
https://eaf28f27-b2d9-45c7-a1fa-1d0cde6b4c19.filesusr.com/ugd/fd443c_455245284c9545feb8c8e116ba4f29ab.pdf

CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

En este tercera entrega analizaré la valoración de los testimonios hecha por la fiscal, que bien podría haber hecho “Tres Patines” con similares resultados.

Dada la naturaleza de los delitos denunciados, ocurridos muchos de ellos hace bastante tiempo, los cuales, de ser ciertos, habrían sido mantenidos en silencio tanto por los denunciados —por razones obvias— como por los denunciantes —debido a no haber pasado todavía el tiempo suficiente como para procesar psicológicamente la experiencia—, la prueba testimonial es de suma importancia.

¿Cómo saber que ocurrieron hechos que no fueron documentados en su momento pero que han dejado huella personal y han permanecido latentes en la memoria de sus protagonistas? A través de los testimonios, donde se tiene que examinar la veracidad de aquel que presta testimonio, además de comprobar la coherencia y solidez de su relato sobre la base de datos objetivos externos. «La declaración del presunto agraviado debe contar con garantías de certeza», admite la fiscal Peralta.

El problema está en que una de las garantías que exige es «que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición».

¡Perdón! ¿He entendido bien? Por poner un ejemplo, alguien abusa de mí y me causa un daño que me marca de por vida. ¿Mi testimonio sólo sería aceptado si no tengo ningún sentimiento negativo —como odio, desprecio, rabia— hacia esa persona? ¿Para que mi testimonio sea válido debo estar lleno de amor, compasión y ternura por quien me jodió la vida, o por lo menos tener una actitud neutra hacia él? Este criterio carente de empatía hacia cualquier agraviado sería suficiente para tirarse abajo miles de testimonios de víctimas de la violencia en el Perú, aunque coincidan en cientos de detalles, los necesarios como para admitir su verosimilitud de sus relatos.

Visto esto, no extraña que el Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni, junto con todas las cartas firmadas por las denunciantes solicitando su ingreso a una comunidad sodálite de formación, haya presentado también «diversas opiniones y publicaciones que ha realizado el señor José Enrique Escardó Steck respecto a sus vivencias en el Sodalicio, además de su opinión de la Iglesia católica en diferentes aspectos y perspectivas». Se refiere a los artículos publicados originalmente por Escardó en el año 2000 en la revista Gente «bajo el título “El quinto pie del gato”, en el que abiertamente ataca y recrimina a la Iglesia católica».

Que la parte denunciada presente estos escritos implica, por cómo está redactado el texto de la resolución, que se busca desacreditar a Escardó siguiendo los criterios de validación de la fiscal, es decir, que siendo Escardó una especie de enemigo de la Iglesia católica que odia al Sodalicio, su testimonio deberá ser tomado con pinzas. No se tiene en cuenta que esa animadversión puede haber sido generada por experiencias traumáticas en una institución de la Iglesia, como es el Sodalicio mismo. Es decir, la actitud anticatólica de Escardó podría haberse originado en la experiencia que tuvo en el Sodalicio, y esa misma actitud se utilizaría como pretexto para invalidar su testimonio sobre lo vivido. Moroni ha puesto la carreta delante de los bueyes, y la fiscal —católica pía y devota— le ha seguido la corriente. Como fiel oveja del rebaño.

Insólita es también la manera cómo la fiscal —en un castellano que es una tortura para los ojos de los lectores— desacredita las testimoniales que corroboran las afirmaciones y declaraciones juradas de los denunciantes, pues «se deben tomar con ciertas reservas por cuanto no vienen aparejadas con elementos objetivos que la sustente y podrían haber sido influenciados por tres factores actuantes: 1.- El prolongado transcurso de tiempo entre los supuestos hechos a la actualidad. 2.- La publicación del libro “Mitad Monjes Mitad Soldados” y la gran publicidad dada a los hechos allí narrados como ciertos. 3.- El ofrecimiento de resarcimiento económico ofrecido a los que se consideren víctimas de parte del Sodalitium Christianae Vitae; siendo la influencia de dichos factores advertidos por la suscrita en la mayoría de las declaraciones».

¿No se ha percatado la fiscal de que las historias de los denunciantes y de varios testigos ya habían sido puestas por escrito antes de la publicación del libro de Salinas y, por lo tanto, antes de que el Sodalicio ofreciera cualquier reparación económica? ¿Y que algunos de estos relatos —no inventados sino exprimidos de la memoria— han servido de fuentes del libro de Salinas y coinciden en múltiples detalles con acontecimientos de la historia remota del Sodalicio, que todavía no se habían hecho de conocimiento público y que sólo podían ser conocidos por quienes hubieran sido partícipes de esa misma historia?

Lo más delirante es que la fiscal vea malas intenciones —avidez de ganancia económica— en quienes tenían la certeza de que el Sodalicio les iba a negar toda compensación económica si salían a denunciar o a fungir de testigos en un proceso penal, como efectivamente ocurrió. En cierto sentido, eso constituye una manera de ir contra la presunción de inocencia, tanto de los denunciantes como de los testigos, presuponiendo en ellos intenciones torcidas.

Por otra parte, la fiscal Peralta no ha manifestado ninguna reserva contra los testimonios de quienes atestiguaron a favor del Sodalicio.

Igualmente me parecen insuficientes los argumentos esgrimidos para desacreditar las declaraciones públicas de Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, pidiendo perdón por los abusos cometidos, pues la fiscal considera que «son expresiones personales sin especificación de sujetos agresores ni agredidos menos aún con sustento objetivo o medio probatorio alguno». Lo menos que podría haber hecho es interrogar a Moroni sobre estas declaraciones y preguntarle a qué y a quiénes se refería. No lo hizo, y terminó sacando unas conclusiones que son sólo producto de su propia desidia y desinterés.

De modo similar, le niega valor probatorio al informe de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, pues «dicho informe es un documento privado sin respaldo probatorio alguno que justifique su opinión, basado sólo en declaraciones de personas que expresaron haber pertenecido al SCV mas no contrastado con la realidad, sin recabar las declaraciones con los supuestos agresores, es decir, son opiniones unilaterales». Como unilaterales son también las declaraciones de los denunciados, que la fiscal Peralta admitió como válidas sin contrastarlas con la realidad ni analizarlas debidamente.

Tomemos como ejemplo las declaraciones del P. Jaime Baertl, quien no recuerda haber sido confesor de ninguno de los denunciantes «porque la labor de confesión no permite ver el rostro de la persona que se confiesa», cuando en ninguna de las comunidades de formación en que estuvieron los denunciantes hubo jamás un confesionario, y las confesiones se realizaban cara a cara en la capilla. O cuando dice «nadie es sometido a test psicológicos para ingresar al Sodalicio, precisando que cuando se entra de aspirante al Sodalicio un psicólogo les toma 3 ó 4 test». ¿A qué parte del enunciado le creemos: a la primera o a la segunda? Y si la segunda es cierta, ¿no pidió la fiscal el nombre del psicólogo, para poder citarlo y verificar este dato? Porque a mí me tomaron tests Germán Doig y el mismo Baertl cuando yo todavía era menor de edad, y ambos tenían de psicólogo lo que yo tengo de beata cucufata. Y así como ocurrió en mi caso, son varios los testimonios de ex-sodálites que aseguran que les tomaron pruebas psicológicas.

Inexactitudes también hay en las declaraciones de Erwin Scheuch, quien «precisó que nunca realizó apostolado en una institución educativa para que menores se incorporen al Sodalicio», cuando se sabe que habría estado encargado, por lo menos en una ocasión, de la preparación de la confirmación en el Colegio Alexander von Humboldt, y no existe actividad apostólica organizada por el Sodalicio que no busque candidatos para ser incorporados a la institución. En el Sodalicio siempre se ha entendido el apostolado como proselitismo.

Lo más alucinante se da cuando Erwin declara que «nunca ha hackeado a nadie y no lo ha encomendado a alguien a realizar ello, considerando la versión del denunciante Oscar Osterling como una calumnia, quien fue denunciado en febrero de 2008 por una persona externa a la comunidad de enamorar a una joven consagrada». Esto contrasta con lo que declaró Jaime Baertl, quien «señaló que por versión del denunciante Oscar Osterling Castillo, tomó conocimiento del hackeo de su computadora cuando se encontraba en una de las comunidades del Sodalicio, precisando que los correos revelaban una relación amorosa entre dos religiosos, y es por ello que le impusieron medidas correctivas preventivas, decisión que fue tomada por el Superior General Luis Figari». ¿Cuál versión es la correcta? Pues Jaime Baertl corrobora lo que contó Osterling, mientras que Erwin Scheuch lo considera una calumnia.

Regresando al informe de la Comisión de Ética, la fiscal debió haber citado a sus miembros para que explicaran la metodología de trabajo que habían aplicado, En los procedimientos de la Comisión (ver http://comisionetica.org/procedimientos/) se dice que las quejas debían contener «medios probatorios que se considere anexar a la queja o denuncia». Además, se especifica claramente lo siguiente: «La Comisión podrá solicitar al Superior General del SCV informe respecto de cualquier antecedente o información relacionada a los hechos materia de la Queja, y entrega de toda la información que disponga respecto de la acusación, la situación del imputado en la fecha de los hechos y sobre la existencia de otras quejas o denuncias similares o no contra quien es acusado, si quien formula la queja es conocido, miembro o afiliado al SCV, y las acciones que hubiera realizado el SCV al respecto, entre otras etc.» Como se puede ver, la Comisión no se habría limitado a hacer resúmenes de las quejas, sino también a verificar la veracidad de los relatos testimoniales presentados. Su informe final no puede ser considerado un documento privado, sino que tiene otro carácter.

A la luz de lo señalado, podemos suponer que la fiscal habría tomado partido, desestimando los testimonios de los denunciantes además de los testimoniales y documentos presentados por la acusación, mientras que ha admitido sin cuestionamiento los testimonios de los denunciados, aunque hayan en ellos hechos no verificados e incluso contradictorios.

En la siguiente entrega analizaré varias pruebas de la parte denunciante que fueron desestimadas como tales por la fiscal, además de las supuestas pruebas presentadas por la parte acusada que no deberían haberse considerado como tales o cuyo valor probatorio habría requerido de un análisis más profundo. Para lo cual no parece estar capacitada quien tiene una mentalidad de “Tres Patines”.

(Columna publicada en Altavoz el 25 de enero de 2017)

Continúa en CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (IV)