CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (III)

Continuación de CASO SODALICIO: “TRES PATINES” EN LA FISCALÍA (II)

En este tercera entrega analizaré la valoración de los testimonios hecha por la fiscal, que bien podría haber hecho “Tres Patines” con similares resultados.

Dada la naturaleza de los delitos denunciados, ocurridos muchos de ellos hace bastante tiempo, los cuales, de ser ciertos, habrían sido mantenidos en silencio tanto por los denunciados —por razones obvias— como por los denunciantes —debido a no haber pasado todavía el tiempo suficiente como para procesar psicológicamente la experiencia—, la prueba testimonial es de suma importancia.

¿Cómo saber que ocurrieron hechos que no fueron documentados en su momento pero que han dejado huella personal y han permanecido latentes en la memoria de sus protagonistas? A través de los testimonios, donde se tiene que examinar la veracidad de aquel que presta testimonio, además de comprobar la coherencia y solidez de su relato sobre la base de datos objetivos externos. «La declaración del presunto agraviado debe contar con garantías de certeza», admite la fiscal Peralta.

El problema está en que una de las garantías que exige es «que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición».

¡Perdón! ¿He entendido bien? Por poner un ejemplo, alguien abusa de mí y me causa un daño que me marca de por vida. ¿Mi testimonio sólo sería aceptado si no tengo ningún sentimiento negativo —como odio, desprecio, rabia— hacia esa persona? ¿Para que mi testimonio sea válido debo estar lleno de amor, compasión y ternura por quien me jodió la vida, o por lo menos tener una actitud neutra hacia él? Este criterio carente de empatía hacia cualquier agraviado sería suficiente para tirarse abajo miles de testimonios de víctimas de la violencia en el Perú, aunque coincidan en cientos de detalles, los necesarios como para admitir su verosimilitud de sus relatos.

Visto esto, no extraña que el Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni, junto con todas las cartas firmadas por las denunciantes solicitando su ingreso a una comunidad sodálite de formación, haya presentado también «diversas opiniones y publicaciones que ha realizado el señor José Enrique Escardó Steck respecto a sus vivencias en el Sodalicio, además de su opinión de la Iglesia católica en diferentes aspectos y perspectivas». Se refiere a los artículos publicados originalmente por Escardó en el año 2000 en la revista Gente «bajo el título “El quinto pie del gato”, en el que abiertamente ataca y recrimina a la Iglesia católica».

Que la parte denunciada presente estos escritos implica, por cómo está redactado el texto de la resolución, que se busca desacreditar a Escardó siguiendo los criterios de validación de la fiscal, es decir, que siendo Escardó una especie de enemigo de la Iglesia católica que odia al Sodalicio, su testimonio deberá ser tomado con pinzas. No se tiene en cuenta que esa animadversión puede haber sido generada por experiencias traumáticas en una institución de la Iglesia, como es el Sodalicio mismo. Es decir, la actitud anticatólica de Escardó podría haberse originado en la experiencia que tuvo en el Sodalicio, y esa misma actitud se utilizaría como pretexto para invalidar su testimonio sobre lo vivido. Moroni ha puesto la carreta delante de los bueyes, y la fiscal —católica pía y devota— le ha seguido la corriente. Como fiel oveja del rebaño.

Insólita es también la manera cómo la fiscal —en un castellano que es una tortura para los ojos de los lectores— desacredita las testimoniales que corroboran las afirmaciones y declaraciones juradas de los denunciantes, pues «se deben tomar con ciertas reservas por cuanto no vienen aparejadas con elementos objetivos que la sustente y podrían haber sido influenciados por tres factores actuantes: 1.- El prolongado transcurso de tiempo entre los supuestos hechos a la actualidad. 2.- La publicación del libro “Mitad Monjes Mitad Soldados” y la gran publicidad dada a los hechos allí narrados como ciertos. 3.- El ofrecimiento de resarcimiento económico ofrecido a los que se consideren víctimas de parte del Sodalitium Christianae Vitae; siendo la influencia de dichos factores advertidos por la suscrita en la mayoría de las declaraciones».

¿No se ha percatado la fiscal de que las historias de los denunciantes y de varios testigos ya habían sido puestas por escrito antes de la publicación del libro de Salinas y, por lo tanto, antes de que el Sodalicio ofreciera cualquier reparación económica? ¿Y que algunos de estos relatos —no inventados sino exprimidos de la memoria— han servido de fuentes del libro de Salinas y coinciden en múltiples detalles con acontecimientos de la historia remota del Sodalicio, que todavía no se habían hecho de conocimiento público y que sólo podían ser conocidos por quienes hubieran sido partícipes de esa misma historia?

Lo más delirante es que la fiscal vea malas intenciones —avidez de ganancia económica— en quienes tenían la certeza de que el Sodalicio les iba a negar toda compensación económica si salían a denunciar o a fungir de testigos en un proceso penal, como efectivamente ocurrió. En cierto sentido, eso constituye una manera de ir contra la presunción de inocencia, tanto de los denunciantes como de los testigos, presuponiendo en ellos intenciones torcidas.

Por otra parte, la fiscal Peralta no ha manifestado ninguna reserva contra los testimonios de quienes atestiguaron a favor del Sodalicio.

Igualmente me parecen insuficientes los argumentos esgrimidos para desacreditar las declaraciones públicas de Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, pidiendo perdón por los abusos cometidos, pues la fiscal considera que «son expresiones personales sin especificación de sujetos agresores ni agredidos menos aún con sustento objetivo o medio probatorio alguno». Lo menos que podría haber hecho es interrogar a Moroni sobre estas declaraciones y preguntarle a qué y a quiénes se refería. No lo hizo, y terminó sacando unas conclusiones que son sólo producto de su propia desidia y desinterés.

De modo similar, le niega valor probatorio al informe de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, pues «dicho informe es un documento privado sin respaldo probatorio alguno que justifique su opinión, basado sólo en declaraciones de personas que expresaron haber pertenecido al SCV mas no contrastado con la realidad, sin recabar las declaraciones con los supuestos agresores, es decir, son opiniones unilaterales». Como unilaterales son también las declaraciones de los denunciados, que la fiscal Peralta admitió como válidas sin contrastarlas con la realidad ni analizarlas debidamente.

Tomemos como ejemplo las declaraciones del P. Jaime Baertl, quien no recuerda haber sido confesor de ninguno de los denunciantes «porque la labor de confesión no permite ver el rostro de la persona que se confiesa», cuando en ninguna de las comunidades de formación en que estuvieron los denunciantes hubo jamás un confesionario, y las confesiones se realizaban cara a cara en la capilla. O cuando dice «nadie es sometido a test psicológicos para ingresar al Sodalicio, precisando que cuando se entra de aspirante al Sodalicio un psicólogo les toma 3 ó 4 test». ¿A qué parte del enunciado le creemos: a la primera o a la segunda? Y si la segunda es cierta, ¿no pidió la fiscal el nombre del psicólogo, para poder citarlo y verificar este dato? Porque a mí me tomaron tests Germán Doig y el mismo Baertl cuando yo todavía era menor de edad, y ambos tenían de psicólogo lo que yo tengo de beata cucufata. Y así como ocurrió en mi caso, son varios los testimonios de ex-sodálites que aseguran que les tomaron pruebas psicológicas.

Inexactitudes también hay en las declaraciones de Erwin Scheuch, quien «precisó que nunca realizó apostolado en una institución educativa para que menores se incorporen al Sodalicio», cuando se sabe que habría estado encargado, por lo menos en una ocasión, de la preparación de la confirmación en el Colegio Alexander von Humboldt, y no existe actividad apostólica organizada por el Sodalicio que no busque candidatos para ser incorporados a la institución. En el Sodalicio siempre se ha entendido el apostolado como proselitismo.

Lo más alucinante se da cuando Erwin declara que «nunca ha hackeado a nadie y no lo ha encomendado a alguien a realizar ello, considerando la versión del denunciante Oscar Osterling como una calumnia, quien fue denunciado en febrero de 2008 por una persona externa a la comunidad de enamorar a una joven consagrada». Esto contrasta con lo que declaró Jaime Baertl, quien «señaló que por versión del denunciante Oscar Osterling Castillo, tomó conocimiento del hackeo de su computadora cuando se encontraba en una de las comunidades del Sodalicio, precisando que los correos revelaban una relación amorosa entre dos religiosos, y es por ello que le impusieron medidas correctivas preventivas, decisión que fue tomada por el Superior General Luis Figari». ¿Cuál versión es la correcta? Pues Jaime Baertl corrobora lo que contó Osterling, mientras que Erwin Scheuch lo considera una calumnia.

Regresando al informe de la Comisión de Ética, la fiscal debió haber citado a sus miembros para que explicaran la metodología de trabajo que habían aplicado, En los procedimientos de la Comisión (ver http://comisionetica.org/procedimientos/) se dice que las quejas debían contener «medios probatorios que se considere anexar a la queja o denuncia». Además, se especifica claramente lo siguiente: «La Comisión podrá solicitar al Superior General del SCV informe respecto de cualquier antecedente o información relacionada a los hechos materia de la Queja, y entrega de toda la información que disponga respecto de la acusación, la situación del imputado en la fecha de los hechos y sobre la existencia de otras quejas o denuncias similares o no contra quien es acusado, si quien formula la queja es conocido, miembro o afiliado al SCV, y las acciones que hubiera realizado el SCV al respecto, entre otras etc.» Como se puede ver, la Comisión no se habría limitado a hacer resúmenes de las quejas, sino también a verificar la veracidad de los relatos testimoniales presentados. Su informe final no puede ser considerado un documento privado, sino que tiene otro carácter.

A la luz de lo señalado, podemos suponer que la fiscal habría tomado partido, desestimando los testimonios de los denunciantes además de los testimoniales y documentos presentados por la acusación, mientras que ha admitido sin cuestionamiento los testimonios de los denunciados, aunque hayan en ellos hechos no verificados e incluso contradictorios.

En la siguiente entrega analizaré varias pruebas de la parte denunciante que fueron desestimadas como tales por la fiscal, además de las supuestas pruebas presentadas por la parte acusada que no deberían haberse considerado como tales o cuyo valor probatorio habría requerido de un análisis más profundo. Para lo cual no parece estar capacitada quien tiene una mentalidad de “Tres Patines”.

(Columna publicada en Altavoz el 25 de enero de 2017)

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