CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (IV)

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Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

En esta cuarta y última entrega se analiza los razonamientos “trespatinescos” que llevaron a la fiscal Peralta a concluir que la denuncia contra miembros del Sodalicio debía archivarse por falta de pruebas.

No es que la fiscal no tuviera pruebas que sustentaban los hechos denunciados por los denunciantes. Simplemente las desestimó como tales, por motivos no pertinentes.

Un claro ejemplo son la admisión de las tachas contra los psicoterapeutas Jorge Bruce y Dante Wharton: en el caso de Bruce, porque «desde el 2001 viene emitiendo pronunciamientos públicos sobre el Sodalicio que le impiden actuar de manera objetiva e imparcial en esta investigación»; en el caso de Wharton, porque «adelantó opinión sobre el caso de materia de investigación lo que impide que emita un pronunciamiento objetivo e imparcial».

¿No se percató la fiscal de que la participación de ambos especialistas en el caso no se da en calidad de testigos que corroboren los hechos denunciados, sino en calidad de profesionales con un bagaje científico a los cuales se les encarga la evaluación psicológica de los denunciantes? ¿Desde cuándo la opinión personal de un psicoterapeuta es relevante respecto a una pericia psicológica que se basa en pruebas objetivas y mediciones científicamente acreditadas? Haciendo una comparación, ¿acaso la opinión personal de un médico juega algún papel en el diagnóstico que hace de un paciente? Si la fiscal cree que es así, ¿hizo una investigación previa de los psicólogos del Instituto de Medicina Legal cuyos peritajes sí aceptó, para ver cual era la opinión personal que tenían sobre el Sodalicio? Pues lo que está cuestionando la fiscal es que se tenga una opinión previa vinculada al tema de la demanda, y el hecho de que sea pública o no resultaría irrelevante, pues aún así estaría influyendo en los resultados de la pericia.

En todo caso, los peritajes del Instituto de Medicina Legal sí que son cuestionables desde el momento en que concluyen con certeza cuasi-dogmática que la afectación emocional que presentan Óscar Osterling y José Enrique Escardó –—del cual se admite incluso que «requiere terapia psicológica especializada»–— no guardan ninguna relación con la experiencia vivida en el Sodalicio y son atribuibles a factores presentes en la infancia y la adolescencia. En el caso de Pedro Salinas, los impulsos «que han sido desfavorables para la estructuración de su personalidad» son atribuidos de manera concluyente a la ausencia de la figura paterna, no habiendo el Sodalicio contribuido en nada a que presente esas características. En otras palabras, la experiencia sodálite no habría dejado ninguna huella en los denunciantes, ni mala ni buena, pues ni les habría ocasionado los problemas psicológicos que presentan ni les habría ayudado a solucionarlos. Como si hubieran sido pasados por agua tibia.

En el caso de los hermanos López de Romaña no se ratificó sus peritajes psicológicos porque «faltaron a sus citaciones» y «al borde de la terminación de la etapa investigatoria concurrieron a las citas de Medicina Legal». Sin explicar si las ausencias de ambos hermanos fueron por razones justificadas, la fiscal simplemente da constancia de que acudieron tarde, y por eso no se tomó en cuenta los peritajes efectuados. Se trata de una simple cuestión administrativa que pudo haber sido resuelta de manera satisfactoria, pero en la cual la fiscal prefirió omitir cualquier diligencia que pudiera contribuir a determinar si los López de Romaña también presentaban problemas psicológicos.

No llego a entender los criterios que se aplicaron. ¿Cómo se puede concluir taxativamente que un sistema de formación que incluye reiteradas prácticas físicas y psicológicas de carácter extremo no tienen ningún efecto sobre la psique de las personas? El mismo Jaime Baertl admite como ciertas algunas de esas prácticas (dormir en las escaleras, nadar en el mar en la madrugada, recibir golpes en el estómago) y las considera «imprudentes». José Ambrozic señala que «en algunos casos los rigores –—como él los llama–— pudieron ser excesivos». Óscar Tokumura señala «respecto a los supuestos golpes en el vientre, era para ver si hacían ejercicios, siendo que ello sólo se hacía con el consentimiento de éstos», cuando yo nunca he visto que alguien haya tenido ni siquiera la oportunidad de negarse a que le aplicaran tan peligroso golpe. Tanto Fernando Vidal, Alessandro Moroni, Jaime Baertl como José Ambrozic resaltan que los actos descritos como «rigores de la formación» ya no se realizan. ¿Por qué motivos? Evidentemente, porque no eran beneficiosos para nadie, e incluso traían consigo consecuencias perjudiciales.

Por todo lo visto, no se justifican las palabras de la fiscal Peralta cuando respecto a las lesiones psicológicas producidas por actividades abusivas acota que «como elementos que acrediten las versiones de los denunciantes únicamente se cuenta con sus afirmaciones y declaraciones juradas». Las actividades en cuestión han sido admitidas por los mismos denunciados, sólo que la valoración es distinta. Para ellos se trata de «rigores de la formación», mientras que los denunciantes hablan de «abusos físicos y psicológicos». Me pregunto por qué la fiscal no consultó a un especialista en la materia que pudiera aclarar qué consecuencias tendrían las actividades descritas en la psique de una persona, y si pueden ser consideradas como beneficiosas o dañinas. Pues de que hubo esas actividades, las hubo, y eso ni siquiera lo niegan los denunciados.

Otros documentos que la fiscal tomó como pruebas de que los denunciantes actuaron en pleno uso de sus facultades —y, por lo tanto, no hubo privación de la libertad o secuestro mental— son las cartas de puño y letra en que solicitan ser admitidos en el Sodalicio o en una comunidad de formación, redactadas supuestamente cuando los denunciantes ya eran mayores de edad. No tiene en cuenta que el trabajo de adoctrinamiento con aplicación de métodos invasivos de la psique se realizaba durante un período de aproximadamente un año antes de el candidato fuera admitido en el Sodalicio. Si las primeras cartas de los denunciantes fueron firmadas cuando ya tenían 18 años, es fácil suponer que el trabajo con ellos se inició cuando todavía eran menores de edad.

En el pasado han habido casos flagrantes donde el Sodalicio ha incorporado a sus filas a menores de edad. Mi caso, por ejemplo. En mi declaración jurada en calidad de testigo que fue presentada a la fiscal Peralta, digo lo siguiente: «Me vinculé formalmente al Sodalicio de Vida Cristiana o Sodalitium Christianae Vitae (en adelante SCV) mediante compromiso emitido en diciembre de 1978 en la capilla del Colegio Santa Úrsula (Calle Salamanca 125, San Isidro, Lima), a la edad de 15 años, en el grado de sodalite marie, grado que posteriormente fue eliminado de las normas de la institución».

Tengo en mi poder dos autobiografías —una de 1979 y otra de 1980, ambas escritas de puño y letra por encargo de Jaime Baertl— que me fueron devueltas por Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, en enero de 2016. En ambas aparece la fecha exacta de cuándo ingresé al Sodalicio. En la primera dice textualmente: «El 8 de diciembre hice mi promesa de maríe y entré a formar parte del Sodalitium». Estamos hablando del 8 de diciembre de 1978, cuando yo tenía tan sólo 15 años de edad. Y ya me venían trabajando desde marzo de ese año, cuando tenía 14 años.

Lamentablemente, no obstante contar con este dato, la fiscal no se comunicó conmigo ni tomó en cuenta mi testimonio.

Otros documentos que la fiscal no debió admitir como pruebas contra los denunciantes son las fotografías presentadas por la defensa de los denunciados, en las que se ve a los hermanos López de Romaña y a Óscar Osterling participando en diversas actividades realizadas cuando aún formaban parte del Sodalicio. Al respecto, dice la fiscal Peralta: «En la investigación se han presentado fotografías llevando una vida libre y con expresiones de alegría en la vida dentro del SCV». Ciertamente, tanta ingenuidad sería conmovedora, a no ser porque la conclusión que de ella se deriva no se sostiene por ningún lado, a saber, «que todos esos actos son demostrativos que podían expresar su voluntad».

¡Por Dios! ¿Acaso ese tipo de fotografías demuestran lo que ella dice? Tomemos el caso de Colonia Dignidad, un enclave de alemanes situado al pie de los Andes chilenos, donde el líder religioso Paul Schäfer sometió mentalmente a todos los colonos y abusó sexualmente casi a diario de menores de edad durante décadas. De todas las fotos que hay, ¿se puede encontrar una sola donde no aparezcan los colonos sonrientes, tanto en diversas actividades colectivas como en fiestas populares alemanas? ¿Se puede ver en las fotos de familia que quedan, con personas de rostro alegre, indicios de los crímenes cometidos? Nada de nada. Y, sin embargo, sería ilegítimo utilizar esas fotos para pretender negar los abusos cometidos.

Ante todo esto, le auguramos un futuro brillante a la fiscal Peralta si decide cambiar de profesión e iniciar una carrera en el área de la comedia de enredos. Pero si permanece en su puesto, sólo nos queda decir como “Tres Patines”:

«¡Cosa más grande de la vida, chico!»

(Columna publicada en Altavoz el 28 de enero de 2017)

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