COLONIA DIGNIDAD: LA INDEMNIZACIÓN PENDIENTE

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Retratos de antiguos pobladores de lo que fue Colonia Dignidad (ahora Villa Baviera) en un pared en el asentamiento

Hay deberes que se tienen que cumplir, aunque no exista una obligación jurídica. Sobre todo cuando se ocupa cargos de responsabilidad en una entidad —como la Iglesia o el Estado— que debido a la indolencia, inacción o complicidad de sus integrantes ha permitido que se ocasionen daños graves o violaciones de derechos humanos en perjuicio de personas inocentes. Se trata de un imperativo ético y de justicia, cuyo incumplimiento impide que se restañen las heridas y finalmente termina ocasionando un escándalo de graves consecuencias sociales.

Esto se aplica con todas sus letras al Estado alemán en relación con el caso de Colonia Dignidad, un enclave alemán en Chile donde se cometieron abusos sistemáticos no sólo contra los colonos, sino también contra ciudadanos chilenos: torturas —que incluían electroshocks y suministro de psicofármacos—, lavado de cerebro, trabajo forzado, sustracción de la libertad, separación de las familias, abusos sexuales contra menores —tanto de ascendencia alemana como de nacionalidad chilena, secuestrados mediante engaños a sus progenitores—, así como colaboración con el régimen dictatorial de Pinochet en la tortura y desaparición de enemigos del gobierno.

El 8 de noviembre pasado el Parlamento Alemán (Bundestag) decidió por fin destinar un millón de euros para ayudar a las víctimas. «Ha sido una dura lucha. Estoy contento de que se haya podido alcanzar esta meta tan importante», declaró Michael Brand, miembro de la gobernante Unión Demócrata Cristiana (CDU).

Oficialmente se trata de una ayuda voluntaria. El 9 de julio el gobierno federal había expresado en un comunicado oficial que de lo acontecido en Colonia Dignidad no se derivaba ningún derecho jurídico a reclamo frente a la República Federal de Alemania. El Bundestag había aprobado la solicitud presentada en junio de 2017 por tres bancadas (los demócrata cristianos, los socialdemócratas y los verdes), exigiendo del gobierno un programa de ayudas para las víctimas de Colonia Dignidad. Dado que se trataba de un asentamiento cerrado de una secta alemana en Chile, la propuesta del gobierno de un fondo para financiar medidas de apoyo para la comunidad afectada se realizaba sobre una base libre y voluntaria. Sin embargo, se señalaba que no estaban previstas ayudas individuales, muchos menos el pago de indemnizaciones a personas concretas.

Se trataba en cierto sentido de un lavado de manos al estilo Pilatos, pues Paul Schäfer, el líder de la secta, pudo huir a Chile en 1961, escapándose de las acusaciones de abusos sexuales contra menores en Alemania, gracias a la indolencia de las autoridades de entonces, llevándose de paso a unos 150 miembros de su grupo consigo —entre ellos a varios menores sin autorización de sus padres—, en lo que constituye una de las mayores acciones de secuestro colectivo de la historia reciente, gracias a un adoctrinamiento mental y a falsas promesas, que definitivamente restringieron la libertad de quienes lo siguieron, los cuales no sabían que terminarían encerrados tras un muro en un amplio terreno donde serían esclavizados, humillados y sometidos a abusos.

A pesar de que a partir de los ‘60 hubo colonos que lograron escapar y denunciar las atrocidades, estas denuncias cayeron en saco roto debido a que Schäfer mantenía buenas relaciones con la embajada alemana en Chile y con importantes políticos demócrata cristianos de Alemania.

La renuencia de la diplomacia alemana a investigar las denuncias y la protección que se le brindó a Schäfer en virtud de la imagen idílica que proyectaba Colonia Dignidad, permitió que éste siguiera haciendo de las suyas durante décadas —en particular, abusando sexualmente de menores de edad y jóvenes adultos— hasta 1996, cuando pasó a la clandestinidad debido a denuncias de abusos contra unos 27 menores chilenos. Schäfer fue detenido en 2005 en Argentina y murió en 2010 en una cárcel chilena.

Matthias Bartke, socialdemócrata y presidente de la Comisión de Trabajo y Cuestiones Sociales, considera que por fin la política asume su responsabilidad: «Los terribles crímenes en Colonia Dignidad solo fueron posibles porque en aquel tiempo la embajada alemana en Chile, no obstante los muchos pedidos de ayuda, no intervino. Esta falta de acción constituye uno de los capítulos más oscuros de la diplomacia alemana de la posguerra».

La Comisión para la Implementación del Programa de Ayuda para las Víctimas de Colonia Dignidad, constituida el 10 de octubre, se reunirá con asociaciones de víctimas en Berlín y tendrá listo el programa en el verano europeo de 2019.

(Columna publicada en Altavoz el 12 de noviembre)

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FUENTES

Deutscher Bundestag
Hilfsfonds für Opfer der Colonia Dignidad
Auswärtiges/Unterrichtung – 09.07.2018 (hib 499/2018)
https://www.bundestag.de/presse/hib/-/563704

taz
Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile: Noch keine Hilfe (11.10.2018)
http://www.taz.de/!5540339/

SPIEGEL ONLINE
Deutsche Sekte in Chile: Eine Million Euro für Opfer der Colonia Dignidad (09.11.2018)
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/colonia-dignidad-bundestag-beschliesst-hohe-opferhilfe-a-1237533.html

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EL JESUITA SANCIONADO POR NO SER HOMÓFOBO

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P. Ansgar Wucherpfennig S.J.

«No podemos hacernos responsables de excluir de la Iglesia a seres humanos, para las cuales la homosexualidad forma parte de su identidad. No somos un establecimiento disciplinario».

Así se se expresaba en 2017 el jesuita Ansgar Wucherpfennig (1965- ), rector de la Escuela Superior Filosófica-Teológica Sankt Georgen (Frankfurt) y persona de contacto de la Iglesia católica —junto con la agente pastoral Helga Weidemann— para gays y lesbianas en la región.

Como ejemplo de la buena labor realizada se puede mencionar el caso de Thomas Michael (nombre ficticio), homosexual católico creyente, quien en el año 2008 había decidido oficialmente separarse de la Iglesia. Le molestaba la posición oficial de ésta en el trato con los homosexuales. La gota que colmó el vaso fue la separación de su cargo del párroco de Wetzlar, Peter Kollas, por parte del ultraconservador obispo Franz-Peter Tebartz-van Elst —actualmente separado de su cargo por escandalos financieros en su diócesis—, debido a que junto con un párroco luterano había concedido la bendición eclesiástica a una pareja homosexual tras su unión civil.

En el año 2015, tras mantener conversaciones con Wucherpfennig, Thomas Michael —actualmente un sexagenario— decidió regresar a la Iglesia católica, pues vio que la actitud de parte de representantes de la Iglesia era otra, más abierta y atenta a las personas individuales. Y todo gracias a que la Iglesia local en Frankfurt ofrecía consejería para homosexuales —de la cual participaba el jesuita Wucherpfennig— con el lema: «Ver al ser humano. Atención pastoral para hombres y mujeres homosexuales».

«Nunca he tenido la sensación de que haga algo injusto con mi homosexualidad. Dios me ha creado con este deseo. ¿Por qué debería él rechazarme a causa de este motivo?», declaró el gay católico.

¿Por qué seres humanos como Thomas Michael deberían cambiar, y no la Iglesia? A estas reflexiones llegaba Wucherpfennig. «La Iglesia, con este servicio de atención pastoral, ha puesto en claro —para muchos demasiado tarde— que en la Iglesia hay homosexualidad… Y que está permitido que haya…»

Recientemente esta posición humanista de acogida a la diferencia sexual ha tenido consecuencias para el P. Wucherpfennig. En febrero de 2018 fue nuevamente elegido —por tercera vez consecutiva— para ejercer el rectorado de Sankt Georgen por un período adicional de dos años, a iniciarse el 1° de octubre. Sin embargo, el 7 de octubre se hizo público que la Congregación para la Educación Católica, uno de los dicasterios de la Curia romana, se había negado a concederle el “nihil obstat” —“nada obsta”, permiso para poder ejercer un cargo docente en una institución educativa católica—, alegando unas declaraciones que el jesuita había hecho a la Neue Frankfurter Presse en octubre de 2016.

A la pregunta:

«He leído que usted ha bendecido parejas homosexuales. ¿Por qué la Iglesia católica tiene una postura tan negativa hacia los homosexuales?»

había respondido lo siguiente:

«Mi impresión es que se trata de pasajes bíblicos arraigados y en parte formulados ambiguamente. Por ejemplo, por San Pablo en la Carta a los Romanos. Las relaciones homosexuales en la Antigüedad eran situaciones de fuerte dependencia y sumisión. El amor debería ser una relación libre e igualitaria, de ninguna manera con desnivel. Eso es lo que propiamente quería decir San Pablo, según mi hipótesis».

Mientras que la decisión ha generado controversia, el jesuita no tiene pensado retractarse por una cuestión de conciencia. A favor de él y en contra de la decisión de Roma se han declarado el actual obispo de Limburgo Georg Bätzing, el provincial de los jesuitas Johannes Siebner, el decano de la ciudad de Frankfurt Johannes zu Eltz y el canonista Thomas Schüller, así como el Consejo de Facultades Teológicas Católicas, los Colectivos de Teología Católica, la sección alemana de la Sociedad Europea de Teología Católica y el Fórum de Teólogas Católicas en una declaración conjunta.

Ante esto —y a fin de evitar mayores conflictos— Roma ha dado su brazo a torcer, ofreciendo una posible solución: que sea el P. Arturo Sosa, superior general de los jesuitas, quien garantice la “recta doctrina” del P. Wucherpfennig. Con lo cual, en la práctica, Roma declina su responsabilidad y Wucherpfennig podría asumir el rectorado de Sankt Georgen si así lo decide el P. Sosa.

Es una señal de que las cosas están cambiando y de que la cúpula de la Iglesia católica no podrá seguir tomando autoritariamente decisiones arbitrarias sin encontrar resistencia de parte del catolicismo reflexivo y pensante.

(Columna publicada en Altavoz el 5 de noviembre de 2018)

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FUENTES

Frankfurter Rundschau
Sankt Georgen Zu liberal für den Vatikan (07.10.2018)
http://www.fr.de/frankfurt/sankt-georgen-zu-liberal-fuer-den-vatikan-a-1597049,0#artpager-1597049-1

ZEIT ONLINE
Hochschule Sankt Georgen: Vatikan verweigert Berufung von Rektor Ansgar Wucherpfennig (8. Oktober 2018)
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-10/hochschule-sankt-georgen-ansgar-wucherpfennig-vatikan-homosexualitaet-jesuiten

Neue Frankfurter Presse
Im Interview: Rektor der katholischen Hochschule St. Georgen — Prof. Wucherpfennig, was macht einen guten Jesuiten aus? (14.10.2016)
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Prof-Wucherpfennig-was-macht-einen-guten-Jesuiten-aus;art675,2265963

Frankfurter Allgemeine
Seelsorgeangebot in Frankfurt: Homosexuell, katholisch, willkommen (04.05.2017)
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/homosexuell-katholisch-willkommen-seelsorgeangebot-in-frankfurt-14999359.html

Herder Korrespondenz
Streit ums Nihil obstat : Vatikan setzt im Fall Wucherpfennig auf Deeskalation (24.10.2018)
https://www.herder-korrespondenz.de/kirche/papst-und-vatikan/vatikan-setzt-im-fall-wucherpfennig-auf-deeskalation

UNA VÍCTIMA TRAS LAS HUELLAS DE SUS ABUSADORES

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Matthias Katsch delante del Colegio Canisio de Berlín

Matthias Katsch (1963- ) fue víctima de abuso sexual en los años ‘70 en el Colegio Canisio de Berlín, una escuela secundaria privada regentada por jesuitas. Allí, a los 13 años de edad, fue objeto de abuso sexual repetidas veces por parte del sacerdote jesuita y guía espiritual Peter R., a quien le gustaba rodearse de jóvenes menores de edad, a los cuales les hacía regalos como tocadiscos y cámaras fotográficas. Pasaba su tiempo libre con ellos en un edificio algo apartado dentro de las instalaciones de la escuela —conocido por los muchachos como “El Castillo”—, donde desarrollaba dinámicas de grupo en las que los jóvenes tenían que confrontase con sus sentimientos y luego pernoctaban en ese lugar. Una vez ganada su confianza, les mostraba revistas pornográficas y después les pasaba cuestionarios tipografiados con preguntas sobre las fotos. Para una evaluación personal, les pedía que uno a uno fueran a su dormitorio, donde les interrogaba sobre sus sueños y los animaba a masturbarse en su presencia.

Otro jesuita, el profesor de deportes de la escuela, Wolfgang S., también abusaría de Katsch con castigos físicos que bordeaban el sadismo.

La lucha de Katsch contra sus demonios interiores —sentimientos intensos de vergüenza y culpabilidad que se manifestaron en fases depresivas desde los 15 años de edad y que le acompañarían toda su vida— conllevaron dificultades para insertarse en el mundo laboral y para mantener relaciones estables. Sólo tras saber de otros casos de abusos en escuelas jesuitas y haber conocido a otras víctimas, pudo relacionar su felicidad esquiva con los abusos que había sufrido. Y todo ese proceso le tomó decadas.

En enero de 2010, junto con otros dos ex alumnos del Colegio Canisio, decidió tomar contacto con el P. Klaus Mertes SJ, entonces rector del colegio, e informarle sobre sus experiencias. Éste envió cartas a unos 600 ex alumnos de las décadas de los ‘70 y ‘80, preguntando si alguno había sido sometido a prácticas abusivas por parte de ambos jesuitas —quienes habían sido trasladados a fines de los ‘80 a otras instituciones, al saber las autoridades de entonces que habían tenido “comportamientos impropios”—. Las investigaciones posteriores revelaron la existencia de decenas de víctimas y eso marcó en Alemania el estallido del escándalo de abusos de menores en instituciones educativas, la mayoría de ellas gestionadas por la Iglesia católica.

Recientemente, la televisión alemana ha propalado un reportaje sobre Matthias Katsch con el título de Meine Täter, die Priester (Mis abusadores, los sacerdotes). Durante su estadía en Chile con ocasión de la visita del Papa Francisco a ese país, Katsch supo que sus abusadores habían sido vistos en tierras chilenas. Sabiendo a través de una investigación de la diócesis de Hildesheim —donde Peter R. había vuelto a abusar de por lo menos una menor de edad— que también había víctimas en Chile, decide ir a buscarlas, comenzando por la Fundación Cristo Vive en Santiago de Chile, asociación católica dedicada a la ayuda de los pobres y necesitados y con la cual el jesuita había colaborado con donaciones.

Una mujer —que prefirió guardar el anonimato— le contó que cuando joven había visto cómo el sacerdote manoseaba a su hermana en los pechos y que ella misma había sido invitada a vivir junto con el sacerdote primero en Hannover —donde por temor atrancaba la puerta con un sofá— y luego en Berlín —lugar de residencia actual del jubilado presbítero—, donde tenía que compartir dormitorio y el sujeto se masturbaba mientras ella parecía dormir. Otra víctima en Arica le habló de los crueles y sádicos castigos hacia los jóvenes de Wolfgang S. —quien había fundado una asociación deportiva en esa ciudad donde residía— y que le había aplicado de manera humillante a su hermana levantándole la falda, a la vez que admitía que a ella misma Peter R. le había acariciado los pechos, generándole un trauma que aún persistía.

De regreso a Alemania, Matthias Katsch llevaría consigo la información de las víctimas para incluirlas en el programa de reparaciones. Pues la única manera de ayudarlas en su lucha por salir adelante en la vida es que se reconozca lo que les hicieron, se les dé una reparación simbólica digna en dinero y se identifique a los perpetradores como tales. Es un deber de justicia que la Iglesia católica ha olvidado durante demasiado tiempo.

(Columna publicada en Altavoz el 22 de octubre de 2018)

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FUENTE

WDR Doku
Meine Täter, die Priester (16.10.18)

EL ANCIANO ALBERTO FUJIMORI DEBE REGRESAR A LA CÁRCEL

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Jorge Rafael Videla (1925-2013), dictador militar de Argentina entre 1976 y 1981 y responsable de la desaparición y muerte de miles de ciudadanos de esa país, murió en prisión a los 87 años de edad.

Al igual que Alberto Fujimori, fue encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad. Al igual que él, nunca mató a nadie con sus propias manos, pero fue autor mediato de delitos graves con violación de derechos humanos fundamentales. Y al igual que él, también fue indultado una vez de manera irregular por un gobierno salpicado de sospechas de corrupción. Y no sólo sospechas, pues Carlos Menem —presidente argentino entre 1989 y 1999 y autor en 1990 del indulto que anulaba la pena de prisión perpetua que Videla estaba cumpliendo desde 1985— ha sido condenado en diciembre de 2015, en primera instancia, a cuatro años y medio de prisión por apropiarse ilícitamente de dinero del Estado.

La diferencia está en que Fujimori no está condenado a morir en prisión, como sí lo estuvo Videla. Pues si tiene la suerte de cumplir con vida sus 25 años de prisión, con los que ha sido sancionado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, podrá gozar de nuevo de libertad, aun cuando no haya pedido disculpas por los crímenes cometidos y no haya pagado hasta ahora ni un puto sol de la reparación civil que todavía debe.

Quien ha sido encontrado culpable directa o indirectamente de muertes y asesinatos, debe pagar con la privación de su libertad. Es lo justo. En algunos países todavía se considera que lo justo es la pena de muerte. Afortunadamente, Fujimori vive en un país que en la práctica ha dejado atrás ese atroz e inhumano rezago medieval, y puede purgar su pena en un espacio donde tiene garantizados —salvo el de la libertad — todos sus demás derechos: a la salud, buena alimentación, seguridad, información, etc., etc. Derechos de los que lamentablemente no gozan, no solamente otros reos de la población carcelaria, sino ni siquiera gran parte de la población peruana que no ha cometido ningún delito y, sin embargo, sobrevive en la pobreza.

El video hecho público donde un Fujimori demacrado afirma que su corazón no soportaría volver a prisión y pide que no lo maten, que no lo condenen a muerte con esa medida, es tan convincente como las lágrimas de cocodrilo de su hija Keiko cuando declara a la prensa sobre la anulación del indulto de su padre. Lo que dice Fujimori no suena auténtico, pues sabe que está siendo filmado y habla para la opinión pública con un discurso articulado y palabras seleccionadas que difícilmente pronunciaría una persona en estado realmente grave.

¿Debe ir un anciano a prisión?

El 20 de septiembre de 2016 el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, última instancia judicial, confirmó la sentencia de cuatro años de prisión contra el nonagenario Oskar Gröning, quien, siendo contador en Auschwitz, había colaborado con el exterminio de cientos de miles de judíos. Su defensa solicitó una suspensión de la pena debido al precario estado de salud del anciano. La solicitud fue denegada en agosto de 2017 sobre la base de peritajes de salud realizados por expertos independientes, alegando además que el principio del Estado de derecho primaba sobre los derechos del reo y, por lo tanto, la justicia debida a las víctimas debía prevalecer. Además, el encarcelamiento no violaba ningún derecho fundamental del reo. Gröning, a los 96 años, debía ir a prisión. Un primer procedimiento de queja fue denegado en diciembre de 2017, así como una primera petición de indulto. Una segunda petición hecha en febrero de 2018 quedó sin respuesta, pues el 9 de marzo de 2018 Gröning fallecía repentinamente en un hospital.

Si Fujimori cumple su condena, no alcanzará la edad que tenía Gröning al morir, a quien se le consideró apto para la cárcel. Por una simple cuestión de justicia, Fujimori debe regresar a su cárcel dorada y purgar su pena. Sólo así se podrá tener la esperanza de que en el Perú los delitos de lesa humanidad no queden impunes. Se lo debemos a los deudos de las víctimas y a toda la sociedad peruana.

(Columna publicada en Altavoz el 8 de octubre de 2018)

ABUSO SEXUAL CLERICAL: SIETE MEDIDAS QUE AYUDARÍAN

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El 25 de septiembre de este año los obispos alemanes reunidos en Fulda dieron a conocer los resultados del proyecto de investigación “Abuso sexual contra menores de edad de parte de sacerdotes, diáconos y religiosos católicos dentro del ámbito de la Conferencia Episcopal Alemana”, elaborado por un equipo de expertos contratados por la misma conferencia episcopal. Dos días días más tarde, el 27 de septiembre, se anunciaron las medidas que se iban a tomar para combatir el flagelo del abuso sexual, de dimensiones alarmantes según el estudio.

Este estudio, aun cuando contiene cifras impresionantes, presenta serias deficiencias y no estaría reflejando las verdaderas dimensiones del problema, como ya lo he señalado en un post anterior (ver INFORME SOBRE ABUSO SEXUAL ECLESIÁSTICO EN ALEMANIA: UN SALUDO A LA BANDERA).

Las medidas acordadas por los obispos fueron las siguientes:

Punto 1: Involucración de las víctimas y de expertos externos

Punto 2: Estandarización en la gestión de las actas de personal

Punto 3: Centros de atención independientes, adicionales a los diocesanos

Punto 4: Monitoreo vinculante en lo referente a intervención y prevención

Punto 5: Revisión de las prestaciones de reconocimiento a las víctimas

Punto 6: Esclarecimiento de la responsabilidad institucional

Punto 7: Discusión sobre celibato y moral sexual

Matthias Katsch, vocero de la asociación de víctimas “Eckiger Tisch” (“Mesa Angular”), ha señalado que “estos anuncios insuficientes nos dejan estupefactos”. Pues, ciertamente, poco concreto hay en ellas, comenzando porque no se delimitan las responsabilidades personales de los numerosos abusos cometidos ni tampoco se indica claramente cómo se va a reparar el daño producido a las víctimas, mucho menos se propone un plan de indemnizaciones justas y satisfactorias. Además, todo queda bajo responsabilidad y tutela de los mismos eclesiásticos que forman parte del sistema que ha hecho posible los abusos a gran escala y que ha protegido a los abusadores y dejado desamparadas a las víctimas

El día 27 de septiembre apareció en el prestigioso semanario “Die Zeit” un interesante artículo, proponiendo siete medidas alternativas a las de los obispos. Dado que estas medidas trascienden el ámbito regional y, en cierta medida, atañen a toda la Iglesia universal, he creído conveniente hacer una traducción al español para contribuir a la difusión de estas medidas. Aunque dudo, por lo que sabemos del aparato eclesiástico actual, que se vayan a poner en práctica, por más necesarias y urgentes que sean.

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Abuso sexual: ¡No hablar, sino actuar!

Siete medidas contra el abuso clerical que realmente ayudarían

por Hannes Leitlein y Merle Schmalenbach

Tomado de ZEIT Nr. 40/2018

1. Indemnizad a las víctimas

Hasta 5,000 euros de indemnización por persona: ésta es el monto que ha ofrecido la Iglesia en el año 2011 a las víctimas de abusos. En ese entonces, las asociaciones de víctimas lo consideraron “mezquino”. Ciertamente el sufrimiento de las víctimas no se puede expresar en cifras. Pero eso no es motivo para dejarlo sólo en sumas simbólicas y palabras calurosas. «Las disculpas evacuadas de manera rutinaria no nos aportan nada a las víctimas», indica Heiko Schnitzler de la asociación “Eckiger Tisch Bonn” [“Mesa Angular de Bonn”]. «Cuando se trata de reparación, las disculpas y oraciones no constituyen la moneda de cambio en esta sociedad, sino el dinero». A algunas víctimas el abuso las ha sacado de los rieles de tal manera, que han interrumpido la escuela o posteriormente su formación. Luchan durante una vida entera con la debacle económica. Aquí la Iglesia debe intervenir. Esto también es válido para los costos de terapias, que no son cubiertos por las cajas o seguros de salud.

«La mejor solución sería un fondo nacional bajo el manto de la Conferencia Episcopal Alemana», señala el canonista Thomas Schüller de la Universidad de Münster. En este escenario las diócesis ricas contribuirían voluntariamente con un mayor monto que las pobres, en interés propio: al fin al cabo la opinión pública no distingue entre cada una de las diócesis. Si una diócesis tiene mala fama, eso afecta a la Iglesia entera. Sobre la adjudicación del dinero a las víctimas según este modelo las decisiones serían tomadas por una comisión independiente, conformada por laicos. Que se cumpla esto es ciertamente improbable. «La Iglesia en Alemania practica aun hoy en día una política de pequeños estados como en el siglo XVIII y con seguridad no va a lograr ponerse de acuerdo sobre un programa tan fundamental».

2. Posibilitad una investigación independiente

El presente estudio sobre abusos no satisface los requerimientos de lo que puede ser llamado “esclarecimiento sin lagunas”. En el año 2010 las 27 diócesis, por presión de la opinión pública, encargaron un estudio independiente. La cooperación con el Instituto de Investigación Criminológica de Baja Sajonia se interrumpió. Su entonces director, Christian Pfeiffer, explicó en aquella ocasión que el estudio habría fracasado «ante el deseo de censura y control por parte de la Iglesia». Él se había opuesto a que la Iglesia quisiera cambiar el contrato vigente a posteriori con el fin de controlar los textos de investigación y poder incluso prohibir su publicación.

La Conferencia Episcopal, por el contrario, puso fin a la cooperación oficialmente debido a «diferencias irreconciliables». Un acuerdo sobre protección de datos y derechos personales habría lamentablemente naufragado, y según la Conferencia Episcopal, Pfeiffer habría evidenciado «diletantismo y falta de seriedad». La Conferencia Episcopal encargó otro nuevo estudio, que fue presentado el pasado martes [25 de septiembre] en Fulda, después de que ZEIT hubiera publicado hace dos semanas los primeros resultados. En este estudio los investigadores no tuvieron acceso completo a las actas, sino que personal eclesiástico y abogados de las diócesis entregaron las actas requeridas sólo a petición. La institución que debía ser investigada controló la investigación. Si la Iglesia católica quiere recuperar su credibilidad, debe ahora abrir todas las actas, en el Vaticano, en las conferencias episcopales y en las diócesis. Y debe dejar que expertos independientes investiguen a gran escala.

3. Intervenid con mayor dureza

La Iglesia no está inactiva, pero no procede con suficiente determinación contra los abusadores: en el año 2001 el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el posterior Papa Benedicto XVI, preparó un escrito sobre delitos graves (“De delictis gravioribus”). Recomendaba al clero denunciar los casos de abusos a la justicia penal de cada país. En en el año 2010 la Congregación para la Doctrina de la Fe modificó este texto y elevó el plazo de prescripción del abuso a 20 años.

En el mismo año los obispos alemanes endurecieron sus “Líneas directrices para el manejo del abuso sexual”. La aplicación de estas líneas directrices, sin embargo, se controla insuficientemente. Además, todavía hay escollos eclesiásticos que dificultan un esclarecimiento: entre éstos se halla el canon 490 § 3 del Código de Derecho Canónico referente al archivo secreto episcopal, que establece que ningún acta del archivo podrá ser entregada a terceros [«No deben sacarse documentos del archivo o armario secreto»]. “Sin embargo, allí están depositadas todas las actas de investigación y algunas veces las actas de un proceso penal sobre delitos sexuales, lo que dificulta el esclarecimiento de casos de abuso”, dice Thomas Schüller.

Altamente problemático es en este sentido también el canon 489 § 2 del Código de Derecho Canónico: estipula que las actas deben ser destruidas diez años después de una sentencia condenatoria o de la muerte del clérigo inculpado [«Todos los años deben destruirse los documentos de aquellas causas criminales en materia de costumbres cuyos reos hayan fallecido ya, o que han sido resueltas con sentencia condenatoria diez años antes, debiendo conservarse un breve resumen del hecho junto con el texto de la sentencia definitiva»]. Por otra parte, las víctimas requieren frecuentemente de décadas para poder confrontarse con el abuso sufrido. Por eso mismo, la Royal Commission en Australia está exigiendo una obligación de custodia de las actas de por lo menos 45 años.

4. Profesionalizad vuestras estructuras

Es la falta de transparencia, arrogancia y espíritu de cuerpo de párrocos, obispos y cardenales lo que recién ha hecho posible el abuso a tan grande escala y el encubrimiento, según muestra el estudio. La Iglesia católica debe superar estas estructuras de poder. Si bien ya ahora se contrata a personal cualificado no consagrado para tareas centrales, el poder de decisión ultimo sigue residiendo ahora como antes en el grupo cada vez más reducido de los eclesiásticos.

Un medio que ya desde hace tiempo es común y corriente en las organizaciones modernas podría ayudar: la auditoría, es decir, una instancia independiente de control para cada nivel de la Iglesia, que revise si, por ejemplo, se aplican las “Líneas directrices para el manejo del abuso sexual” de la Conferencia Episcopal Alemana.

Una Iglesia que le otorgara más influencia a los laicos y les diera también competencia de decisión frente a los eclesiásticos estaría protegida contra la formación de grupúsculos elitistas entre los clérigos y con eso también contra las tendencias de encubrimiento. Podría comenzarse con un auditor al lado del obispo de Tréveris Stephan Ackermann, el encargado de abusos de la Conferencia Episcopal.

5. No hagáis responsables a los homosexuales

La homosexualidad, ahora como antes, es satanizada en la Iglesia católica. La búsqueda de un chivo expiatorio en 2018, en consecuencia, también concluyó rápidamente: ¡fue el lobby homosexual! Pero este antiguo prejuicio homófobo no nos lleva a los perpetradores, más bien estigmatiza a inocentes. Hombres heterosexuales y no pedófilos también abusan de muchachos menores de edad. Eso lo confirman también los investigadores: una causa del abuso no sería la orientación sexual.

En el abuso no se trata de sexo, sino de violencia sexualizada. Las estructuras de poder que posibilitan este tipo de agresiones las hay de manera extendida entre sacerdotes, dice el padre jesuita y ex director del Colegio Canisio de Berlín, Klaus Mertes, quien en el año 2010 reveló a la opinión pública el abuso en su institución: «Yo hablo, en lugar de eso, de redes de alianzas entre hombres. También heterosexuales forman parte de ellas». Refutar el prejuicio del lobby homosexual, tomar distancia de estas redes de alianzas entre hombres y, de esta manera, quitarles la base, sería un primer paso.

6. Poned en tela de juicio el celibato

En qué medida el celibato convierte en abusadores a los sacerdotes es discutible. El estudio de abuso, sin embargo, arroja nuevamente una sombra sobre la continencia: si bien son responsables de abuso 5.1% de los sacerdotes diocesanos que viven en celibato, lo son solamente 1% de los diáconos en ejercicio, a los cuales les está permitido casarse. ¿Por qué entre sacerdotes diocesanos es más alta la probabilidad de convertirse en abusadores? Esta pregunta debe hacérsela la Iglesia católica, y discutir esta relación. Incluso bajo la presunción de que el sacerdocio atraería a personas sexualmente inmaduras, como señala el psicoterapeuta Wunibal Müller y como los investigadores del estudio suponen, esto debe ser analizado.

Mientras que la Conferencia Episcopal Australiana debate el final del celibato obligatorio, también en Alemania se escuchan las primeras voces, como el deán de la ciudad de Frankfurt, Johannes zu Eltz, que ha cuestionado la obligación de los sacerdotes católicos de no casarse.

7. Convocad un sínodo

Realizar según lo planeado el sínodo sobre los jóvenes en otoño, mientras que a nivel mundial se discute sobre el abuso de menores de edad, causa una impresión bastante ajena a la realidad. Lo que se necesita urgentemente, en lugar de esto, es un sínodo sobre el abuso, y mejor si es con participación de jóvenes. «El tema afecta a la Iglesia a nivel mundial, aun cuando continentes como África o Asia no quieran admitirlo», dice Thomas Schüller. Cómo sería el desarrollo de tal sínodo sobre abuso lo ha esbozado ya el obispo británico de Portsmouth en una carta al Papa: primero debería llevarse a cabo un congreso, al cual asistan obispos pero que sería organizado por laicos. Éstos deberían poder demostrar una particular competencia en el tema del abuso.

Los resultados del congreso podrían entonces ser utilizados en una sesión formal del sínodo de los obispos en Roma. En realidad hasta ahora soló se ha previsto una cumbre eclesiástica entre el 21 y el 24 de febrero, en la cual el Papa Francisco recibirá a los presidentes de todas las conferencias episcopales de nivel nacional. Esta cumbre llega casi medio año muy tarde, no están permitidos laicos, y algunos de los mismos participantes tienen antecedentes como encubridores.

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FUENTES

tagesschau.de
Beschluss der Bischöfe: Sieben-Punkte-Plan gegen Missbrauch (27.09.2018)
https://www.tagesschau.de/inland/massnahmen-missbrauch-katholische-kirche-101.html

Bistum Magdeburg
7-Punkte-Plan gegen Missbrauch: Wie die Bischöfe Missbrauch verhindern und bekämpfen wollen (kna)
https://www.bistum-magdeburg.de/aktuelles-termine/nachrichten/mhg_studie_empfehlungen.html

ZEIT ONLINE
Sexueller Missbrauch: Nicht reden, handeln! (28. September 2018)
https://www.zeit.de/2018/40/sexueller-missbrauch-katholische-kirche-massnahmen

INFORME SOBRE ABUSO SEXUAL ECLESIÁSTICO EN ALEMANIA: UN SALUDO A LA BANDERA

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El cardenal Reinhard Marx y mons. Stephan Ackermann, obispo de Trevéris, durante la rueda de prensa para la presentación del estudio sobre abuso sexual eclesiástico en Alemania (25 de septiembre de 2018)

«Durante demasiado tiempo en la Iglesia se ha negado, ignorado y encubierto el abuso. Por este fracaso y por todo el dolor causado, pido disculpas. […] Me avergüenzo por la confianza que ha sido destruida; por los delitos cometidos contra seres humanos por personal eclesiástico; y siento vergüenza por este hacer la vista gorda de muchos, que no quisieron reconocer lo que había sucedido y no se preocuparon por las víctimas. […] No hemos escuchado a las víctimas. Todo esto no debe quedar sin consecuencias».

Estas fueron las palabras del cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, en la reunión de otoño de los obispos en la ciudad de Fulda, donde el 25 de septiembre en una rueda de prensa se presentó oficialmente un estudio sobre el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes y diáconos católicos, encargado por los obispos alemanes. El estudio fue elaborado por investigadores independientes del Instituto Central para la Salud Mental de Mannheim y de las universidades de Heidelberg y Giessen.

El principal problema está en que fueron los obispos quienes determinaron las condiciones en las que iban a trabajar los expertos. Y si bien las cifras resultan alarmantes (3,677 víctimas y 1,670 abusadores en el período 1946-2014), estos resultados no pueden ser considerados definitivos debido a las limitaciones dentro de las cuales se realizó la investigación.

Fueron examinadas 38,156 actas, a las cuales los investigadores no tuvieron acceso directo, pues los datos relevantes fueron registrados en formularios por personal y abogados de las diócesis y anonimizados. Además, sólo 10 diócesis enviaron informaciones de las actas abarcando todos los años del período de estudio. Las otras 17 enviaron sólo datos a partir del año 2000. Por otra parte, los investigadores obtuvieron indicios de que algunas actas u otros documentos habían sido destruidos o manipulados, siendo imposible determinar la cantidad exacta de la documentación afectada. También se realizaron entrevistas con inculpados y víctimas, todo de manera anónima.

El resultado es un informe árido y seco, con numerosas tablas y datos estadísticos, que no revelan las verdaderas dimensiones del abuso sexual eclesial en Alemania. El número de incidentes de esta índole debidamente documentados sería de por lo menos el doble, a lo cual habría que añadirle un cálculo de casos no denunciados o no documentados, o cuya documentación habría sido destruida. Asimismo, hay que agregar los abusos cometidos por religiosos y religiosas, que no fueron incluidos en el estudio —salvo uno que otro caso— porque las órdenes y congregaciones no se hallan bajo la jurisdicción de los obispos. Tampoco se incluyen los abusos sexuales en perjuicio de adultos vulnerables.

Harald Dressing, director del proyecto de investigación, habla de una cuantiosa cifra oculta. Además, cuenta con información de que un 40% de los perpetradores todavía seguiría con vida, lo cual nos da una suma de más de 650 abusadores —si tomamos en cuenta las cifras del estudio—, cuyos nombres se desconocen y que en su mayoría seguirían impunes. Lo más probable es que el número de abusadores aún vivos supere el millar.

Lo que al final tenemos es un estudio con cifras lo suficientemente alarmantes como para que los obispos se estremezcan ante lo que supuestamente no sabían y realicen su ritual pedido de disculpas para tranquilizar a la opinión publica y recuperar la confianza perdida. Y —no faltaba más— anuncien las medidas que van a tomar —en un plan que incluye siete puntos— para superar la crisis. Medidas vagas, imprecisas y gaseosas, que ni siquiera podrán ser fiscalizadas.

Como ha insistido Matthias Katsch, vocero de la asociación Eckiger Tisch (Mesa Angular) que reúne a las víctimas de abuso sexual en instituciones jesuitas, se requiere una investigación independiente a cargo de entidades estatales, un acceso a todas las actas de los archivos diocesanos, una identificación con nombre y apellido de las víctimas y los perpetradores —a fin de facilitar, en la medida de lo posible, que se haga justicia— y una indemnización satisfactoria para quienes han sufrido las consecuencias graves de los abusos sexuales.

Ciertamente, de esto no han hablado los obispos, y el estudio que han presentado adolece de los mismos defectos de siempre del sistema eclesiástico: encubrimiento de las verdaderas dimensiones del problema y renuncia a asumir responsabilidades personales, tanto de parte de los perpetradores como de quienes los encubrieron.

(Columna publicada en Altavoz el 1° de octubre de 2018)

LAS HABAS DE LA CORRUPCIÓN

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Hans-Georg Maassen y Horst Seehofer

Hemos sido testigos en el Perú de cómo diferentes personajes de algunos poderes del Estado —sobre todo el legislativo y el judicial— y de la política vienen siendo acusados de delitos graves asociados a la corrupción, entre ellos tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho (sobornar a una autoridad o funcionario público mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo), o simplemente aprovecharse de su cargo para obtener beneficios indebidos. Pero mientras más alto sea el puesto del acusado, con mayor protección contaría, más obstáculos habría que vencer, más difícil sería procesarlo y más posibilidades habría de que sea blindado por sus compinches que también ocupan puestos importantes en instituciones públicas del Estado.

Un Héctor Becerril, un Moisés Mamani, un Daniel Salaverry, un Pedro Chávarry, una Keiko Fujimori, un Alan García, sólo por mencionar algunos, cuentan con mayores posibilidades de blindaje ante la justicia que cualquier hijo de vecino que haya cometido un delito menor y que no cuente con las influencias ni los recursos que otorgan las redes de corrupción.

El Indice de Percepción de la Corrupción 2017 elaborado por Transparency International ubica al Perú en el puesto 96 de 180 países, con una puntuación de 37 puntos, por debajo de la media que es de 43.07 puntos. Alemania, con una puntuación de 81 puntos, ocupa el puesto 12. Pero en este país, no obstante haber una percepción de corrupción relativamente baja, también se cuecen habas.

En Chemnitz, una ciudad de la antigua Alemania Oriental, en horas de la madrugada del 26 de septiembre, un refugiado de origen sirio mató a puñaladas a un cubano-alemán. Hay que tener en cuenta que las reyertas con arma blanca en ciudades alemanas ocurren cada cierto tiempo. Pero cuando los implicados son todos alemanes —como sucedió ayer en Zwickau, otra ciudad del Oriente alemán—, no se origina lo que acaeció en Chemnitz. Ese día y los siguientes hubo disturbios y manifestaciones multitudinarias lideradas por grupos de extrema derecha y neonazis en contra de la “criminalidad inmigrante”, donde se amenazó e incluso se agredió violentamente a supuestos inmigrantes, contramanifestantes, policías, periodistas, peatones no involucrados e incluso un restaurante judío, arrojando un saldo de algunas decenas de heridos. Entre los participantes de las protestas hubo partidarios de la Alternativa para Alemania, partido de extrema derecha con representación en el parlamento alemán.

El 7 de septiembre Bild-Zeitung, el diario sensacionalista de mayor venta en Alemania, publicó unas declaraciones de Hans-Georg Maassen, presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, agencia de inteligencia policial del gobierno federal alemán, una de cuyas tareas es vigilar a grupos que amenacen el orden democrático, así como la existencia y la seguridad de la República Federal Alemana. Maassen declaró que no contaban con evidencias de que en Chemnitz hubiera habido persecuciones de inmigrantes, no obstante que había testimonios y videos que atestiguaban esos hechos delictivos. Maassen dudó de la veracidad de esos videos, afirmando que no habían pruebas de que fueran auténticos Y a decir verdad, él mismo tampoco contaba con pruebas de que no lo fueran.

Esto, unido al hecho de que habría tenido reuniones con miembros de la Alternativa para Alemania con el fin de asesorarlos para evitar que fueran objeto de vigilancia de la agencia que él dirigía, además de haberle pasado a un miembro de ese partido información clasificada no pública, llevaron a que varias bancadas del parlamento alemán pidieran su cabeza.

Sin embargo, el Ministro del Interior Horst Seehofer, un conservador derechista cristianodemócrata, defendió su permanencia en el puesto. Finalmente tuvo que ceder ante la presión de los socialdemócratas —que habían amenazando con romper la coalición con el partido demócratacristiano de Angela Merkel, con la consecuente crisis de gobierno—. Pero en vez de mandar a Maassen a su casa y abrirle una investigación, fue promovido al cargo de secretario de Estado en el Ministerio del Interior, pasando de ganar 11,577 euros a 14,157 brutos al mes.

Maassen habría utilizado su puesto ilegímamente con fines políticos pero, como intocable del ministro Seehofer, fue recompensado. Ante las protestas de las bases socialdemócratas, en estos días se estaría renegociando otra vez su destino. Sin embargo, al igual que en el Perú, este asunto huele a pescado podrido.

(Columna publicada en Altavoz el 24 de septiembre de 2018)

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Este artículo fue redactado ayer antes de que se hubiera tomado ninguna decisión sobre Maassen.

El día de ayer, domingo 23 de septiembre, en la noche se acordó que Maassen sería designado asesor especial de asuntos europeos e internacionales con el rango de director de sección en el Ministerio del Interior, sin aumento de sueldo. En este cargo sería responsable de la negociación de acuerdos para el retorno de solicitantes de asilo, de temas de política social europea así como de concertar con Estados africanos la política de refugiados. Por supuesto, las bancadas de los partidos izquierdista, ecologista y liberal han protestado ante esta nueva decisión de la coalición gobernante de cristianodemócratas y socialdemócratas, pues opinan que Maassen debería ser investigado y no protegido. Sea como sea, la cosa sigue oliendo mal.