NOSOTROS, “CÓMPLICES” DE FIGARI

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Es una constante de la historia que los vencedores terminen declarando culpables de sus crímenes y delitos a sus víctimas. No otra cosa ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, donde ninguno de los vencedores fue juzgado por crímenes de lesa humanidad, cuando entran dentro de esta categoría las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki además de los bombardeos a rajatabla de las ciudades alemanas, gratuitos e innecesarios, pues no afectaron el desarrollo de la guerra pero causaron destrucción y pérdidas de cientos de miles de vidas humanas. Y no vale decir que los civiles japoneses y alemanes fueron responsables de desatar una guerra de alcance mundial, cuando la mayoría de ellos hubieran preferido que se mantuviera la paz. Se les puede considerar sobrevivientes de una catástrofe, pero no autores de ella.

A nivel más individual, los abusadores sexuales que quedan impunes —y quienes los apoyan— suelen cargar sobre los hombros de las víctimas la culpa de lo sucedido. Y esto mismo hizo el Vaticano en el caso de Figari, cuando llamó “cómplices” a quienes fueron objeto de la lubricidad del maquiavélico fundador del Sodalicio de Vida Cristiana.

La lógica que sigue el Vaticano es jurídica, pero no por ello menos alejada de la realidad. Según el actual Código de Derecho Canónico, «la persona que ha cumplido dieciocho años es mayor; antes de esa edad, es menor» (canon 97 §1). Y a continuación, estipula que «la persona mayor tiene el pleno ejercicio de sus derechos» (canon 98 §1). Lo curioso es lo aplicable a los menores de edad que hayan cumplido por lo menos 16 años, a los cuales el Código de Derecho Canónico considera susceptibles de recibir una pena en caso de que cometan una infracción, aunque no gocen del ejercicio pleno de sus derechos (ver cánones 1323-1324). Es decir, son responsables e imputables de delitos.

Dado que la inmensa mayoría de los afectados por los actos pecaminosos de Figari contra el 6° mandamiento eran mayores de 16 años, que «en algunos casos […] han declarado estar conformes o no haber opuesto resistencia o de toda formas de no haber percibido, en aquel momento, constricción alguna de parte del Sr. Figari», el Vaticano concluye que «dichos actos, por lo tanto, pueden ser al máximo considerados gravemente pecaminosos», pero no configuran «un abuso de menores y/o violencia».

De modo que sólo en uno de los casos conocidos de Figari se podría hablar de abuso de menores, dado que la víctima tenía menos de 16 años. Todo esto resulta bastante relativo, si consideramos que hasta el año 1980 en el Perú la mayoría de edad se alcanzaba recién a los 21 años de edad. Por consiguiente, las víctimas de Figari en los ‘70 fueron todas menores de edad según la ley vigente.

Por otra parte, los tecnicismos jurídicos mencionados dejan indefensas a las víctimas, pues se obvia que quienes fuimos objeto de abusos sexuales, psicológicos y físicos nos hallábamos en una situación vulnerable, en un contexto donde era casi imposible ejercer resistencia, pues se nos había inculcado desde que éramos menores de edad que Figari era un elegido por Dios para llevar adelante una obra divina y, por consiguiente, le debíamos obediencia absoluta. Mientras fui sodálite, nunca estuve en capacidad de contradecir a Figari, y consentí a los dos correazos que se me dieron en la espalda desnuda, sin oponer resistencia.

Nosotros, víctimas de abusos sexuales, psicológicos y físicos, podremos ser considerados “cómplices” de Figari por ser mayores de edad con derechos plenos, pero en realidad estábamos esclavizados a la voluntad de un megalómano sádico y manipulador. Y eso lo reconoce el mismo Vaticano, cuando señala que Figari «utilizó estrategias y métodos de persuasión impropios, es decir solapados, arrogantes y de todos modos violentos e irrespetuosos del derecho a la inviolabilidad de la propia interioridad y discreción, y por lo tanto a la libertad de la persona humana de discernir con autonomía las propuestas o las decisiones».

Mientras se siga insistiendo en resaltar la edad de las víctimas —cuando casos de pederastia en el Sodalicio sólo serían los cometidos por Jeffery Daniels y Daniel Murguía— y no la naturaleza de los abusos, seguiremos desprotegidos y nunca se nos podrá hacer justicia.

(Columna publicada en Altavoz el 30 de octubre de 2017)

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JUSTICIA ECLESIÁSTICA: LA IMPUNIDAD PROGRAMADA

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Cuando una revisa el Código de Derecho Canónico en lo referente a los delitos que castiga la Iglesia, se obtiene rápidamente la impresión de que la justicia eclesiástica es una ilusión, una quimera pintada en la pared.

Comenzado por que el tiempo de prescripción para la mayoría de los delitos es de 3 años y «comienza a contarse a partir del día en el que se cometió el delito, o, cuando se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día en que cesó» (ver cánones 1362-1363).

Ese tiempo se extiende actualmente a 20 años en el caso de delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como por ejemplo «los delitos más graves contra la santidad del augustísimo Sacrificio y sacramento de la Eucaristía», «los delitos más graves contra la santidad del Sacramento de la Penitencia», «el delito más grave de la atentada ordenación sagrada de una mujer» y «los delitos más graves contra la moral», entre los cuales se cuenta exclusivamente «el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años» y «la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años, por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento» (ver “Breve relación sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, 21 de mayo de 2010).

Hago la salvedad de que, antes del año 2001, se ponía el límite de mayoría de edad a los 16 años. Ese mismo año, un documento del pontificado de Juan Pablo II elevó ese límite a los 18 años de edad y el tiempo de prescripción del abuso sexual de un menor por parte de un clérigo se extendió de 5 a 10 años, y en el año 2010 durante el pontificado de Benedicto XVI a 20 años, contados a partir de la mayoría de edad de la víctima.

Otros delitos que tienen una prescripción de 5 años son el del clérigo o religioso de votos perpetuos que atenta contraer matrimonio, el del clérigo que vive en concubinato o que permanece con escándalo en un pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, el del clérigo que cometa un acto de este tipo con violencia o amenazas, o públicamente; y en general, los delitos de homicidio, rapto o retención general de un ser humano con violencia o fraude, mutilación o lesiones, y el aborto.

Con lapsos tan cortos de prescripción, considerando que en ninguna parte de la ley canónica se establecen limites de tiempo para cada etapa del proceso y constatando que los tribunales eclesiásticos se toman indolentemente todo el tiempo del mundo para procesar cualquier demanda, resulta prácticamente imposible que un delito no haya prescrito cuando haya finalizado el proceso.

De este modo, la ley eclesiástica actual se convierte en instrumento de una impunidad programada de antemano.

En el caso de las denuncias contra Figari, presentadas ante el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima en el año 2011, la Santa Sede se pronunció recién el 30 de enero de 2017, más de cinco años después, sin haber investigado prácticamente nada, pues su resolución se basaba casi exclusivamente en el contenido de las denuncias presentadas y en el informe del visitador Mons. Fortunato Pablo Urcey. Evidentemente, el único delito de que se encontró culpable a Figari, a saber, abuso de oficio (ver canon 1362 §2), estaba prescrito desde antes del inicio del proceso.

Por otra parte, en cuanto a sanciones administrativas, como la expulsión del miembro de un instituto de vida consagrada, el Código de Derecho Canónico es muy severo con los religiosos que atentan matrimonio, viven en concubinato o persisten con escándalo público en un acto contra el sexto mandamiento del Decálogo: deben ser expulsados sin contemplaciones. La expulsión también procedería, sin embargo, si el delito sexual fue cometido con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor de edad «a no ser que […] el Superior juzgue que la dimisión no es absolutamente necesaria y que la enmienda de su súbdito, la restitución de la justicia y la reparación del escándalo puede satisfacerse de otro modo» (canon 695 §1).

Hablando claro, se es mucho más severo con religiosos que caen en conductas sexuales que no implican necesariamente un abuso hacia su contraparte, mientras que se permite la suspensión de la sanción en casos en que el religioso haya cometido flagrantes abusos sexuales.

Que es lo que finalmente sucedió con Figari. Pues la Santa Sede da por sentado, en base al informe de Mons. Urcey, que «no se encuentran actualmente miembros de la Sociedad de vida apostólica que sostengan al Sr. Figari o bien que estén particularmente ligados a él, en puestos de gobierno o en la formación» y «que tanto el Gobierno general como el conjunto del Sodalitium Christianae Vitae tienen clara conciencia de los errores cometidos en el pasado por el Sr. Figari y que resulta igualmente decidida la voluntad de dicho Gobierno general de liberarse del estilo de gobierno y formativo por él adoptados en el curso de los numerosos años en que ha dirigido el Sodalitium Christianae Vitae, así como de remediar, en el límite de lo posible y en todo caso de lo justo, a los daños causados a cualquiera». Y, por lo tanto, dado que de este modo supuestamente se restituye la justicia y se repara el escándalo, no se hace necesaria la expulsión.

Se trata de argumentos endebles. Por menos se expulsó a Germán McKenzie en el pasado. Además, el Sodalicio no ha demostrado fehacientemente hasta ahora que se haya librado de los estilos de formación y modos de proceder de Figari, manteniendo su estructura institucional verticalista, su ideología conservadora rígida, sus métodos invasivos de adoctrinamiento y el secretismo como consigna tácita. Y en cuanto a remediar los daños causados, sólo hemos visto una estrategia de control de daños que ha dejado varias víctimas caídas a la vera del camino, a las cuales no se les ha reconocido su status de tal y se las ha abandonado a su suerte. Además, las reparaciones concedidas han solido estar generalmente muy por debajo del límite de lo que financieramente es posible para el Sodalicio, y ciertamente muy lejos de ser justas.

La Santa Sede tenía en sus manos las herramientas para autorizar la expulsión de Figari, pero decidió hacerse de la vista gorda, negar que Figari haya aplicado violencia (psicológica) cuando cometió actos de carácter sexual y permitirle seguir siendo miembro de derecho pleno de la institución que fundó, elogiándolo con palabras que a más de uno le podrían causar una indigestión ácida: «[Figari] es sin embargo de considerar como el fundador del Sodalitium Christianae Vitae y por lo tanto como el mediador de un carisma divino».

En el fondo, lo que la Santa Sede no quiere reconocer es que cometió un error mayúsculo cuando en el año 1997 aprobó al Sodalicio como institución de derecho pontificio. Tengo la sospecha fundada de que los responsables del Sodalicio no actuaron con transparencia y presentaron una visión de la institución recortada y acomodada a los requerimientos de imagen que necesitaban transmitir. Así como me consta que las Memorias de Luis Fernando Figari, discursos que el entonces Superior General pronunció entre 1976 y 1986 y que jugaron un papel decisivo en la configuración ideológica y disciplinar de la institución, nunca fueron enviadas a Roma, pues en el mismo Sodalicio se las puso fuera de circulación a fines de los ‘80 y se requisaron todos los ejemplares que había en las bibliotecas de las comunidades sodálites o en posesión de cualquier sodálite común y corriente, junto con la mayoría de los libros de contenidos fascistas.

La expulsión hubiera dejado a Figari, en lo que concierne al Sodalicio, prácticamente en la calle, pues el Código de Derecho Canónico establece en el canon 702 §1 lo siguiente: «Quienes legítimamente salgan de un instituto religioso o hayan sido expulsados de él, no tienen derecho a exigir nada por cualquier tipo de prestación realizada en él».

Ciertamente, se trata de una ley eclesiástica injusta que atenta contra derechos humanos fundamentales. Primero: porque pone en igualdad de condiciones a quien se sale legítimamente de un instituto y a quien es expulsado de él. Segundo: porque deja desprotegida a la persona y desconoce su derecho a una justa compensación por servicios prestados, en algunos casos a lo largo décadas.

Aun cuando el mismo Código de Derecho Canónico reconoce que «el instituto debe observar la equidad y la caridad evangélica con el miembro que se separe de él» (canon 702 §1), se trataría de una obligación moral y no de un derecho adquirido, lo cual se presta a muchas injusticias.

Luego de tanta disquisición jalada de los pelos por parte de la Santa Sede, que ha finalizado con un decreto que deja a Figari impune, protegido hasta el fin de sus días en una jubilación dorada con la cual muchas de sus víctimas no podrán nunca ni siquiera soñar, queda la hipótesis de que se ha buscado más bien proteger la reputación institucional de la Iglesia católica poniendo a resguardo a Figari. Pues debe contar con mucha información comprometedora y sería muy peligroso dejarlo suelto en pampa.

Al final, el sistema judicial de la Iglesia, ajeno a los avances en legislación sobre derechos humanos fundamentales, ha funcionado como debía funcionar, garantizando la impunidad de un personaje notable de una institución aprobada por la misma Santa Sede y salvaguardando los intereses institucionales por encima de las sufridas personas de carne y hueso que fueron víctimas de abusos graves.

Y si con eso se ha querido evitar el escándalo, al final no se ha logrado este objetivo. Pues el mayor escándalo en la Iglesia católica actual no es que se sepan los delitos de miembros connotados suyos, sino más bien que se encubran y queden impunes. Y se transmita la impresión no de hallarnos ante la comunidad de creyentes que fundó Jesucristo, sino —por lo menos a nivel de sus jerarcas— ante una organización criminal.

(Columna publicada en Altavoz el 2 de abril de 2017)

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FUENTES

Código de Derecho Canónico
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM

Congregación para la Doctrina de la Fe
Carta a los obispos de la Iglesia católica y a otros ordinarios y jerarcas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (18 de mayo de 2001)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html
Breve relación sobre los cambios introducidos en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (21 de mayo de 2010)
http://www.vatican.va/resources/resources_rel-modifiche_sp.html

Pronunciamiento de la Santa Sede sobre el caso Luis Fernando Figari (30 de enero de 2017)
http://sodalicio.org/wp-content/uploads/2017/02/Carta_Roma_2017.pdf

EL CANON 1395 Y LA REVICTIMIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

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Cardenal José Rodríguez Carballo, firmante de la nefasta resolución vaticana sobre el caso Figari

En la carta vaticana del 30 de enero de 2017 a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, se dice que «el Sr. Figari, con el fin de obtener la obediencia de los propios hermanos, utilizó estrategias y modos de persuasión impropios, es decir, solapados, arrogantes y de todos modos violentos e irrespetuosos del derecho a la inviolabilidad de la propia interioridad y discreción, y por lo tanto a la libertad de la persona humana de discernir con autonomía las propuestas o las decisiones».

Incluso admite que «siempre con el fin de manipular, de hacer dependientes y por lo tanto de controlar más que de dirigir las conciencias, […] el Sr. Figari ha solicitado también, de modo improcedente y en cualquier caso excesivo, confidencias en el delicado ámbito de la sexualidad, y en algunos casos ha cometido actos contrarios al VI Mandamiento».

Pero luego se dice que Figari no habría cometido abusos sexuales sino sólo pecados graves, interpretando antojadizamente el canon 1395 del Código de Derecho Canónico, el mismo que sirvió para determinar que el P. Fernando Karadima en Chile sí había cometido delitos sexuales.

El mentado canon habla de delitos contra el sexto mandamiento con «violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad» cometidos por un clérigo, pero las leyes respecto a la expulsión de un miembro de un instituto de vida consagrada (cánones 695-740) establecen que quien cometa esos actos, puede ser expulsado aunque no sea clérigo.

Para el Vaticano, los violentos “modos de persuasión” que solía aplicar Figari se esfumaron repentinamente como por ensalmo en el momento de cometer esos actos, de modo que tampoco hubo “víctimas” sino “cómplices” del pecado mayores de 16 años, que es el límite de mayoría de edad que establece la Iglesia católica romana en su legislación, aún cuando para delitos sexuales cometidos por clérigos, el Papa Juan Pablo II elevó ese límite a 18 años en el año 2001.

Aun así, la carta vaticana reconoce que, según la documentación adicional presentada por Moroni, sí hubo por lo menos un “cómplice” menor de 16 años, es decir, una “víctima”.

Es evidente que quien manipula conciencias y seduce mediante engaños, aplica violencia psicológica para abusar de sus víctimas, aunque sean mayores de edad.

El Vaticano no ha querido ver esto y ha terminado participando en la revictimización de las víctimas.

(Columna publicada en Exitosa el 25 de marzo de 2017)

LA CRUDA VERDAD

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La Iglesia católica tiene como principio pragmático, elevado a la categoría de imperativo ético, evitar siempre el escándalo. Pues supuestamente lo que escandaliza socava la fe de los fieles y los aleja de la salvación. «La salvación de las almas debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia» es el enunciado sobre el cual se asienta todo la ley eclesiástica, como señala el actual Código de Derecho Canónico (n. 1752).

Pero lo que muchos representantes de la Iglesia han perdido de vista es que en el lenguaje bíblico “escándalo” se entiende como “tropiezo”, y el que escandaliza es aquel que hace tropezar a otros —cualquier abusador, por ejemplo— y no el que da a conocer quiénes son los abusadores y cuáles son los abusos cometidos.

Cuando se trata de investigar abusos, la verdad desnuda hecha pública es lo que menos interesa a los tribunales eclesiásticos, pues su veredicto final dependerá de cuán escandalosa consideren la revelación de los hechos. Y por evitar el escándalo se preferirá —como ha ocurrido frecuentemente— encubrir y proteger a los abusadores y, en la medida de lo posible, mantener la verdad completa en el silencio más absoluto.

Poco se puede esperar de las instancias vaticanas, mucho menos del Sodalicio mismo, respecto a la verdad sobre los abusos cometidos en esta institución. Su preocupación ardiente por salvar a las almas evitando el escándalo hará que oculten todo lo que se pueda ocultar, como lo han intentado infructuosamente hasta ahora.

Una comisión investigadora en el Congreso, ajena al poder eclesiástico, representa al menos la esperanza de que se conozca por fin la cruda verdad en todas sus dimensiones.

(Columna publicada en Exitosa el 11 de febrero de 2017)

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Esta columna fue redactada el jueves 9 de febrero antes de que al día siguiente, 10 de febrero, se diera a conocer a la opinión pública la carta de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, pronunciándose sobre el caso de Luis Fernando Figari (ver http://sodalicio.org/comunicados/pronunciamiento-de-la-santa-sede-sobre-el-caso-luis-fernando-figari-2-2/). Lamentablemente, no me equivoqué y se cumplieron mis predicciones.

LA RESPONSABILIDAD DEL CARDENAL CIPRIANI EN EL CASO SODALICIO

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El cardenal Cipriani con los sacerdotes sodálites Juan Carlos Rivva y Juan Mendoza

Mientras que el Sodalicio está en el ojo del huracán, el cardenal Cipriani está pasando piola y guarda silencio. No es para menos, pues este instituto de vida consagrada que tiene su cuartel general en la arquidiócesis de Lima y que desde hace más de cuatro décadas ha cometido abusos en perjuicio de jóvenes bajo su responsabilidad, siempre ha apoyado a Cipriani en todas sus iniciativas.

Mons. Eguren y Mons. Schmalhausen, obispos sodálites, firmaron la carta del 28 de agosto de 2015 para respaldar a Cipriani en el asunto de los plagios en un artículo publicado en el diario El Comercio. Asimismo, ACI Prensa, la agencia de noticias dirigida por el sodálite Alejandro Bermúdez, siempre ha mostrado su apoyo incondicional a Cipriani, informando de manera complaciente y servil sobre cualquier palabra o actividad del arzobispo limeño.

Cipriani ha defendido su inocencia, argumentando que el tribunal eclesiástico interdiocesano, donde ingresaron las denuncias contra Figari, es autónomo y que él como moderador sólo cumple funciones administrativas, pero no ve los casos. Pues resulta que en el derecho canónico no existe esa figura, ya que todo tribunal eclesiástico diocesano o interdiocesano debe tener un obispo a la cabeza, el cual tiene potestad judicial como juez de primera instancia.

El cardenal Cipriani, ignorando directivas vaticanas, no ha elevado denuncia ante las autoridades civiles por los delitos señalados. Tampoco se ha comunicado con las víctimas para informarles sobre el estado de las denuncias, ni para acogerlas pastoralmente.

Nunca más que ahora son actuales las palabras que Juana de Arco le dirigió a los obispos del tribunal eclesiástico que la condenó: «Los hombres de Iglesia no son la Iglesia».

(Columna publicada en Exitosa el 23 de abril de 2016)

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El día 9 de abril, el cardenal Cipriani en su programa de radio Diálogos de Fe volvió a lavarse las manos respecto a las denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana. Cipriani acusó a los medios de querer embarrarlo, cuando él supuestamente no tendría nada que ver con el caso Sodalicio, aun cuando las denuncias contra Figari hayan ingresado en el tribunal interdiocesano que está bajo su responsabilidad.

Según Cipriani, este tribunal «es autónomo, tiene un vicario judicial y da cuenta a sus clientes, no a los obispos». Los obispos miembros dejarían su responsabilidad, canónicamente hablando, en manos del tribunal y éste ya no dependería de ellos. Cipriani sólo se enteraría de asuntos locales referentes a la arquidiócesis limeña, porque el tribunal se lo diría, «pero si presentan una denuncia diciendo “no quiero que se sepa mi nombre”, y contra una persona que es el superior general y fundador de la institución, el tribunal, sin tener nada que consultarme, sin tener nada que ver yo en el asunto, eleva todo de manera inmediata […] a Roma».

La responsabilidad de Cipriani como moderador se circunscribiría a funciones logísticas: «que tengan dinero, que tengan luz, que tengan agua, que tengan computadora, que funcione logísticamente el tribunal».

La pregunta es para qué necesita el tribunal un obispo moderador, si bastaría con contratar a un administrador, que podría desempeñar las mismas funciones.

Además, esto no es lo más grave, pues si nos tomamos el trabajo de verificar qué es lo que dice el actual Código de Derecho Canónico sobre los tribunales interdiocesanos, encontraremos algo muy distinto a lo que dice Cipriani. Dice el Código:

«En sustitución de los tribunales diocesanos […], varios Obispos diocesanos, con la aprobación de la Sede Apostólica, pueden constituir de común acuerdo un tribunal único de primera instancia para sus diócesis; en este caso, el grupo de Obispos o el Obispo designado por ellos tienen todas las potestades que corresponden al Obispo diocesano sobre su tribunal.» (c.1423 §1)

¿Y cuáles son estas potestades?

«En cada diócesis, y para todas las causas no exceptuadas expresamente por el derecho, el juez de primera instancia es el Obispo diocesano, que puede ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio de otros de acuerdo con los cánones que siguen.» (c.1419 §1)

Tambien se dice que «todo Obispo diocesano debe nombrar un Vicario judicial u Oficial con potestad ordinaria de juzgar» (c.1420 §1) y que «el Vicario judicial constituye un solo tribunal con el Obispo, pero no puede juzgar las causas que el Obispo se haya reservado» (c.1420 §2). Y es evidente que para poder reservarse ciertas causas, es indispensable que el obispo conozca los contenidos de todas las causas abiertas en el tribunal.

En conclusión, un tribunal interdiocesano no puede ser una instancia que actúe al margen de los obispos que lo han constituido y ser gestionado sin injerencia alguna de ellos o del obispo designado para moderarlo, el cual tiene potestad judicial. No hay ninguna ninguna norma que autorice a un tribunal eclesiástico, sea diocesano o interdiocesano, a actuar de manera autónoma.

El responsable último del tribunal interdiocesano de Lima es, por lo tanto, el arzobispo Cipriani, que tiene, según la ley de la Iglesia, las funciones de un juez de primera instancia. Por consiguiente, es su responsabilidad estar al tanto de las denuncias, sobre todo de aquellas que se refieran a delitos graves.

Si bien es cierto que la denuncia contra Figari debía ser remitida a Roma, pues se trata de un miembro de un instituto de derecho pontificio, también es cierto que según directivas vaticanas, al tener conocimiento del contenido de las denuncias, debía haberse atenido a las leyes civiles peruanas —a saber, que el conocimiento de un delito obliga a denunciarlo—, según la Carta Circular del 3 de mayo de 2011 de la Congregación para la Doctrina de la Fe:

«El abuso sexual de menores no es sólo un delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil. Si bien las relaciones con la autoridad civil difieran en los diversos países, es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias. En particular, sin prejuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Naturalmente, esta colaboración no se refiere sólo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a aquellos casos de abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas.»

Asimismo, el cardenal Cipriani tenía una obligación pastoral que no ha cumplido, la de atender personalmente a las víctimas, según lo indicado en una Carta del Papa Francisco del 2 de febrero de 2015:

«Corresponde al Obispo diocesano y a los Superiores mayores la tarea de verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los menores y los adultos vulnerables. […] Los Pastores y los responsables de las comunidades religiosas han de estar disponibles para el encuentro con los que han sufrido abusos y sus seres queridos: se trata de valiosas ocasiones para escuchar y pedir perdón a los que han sufrido mucho.»

El cardenal Cipriani no se ha comunicado con las víctimas ni para consultarles si podía elevar denuncia ante la Fiscalía —como era su deber—, ni para informarles sobre el estado de las denuncias, ni para acogerlas pastoralmente.

O bien ha mentido para salvar su propio pellejo, o ha ignorado las leyes y directivas de la Iglesia, cometiendo negligencia grave al no asumir las responsabilidades estipuladas en el derecho canónico para quien como obispo está encargado de un tribunal eclesiástico interdiocesano.

El resultado ya lo sabemos. Las víctimas quedan desamparadas y los lobos hacen presa del rebaño mientras el pastor se lava las manos como Pilatos.

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Ya son conocidas las polémicas intervenciones y acciones que ha tenido el cardenal Cipriani como arzobispo de Lima. Menos conocidas son sus iniciativas “pastorales” como arzobispo de Ayacucho, documentadas en el libro Cipriani: El teólogo de Fujimori (2000) del periodista ayacuchano Magno Sosa (ver http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/LIBRO_MAGNO_SOSA_EL_TEOLOGO_DE_FUJIMORI.pdf).

Allí se relata cómo al principio Cipriani se opuso a la elección de Fujimori como Presidente del Perú —principalmente debido a que éste contaba con el apoyo de un nutrido grupo de evangélicos— y favoreció la opción neoliberal y derechista de Mario Vargas Llosa. Pero cuando Fujimori llega al poder, los papeles se invierten. El 3 de julio de 1992 Fujimori viaja a Ayacucho para participar, junto a Cipriani, en el desfile cívico militar en la Plaza de Armas de Ayacucho y allí le entrega al eclesiástico del Opus Dei un cheque por un millón de nuevos soles para la refacción de las iglesias de Ayacucho. A partir de entonces sólo habría condescendencias de parte de Cipriani hacia el déspota. Como una prostituta, habría vendido sus favores por un monto de dinero.

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FUENTES

Congregación para la Doctrina de la Fe
Carta Circular – Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero (3 de mayo de 2011)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_sp.html

Papa Francisco
Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales y a los Superiores de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica acerca de la Pontificia Comisión para la tutela de menores (2 de febrero de 2015)
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html

RPP Noticias – Diálogos de Fe
Cardenal Juan Luis Cipriani│El voto por voluntad (09/04/2016)

OVEJAS SIN PASTOR

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El arzobispo Cipriani, pastor supremo de la circunscripción eclesiástica con mayor número de fieles católicos en el Perú, no ha dado hasta ahora la cara respecto a los supuestos delitos de abusos sexuales cometidos por el fundador del Sodalicio en su arquidiócesis. Dejó que otro hablara de responsabilidades en su programa Diálogos de Fe, mientras él se iba a hacer turismo religioso a Chile. Porque, a decir verdad, no tiene ninguna jurisdicción personal sobre los peruanos católicos residentes en Santiago de Chile. Su presencia allí no era requerida ni necesaria.

En Lima, el P. Luis Gaspar Uribe, vicario del Tribunal Eclesiástico, se dedicó a exculparlo, explicando por qué Cipriani no tenía ninguna responsabilidad ni competencia para gestionar las denuncias contra Figari. El Sodalicio es una asociación de derecho pontificio. Cualquier denuncia al respecto está reservada a la Santa Sede.

Mientras tanto, Cipriani declaraba perogrulladas al diario chileno El Mercurio: «las denuncias se tienen que investigar hasta el final, los hechos denunciados son increíblemente malos. […] Hemos actuado con absoluta transparencia y rapidez ante un suceso que atañe a un laico de una congregación de derecho pontificio. […] El tema es lamentable y doloroso».

Tanta transparencia, que nunca ha dicho «esta boca es mía» respecto a las denuncias ingresadas al Tribunal Eclesiástico en el año 2011, y tanta rapidez, que en cuatro años no ha movido un solo dedo para aclarar los hechos denunciados.

Las víctimas son miembros de la grey a cargo de Cipriani. Sabemos que cuando venga el lobo, con un pastor así, éste huirá cobardemente para luego decir que no fue culpa suya que las ovejas fueran devoradas.

(Columna publicada en Exitosa el 28 de octubre de 2015)

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Como católico creyente, siento vergüenza ajena cada vez que me entero de cómo reaccionan y actúan muchas autoridades eclesiásticas ante casos de abusos sexuales cometidos por consagrados, religiosos o sacerdotes a nivel mundial. Y el actual arzobispo de Lima no es ninguna excepción.

El día de ayer, 28 de octubre, Cipriani pronunció las siguientes palabras en la homilía de la Misa del Señor de los Milagros.

«Siento el deber de expresar una condena total cuando vemos que algún miembro de la Iglesia está involucrado en abusos sexuales contra gente menor. ¡Jamás y por ningún motivo la Iglesia puede permitir que se ofenda a Dios por personas que deben dar ejemplo de Dios!»

A decir verdad, son palabras tardías, vanas e inútiles, pues ni Cipriani ni ninguna autoridad eclesiástica pueden evitar que ocurran estos delitos a puerta cerrada. Como reza el el dicho, eso sucede hasta en las mejores familias.

Sin embargo, ¿por qué Cipriani no hizo nada ante las denuncias, salvo tramitarlas burocráticamente como es debido? ¿Por qué se lanza a sí mismo este salvavidas, cuando nunca antes ha hablado en estos términos de los abusos sexuales cometidos por «personas que deben dar ejemplo de Dios», más aun cuando a través de miembros del tribunal eclesiástico de su jurisdicción y del abogado del arzobispado, Natale Amprimo, ha buscado deslindar cualquier responsabilidad suya frente las siete denuncias contra Figari que fueron presentadas desde el año 2011 en adelante en el tribunal eclesiástico del cual él es moderador?

Además, ¿es cierto que Cipriani no tiene ninguna injerencia en el Tribunal Interdiocesano de Lima? Por lo menos, eso es lo que ha dado a entender un comunicado del 21 de octubre emitido por el mismo tribunal:

Nuestro Tribunal es una instancia jurídico canónica absolutamente autónoma, encargada de administrar justicia eclesiástica, conforme al Derecho Canónico vigente. No está sometido ni responde a las directivas de ninguno de los veintidós Obispos de las diversas circunscripciones en las que imparte justicia.

Si nos tomamos el trabajo de verificar qué es lo que dice el “Derecho Canónico vigente” sobre los tribunales interdiocesanos, encontraremos algo muy distinto:

1423 § 1. En sustitución de los tribunales diocesanos, mencionados en los ⇒ cc. 1419-1421, varios Obispos diocesanos, con la aprobación de la Sede Apostólica, pueden constituir de común acuerdo un tribunal único de primera instancia para sus diócesis; en este caso, el grupo de Obispos o el Obispo designado por ellos tienen todas las potestades que corresponden al Obispo diocesano sobre su tribunal.

¿Y cuáles son “las potestades que corresponden al Obispo diocesano sobre su tribunal”?

1419 § 1. En cada diócesis, y para todas las causas no exceptuadas expresamente por el derecho, el juez de primera instancia es el Obispo diocesano, que puede ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio de otros de acuerdo con los cánones que siguen.

1420 § 1. Todo Obispo diocesano debe nombrar un Vicario judicial u Oficial con potestad ordinaria de juzgar, distinto del Vicario general, a no ser que lo reducido de la diócesis o la escasez de causas aconsejen otra cosa.

§ 2. El Vicario judicial constituye un solo tribunal con el Obispo, pero no puede juzgar las causas que el Obispo se haya reservado.

En resumen, según el Derecho Canónico vigente, un tribunal eclesiástico interdiocesano no puede ser una instancia que actúe al margen de los obispos que lo han constituido y ser gestionado sin injerencia alguna de ellos o del obispo designado para moderarlo, el cual tiene potestad judicial. No hay ninguna ninguna norma que autorice a un tribunal eclesiástico, sea diocesano o interdiocesano, a actuar de manera autónoma.

El responsable del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima, por lo tanto, sigue siendo Cipriani en cuanto moderador. Así pues, era su responsabilidad estar al tanto de denuncias tan graves y, si bien no goza de la competencia para realizar un proceso, debido a que el acusado pertenece a un instituto de derecho pontificio, sí tenía la responsabilidad pastoral de investigar si este tipo de abusos podían seguir dándose a fin de tomar las medidas preventivas del caso, y apoyar y acoger a las víctimas. Parece que en estos últimos cuatro años ha tenido cosas más importantes que hacer que preocuparse de unas cuantas ovejas suyas que han sufrido abusos sexuales por parte de miembros de un instituto religioso autorizado por la Iglesia. Y lo único que parece preocuparle ahora es salvar el propio pellejo.

¿Alguna vez habrá leído y meditado estas palabras salidas de la boca de un antiguo profeta bíblico?

«¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño?» (Ezequiel 34, 2)

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FUENTES

Radioprogramas del Perú (RPP)
Tribunal Eclesiástico se pronuncia sobre las denuncias contra Luis Fernando Figari (22/10/2015)
http://rpp.pe/lima/judiciales/tribunal-eclesiastico-se-pronuncia-sobre-las-denuncias-contra-luis-fernando-figari-noticia-907387

Perú21
Juan Luis Cipriani: “Quien haga daño a un niño, que le cuelguen una piedra y lo envíen al fondo del mar” (Miércoles 28 de octubre del 2015)
http://peru21.pe/actualidad/cipriani-que-haga-dano-nino-que-le-cuelguen-y-lo-envien-al-fondo-mar-2230780
“Cipriani no protege a Figari ni al Sodalicio” (Miércoles 28 de octubre del 2015)
http://peru21.pe/opinion/natale-amprimo-abogado-arzobispado-cipriani-no-protege-figari-ni-al-sodalicio-2230752

IGLESIA Y PEDERASTIA: LA VOLUNTAD DE NO SABER

P. Marcial Maciel con el Papa Juan Pablo II

P. Marcial Maciel con el Papa Juan Pablo II

«No sabíamos que una persona que ha hecho tanto bien a la Iglesia hubiera cometido tales abusos», aducen muchos cuando se señala la inacción de las autoridades eclesiales para sancionar a los abusadores. Así se se ha querido justificar al Papa Juan Pablo II –cuya santidad no pongo en duda–.

Lo cierto es que en el caso del P. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y caso emblemático de abusos sexuales en la Iglesia católica, la primera denuncia se efectuó en 1944 ante el obispo de Cuernavaca, quien no hizo nada para aclarar el asunto, como se constata a través de la amplia documentación publicada en la página web “La voluntad de no saber” (www.lavoluntaddenosaber.com). La segunda denuncia, hecha por dos jesuitas de Comillas, es de 1948 y llegó a la Santa Sede. Se sucederían más denuncias –en 1954, 1956, 1962, 1976, 1979– sin que nada se hiciera al respecto.

La denuncia hecha en 1998 por 8 ex-Legionarios abrió un proceso en el Vaticano que fue archivado en 1999 por órdenes expresas de Juan Pablo II. ¿Sabía de los abusos de Maciel? Probablemente no. Pero probablemente tampoco quería saber. Como ocurrió durante unos 60 años, hasta que finalmente en el año 2006 el Papa Ratzinger sancionó al pederasta ya de avanzada edad con una pena leve y simbólica, si consideramos los delitos cometidos. Pero querer saber tiene un precio: a Ratzinger, a la larga, le habría costado el puesto.

Parece que en el Sodalicio no quieren saber que hay varias denuncias por abusos cometidos en la institución. ¿Pasarán 60 años antes de que por fin se haga algo?

(Columna publicada en Exitosa Diario el 30 de abril de 2014)

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NOTA ADICIONAL:

Una persona, presunta víctima de abuso sexual en el Sodalicio, cuyo testimonio anónimo fue publicado por el diario La República el 15 de marzo de 2013 (ver http://www.larepublica.pe/15-03-2014/el-controvertido-sodalitium-y-un-nuevo-testimonio-en-el-peru-despues-de-la-denuncia-de-jason-day), se comunicó conmigo vía e-mail, indicándome que la pregunta con que iniciaba su alegato aún no había sido respondida: ¿Dónde y cómo hago mi denuncia contra un poderoso pederasta?

Cito sus propias palabras:

«Soy yo quien solicita que me indiquen, claramente, a qué institución debo recurrir y contar mi historia, para que sea oída, evaluada y, eventualmente, que él (que bien sabe quién es), sea llevado a la justicia de este mundo.

Y sí, es un pedido anónimo, o quizás una demanda colectiva de víctimas silenciosas esperando que gente de bien detalle explícita y públicamente, cuál es el trámite correcto y por cuánto tiempo debemos esperar. ¿Arzobispo?

Quizás así yo y tú (que bien podrías estar leyendo esto) podamos, al fin, escuchar algo más justo que ruegos de silencio y olvido (“al fin y al cabo, él ha hecho tanto bien a la Iglesia…”, murmuran cómplices).»

La respuesta es que cualquier denuncia en este sentido debe presentarse ante el tribunal eclesiástico de la jurisdicción donde ocurrió el delito, enviando de ser posible una copia a la Congregación para la Doctrina de la Fe (Ciudad del Vaticano). Existe un formulario para eso. También es recomendable dejarse asesorar por algún especialista en Derecho Canónico, de preferencia una persona de confianza.

Lamentablemente, en la mayoría de los casos esto no basta, y habría que evaluar la posibilidad de presentar también una denuncia ante un tribunal civil. Pues en relación a los abusos sexuales en perjuicio de menores de edad, el actual Código de Derecho Canónico presenta bastantes vacíos legales. Comenzando porque este delito está tipicado sólo para clérigos:

El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera (can. 1395 § 2.).

Si el pederasta es un laico o religioso no perteneciente al orden clerical, el Código de Derecho Canónico no especifica nada concreto. Sin embargo, eso no significa que la Iglesia no deba tomar cartas en el asunto, de acuerdo a los siguientes cánones:

La Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con sanciones penales a los fieles que cometen delitos (can. 1311).
Aparte de los casos establecidos en ésta u otras leyes, la infracción externa de una ley divina o canónica sólo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando así lo requiere la especial gravedad de la infracción y urge la necesidad de prevenir o de reparar escándalos (can. 1399).

En otras palabras, si se trata de una infracción grave contra la ley canónica o contra la ley de Dios, siendo necesario prevenir y reparar escándalos, la Iglesia puede aplicar una pena adecuada. Y no se requiere que el fiel católico sea clérigo. Este caso se podría aplicar, por ejemplo, a cualquier fundador laico o religioso de un instituto de la Iglesia católica que no haya recibido las órdenes sacerdotales, cuando comete delitos de gravedad que causan escándalo.

Por otra parte, la normativa vigente hasta hace poco establecía que los delitos de abusos sexuales cometidos por clérigos prescribían a los 10 años (ver http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/6-de-delictis-gravioribus-normas-de-los-delitos-mas-graves.html). El plazo comenzaba a correr desde el momento en que la víctima cumplía 18 años. En el año 2010, a solicitud del Papa Benedicto XVI, este plazo se extendió a 20 años, pudiendo la Congregación para la Doctrina de la Fe incluso derogar el plazo de prescripción si lo considera pertinente (ver http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html).

Aun cuando esto constituya un avance y una señal de esperanza, me parece insuficiente, pues es común que pasen por lo menos dos décadas –e incluso con frecuencia más tiempo– para que la víctima haya procesado psicológicamente el trauma del abuso y tenga el valor para hablar de lo sucedido. Y, generalmente, lo único con lo que cuenta es con su testimonio, pues los hechos suelen ocurrir en privado y sin testigos, por lo cual resulta difícil aportar pruebas. El dictamen tiene que hacerse entonces sobre la base de un análisis de los testimonios. Y en esto la Iglesia es experta, pues la base sobre la que asienta su existencia, a saber, los hechos y dichos de Jesús, no pueden ser verificados mediante pruebas propiamente científicas, sino solamente mediante una demostración racional de la autenticidad y veracidad de los testimonios que nos ha legado la historia, entre los cuales destacan sobre todo los cuatro Evangelios.

Otra razón por la cual una denuncia ante un tribunal eclesiástico no es suficiente la hallamos en la historia reciente, donde las sanciones penales se han aplicado sólo después de que los casos de abusos fueran dados a conocer a la opinión pública a través de la prensa. Ocurrió con el escándalo de los casos de pederastia del arzobispado de Boston en el año 2002, ocurrió en el caso del P. Marcial Maciel, ocurrió con el caso del P. Karadima en Chile, ocurrió con los casos descubiertos en Irlanda, Bélgica, Países Bajos y Alemania. Más aún, a no ser por la información publicada por la prensa, es probable que la misma Iglesia no hubiera aplicado las medidas que estaba en la obligación de aplicar.

Buscar hacer conocidos los abusos a través de los medios que se considere adecuados es un derecho de las víctimas y una de las vías para alcanzar justicia y poder terminar de procesar el dolor y el trauma causados por el abuso. Y parece ser una necesidad desde el momento en que la Iglesia mantiene en el Código de Derecho Canónico una norma tan ambigua y favorecedora del secretismo como la que sigue:

Nunca se imponga una penitencia pública por una transgresión oculta (can. 1340 § 2).

Es decir, a diferencia de los tribunales comunes y corrientes, donde normalmente todos los casos son tratados con transparencia y la información sobre procesos en marcha es de acceso público, en la Iglesia católica puede haber “transgresiones ocultas”, es decir, delitos que son manejados en secreto en procesos que permanecen desconocidos para la opinión pública. Y donde la transparencia brilla por su ausencia.

El silencio, el encubrimiento, la complicidad por omisión, la falta de transparencia ante los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y personas consagradas han sido prácticas de la Iglesia durante mucho tiempo, aunque esto parece estar cambiando. El 22 de marzo de este año el Papa Francisco creó la Comisión para la Tutela de los Menores, integrada por ocho personas, para prevenir la pederastia en la Iglesia. Más vale tarde que nunca. Aunque algunas diócesis ya se habían adelantado a este cáncer que parece extenderse por toda la Iglesia. Por ejemplo, en la diócesis de Espira (Alemania), a la cual pertenece mi parroquia, existe desde hace algún tiempo una comisión para víctimas de abusos sexuales. En la arquidiócesis de Lima, que debe tener muchos más católicos que Espira y además tiene el privilegio de ser sede cardenalicia, no existe nada parecido. ¿Será que el Cardenal Cipriani piensa que su circunscripción territorial es inmune a esa peste que asola todos los territorios de la Iglesia? ¿O también practica esa voluntad de no saber, de no enterarse de nada, de mirar hacia otra parte cuando hay denuncias presentadas en el tribunal eclesiástico de su jurisdicción?

¿Quién será ese “poderoso pederasta” al que hace alusión el testimonio publicado en La República? Se menciona que los abusos habrían ocurrido hace unos cuarenta años, y se entiende del texto que ese pederasta aún sigue vivo. No tengo ni la más remota idea de quién pueda ser, pues en ese momento yo todavía no era miembro del Sodalicio. Por eso mismo, prefiero no hablar de lo que no vi ni de lo que no sé. Aunque sospecho que algunos en el Sodalicio podrían saber de quién se trata. Hay que darle tiempo al tiempo, pues algún día aquellos que rompan con la voluntad de no saber terminarán contando lo que saben, y sabremos si tienen fundamento estas sospechas. O si, por el contrario, el Sodalicio siempre ha sido un nido de mansas palomas, salpicado de algunos “casos aislados”, manzanas podridas por las cuales no habría que hacer tanto escándalo. En fin, esas cosas pasan hasta en las mejores familias, mi hija…