JUSTICIA ECLESIÁSTICA: LA IMPUNIDAD PROGRAMADA

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Cuando una revisa el Código de Derecho Canónico en lo referente a los delitos que castiga la Iglesia, se obtiene rápidamente la impresión de que la justicia eclesiástica es una ilusión, una quimera pintada en la pared.

Comenzado por que el tiempo de prescripción para la mayoría de los delitos es de 3 años y «comienza a contarse a partir del día en el que se cometió el delito, o, cuando se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día en que cesó» (ver cánones 1362-1363).

Ese tiempo se extiende actualmente a 20 años en el caso de delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como por ejemplo «los delitos más graves contra la santidad del augustísimo Sacrificio y sacramento de la Eucaristía», «los delitos más graves contra la santidad del Sacramento de la Penitencia», «el delito más grave de la atentada ordenación sagrada de una mujer» y «los delitos más graves contra la moral», entre los cuales se cuenta exclusivamente «el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años» y «la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años, por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento» (ver “Breve relación sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, 21 de mayo de 2010).

Hago la salvedad de que, antes del año 2001, se ponía el límite de mayoría de edad a los 16 años. Ese mismo año, un documento del pontificado de Juan Pablo II elevó ese límite a los 18 años de edad y el tiempo de prescripción del abuso sexual de un menor por parte de un clérigo se extendió de 5 a 10 años, y en el año 2010 durante el pontificado de Benedicto XVI a 20 años, contados a partir de la mayoría de edad de la víctima.

Otros delitos que tienen una prescripción de 5 años son el del clérigo o religioso de votos perpetuos que atenta contraer matrimonio, el del clérigo que vive en concubinato o que permanece con escándalo en un pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, el del clérigo que cometa un acto de este tipo con violencia o amenazas, o públicamente; y en general, los delitos de homicidio, rapto o retención general de un ser humano con violencia o fraude, mutilación o lesiones, y el aborto.

Con lapsos tan cortos de prescripción, considerando que en ninguna parte de la ley canónica se establecen limites de tiempo para cada etapa del proceso y constatando que los tribunales eclesiásticos se toman indolentemente todo el tiempo del mundo para procesar cualquier demanda, resulta prácticamente imposible que un delito no haya prescrito cuando haya finalizado el proceso.

De este modo, la ley eclesiástica actual se convierte en instrumento de una impunidad programada de antemano.

En el caso de las denuncias contra Figari, presentadas ante el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima en el año 2011, la Santa Sede se pronunció recién el 30 de enero de 2017, más de cinco años después, sin haber investigado prácticamente nada, pues su resolución se basaba casi exclusivamente en el contenido de las denuncias presentadas y en el informe del visitador Mons. Fortunato Pablo Urcey. Evidentemente, el único delito de que se encontró culpable a Figari, a saber, abuso de oficio (ver canon 1362 §2), estaba prescrito desde antes del inicio del proceso.

Por otra parte, en cuanto a sanciones administrativas, como la expulsión del miembro de un instituto de vida consagrada, el Código de Derecho Canónico es muy severo con los religiosos que atentan matrimonio, viven en concubinato o persisten con escándalo público en un acto contra el sexto mandamiento del Decálogo: deben ser expulsados sin contemplaciones. La expulsión también procedería, sin embargo, si el delito sexual fue cometido con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor de edad «a no ser que […] el Superior juzgue que la dimisión no es absolutamente necesaria y que la enmienda de su súbdito, la restitución de la justicia y la reparación del escándalo puede satisfacerse de otro modo» (canon 695 §1).

Hablando claro, se es mucho más severo con religiosos que caen en conductas sexuales que no implican necesariamente un abuso hacia su contraparte, mientras que se permite la suspensión de la sanción en casos en que el religioso haya cometido flagrantes abusos sexuales.

Que es lo que finalmente sucedió con Figari. Pues la Santa Sede da por sentado, en base al informe de Mons. Urcey, que «no se encuentran actualmente miembros de la Sociedad de vida apostólica que sostengan al Sr. Figari o bien que estén particularmente ligados a él, en puestos de gobierno o en la formación» y «que tanto el Gobierno general como el conjunto del Sodalitium Christianae Vitae tienen clara conciencia de los errores cometidos en el pasado por el Sr. Figari y que resulta igualmente decidida la voluntad de dicho Gobierno general de liberarse del estilo de gobierno y formativo por él adoptados en el curso de los numerosos años en que ha dirigido el Sodalitium Christianae Vitae, así como de remediar, en el límite de lo posible y en todo caso de lo justo, a los daños causados a cualquiera». Y, por lo tanto, dado que de este modo supuestamente se restituye la justicia y se repara el escándalo, no se hace necesaria la expulsión.

Se trata de argumentos endebles. Por menos se expulsó a Germán McKenzie en el pasado. Además, el Sodalicio no ha demostrado fehacientemente hasta ahora que se haya librado de los estilos de formación y modos de proceder de Figari, manteniendo su estructura institucional verticalista, su ideología conservadora rígida, sus métodos invasivos de adoctrinamiento y el secretismo como consigna tácita. Y en cuanto a remediar los daños causados, sólo hemos visto una estrategia de control de daños que ha dejado varias víctimas caídas a la vera del camino, a las cuales no se les ha reconocido su status de tal y se las ha abandonado a su suerte. Además, las reparaciones concedidas han solido estar generalmente muy por debajo del límite de lo que financieramente es posible para el Sodalicio, y ciertamente muy lejos de ser justas.

La Santa Sede tenía en sus manos las herramientas para autorizar la expulsión de Figari, pero decidió hacerse de la vista gorda, negar que Figari haya aplicado violencia (psicológica) cuando cometió actos de carácter sexual y permitirle seguir siendo miembro de derecho pleno de la institución que fundó, elogiándolo con palabras que a más de uno le podrían causar una indigestión ácida: «[Figari] es sin embargo de considerar como el fundador del Sodalitium Christianae Vitae y por lo tanto como el mediador de un carisma divino».

En el fondo, lo que la Santa Sede no quiere reconocer es que cometió un error mayúsculo cuando en el año 1997 aprobó al Sodalicio como institución de derecho pontificio. Tengo la sospecha fundada de que los responsables del Sodalicio no actuaron con transparencia y presentaron una visión de la institución recortada y acomodada a los requerimientos de imagen que necesitaban transmitir. Así como me consta que las Memorias de Luis Fernando Figari, discursos que el entonces Superior General pronunció entre 1976 y 1986 y que jugaron un papel decisivo en la configuración ideológica y disciplinar de la institución, nunca fueron enviadas a Roma, pues en el mismo Sodalicio se las puso fuera de circulación a fines de los ‘80 y se requisaron todos los ejemplares que había en las bibliotecas de las comunidades sodálites o en posesión de cualquier sodálite común y corriente, junto con la mayoría de los libros de contenidos fascistas.

La expulsión hubiera dejado a Figari, en lo que concierne al Sodalicio, prácticamente en la calle, pues el Código de Derecho Canónico establece en el canon 702 §1 lo siguiente: «Quienes legítimamente salgan de un instituto religioso o hayan sido expulsados de él, no tienen derecho a exigir nada por cualquier tipo de prestación realizada en él».

Ciertamente, se trata de una ley eclesiástica injusta que atenta contra derechos humanos fundamentales. Primero: porque pone en igualdad de condiciones a quien se sale legítimamente de un instituto y a quien es expulsado de él. Segundo: porque deja desprotegida a la persona y desconoce su derecho a una justa compensación por servicios prestados, en algunos casos a lo largo décadas.

Aun cuando el mismo Código de Derecho Canónico reconoce que «el instituto debe observar la equidad y la caridad evangélica con el miembro que se separe de él» (canon 702 §1), se trataría de una obligación moral y no de un derecho adquirido, lo cual se presta a muchas injusticias.

Luego de tanta disquisición jalada de los pelos por parte de la Santa Sede, que ha finalizado con un decreto que deja a Figari impune, protegido hasta el fin de sus días en una jubilación dorada con la cual muchas de sus víctimas no podrán nunca ni siquiera soñar, queda la hipótesis de que se ha buscado más bien proteger la reputación institucional de la Iglesia católica poniendo a resguardo a Figari. Pues debe contar con mucha información comprometedora y sería muy peligroso dejarlo suelto en pampa.

Al final, el sistema judicial de la Iglesia, ajeno a los avances en legislación sobre derechos humanos fundamentales, ha funcionado como debía funcionar, garantizando la impunidad de un personaje notable de una institución aprobada por la misma Santa Sede y salvaguardando los intereses institucionales por encima de las sufridas personas de carne y hueso que fueron víctimas de abusos graves.

Y si con eso se ha querido evitar el escándalo, al final no se ha logrado este objetivo. Pues el mayor escándalo en la Iglesia católica actual no es que se sepan los delitos de miembros connotados suyos, sino más bien que se encubran y queden impunes. Y se transmita la impresión no de hallarnos ante la comunidad de creyentes que fundó Jesucristo, sino —por lo menos a nivel de sus jerarcas— ante una organización criminal.

(Columna publicada en Altavoz el 2 de abril de 2017)

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FUENTES

Código de Derecho Canónico
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM

Congregación para la Doctrina de la Fe
Carta a los obispos de la Iglesia católica y a otros ordinarios y jerarcas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (18 de mayo de 2001)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html
Breve relación sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (21 de mayo de 2010)
http://www.vatican.va/resources/resources_rel-modifiche_sp.html

Pronunciamiento de la Santa Sede sobre el caso Luis Fernando Figari (30 de enero de 2017)
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Carta_Roma_2017.pdf

EL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO INTERDIOCESANO DE LIMA Y EL CASO FIGARI

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El 2 de junio de este año el portal de noticias eclesiales Crux, fundado y dirigido por John Allen Jr., prestigioso vaticanista estadounidense que ha colaborado con el National Catholic Reporter (NCR) y actualmente colabora con Cable News Network (CNN) y con National Public Padio (NPR), publicó un artículo sobre la situación de las denuncias contra Luis Fernando Figari en el Vaticano y la actuación del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima en todo este asunto.

El británico Austen Ivereigh, autor del artículo, tuvo también acceso a una carta del 17 de mayo de 2016 dirigida a los obispos miembros del Tribunal Eclesiástico por el P. Víctor Huapaya Quispe, Vicario Judicial y Presidente del mismo, cuya traducción al inglés fue publicada también en Crux. Lo que sigue a continuación es la traducción al español del artículo de Ivereigh, revisada y autorizada por él mismo, junto con el texto original de la carta mencionada.

De ser cierto lo que dice la carta, quedaría demostrado que el P. Huapaya, encargado del tribunal, hizo jurídicamente lo correcto, al tramitar a su debido tiempo las cuatro denuncias presentadas y hacerles posterior seguimiento. Si bien eso libra al cardenal Cipriani, arzobispo de Lima, de cualquier sospecha de no haber tramitado debidamente las graves denuncias contra el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, no lo excusa de haber tenido una actuación pastoral lamentable hacia las víctimas de los abusos señalados, haciendo caso omiso de recomendaciones hechas a estos efectos por el mismo Papa Francisco (ver LA RESPONSABILIDAD DEL CARDENAL CIPRIANI EN EL CASO SODALICIO).

En todo caso, en el ámbito judicial la pelota no está desde hace tiempo en la cancha del Tribunal Eclesiástico que modera Cipriani, sino en el terreno de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica. Y la inacción que se ha manifestado a nivel de la Santa Sede en este asunto es motivo de perplejidad, si no de desilusión y desesperanza. Y de vergüenza ajena por ciertas autoridades de la Iglesia católica, a la que uno sigue perteneciendo como fiel creyente por convicción y llamado.

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FUNCIONARIO ECLESIÁSTICO AFIRMA QUE AL VATICANO LE TOMÓ AÑOS PARA ACTUAR RESPECTO A CARGOS DE ABUSOS
por Austen Ivereigh
Traducción al español: Martin Scheuch

Un documento obtenido por Crux, relacionado con acusaciones de abusos sexuales y de otro tipo en contra del fundador de un poderoso movimiento católico laico en el Perú, señala que el Vaticano fue informado de los cargos ya en mayo de 2011 pero sustancialmente no tomó ninguna acción en cuatro años.

Una carta con fecha del 17 de mayo de 2016 dirigida a los obispos del Perú por el principal tribunal eclesiástico del país enumera los múltiples pasos tomados para informar a Roma de las acusaciones en contra de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalitium Christinae Vitae (SCV) y expresa la creciente frustración ante la falta de respuesta.

En abril de 2015 el Vaticano designo a un visitador local para investigar los cargos, y recientemente en el último mes designó al arzobispo estadounidense Joseph Tobin de Indianapolis, un ex funcionario vaticano, como su delegado para guiar un proceso de reforma.

En respuesta a un requerimiento de Crux, el vocero vaticano, P. Federico Lombardi, dijo que la demora se debía a “la complejidad y diversidad de las posiciones e interpretaciones” respecto a las acusaciones en contra de Figari, así como a asuntos legales.

La carta del 17 de mayo del P. Víctor Huapaya, presidente del principal tribunal eclesiástico en Lima, capital del Perú, muestra que el tribunal envió prestamente las tres denuncias de las víctimas de Figari en el año 2011 a los funcionarios en Roma, así como una cuarta en el año 2013.

Las denuncias fueron enviadas por Huapaya a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano.

La congregación tiene responsabilidad directa sobre el SCV, el cual, como instituto internacional de vida consagrada, no está sujeto a la autoridad de los obispos locales peruanos sino que responde directamente a Roma.

La carta muestra también claramente la creciente irritación de Huapaya a lo largo de esos cuatro años ante la falta de respuesta de la congregación, suscitando interrogantes sobre la capacidad del Vaticano de tomar al toro por las astas.

A inicios de mayo, al SCV —conocido como “Sodalicio” en el Perú— le fue comunicado que no podía tomar decisiones sin la autorización del Vaticano, y su fundador fue retirado del lujoso departamento facilitado por el Sodalicio en el centro de Roma.

Un comunicado del Sodalicio no dio detalles sobre adónde ha sido trasladado Figari, sino solamente que se trata de “un lugar más aislado y acorde a los requerimientos que la Santa Sede ha pedido para continuar con sus investigaciones”.

Crux entiende que se trata de una habitación en una casa gestionada por una orden religiosa en las afueras de Roma.

Hasta el momento Figari no ha sido juzgado ni sentenciado, ya sea por las autoridades civiles en el Peru ya sea por la Iglesia en sus propios tribunales.

El SCV, que incluye a también a mujeres consagradas laicas y sacaerdotes, es gobernado por un grupo de laicos célibes conocidos como “sodálites”. Habiendo recibido aprobación pontificia en 1997, tiene aproximadamente 20,000 miembros en la actualidad en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos e Italia, además del Perú.

Conocido por su ortodoxia, disciplina y celo evangélico, el grupo gestiona escuelas y obras sociales de prestigio, pero sus críticos lo ven como una reacción de clase alta católica contra el catolicismo más orientado hacia la justicia social en América Latina, en seguimiento del Concilio Vaticano II (1962-1965).

El escándalo que involucra a Figari se hizo público en octubre del año pasado, cuando un periodista del diario La República, que también es ex miembro del SCV, publicó un libro conteniendo testimonios explosivos de cinco ex miembros del Sodalicio que prefirieron permanecer anónimos.

Mitad monjes, mitad soldados, escrito por el periodista Pedro Salinas junto con Paola Ugaz, documentaba abusos sexuales y físicos, muchas veces contra menores, a lo largo de varios años, principalmente en la década de los ’70, perpetrados por un núcleo íntimo de miembros masculinos consagrados que seguían servilmente a Figari.

A inicios de abril de este año, el Superior General del SCV, Alessandro Moroni, finalmente admitió los abusos, pidió perdón a las víctimas y repudió públicamente a Figari.

Las autoridades judiciales peruanas comenzaron a investigar las acusaciones en diciembre del año pasado, pero debido a que la víctimas no querían ser identificadas, se vieron obligadas a archivar el caso.

Según Salinas, las víctimas temían ser expuestas por nada: debido a que los casos de abuso habían prescrito según la ley peruana, consideraban improbable que se les haga justicia.

Mucho antes del libro de Salinas, tres víctimas mencionadas en éste ya habían denunciado los abusos al Tribunal Interdiocesano de Lima en el año 2011.

Los tres denunciantes —quienes se sentían más cómodos recurriendo a un proceso eclesiástico debido a que garantizaba confidencialidad— son conocidos en la documentación del tribunal como “Santiago”, “Lucas” y “Juan”.

Escribiendo en La República, Salinas denuncia que las acusaciones enviadas al tribunal de Lima nunca llegaron a Roma, y señala al moderador del tribunal, el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, como el causante.

Nunca quedó claro dónde terminaron o qué pasó con estas delicadas y gravísimas demandas”, escribía Salinas en su artículo.

Pero la carta a la que ha tenido acceso Crux hace ver las cosas bajo una luz diferente, mostrando que la Iglesia peruana actuó raudamente, enviando cada una de las cuatro denuncias contra el Sodalitium a la Congregación para Religiosos.

La primera fue la de “Santiago”, quien entregó una acusación escrita contra Figari el 16 de mayo de 2011. Una semana después, Huapaya envió el documento a la Congregación para Religiosos acompañado de una carta suya con fecha de 24 de mayo de 2011.

El tribunal recibió una segunda denuncia contra Figari enviada desde la Arquidiócesis de Colonia, Alemania, en una carta con fecha de 24 de mayo de 2011. Huapaya envió los documentos a la Congregación para religiosos el 9 de septiembre de 2011.

Algunos días después, vía la nunciatura apostólica en Lima, la Congregación dio acuse de recibo de las dos cartas.

La tercera denuncia fue del autor, Salinas, el cual le escribió al tribunal el 13 de septiembre de 201, la cual fue remitida a Roma por Huapaya casi un mes después.

En enero de 2012, Huapaya le escribió al prefecto brasileño de la Congregación, Cardenal João Braz de Aviz, requiriéndole tomar medidas. Tres meses después recibió una respuesta del subsecretario de la Congregación, confirmándole la recepción de su carta así como de las denuncias contra el SCV.

Más de un año después, en septiembre de 2013 —seis meses después de la elección del Papa Francisco— Huapaya tuvo un encuentro con el P. Waldemar Barszcz de la Congregación para Religiosos, el cual nuevamente le confirmó la recepción de su carta así como de las denuncias contra Figari.

Le manifesté mi honda preocupación por la falta de una acción de parte del Dicasterio frente a estas denuncias y el sufrimiento consiguiente de las víctimas”, recuerda Huapaya en su carta a los obispos.

(“Dicasterio” es la expresión general para referirse a un departamento vaticano.)

Un mes después, no habiendo recibido noticias, Huapaya recibió una cuarta denuncia. El 25 de octubre de 2013 un sacerdote y tres miembros del SCV solicitaron al tribunal que la conducta de Figari sea investigada.

Los documentos fueron remitidos a la Congregación para los Religiosos algunos días después, el 2 de diciembre, acompañados de una carta de Huapaya a Braz de Aviz.

Le insistí [al Prefecto] en que teniendo en cuenta los hechos dados a conocer a su Congregación había una falta de respeto hacia las víctimas”, recuerda Huapaya, “y le reiteré la urgencia de una acción del Dicasterio por ser casos de su competencia, como expresé desde el primer momento”.

Seis meses después, en julio de 2014, el enviado papal al Perú, el arzobispo James Patrick Green, nacido en Filadelfia, le solicitó a Huapaya que lo informe sobre el caso Figari. Algunos día después de la reunión, Huapaya remitió a a Green los documentos relevantes, insistiendo nuevamente en la necesidad de actuar a la brevedad posible.

Llegados a este punto, más de tres años habían pasado desde que la primera acusación interpuesta ante el tribunal fuera enviada a Roma. Transcurriría casi un año entero antes de que Roma respondiera.

El 22 de abril de 2015 la Congregación para Religiosos designó a un obispo peruano, Fortunato Pablo Urcey de Chota, para que llevara adelante una investigación inicial.

El 4 de mayo de 2016 el Vaticano decidió intervenir directamente el gobierno del SCV, designado a Tobin como el delegado de la Congregación, con potestad de vetar decisiones de su cuerpo de gobierno.

Figari, sin embargo, permanece libre, aparentemente debido a un vacío en las reformas a la ley canónica sobre cómo manejar la crisis del abuso sexual clerical.

Cuando en el año 2003 el Papa Juan Pablo II autorizó la derogación de la prescripción en el caso de abuso sexual contra menores, la modificación se aplicaba a sacerdotes, no a laicos o religiosos. Dado que Figari es un laico, la prescripción por lo tanto es aplicable en su caso.

Pero la pregunta que aún permanece es por qué, durante tanto tiempo, ha habido tan poca respuesta por parte del Vaticano.

Lombardi, el vocero del Vaticano, le comentó a Crux por e-mail que la Congregación se había esforzado mucho en actuar prudentemente “dada la complejidad y diversidad de las posiciones e interpretaciones en torno a Figari y al Sodalitium”, así como debido a “consideraciones de carácter legal”.

Era necesario llevar adelante un análisis exhaustivo, teniendo en mente el contexto eclesial y social del Perú y el hecho de que estas acusaciones no reunían los requisitos necesarios para ser consideradas como base para una acción de la Congregación,” dijo Lombardi en su declaración.

Desde las primeas acusaciones [contra Figari] a las cuales se refiere la carta [del tribunal], la documentación ha crecido y está siendo evaluada a la luz de posibles decisiones que deban ser tomadas”, añadió.

Un de los lideres del SCV que no quiso ser identificado le dijo a Crux que la preocupación por las víctimas y por compensarlas es actualmente una prioridad en el Sodalitium, pero que llevar a Figari ante la justicia continua siendo un reto debido al estado actual de las leyes.

Desde diciembre “hemos estado rogando al Vaticano para que exclaustre a la fuerza a Figari”, dijo, queriendo siginificar que se le expulse formalmente del grupo, pero dado que Figari no está vinculado por votos religiosos, niega las acusaciones, no se arrepiente y está siendo defendido por aun abogado de alto nivel, el miembro señaló que la Congregación vaticana estaría temiendo que cualquier resolución contra él podría ser apelada.

Por ahora, la continua impunidad, combinada con evidencias de falta previa de acción por parte de Roma, sólo puede contribuir a la frustración de las víctimas.

Publicado originalmente en inglés en Crux el 2 de junio de 2016:
http://cruxnow.com/church/2016/06/02/church-official-says-vatican-took-years-to-act-on-abuse-charges/

BREVE NOTA ACLARATORIA
por Martin Scheuch

El Sodalicio como asociación de vida apostólica laical no tiene integrantes femeninas. Luis Fernando Figari fundaría, además del Sodalicio, dos asociaciones de vida consagrada para mujeres: la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y las Siervas del Plan de Dios. Por otra parte, el Sodalicio tiene actualmente 39 comunidades con un promedio estimado de 8 miembros por comunidad, lo cual daría un resultado de aproximadamente unos 300 sodálites en activo. El número de 20,000 miembros probablemente incluya a los integrantes del Movimiento de Vida Cristiana, formado por diferentes grupos y asociaciones que agrupan a todos aquellos que quieren participar de la espiritualidad sodálite pero que no pertenecen al Sodalicio propiamente dicho.

La tercera denuncia no es de Pedro Salinas ni fue escrita por él. Salinas sólo llevó la denuncia de “Lucas” al tribunal eclesiástico y la entregó personalmente al P. Huapaya.

La Fiscalía en el Perú todavía no ha archivado oficialmente las denuncias contra Figari. Pero la investigación por abusos sexuales no tiene futuro, pues los delitos han prescrito. Por eso mismo, con ayuda de abogados profesionales, cinco víctimas han presentado una denuncia penal que amplía la investigación de la Fiscalía con delitos que no prescriben: asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves (de tipo psicológico sobre todo). Los denunciantes son José Enrique Escardó, Martín López de Romaña, Vicente López de Romaña, Óscar Osterling y Pedro Salinas. Los denunciados son Luis Fernando Figari, Jaime Baertl, José Ambrozic, Virgilio Levaggi, José Antonio Eguren, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Erwin Scheuch.

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CARTA DEL P. VÍCTOR HUAPAYA QUISPE A LOS OBISPOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO INTERDIOCESANO DE LIMA SOBRE EL CASO FIGARI

Lima, 17 de mayo del 2016

Señores Arzobispos y Obispos
Miembros del Coetus del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima
Presente

Excelencias:

Las reiteradas noticias y comentarios aparecidos en algunos medios de comunicación social, que hacen referencia a las denuncias presentadas ante este Tribunal contra el Sr. Luis Fernando Figari, Fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, desinforman a la opinión pública con relatos sesgados y muchas veces falsos. Dan a entender que este Tribunal no ha actuado de modo correcto y transparente y llegan a afirmar, de manera calumniosa, que se ha querido encubrir las cuatro denuncias que aquí se recibieron.

Con el deseo de ayudarlos a conocer lo ocurrido me veo en el deber y en la necesidad de dirigirme a ustedes, Señores Obispos miembros del coetus del Tribunal, para informarles de algunos hechos procesales que les ayudarán a entender mejor la situación.

I. Relato y breve descripción de cómo y cuándo se presentaron las cuatro denuncias que se recibieron en este Tribunal:

1. Primera denuncia: El 16 de mayo del 2011 a las doce del día se presentó al Tribunal el denunciante (hoy él se identifica como “Santiago”) en compañía de un familiar y entregó por escrito una denuncia contra el Sr. Luis Fernando Figari. El 24 de mayo de 2011, con carta mía, envié la denuncia al Prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

2. Segunda denuncia: Desde la Arquidiócesis de Colonia se recibió una denuncia contra el Sr. Luis Fernando Figari, fechada el 24 de mayo de 2011. El 9 de setiembre de 2011 se envió la denuncia al mismo Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Con fecha 14 de setiembre de 2011, recibí carta de Monseñor Kevin Randall (e.i.) de la Nunciatura Apostólica en el Perú, en la que acusa recibo de los documentos que le había entregado hasta ese momento, entre los cuales se mencionan las dos cartas anteriores.

3. Tercera denuncia: El Sr. Pedro Salinas entregó en este Tribunal una denuncia fechada el 13 de septiembre del 2011, la misma que envíe al Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica el 10 de octubre de 2011.

4. Cuarta denuncia: Con fecha 25 de octubre de 2013 un sacerdote acompañó su petición y la de tres miembros del Sodalicio de Vida Cristiana para que se investigue la conducta del Sr. Luis Fernando Figari. El día 2 de diciembre del 2013 remití la documentación al Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Como se puede apreciar en esta primera parte procesal, la rapidez con la que se enviaron las denuncias es total y no admite ninguna duda de negligencia y menos de encubrimiento por parte de este Tribunal.

II. Relato de cómo y cuándo solicité la atención urgente de estas cuatro denuncias al Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica:

1. El 4 de enero del 2012 escribí al Prefecto de la Congregación solicitando una pronta respuesta y la intervención de la Congregación en las denuncias presentadas, por ser competencia de su Dicasterio.

2. El 25 de abril de 2012 recibí la única respuesta de la Congregación del Padre Sebastiano Paciolla O. Cist., Subsecretario de la Congregación, en la que acusan recibo de las cartas y denuncias recibidas.

3. El 16 de septiembre de 2013 viajé a Roma y fui recibido en la Congregación por el Padre Waldemar Barszcz (TOR). Me informó que habían recibido la documentación de las denuncias. Le manifesté mi honda preocupación por la falta de una acción de parte del Dicasterio frente a estas denuncias y el sufrimiento consiguiente de las víctimas

4. El 2 de diciembre del 2013, en la carta al Prefecto adjuntando la cuarta denuncia, le insistí en que teniendo en cuenta los hechos dados a conocer a su Congregación había una falta de respeto hacia las víctimas y le reiteré la urgencia de una acción del Dicasterio por ser casos de su competencia, como expresé desde el primer momento.

5. El 2 de julio de 2014, el Nuncio me citó en la Nunciatura y me solicitó que le informe sobre el caso del Sr. Luis Fernando Figari. El 9 de Julio de 2014 le envié con carta mía la documentación que hace referencia a la denuncias contra Sr. Luis Fernando Figari y le reiteré la necesidad de una actuación directa y cuanto antes de la Congregación.

III. Otros hechos de particular interés relacionados a este tema:

1. El 21 de octubre del 2015 este Tribunal publicó un Comunicado precisando la autonomía y competencia del Tribunal y dando a conocer que las denuncias recibidas fueron puestas en conocimiento de las instancias vaticanas de manera inmediata, como se puede verificar con las fechas de mis cartas que les he detallado.

2. El 18 de noviembre de 2015 envié una carta al Presidente de la Conferencia Episcopal, y a todos ustedes miembros del coetus, expresándoles respetuosamente mis observaciones al Comunicado de la Presidencia de la CEP y haciendo referencia al “Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero (16 de mayo del 2011)”. Hasta el momento no he recibido respuesta a esa carta ni se ha aprobado ni distribuido esta Guía para el uso de los Obispos en el Perú, siendo un tema tan urgente, sugerido además por la Santa Sede.

IV. Ultimas decisiones de la Santa Sede al respecto:

1. Con fecha 22 de abril de 2015 la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, con Decreto firmado por el Arzobispo Secretario, nombra a S.E. Monseñor Fortunato Pablo Urcey, OAR, Prelado de Chota Visitador apostólico ad inquirendum et referendum para todas las casas y los miembros del Sodalitium Christianae Vitae.

Le solicita que, dadas las informaciones llegadas y las acusaciones de comportamientos impropios dirigidas al Fundador Sr. Luis Fernando Figari, deberá verificar la real autenticidad de todas las acusaciones formuladas tanto recientes como en el pasado.

2. Con fecha 4 de mayo de 2016, la Santa Sede nombra al Arzobispo Joseph Tobin CSSR, Delegado “ad nutum” de la Congregación de Religiosos para el Sodalitium.

Omito intencionadamente abordar el contenido mismo de las denuncias, por la reserva propia que compete a este Tribunal, y que hemos respetado escrupulosamente en todo momento. Permítanme insistir asimismo en que el Tribunal a mi cargo no tiene competencia para resolver estas denuncias, como la misma Santa Sede lo ha demostrado claramente al nombrar primero al Visitador Apostólico y luego ahora al Delegado ad nutum.

Les agradezco el tiempo y atención que han dedicado a esta carta, que era necesario dirigirles por el derecho que nos asiste de respetar la honra de todas y cada una de las personas, especialmente de las víctimas, y también de las instituciones de la Iglesia. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o consulta que personalmente deseen dirigirme y pido a Dios los ilumine y acompañé en la delicada tarea de pastores de sus iglesias locales.

Les pido también una oración por este servidor que humildemente procura servir a todos ustedes miembros del coetus de este Tribunal Eclesiástico Interdiocesano.

Cordialmente en el Señor,

Pbro. Víctor Luis Huapaya Quispe
Presidente del Tribunal Interdiocesano

Copia a los miembros del Coetus:
Monseñor Salvador Piñeiro, Arzobispo de Ayacucho (Presidente de la CEP); Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima; Monseñor Pedro Barreto S.J., Arzobispo de Huancayo; Monseñor José Luis del Palacio, Obispo del Callao; Monseñor Lino Paniza OFM cap., Obispo de Carabayllo; Monseñor Norberto Strotman MSC, Obispo de Chosica; Monseñor Carlos García, Obispo de Lurín; Monseñor Ricardo García, Obispo de Cañete-Yauyos; Monseñor Héctor Vera, Obispo de Ica; Monseñor Isidro Barrio, Obispo de Huancavelica; Monseñor Antonio Santarsiero OSJ, Obispo de Huacho; Monseñor Ivo Baldi, Obispo de Huari; Monseñor Miguel Olartua OSA, Obispo de Iquitos; Monseñor Juan Carlos Vera MSC, Obispo Castrense; Monseñor Gaetano Galbuser SDB, Obispo de Pucallpa; Monseñor Tomás Oliver OFM, Obispo del Vicariato de Requena; Monseñor Javier Travieso CMF, Obispo del Vicariato San José del Amazonas; Monseñor Anton Zerdin OFM, Obispo del Vicariato de San Ramón; Pbro. Felipe Ochante, Administrador Diocesano de Tarma; Monseñor Neri Menor Vargas, Obispo electo de Huánuco.

LA INTERVENCIÓN DEL SODALICIO

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Mons. Joseph William Tobin, arzobispo de Indianapolis (EE.UU.) y delegado “ad nutum” de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica para el Sodalicio de Vida Cristiana

La Santa Sede ha decidido intervenir el Sodalicio de Vida Cristiana y designar como delegado apostólico a Mons. Joseph William Tobin, arzobispo de Indianapolis (Estados Unidos), quien asumirá la tarea de aconsejar y sostener al gobierno de la institución, a fin de solucionar los problemas encontrados durante la visita apostólica de Mons. Fortunato Pablo Urcey (alias “Mons. Lonchecito”) y encauzar la supuesta reforma ya iniciada. El asunto ha sido resuelto bien arriba. Y muchos católicos respiran aliviados. «Roma ha hablado, la causa está cerrada», decía san Agustín.

Pero desde la perspectiva de las víctimas es precisamente el sistema piramidal de la Iglesia el que ha fracasado. Pues en el Sodalicio la mayoría de los abusadores han sido miembros con cargos de autoridad, que a su vez han sido avalados por autoridades episcopales que o bien no han tenido la perspicacia para darse cuenta de que algo andaba mal, o bien han puesto las denuncias recibidas a dormir el sueño de los justos sin comunicarse con los denunciantes, asesorarlos ni acogerlos pastoralmente durante años, e incluso en muchas víctimas la confianza en Dios, la instancia suprema, ha sido dañada o se ha esfumado. De este modo, el actual centralismo clerical católico, que pretende solucionar todo desde arriba, aparece como parte del problema y no de la solución.

Para reparar una institución dañada hay que hacer un diagnóstico completo, siendo necesario una apertura con transparencia a una mirada multidisciplinar externa que ayude a determinar si la institución sigue siendo viable, o a establecer las medidas que haya que aplicar para reformarla desde su raíz. Cosa que se dio en parte en el Informe Final de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada por el mismo Sodalicio

Por otra parte, hay importantes vacíos en el documento emitido por Roma. No se señala cuáles son los problemas observados por Mons. Urcey. Asimismo, sólo se habla de acusaciones contra el fundador, Luis Fernando Figari, cuando se sabe que también existen serias acusaciones contra otros miembros del Sodalicio, algunos de los cuales siguen perteneciendo como miembros activos a la institución. Y, por último, lo más grave es que no se menciona en absoluto a la víctimas, mucho menos las medidas que deberá tomar el Sodalicio para reparar el daño que les ha hecho.

El Sodalicio nunca ha actuado con transparencia y la sola intervención de un delegado no garantiza en absoluto que ello vaya a ocurrir. Le daremos el beneficio de la duda, más no el de la certeza. Pues pocas cosas hay más opacas e inciertas como el futuro del Sodalicio.

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FUENTES

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
Decreto Prot. n. 52218/2011 (4 de mayo de 2016)
https://www.facebook.com/CANALSPERU/photos/pcb.1774160702813166/1774157909480112/?type=3

Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación
Informe Final (16 de abril de 2016)
http://comisionetica.org/blog/2016/04/16/informe-final/