INCONSISTENCIAS Y FALSEDADES EN LOS INFORMES DEL SODALICIO

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Ian Elliott y Kathleen McChesney, autores junto con Monica Applewhite de los informes del Sodalicio

A lo largo del tiempo, el Sodalicio siempre ha ido acomodando su propia historia de acuerdo a su visión cambiante de la institución, arrancando las páginas incómodas del pasado, ocultando hechos y reinterpretando otros de manera benigna. Sin embargo, en la actualidad le resulta imposible negar hechos luctuosos que han sido documentados y verificados por la investigación periodística y corroborados por testimonios de innegable verosimilitud. Sólo les queda el recurso de reinterpretar los acontecimientos. Y para estos fines son muy útiles los dos informes evacuados por los tres expertos internacionales, contratados por una suma en dólares que desconocemos, pero que suponemos tan alta y escandalosa, que el Sodalicio no se atrevería a hacerla pública.

Ambos informes, dados a conocer a la opinión pública el 14 de febrero de este año, tienen fecha del 10 de febrero, último día del reciente cónclave sodálite realizado desde el 7 de febrero en la Casa de Retiros de los Pasionistas en La Molina, estando presente el delegado vaticano, el cardenal Joseph William Tobin (ver http://caretas.pe/sociedad/78233-diluyendo_el_pecado).

Los informes llevan como título, a saber:

  • Abusos Perpetrados por el Sr. Luis Fernando Figari y el Abuso Sexual a Menores por parte de Ex Sodálites
  • Abusos Perpetrados por Sodálites y Respuestas del SCV a las Acusaciones de Abuso

Si bien el primer informe presenta abundante información que valida no sólo lo que relata el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz, sino también lo que yo escribí en mi blog Las Líneas Torcidas a partir de noviembre de 2012, también presenta inexactitudes sobre la reacción que tuvieron las autoridades sodálites ante los casos de abusos.

Por ejemplo, se dice que Figari le prohibió en el año 2008 al entonces Vicario General Eduardo Regal reunirse con Rocío Figueroa, quien había dado a conocer un caso de abuso de una joven de 16 años por parte de Germán Doig, ante lo cual Regal decidió desobedecer a Figari e iniciar una investigación para determinar si había otras víctimas. Según el primer informe, tras investigar durante dos años, «Regal determinó que Doig había abusado de otros menores de edad y en 2011, en contra de los deseos de Figari, informó a la comunidad del SCV y al público que Doig había cometido actos que eran “contrarios a su promesa de celibato”, aunque no reveló que Doig había abusado de menores. Esta noticia conmocionó a la mayoría de los miembros de la comunidad del SCV, y a unos cuantos sodálites aún hoy se les hace difícil creer que Doig era un abusador».

Asimismo, Regal sería el artífice de la renuncia de Figari, pues en el año 2010 él «y otros en el Consejo Superior se encontraban extremamente preocupados por el comportamiento y las acciones de Figari, particularmente por su maltrato y abuso de los hermanos en la comunidad y personas en la familia espiritual del SCV. Ellos creían que la conducta de Figari, que era bien conocida por muchos de los miembros, era totalmente incompatible con la vida de un sodálite. Como resultado, Regal tomó el paso radical y sin precedentes de pedir a Figari que se retirara de la vida pública para llevar una vida de conversión, retiro y oración. Le prohibió aparecer en actividades públicas del SCV, del Movimiento de Vida Cristiana o en los eventos de la familia SCV, le prohibió presentarse a sí mismo como autoridad del SCV o en representación de la misma, así como asistir a Misas de aniversario o Misas públicas, publicar libros nuevos y participar en el Consejo Pontificio de Laicos. Pero los demás miembros de la comunidad no conocían estas medidas y creían que su retiro obedecía a motivos de salud».

La verdad es otra. En el libro Mitad monjes, mitad soldados se cuenta que fue Rocío Figueroa, —que había seguido investigando y contactando a más víctimas de Doig— quien le habría exigido a Regal el cierre de la causa de beatificación de Doig y la renuncia de Figari. Ésta se concretó el 8 de diciembre de 2010 y fue anunciada por el mismo Figari, aduciendo motivos de salud, tal como informó oficialmente ACI Prensa (ver https://www.aciprensa.com/noticias/fundador-anuncia-nueva-etapa-para-la-familia-sodalite/).

El 15 de julio de 2016, el mismo Regal hizo declaraciones en la Fiscalía que contradicen el papel heroico que le atribuyen los informes:

PREGUNTADO DIGA: Indique usted si conoce el motivo de por qué Luis Fernando FIGARI RODRIGO dejó de ser Superior General.
Dijo: Que sí, conozco. En el año 2010 FIGARI sufrió una operación médica complicada al abdomen, luego de dicha operación se le presentaron infartos cerebrales múltiples que lo dejaron incapacitado para el gobierno, sus capacidades intelectuales y físicas quedaron disminuidas y por lo tanto era indispensable poder contar con un Superior general en ejercicio, es así que varios sodálites, entre ellos yo, le recomendamos encarecidamente que deje el puesto de servicio de Superior General para poder tener un gobierno efectivo.

PREGUNTADO DIGA: Indique usted si en el periodo que fue usted Superior General, recibió denunciados por miembros del SCV por abusos cometidos contra ellos por Luis Fernando FIGARI.
Dijo: Que recibí denuncias y en cada caso procedí según el debido proceso en el marco ya explicado de las atribuciones del Superior General en el que debe existir verosimilitud, pruebas suficientes para, según eso, verificar si hay delito tipificado y vigente y abrir proceso o descartar dichas denuncias o proceder a medidas disciplinarias o administrativas. En ninguna de las denuncias que recibí, luego de investigar, encontré los elementos señalados.

Que Regal desestimó las denuncias contra Figari lo confirma el P. Jean Pierre Teullet en su célebre carta interna del 20 de octubre de 2015 (ver UNA CARTA DEL P. JEAN PIERRE TEULLET, SODÁLITE):

«En mayo del 2012, luego de varios meses de dialogo infructuoso con las autoridades, 4 sodálites presentamos formalmente “pedidos de investigación” contra el Hno. Luis Fernando Figari por actos graves e inmorales cometidos por él […]. Estos pedidos fueron desestimados, primero por el superior general de entonces, el Hno. Eduardo Regal, y luego, al ser presentados nuevamente por mí de modo formal en abril del 2013 al nuevo superior general, el Hno. Alessandro Moroni, fueron también desestimados por él. En ambos casos, nunca se realizó una investigación formal […]. Nunca se erigió un jurado, nunca se nos solicitó el testimonio formal, nunca hubo actas, nunca se dio un dictamen, y menos se nos respondió de modo formal la conclusión de dicho proceso».

Respecto a la interrupción del proceso de beatificación de Doig, tampoco hubo transparencia de parte del Sodalicio. El proceso fue interrumpido recién a fines de 2010, aduciendo que Doig no había alcanzado la heroicidad de virtudes, siendo que ya habían desde antes claras evidencias de los abusos perpetrados por él. Mientras tanto, se siguió promoviendo su figura como la de un sodálite ejemplar —«el mejor entre nosotros» según Figari— hasta el último momento.

El comunicado de Regal se hizo sólo internamente y de manera discreta —supongo que para “evitar el escándalo”—, no de manera pública, como señala falsamente el informe correspondiente. La noticia recién se dio a conocer a la opinión pública con la edición del 1° de febrero de 2011 de Diario16, gracias a que Rocío Figueroa pudo filtrar la información a la prensa con la ayuda de Pedro Salinas. Hasta ese momento, todos los esfuerzos de las autoridades del Sodalicio se habían concentrado en evitar que se dieran a conocer los hechos, a saber, que Doig había abusado sexualmente de jóvenes a su cargo.

Respecto a Jeffery Daniels, se cuenta que estuvo aislado en San Bartolo desde 1998 hasta poco después de la muerte de Germán Doig en el año 2001. El primer informe señala que «fuera de algunas autoridades como Figari y Doig, nadie sabía la verdadera razón por la cual Daniels se encontraba aislado o la amenaza que representaba para los menores».

Sin embargo, poco antes se señala que en el año 1997 un amigo de una de las víctimas le contó a un sodálite que Daniels había abusado de su amigo, y este sodálite se lo contó al Superior Regional. «El Superior regional contactó a Doig, quien al momento se encontraba en Roma con Figari. Doig le indicó al Superior regional que enviara al agresor al centro de formación de San Bartolo para un período de retiro hasta que se pudiera determinar un mejor curso de acción y que él, Doig, se encargaría de las familias de las víctimas. Doig también informó a Figari sobre el tema. El Superior regional realizó investigaciones adicionales y determinó que Daniels había abusado de hasta ocho jóvenes menores de edad. Después de que Doig y Figari regresaron de Roma, asistieron a la siguiente reunión del Consejo Superior donde la situación de Daniels fue tema de discusión».

¿Quiénes, además de Doig, formaban parte del Consejo Superior en ese momento?

De las declaraciones ante la Fiscalía de los acusados penalmente en el caso Sodalicio, se desprende que los otros miembros del Consejo Superior eran Jaime Baertl, José Ambrozic, Erwin Scheuch y una cuarta persona cuyo nombre desconocemos. Además, Oscar Tokumura ha declarado que tuvo conocimiento de los abusos de Jeffery Daniels en el año 1997, y cuando asumió el cargo de superior en San Bartolo, Daniels ya se encontraba allí. Su predecesor en el puesto de superior, Miguel Salazar, también habría conocido los motivos que llevaron a su aislamiento.

Salvo el primer sodálite mencionado de nombre desconocido, al cual se puede considerar inocente dado que comunicó de buena fe y adecuadamente el primer abuso conocido de Daniels a la autoridad correspondiente, los demás sodálites con cargos de responsabilidad —un total de 9 personas— no hicieron absolutamente nada para que Daniels fuera sancionado y serían cómplices de encubrimiento y haberlo ayudado a sustraerse a la justicia.

Después de verificar esto, uno se pregunta si los sodálites que tuvieron o tienen puestos de responsabilidad en la institución les dijeron toda la verdad a los expertos. O al contrario, como ocurrió en la Fiscalía, mintieron a diestra y siniestra. Pues cuesta admitir como cierto lo que dice el siguiente texto tomado del segundo informe: «Desafortunadamente, algunos imitaron el comportamiento manipulador y cruel de Figari durante estos diálogos, a pesar de que se sentían incómodos al hacerlo. Sólo un pequeño número de sodálites, por ejemplo, Doig, Regal, el P. Jaime Baertl, y algunos de los secretarios más cercanos a Figari, se sintieron empoderados para confrontarlo sobre su conducta». Resulta difícil creer que alguien como Regal —quien no le dio crédito a las denuncias contra Figari— se haya enfrentado a él. Pero aún más difícil resulta creer que lo haya hecho el P. Baertl, de quien no conozco que nunca jamás haya hecho ninguna crítica contra Figari, que lo ha defendido a capa y espada, y —según recuerdo— solía mantener una actitud aduladora hacia el fundador. Además de que se le parecía mucho en la manera como manipulaba las conciencias ajenas, y era tanto o más vulgar y procaz en su lenguaje que el mismo Figari.

El intento de salvar a la institución a como dé lugar —constante perversa que ha estado presente a lo largo de toda la historia del Sodalicio— también se halla presente en varias partes de los informes. Como, por ejemplo, en el siguiente texto del segundo informe: «La mayoría de los sodálites eran, y son, personas piadosas, con un carácter bueno y moral, atraídos por el Evangelio y los aspectos positivos de la cultura del SCV. Estos sodálites inspiraron y sirvieron como modelos y directores espirituales para los jóvenes, los aspirantes y sus compañeros sodálites. No fue, entonces, la cultura del SCV la que causó que los agresores cometieran actos de abuso, pero hubo autoridades o sodálites mayores que permitieron o alentaron abusos físicos y psicológicos».

Lo que sigue a continuación contradice este enunciado, pues se analizan elementos de la cultura institucional que crearon un ambiente favorable a que se cometieran abusos: el carácter icónico de Figari como personificación de la cultura del SCV, que debía ser imitado por todos; la naturaleza reservada del SCV y su falta de transparencia; el esfuerzo por desarrollar una organización religiosa casi militar; la obediencia total que se exigía a los sodálites. «A la luz de sus promesas de total obediencia a las autoridades del SCV, algunos sodálites se sintieron presionados a obedecer a sus superiores en todos los asuntos, incluso cuando se les ordenaba que trataran a sus hermanos de manera nociva para su bienestar físico o mental».

Es decir, la misma cultura del Sodalicio favoreció que personas buenas, piadosas y moralmente rectas cometieran actos repudiables. La bondad y rectitud moral de muchos sodálites —de lo cual yo mismo puedo dar fe— no puede ser considerado argumento para negar que la enfermedad estaría en el sistema, en la misma arquitectura institucional y cultural del Sodalicio.

«Los expertos no han encontrado indicios de complicidad ni conspiración entre los presuntos abusadores», señala Alessandro Moroni en la carta preliminar a los informes. «Los expertos identificaron ciertos elementos de la cultura del Sodalicio que, de alguna manera permitieron que estos reprobables hechos hayan podido ocurrir». Lo cual no hace más que confirmar que el problema sí estaba en la cultura del Sodalicio, generada desde arriba por el mismo Figari. Pues el hecho de que personas que no se coludieron cometieran abusos similares apunta a que la raíz del problema se halla en el sistema en que están insertos, como señala el testimonio de un formador: «Abusé y fui duro porque así me formé, de hecho mi formación fue aún peor. Simplemente no conocía otra manera. Me avergüenzo de lo que hice».

Finalmente, cuando uno revisa las fuentes de los informes se puede verificar una omisión grave. Los expertos no hablaron en ningún momento con ninguno de los integrantes de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. Era de esperarse, pues el Sodalicio ha estado siempre interesado en quitarle peso al informe emitido por esta Comisión, y esto se refleja en el segundo informe cuando se dice que ésta «no llevó a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias reportadas ni examinó la cultura actual del SCV». Esta conclusión se basa sólo en el texto del Informe Final, y no tiene carácter concluyente desde el momento en que no se convocó a ninguno de los comisionados para interrogarlos sobre la manera en se realizaron las sesiones de trabajo. A diferencia de los expertos contratados por el Sodalicio, trabajaron de manera independiente sin recibir remuneración alguna. Lo único que para ellos personalmente estaba en juego era su reputación, la cual ha quedado indemne al comprometerse en la búsqueda de la verdad sin concesiones a intereses institucionales.

Los informes del Sodalicio no dan respuesta satisfactoria a todos los interrogantes, dejan muchas verdades en la sombra y generan muchas preguntas que requerirían de una investigación más a fondo. De ahí la urgencia y necesidad de que se establezca una comisión investigadora en el Congreso de la República. Para que se sepa al fin toda la verdad, sin maquillajes ni interpretaciones interesadas.

(Columna publicada en Altavoz el 19 de febrero de 2017)

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FUENTES

Informes sobre Abusos y Respuesta en el Sodalicio de Vida Cristiana (10 de febrero de 2017)
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Informe-Abusos-Febrero2017.pdf

Declaraciones indagatorias de Alessandro Moroni, José Ambrozic, Erwin Scheuch, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Jaime Baertl ante la Fiscalía de la Nación
https://scvleaks.wixsite.com/scvleaks

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EL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO INTERDIOCESANO DE LIMA Y EL CASO FIGARI

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El 2 de junio de este año el portal de noticias eclesiales Crux, fundado y dirigido por John Allen Jr., prestigioso vaticanista estadounidense que ha colaborado con el National Catholic Reporter (NCR) y actualmente colabora con Cable News Network (CNN) y con National Public Padio (NPR), publicó un artículo sobre la situación de las denuncias contra Luis Fernando Figari en el Vaticano y la actuación del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima en todo este asunto.

El británico Austen Ivereigh, autor del artículo, tuvo también acceso a una carta del 17 de mayo de 2016 dirigida a los obispos miembros del Tribunal Eclesiástico por el P. Víctor Huapaya Quispe, Vicario Judicial y Presidente del mismo, cuya traducción al inglés fue publicada también en Crux. Lo que sigue a continuación es la traducción al español del artículo de Ivereigh, revisada y autorizada por él mismo, junto con el texto original de la carta mencionada.

De ser cierto lo que dice la carta, quedaría demostrado que el P. Huapaya, encargado del tribunal, hizo jurídicamente lo correcto, al tramitar a su debido tiempo las cuatro denuncias presentadas y hacerles posterior seguimiento. Si bien eso libra al cardenal Cipriani, arzobispo de Lima, de cualquier sospecha de no haber tramitado debidamente las graves denuncias contra el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, no lo excusa de haber tenido una actuación pastoral lamentable hacia las víctimas de los abusos señalados, haciendo caso omiso de recomendaciones hechas a estos efectos por el mismo Papa Francisco (ver LA RESPONSABILIDAD DEL CARDENAL CIPRIANI EN EL CASO SODALICIO).

En todo caso, en el ámbito judicial la pelota no está desde hace tiempo en la cancha del Tribunal Eclesiástico que modera Cipriani, sino en el terreno de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica. Y la inacción que se ha manifestado a nivel de la Santa Sede en este asunto es motivo de perplejidad, si no de desilusión y desesperanza. Y de vergüenza ajena por ciertas autoridades de la Iglesia católica, a la que uno sigue perteneciendo como fiel creyente por convicción y llamado.

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FUNCIONARIO ECLESIÁSTICO AFIRMA QUE AL VATICANO LE TOMÓ AÑOS PARA ACTUAR RESPECTO A CARGOS DE ABUSOS
por Austen Ivereigh
Traducción al español: Martin Scheuch

Un documento obtenido por Crux, relacionado con acusaciones de abusos sexuales y de otro tipo en contra del fundador de un poderoso movimiento católico laico en el Perú, señala que el Vaticano fue informado de los cargos ya en mayo de 2011 pero sustancialmente no tomó ninguna acción en cuatro años.

Una carta con fecha del 17 de mayo de 2016 dirigida a los obispos del Perú por el principal tribunal eclesiástico del país enumera los múltiples pasos tomados para informar a Roma de las acusaciones en contra de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalitium Christinae Vitae (SCV) y expresa la creciente frustración ante la falta de respuesta.

En abril de 2015 el Vaticano designo a un visitador local para investigar los cargos, y recientemente en el último mes designó al arzobispo estadounidense Joseph Tobin de Indianapolis, un ex funcionario vaticano, como su delegado para guiar un proceso de reforma.

En respuesta a un requerimiento de Crux, el vocero vaticano, P. Federico Lombardi, dijo que la demora se debía a “la complejidad y diversidad de las posiciones e interpretaciones” respecto a las acusaciones en contra de Figari, así como a asuntos legales.

La carta del 17 de mayo del P. Víctor Huapaya, presidente del principal tribunal eclesiástico en Lima, capital del Perú, muestra que el tribunal envió prestamente las tres denuncias de las víctimas de Figari en el año 2011 a los funcionarios en Roma, así como una cuarta en el año 2013.

Las denuncias fueron enviadas por Huapaya a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano.

La congregación tiene responsabilidad directa sobre el SCV, el cual, como instituto internacional de vida consagrada, no está sujeto a la autoridad de los obispos locales peruanos sino que responde directamente a Roma.

La carta muestra también claramente la creciente irritación de Huapaya a lo largo de esos cuatro años ante la falta de respuesta de la congregación, suscitando interrogantes sobre la capacidad del Vaticano de tomar al toro por las astas.

A inicios de mayo, al SCV —conocido como “Sodalicio” en el Perú— le fue comunicado que no podía tomar decisiones sin la autorización del Vaticano, y su fundador fue retirado del lujoso departamento facilitado por el Sodalicio en el centro de Roma.

Un comunicado del Sodalicio no dio detalles sobre adónde ha sido trasladado Figari, sino solamente que se trata de “un lugar más aislado y acorde a los requerimientos que la Santa Sede ha pedido para continuar con sus investigaciones”.

Crux entiende que se trata de una habitación en una casa gestionada por una orden religiosa en las afueras de Roma.

Hasta el momento Figari no ha sido juzgado ni sentenciado, ya sea por las autoridades civiles en el Peru ya sea por la Iglesia en sus propios tribunales.

El SCV, que incluye a también a mujeres consagradas laicas y sacaerdotes, es gobernado por un grupo de laicos célibes conocidos como “sodálites”. Habiendo recibido aprobación pontificia en 1997, tiene aproximadamente 20,000 miembros en la actualidad en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos e Italia, además del Perú.

Conocido por su ortodoxia, disciplina y celo evangélico, el grupo gestiona escuelas y obras sociales de prestigio, pero sus críticos lo ven como una reacción de clase alta católica contra el catolicismo más orientado hacia la justicia social en América Latina, en seguimiento del Concilio Vaticano II (1962-1965).

El escándalo que involucra a Figari se hizo público en octubre del año pasado, cuando un periodista del diario La República, que también es ex miembro del SCV, publicó un libro conteniendo testimonios explosivos de cinco ex miembros del Sodalicio que prefirieron permanecer anónimos.

Mitad monjes, mitad soldados, escrito por el periodista Pedro Salinas junto con Paola Ugaz, documentaba abusos sexuales y físicos, muchas veces contra menores, a lo largo de varios años, principalmente en la década de los ’70, perpetrados por un núcleo íntimo de miembros masculinos consagrados que seguían servilmente a Figari.

A inicios de abril de este año, el Superior General del SCV, Alessandro Moroni, finalmente admitió los abusos, pidió perdón a las víctimas y repudió públicamente a Figari.

Las autoridades judiciales peruanas comenzaron a investigar las acusaciones en diciembre del año pasado, pero debido a que la víctimas no querían ser identificadas, se vieron obligadas a archivar el caso.

Según Salinas, las víctimas temían ser expuestas por nada: debido a que los casos de abuso habían prescrito según la ley peruana, consideraban improbable que se les haga justicia.

Mucho antes del libro de Salinas, tres víctimas mencionadas en éste ya habían denunciado los abusos al Tribunal Interdiocesano de Lima en el año 2011.

Los tres denunciantes —quienes se sentían más cómodos recurriendo a un proceso eclesiástico debido a que garantizaba confidencialidad— son conocidos en la documentación del tribunal como “Santiago”, “Lucas” y “Juan”.

Escribiendo en La República, Salinas denuncia que las acusaciones enviadas al tribunal de Lima nunca llegaron a Roma, y señala al moderador del tribunal, el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, como el causante.

Nunca quedó claro dónde terminaron o qué pasó con estas delicadas y gravísimas demandas”, escribía Salinas en su artículo.

Pero la carta a la que ha tenido acceso Crux hace ver las cosas bajo una luz diferente, mostrando que la Iglesia peruana actuó raudamente, enviando cada una de las cuatro denuncias contra el Sodalitium a la Congregación para Religiosos.

La primera fue la de “Santiago”, quien entregó una acusación escrita contra Figari el 16 de mayo de 2011. Una semana después, Huapaya envió el documento a la Congregación para Religiosos acompañado de una carta suya con fecha de 24 de mayo de 2011.

El tribunal recibió una segunda denuncia contra Figari enviada desde la Arquidiócesis de Colonia, Alemania, en una carta con fecha de 24 de mayo de 2011. Huapaya envió los documentos a la Congregación para religiosos el 9 de septiembre de 2011.

Algunos días después, vía la nunciatura apostólica en Lima, la Congregación dio acuse de recibo de las dos cartas.

La tercera denuncia fue del autor, Salinas, el cual le escribió al tribunal el 13 de septiembre de 201, la cual fue remitida a Roma por Huapaya casi un mes después.

En enero de 2012, Huapaya le escribió al prefecto brasileño de la Congregación, Cardenal João Braz de Aviz, requiriéndole tomar medidas. Tres meses después recibió una respuesta del subsecretario de la Congregación, confirmándole la recepción de su carta así como de las denuncias contra el SCV.

Más de un año después, en septiembre de 2013 —seis meses después de la elección del Papa Francisco— Huapaya tuvo un encuentro con el P. Waldemar Barszcz de la Congregación para Religiosos, el cual nuevamente le confirmó la recepción de su carta así como de las denuncias contra Figari.

Le manifesté mi honda preocupación por la falta de una acción de parte del Dicasterio frente a estas denuncias y el sufrimiento consiguiente de las víctimas”, recuerda Huapaya en su carta a los obispos.

(“Dicasterio” es la expresión general para referirse a un departamento vaticano.)

Un mes después, no habiendo recibido noticias, Huapaya recibió una cuarta denuncia. El 25 de octubre de 2013 un sacerdote y tres miembros del SCV solicitaron al tribunal que la conducta de Figari sea investigada.

Los documentos fueron remitidos a la Congregación para los Religiosos algunos días después, el 2 de diciembre, acompañados de una carta de Huapaya a Braz de Aviz.

Le insistí [al Prefecto] en que teniendo en cuenta los hechos dados a conocer a su Congregación había una falta de respeto hacia las víctimas”, recuerda Huapaya, “y le reiteré la urgencia de una acción del Dicasterio por ser casos de su competencia, como expresé desde el primer momento”.

Seis meses después, en julio de 2014, el enviado papal al Perú, el arzobispo James Patrick Green, nacido en Filadelfia, le solicitó a Huapaya que lo informe sobre el caso Figari. Algunos día después de la reunión, Huapaya remitió a a Green los documentos relevantes, insistiendo nuevamente en la necesidad de actuar a la brevedad posible.

Llegados a este punto, más de tres años habían pasado desde que la primera acusación interpuesta ante el tribunal fuera enviada a Roma. Transcurriría casi un año entero antes de que Roma respondiera.

El 22 de abril de 2015 la Congregación para Religiosos designó a un obispo peruano, Fortunato Pablo Urcey de Chota, para que llevara adelante una investigación inicial.

El 4 de mayo de 2016 el Vaticano decidió intervenir directamente el gobierno del SCV, designado a Tobin como el delegado de la Congregación, con potestad de vetar decisiones de su cuerpo de gobierno.

Figari, sin embargo, permanece libre, aparentemente debido a un vacío en las reformas a la ley canónica sobre cómo manejar la crisis del abuso sexual clerical.

Cuando en el año 2003 el Papa Juan Pablo II autorizó la derogación de la prescripción en el caso de abuso sexual contra menores, la modificación se aplicaba a sacerdotes, no a laicos o religiosos. Dado que Figari es un laico, la prescripción por lo tanto es aplicable en su caso.

Pero la pregunta que aún permanece es por qué, durante tanto tiempo, ha habido tan poca respuesta por parte del Vaticano.

Lombardi, el vocero del Vaticano, le comentó a Crux por e-mail que la Congregación se había esforzado mucho en actuar prudentemente “dada la complejidad y diversidad de las posiciones e interpretaciones en torno a Figari y al Sodalitium”, así como debido a “consideraciones de carácter legal”.

Era necesario llevar adelante un análisis exhaustivo, teniendo en mente el contexto eclesial y social del Perú y el hecho de que estas acusaciones no reunían los requisitos necesarios para ser consideradas como base para una acción de la Congregación,” dijo Lombardi en su declaración.

Desde las primeas acusaciones [contra Figari] a las cuales se refiere la carta [del tribunal], la documentación ha crecido y está siendo evaluada a la luz de posibles decisiones que deban ser tomadas”, añadió.

Un de los lideres del SCV que no quiso ser identificado le dijo a Crux que la preocupación por las víctimas y por compensarlas es actualmente una prioridad en el Sodalitium, pero que llevar a Figari ante la justicia continua siendo un reto debido al estado actual de las leyes.

Desde diciembre “hemos estado rogando al Vaticano para que exclaustre a la fuerza a Figari”, dijo, queriendo siginificar que se le expulse formalmente del grupo, pero dado que Figari no está vinculado por votos religiosos, niega las acusaciones, no se arrepiente y está siendo defendido por aun abogado de alto nivel, el miembro señaló que la Congregación vaticana estaría temiendo que cualquier resolución contra él podría ser apelada.

Por ahora, la continua impunidad, combinada con evidencias de falta previa de acción por parte de Roma, sólo puede contribuir a la frustración de las víctimas.

Publicado originalmente en inglés en Crux el 2 de junio de 2016:
http://cruxnow.com/church/2016/06/02/church-official-says-vatican-took-years-to-act-on-abuse-charges/

BREVE NOTA ACLARATORIA
por Martin Scheuch

El Sodalicio como asociación de vida apostólica laical no tiene integrantes femeninas. Luis Fernando Figari fundaría, además del Sodalicio, dos asociaciones de vida consagrada para mujeres: la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y las Siervas del Plan de Dios. Por otra parte, el Sodalicio tiene actualmente 39 comunidades con un promedio estimado de 8 miembros por comunidad, lo cual daría un resultado de aproximadamente unos 300 sodálites en activo. El número de 20,000 miembros probablemente incluya a los integrantes del Movimiento de Vida Cristiana, formado por diferentes grupos y asociaciones que agrupan a todos aquellos que quieren participar de la espiritualidad sodálite pero que no pertenecen al Sodalicio propiamente dicho.

La tercera denuncia no es de Pedro Salinas ni fue escrita por él. Salinas sólo llevó la denuncia de “Lucas” al tribunal eclesiástico y la entregó personalmente al P. Huapaya.

La Fiscalía en el Perú todavía no ha archivado oficialmente las denuncias contra Figari. Pero la investigación por abusos sexuales no tiene futuro, pues los delitos han prescrito. Por eso mismo, con ayuda de abogados profesionales, cinco víctimas han presentado una denuncia penal que amplía la investigación de la Fiscalía con delitos que no prescriben: asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves (de tipo psicológico sobre todo). Los denunciantes son José Enrique Escardó, Martín López de Romaña, Vicente López de Romaña, Óscar Osterling y Pedro Salinas. Los denunciados son Luis Fernando Figari, Jaime Baertl, José Ambrozic, Virgilio Levaggi, José Antonio Eguren, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Erwin Scheuch.

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CARTA DEL P. VÍCTOR HUAPAYA QUISPE A LOS OBISPOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO INTERDIOCESANO DE LIMA SOBRE EL CASO FIGARI

Lima, 17 de mayo del 2016

Señores Arzobispos y Obispos
Miembros del Coetus del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima
Presente

Excelencias:

Las reiteradas noticias y comentarios aparecidos en algunos medios de comunicación social, que hacen referencia a las denuncias presentadas ante este Tribunal contra el Sr. Luis Fernando Figari, Fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, desinforman a la opinión pública con relatos sesgados y muchas veces falsos. Dan a entender que este Tribunal no ha actuado de modo correcto y transparente y llegan a afirmar, de manera calumniosa, que se ha querido encubrir las cuatro denuncias que aquí se recibieron.

Con el deseo de ayudarlos a conocer lo ocurrido me veo en el deber y en la necesidad de dirigirme a ustedes, Señores Obispos miembros del coetus del Tribunal, para informarles de algunos hechos procesales que les ayudarán a entender mejor la situación.

I. Relato y breve descripción de cómo y cuándo se presentaron las cuatro denuncias que se recibieron en este Tribunal:

1. Primera denuncia: El 16 de mayo del 2011 a las doce del día se presentó al Tribunal el denunciante (hoy él se identifica como “Santiago”) en compañía de un familiar y entregó por escrito una denuncia contra el Sr. Luis Fernando Figari. El 24 de mayo de 2011, con carta mía, envié la denuncia al Prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

2. Segunda denuncia: Desde la Arquidiócesis de Colonia se recibió una denuncia contra el Sr. Luis Fernando Figari, fechada el 24 de mayo de 2011. El 9 de setiembre de 2011 se envió la denuncia al mismo Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Con fecha 14 de setiembre de 2011, recibí carta de Monseñor Kevin Randall (e.i.) de la Nunciatura Apostólica en el Perú, en la que acusa recibo de los documentos que le había entregado hasta ese momento, entre los cuales se mencionan las dos cartas anteriores.

3. Tercera denuncia: El Sr. Pedro Salinas entregó en este Tribunal una denuncia fechada el 13 de septiembre del 2011, la misma que envíe al Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica el 10 de octubre de 2011.

4. Cuarta denuncia: Con fecha 25 de octubre de 2013 un sacerdote acompañó su petición y la de tres miembros del Sodalicio de Vida Cristiana para que se investigue la conducta del Sr. Luis Fernando Figari. El día 2 de diciembre del 2013 remití la documentación al Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Como se puede apreciar en esta primera parte procesal, la rapidez con la que se enviaron las denuncias es total y no admite ninguna duda de negligencia y menos de encubrimiento por parte de este Tribunal.

II. Relato de cómo y cuándo solicité la atención urgente de estas cuatro denuncias al Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica:

1. El 4 de enero del 2012 escribí al Prefecto de la Congregación solicitando una pronta respuesta y la intervención de la Congregación en las denuncias presentadas, por ser competencia de su Dicasterio.

2. El 25 de abril de 2012 recibí la única respuesta de la Congregación del Padre Sebastiano Paciolla O. Cist., Subsecretario de la Congregación, en la que acusan recibo de las cartas y denuncias recibidas.

3. El 16 de septiembre de 2013 viajé a Roma y fui recibido en la Congregación por el Padre Waldemar Barszcz (TOR). Me informó que habían recibido la documentación de las denuncias. Le manifesté mi honda preocupación por la falta de una acción de parte del Dicasterio frente a estas denuncias y el sufrimiento consiguiente de las víctimas

4. El 2 de diciembre del 2013, en la carta al Prefecto adjuntando la cuarta denuncia, le insistí en que teniendo en cuenta los hechos dados a conocer a su Congregación había una falta de respeto hacia las víctimas y le reiteré la urgencia de una acción del Dicasterio por ser casos de su competencia, como expresé desde el primer momento.

5. El 2 de julio de 2014, el Nuncio me citó en la Nunciatura y me solicitó que le informe sobre el caso del Sr. Luis Fernando Figari. El 9 de Julio de 2014 le envié con carta mía la documentación que hace referencia a la denuncias contra Sr. Luis Fernando Figari y le reiteré la necesidad de una actuación directa y cuanto antes de la Congregación.

III. Otros hechos de particular interés relacionados a este tema:

1. El 21 de octubre del 2015 este Tribunal publicó un Comunicado precisando la autonomía y competencia del Tribunal y dando a conocer que las denuncias recibidas fueron puestas en conocimiento de las instancias vaticanas de manera inmediata, como se puede verificar con las fechas de mis cartas que les he detallado.

2. El 18 de noviembre de 2015 envié una carta al Presidente de la Conferencia Episcopal, y a todos ustedes miembros del coetus, expresándoles respetuosamente mis observaciones al Comunicado de la Presidencia de la CEP y haciendo referencia al “Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero (16 de mayo del 2011)”. Hasta el momento no he recibido respuesta a esa carta ni se ha aprobado ni distribuido esta Guía para el uso de los Obispos en el Perú, siendo un tema tan urgente, sugerido además por la Santa Sede.

IV. Ultimas decisiones de la Santa Sede al respecto:

1. Con fecha 22 de abril de 2015 la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, con Decreto firmado por el Arzobispo Secretario, nombra a S.E. Monseñor Fortunato Pablo Urcey, OAR, Prelado de Chota Visitador apostólico ad inquirendum et referendum para todas las casas y los miembros del Sodalitium Christianae Vitae.

Le solicita que, dadas las informaciones llegadas y las acusaciones de comportamientos impropios dirigidas al Fundador Sr. Luis Fernando Figari, deberá verificar la real autenticidad de todas las acusaciones formuladas tanto recientes como en el pasado.

2. Con fecha 4 de mayo de 2016, la Santa Sede nombra al Arzobispo Joseph Tobin CSSR, Delegado “ad nutum” de la Congregación de Religiosos para el Sodalitium.

Omito intencionadamente abordar el contenido mismo de las denuncias, por la reserva propia que compete a este Tribunal, y que hemos respetado escrupulosamente en todo momento. Permítanme insistir asimismo en que el Tribunal a mi cargo no tiene competencia para resolver estas denuncias, como la misma Santa Sede lo ha demostrado claramente al nombrar primero al Visitador Apostólico y luego ahora al Delegado ad nutum.

Les agradezco el tiempo y atención que han dedicado a esta carta, que era necesario dirigirles por el derecho que nos asiste de respetar la honra de todas y cada una de las personas, especialmente de las víctimas, y también de las instituciones de la Iglesia. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o consulta que personalmente deseen dirigirme y pido a Dios los ilumine y acompañé en la delicada tarea de pastores de sus iglesias locales.

Les pido también una oración por este servidor que humildemente procura servir a todos ustedes miembros del coetus de este Tribunal Eclesiástico Interdiocesano.

Cordialmente en el Señor,

Pbro. Víctor Luis Huapaya Quispe
Presidente del Tribunal Interdiocesano

Copia a los miembros del Coetus:
Monseñor Salvador Piñeiro, Arzobispo de Ayacucho (Presidente de la CEP); Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima; Monseñor Pedro Barreto S.J., Arzobispo de Huancayo; Monseñor José Luis del Palacio, Obispo del Callao; Monseñor Lino Paniza OFM cap., Obispo de Carabayllo; Monseñor Norberto Strotman MSC, Obispo de Chosica; Monseñor Carlos García, Obispo de Lurín; Monseñor Ricardo García, Obispo de Cañete-Yauyos; Monseñor Héctor Vera, Obispo de Ica; Monseñor Isidro Barrio, Obispo de Huancavelica; Monseñor Antonio Santarsiero OSJ, Obispo de Huacho; Monseñor Ivo Baldi, Obispo de Huari; Monseñor Miguel Olartua OSA, Obispo de Iquitos; Monseñor Juan Carlos Vera MSC, Obispo Castrense; Monseñor Gaetano Galbuser SDB, Obispo de Pucallpa; Monseñor Tomás Oliver OFM, Obispo del Vicariato de Requena; Monseñor Javier Travieso CMF, Obispo del Vicariato San José del Amazonas; Monseñor Anton Zerdin OFM, Obispo del Vicariato de San Ramón; Pbro. Felipe Ochante, Administrador Diocesano de Tarma; Monseñor Neri Menor Vargas, Obispo electo de Huánuco.

LA VERGÜENZA PERDIDA

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Cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ingresaron a los campos de exterminio de judíos que habían sido creados y gestionados por el régimen nazi y dieron a conocer al mundo las dimensiones de la masacre genocida, millones de ciudadanos alemanes se avergonzaron de haber prestado su apoyo al gobierno de Hitler y tal vez se habrán preguntado: «¿cómo hemos llegado a esto? ¿cómo nos pudo suceder esto?» Muchos recién se enteraban y tomaban conciencia del calibre moral de los líderes a quienes habían apoyado. No se trataba en su mayoría de personas malintencionadas ni perversas, sino de gente común y corriente como tú y yo que había creído en un seductor de masas que les había devuelto la dignidad y había llevado el país a un relativo bienestar económico y social. Sin embargo, muchos no habían querido ver el lado oscuro de ese régimen, aun cuando indicios no faltaban. Miraron a otro lado e hicieron oídos sordos cuando se encontraron con señales que hablaban de un lado siniestro y tenebroso que les estaba costando la vida a millones de seres humanos. El sistema que tanto bien les había hecho no podía ser cuestionado ni puesto en peligro. Y así fue hasta que terminó la guerra y Alemania se convirtió en una nación vencida bélicamente, a lo cual se sumó una derrota moral de dimensiones incalculables.

Curiosamente, cuando me uní al Sodalicio de Vida Cristiana en la década de los ’70, se nos inculcaba que el holocausto judío no era solamente de responsabilidad del gobierno nazi, sino que los mismos judíos eran en parte culpables de lo que les habían hecho debido a sus malos manejos políticos y económicos que formaban parte de un complot perverso para dominar el mundo y sojuzgar la cristiandad. Asimismo, en base a argumentos de autores fascistas, aprendíamos a relativizar el número de víctimas del holocausto judío, reduciéndolo de 6 millones a menos de 1 millón. La inflación de los números se debía supuestamente a la manipulación histórica que habían realizado los maquiavélicos judíos.

Y el Sodalicio aprendió muy bien este esquema de negación de datos históricos comprobados, aplicándolo a su misma historia. Hasta la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, la negación de su lado oscuro —reverso de un lado luminoso que encandila a mucha gente de buena voluntad— había sido casi total. El caso de Germán Doig había sido considerado como una anomalía, como una traición a lo que el Sodalicio era en su esencia, y no como parte del sistema mismo. Pero cuando además de los actos execrables de quien fuera el segundo en la cadena de mando de la institución, salió a la luz que el fundador mismo, Luis Fernando Figari, había perpetrado abusos diversos —así como otros miembros de la institución—, la situación se volvió más compleja y se resistía a ser interpretada como un simple cúmulo de “casos aislados”.

Aún así, hay quienes siguen sosteniendo la misma teoría y, asumiendo que el Sodalicio es una obra querida por Dios y es bueno en sí mismo, creen que no puede ser considerado una organización criminal debido a que «nos consta la permanencia en el SCV de muchos miembros que son personas de buena voluntad con una clara vocación y actuar al servicio del prójimo, de la Iglesia y de la sociedad». Así se expresa una carta firmada originalmente por 47 «ex integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana» y que recientemente han aumentado a 69. Como ya he señalado en un post anterior (ver LA CORTE DE LOS 47), se trata de una colección de rúbricas algo engañosa, pues la mayoría de los firmantes siguen manteniendo una relación cercana con el Sodalicio o se han integrado al Movimiento de Vida Cristiana, un conjunto de diversas asociaciones que agrupan a personas que se comprometen a vivir la espiritualidad sodálite y colaboran con las obras apostólicas del Sodalicio. La mayoría de los firmantes son demasiado jóvenes como para haber sido testigos de las cosas que ocurrieron en el Sodalicio en los años ’70, ’80 y ’90, décadas en las que se concentra hasta ahora la mayor parte de los casos de abuso. Lo más delirante es cuando se trata de hacer pasar por ex sodálites a por lo menos seis adherentes sodálites (sodálites casados): Rafael Álvarez Calderón, Julián Echandía, Marcos Nieto, Andrés Corrales, Edwin Esquivias y Óscar Álvarez. Agradezco a los adherentes sodálites de las primeras generaciones —como Raúl Guinea, Julio Pacheco, Gonzalo Valderrama, Jorge Scerpella, Javier Pinto y Enrique Lanata— que no se hayan prestado a esta farsa.

Óscar Álvarez, uno de los firmantes, no ha tenido ningún reparo en calificar mi anterior escrito de «artículo poco serio (por no decir otra cosa) […], donde juzga nuestro actuar, descalificándonos por pensar distinto a él, donde invalida nuestra libertad de pensamiento por el hecho de ser algunos adherentes, o algunos estar trabajando en obras o empresas de la familia espiritual, o por haber vivido en comunidad un mes».

Héctor Castañeda, uno de los pajes más obsecuentes de esta corte de los milagros, llega a afirmar sin exhibir ningún argumento que «lo que hizo Martin Scheuch es realmente penoso. Lo pinta de cuerpo entero. Pero bueno, solito se quema».

Voy a resumirles algunos datos referentes a hechos ocurridos recientemente, a fin de que reconsideren su evaluación tan desafortunada de lo que he escrito.

El Sodalicio ha sido intervenido por autoridades vaticanas de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica, designándose un delegado para estos fines, el arzobispo de Indianapolis Mons. Joseph William Tobin, quien tiene la misión de ayudar a la institución a superar las «graves dificultades» que se encontró durante la visita apostólica de Mons. Fortunato Pablo Urcey. Intervenciones de este tipo sólo se dan cuando los problemas que sufre la institución lindan con lo delictivo, como ocurrió con los Legionarios de Cristo, la Unión Lumen Dei y la Comunidad de las Bienaventuranzas.

Cuando los problemas se limitan a un par de miembros de la institución que actuaron pérfidamente sin conocimiento de las autoridades, se procede a separarlos y con ello se da por solucionada una buena parte del problema. Pero cuando nos hallamos ante toda una gavilla de perpetradores de abusos sexuales, psicológicos y físicos que actuaron avalados por el sistema o sin que nadie se diera cuenta, amparados por una indolencia e indiferencia mayoritaria que era permitida e incluso fomentada por la misma disciplina y que llevaba a los miembros de la institución a no querer mirar detrás de tantos indicios que en sí mismos eran preocupantes, entonces se justifica una intervención.

¿Es esto motivo para sentirse orgulloso de pertenecer o haber pertenecido a la institución? No lo creo. ¿Sirve de algo resaltar las «obras de bien realizadas por ella, cuyos frutos han sido a todas luces beneficiosos para nuestra sociedad»? La institución puede tener muchas obras benéficas y sociales. No lo niego. Pero ciertamente los abusos reseñados no forman parte de esas obras, las cuales no deberían ser usadas de contrapeso para negar los delitos que se habrían cometido a su sombra. El libro Mitad monjes, mitad soldados presenta 29 testimonios de abusos. Se trata sólo de la punta del iceberg, pues hay testimonios adicionales que no pudieron ser incluidos en el libro porque los afectados decidieron dar marcha atrás ante las posibles consecuencias jurídicas. Lo cual no invalida sus testimonios. Posteriormente han aparecido otros casos en los medios de comunicación, sin contar con las aproximadamente 100 denuncias que se hicieron llegar a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, algunas de las cuales correspondían a testigos que ya habían prestado su colaboración con el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz.

Comparando ese enorme número de víctimas con la cantidad de miembros que tiene actualmente el Sodalicio —39 comunidades con un promedio de 8 miembros por comunidad, es decir, poco más de 300 sodálites consagrados, sin contar los adherentes sodálites—, se puede apreciar la dimensión de los abusos. Es altamente improbable que se haya tratado de “casos aislados” atribuibles a unos pocos sodálites que actuaron por su cuenta. Es la estructura misma del sistema la que estaba mal, permitiendo que unos cuantos cometieran sus fechorías de manera concertada —que es lo que define a una organización criminal— mientras, mediante un autoritarismo vertical basado en la obediencia absoluta, se conseguía que todos aquellos sodálites bienintencionados que participaban de buena fe en la institución permanecieran en la ignorancia de aquellos que se cocinaba más arriba. Y si veían o sospechaban algo, el efectivo lavado de cerebro o control mental logrado a través de una formación psicológicamente intrusiva y manipuladora de conciencias era suficiente para que no categorizaran como abusos aquello que podían haber visto u oído. Por eso mismo, es sumamente recomendable que los 69 firmantes se sometan a un peritaje psicológico independiente. O que acudan a terapia, como lo hemos hechos varios de los que hemos sido víctimas de este sistema, diseñado en sus orígenes por una mente psicópata. Porque el quid del asunto es el sistema.

Así lo describía yo en el texto de la denuncia que envié a la vez a la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación y a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica en enero de este año: «Mediante el presente escrito quiero denunciar algunos hechos cuestionables de los que fui víctima en el Sodalicio, referentes a abusos psicológicos y manipulación de conciencia a los que fui sometido, incluyendo una incidencia de connotaciones sexuales. No es mi intención mediante la relación de estos hechos desprestigiar a la Iglesia católica, de la cual sigo siendo miembro comprometido y fiel creyente en el Señor Jesús por llamado y por convicción, sino más bien llamar la atención sobre acciones cuestionables realizados por miembros de Sodalicio, acciones que fueron avaladas por la disciplina y el sistema de formación que se aplicaron y que contaron con la aprobación de personas responsables dentro de la institución». Y en un e-mail que envié el día 19 de enero a la Comisión de Ética añadía lo siguiente: «Aclaro que la denuncia no es contra personas individuales sino contra el Sodalicio, pues fue el sistema institucional sodálite plasmado en una doctrina y una disciplina los que permitieron que se cometieran en perjuicio mío los abusos que detallo en el documento, creando el marco necesario para que ello ocurra».

¿Hay razones para estar orgullosos de ser o haber sido sodálites cuando el sistema mismo y las personas que actuaron amparados en él causaron daños graves a por lo menos unas 100 víctimas ? ¿Las buenas obras que tanto se menciona son acaso suficientes como para negar que se cometieron crímenes de manera sistemática y organizada dentro de la institución? ¿No ha habido acaso saqueo psicológico y material de los integrantes del Sodalicio en beneficio de una cúpula de privilegiados —cúpula que no tenemos motivos para identificar con el actual Consejo Superior del Sodalicio—? ¿Se puede defender a capa y espada la “buena reputación” de la institución cuando ésta se halla actualmente intervenida por «dificultades graves»? ¿Por qué los firmantes no le escriben a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica, solicitándole que de una vez por todas ponga término a la intervención del Sodalicio, pues a esa situación también se le aplicaría que «nos está afectando de manera personal, familiar y laboral al ser víctimas de un señalamiento o juzgamiento por haber sido ex integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana»?

Se necesita haber perdido la vergüenza para desestimar tan ligeramente acusaciones fundamentadas que deberían dar lugar a las investigaciones correspondientes. Al declarar su fe en «la acción de Dios en esta Comunidad y en muchas obras de bien realizadas por ella, cuyos frutos han sido a todas luces beneficiosos para nuestra sociedad», los firmantes parecen cerrar los ojos a la pérfida acción humana que también se ha manifestado en obras desviadas en esta Comunidad, cuyos frutos han sido a todas luces perjudiciales para nuestras sociedad y para las víctimas, muchas de las cuales han sido dañadas de por vida, atribuyendo los abusos a voluntades individuales sin considerar que actuaron como miembros de la institución dentro de un sistema que permitía esto e incluso lo avalaba, especialmente en el caso de abusos psicológicos y físicos.

¿Acaso Luis Fernando Figari fundó el Sodalicio para cumplir la voluntad de Dios y hacer santa a la gente, o para satisfacer sus ansias de poder y dar rienda suelta a otros deseos inconfesables? Lo cierto es que no sólo él sino también otros miembros de la generación fundacional y de la cúpula se valieron de las estructuras de la organización para realizar acciones reprochables y delitos que van desde violación de derechos humanos básicos hasta manejos económicos cuestionables. ¿Acaso las buenas intenciones y las experiencias positivas de los que vinieron después sirven para borrar esos hechos? ¿Basta con desvincularlos mentalmente del sistema en que se produjeron, para concluir que el sistema es bueno y que «la gran generalización que se ha hecho por algunos denunciantes y algunos medios de difusión nos está afectando de manera personal, familiar y laboral al ser víctimas de un señalamiento o juzgamiento por haber sido ex integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana, esto debido a la poca responsabilidad para diferenciar y separar claramente a los actores acusados de los delitos del resto de los miembros y ex miembros de la comunidad, quienes tienen y tenemos el derecho de poder continuar con nuestras vidas sin vernos afectados por la irresponsable actuación de otros»?

Pero aún no es tarde. Todavía es tiempo para mirar las cosas con perspectiva. En vez de estar preocupándose por las consecuencias que pueda tener en los ámbitos personal, familiar y laboral la imagen de una institución a la que se ha pertenecido —o se sigue perteneciendo emocionalmente—, hay que preocuparse por que la verdad y la justicia se abran paso.

Todavía estamos a tiempo para recuperar la vergüenza perdida.

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FUENTE

Carta de ex sodálites
https://www.facebook.com/Carta-de-ex-sodálites-1106167949422156/