UNA COMISIÓN PARA EL OLVIDO

Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación

Hay un cuasi dogma en el que creen los sodálites, a saber, que el Sodalicio es una obra querida por Dios dentro de un Plan preconcebido por el pensamiento divino y, por lo tanto, siempre es guiado por el Espíritu Santo. En consecuencia, el Sodalicio se concibe a sí mismo como una entidad buena en esencia, cuya legitimidad es un asunto que queda fuera de discusión. Pues su existencia se halla avalada por el poder divino.

Eso explicaría por qué siempre se ha buscado defender la institución a toda costa, y los abusos cometidos por sus miembros han sido entendidos como acciones ajenas a la estructura y disciplina del Sodalicio, como excrecencias que pueden ser extirpadas de un cuerpo sano por naturaleza.

Sin embargo, quienes han cometido abusos psicológicos dentro de la institución lo han hecho siguiendo la disciplina que se practica habitualmente en el Sodalicio desde sus inicios y han actuado en muchos casos de buena voluntad, sin tomar conciencia de lo errado de ciertas prácticas. Y la misma estructura verticalista, donde la obediencia incondicional es el valor supremo, constituye el caldo de cultivo donde pueden germinar los abusos sexuales, ciertamente mucho menos frecuentes que los abusos psicológicos y físicos, pero igualmente enraizados en una estructura de poder que facilita la manipulación de quienes se hallan sometidos a ella.

Aquí conviene citar a Alberto Moncada, exmiembro del Opus Dei, quien opina que la causa principal de la pederastia eclesial es el poder irrestricto sobre personas confiadas al cuidado del personal religioso, no el celibato (ver https://rebelion.org/el-celibato-eclesiastico/):

«Los curas y monjas pederastas lo son no tanto por su eventual represión sexual cuanto por gozar de una situación de poder respecto de los menores que les están confiados. Es posible que si estuvieran emparejados hubieran sido menos pederastas pero también hay casados pederastas que tienen en común con los clérigos y monjas su fácil acceso a los menores y su situación de poder respecto a ellos».

Además, se ha de tener en cuenta que los abusos psicológicos y físicos cometidos en el Sodalicio —a diferencia de los sexuales— no se efectuaron a puerta cerrada, sino de manera abierta a vista y paciencia de otros sodálites. Y la mayoría de esos otros sodálites consideraron esos sucesos como lo más normal del mundo. Un mundo extraño con leyes propias que gozan de validez sólo ad intra de las comunidades sodálites, donde sus miembros han pasado por un proceso de “formación” que ha moldeado su mente y su psique en el formato de un pensamiento único que justifica los excesos como ayudas para forjar el carácter. Y que se zurra en la libertad individual y en los derechos humanos de las personas, por lo menos de aquellas que aceptaron formar parte de una comunidad sodálite. Es la plasmación en carne viva de la célebre frase “los derechos humanos, esa cojudez…”

El problema no sólo es de personas individuales, sino de un sistema institucional que requiere de una reforma a fondo. Y probablemente es tanto lo que haya que reformar, que lo mejor sería suprimirlo e iniciar algo completamente nuevo con aquellos sodálites que hayan tomado conciencia de la gravedad del problema y quieran seguir prestando su colaboración al Pueblo de Dios y seguir entregando su vida a una generosa misión apostólica.

Ante todo esto, resultan patéticas las palabras que pronunciara Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, en una entrevista concedida al diario El Comercio (ver http://elcomercio.pe/lima/sucesos/como-diablos-pudo-pasado-esto-sodalicio-noticia-1850794): «Sufrimos por las víctimas de violencia o abuso y por la toma de conciencia sobre la situación. Uno se pregunta cómo diablos pudo haber ocurrido esto en el Sodalicio. Parece de locos». Digo “patéticas”, porque los abusos ocurrieron en el Sodalicio desde sus inicios. No se trata de actos a los cuales se llegó progresivamente a lo largo del tiempo, sino que estuvieron presentes como un estigma desde la época fundacional. Y fueron posibles gracias a la estructura verticalista y autoritaria que el Sodalicio asumió desde un principio. Moroni debería más bien analizar por qué durante tanto tiempo se consideraron normales los abusos psicológicos y físicos de los cuáles él mismo fue testigo —e incluso ocasionalmente perpetrador— y cómo es posible que durante décadas casi nadie se haya dado cuenta de abusos sexuales o que éstos hayan sido encubiertos por aquellos pocos que sí estaban enterados.

Por el momento, el Sodalicio está prácticamente desfondado. La base teórica en que se fundamentan su pensamiento —o ideología— y su espiritualidad proviene casi en su totalidad de Luis Fernando Figari. Hemos de suponer que sus escritos deben haber sido proscritos actualmente y no se sigue recomendando su lectura. Al igual que ocurrió en el pasado con los escritos de Virgilio Levaggi —ex sodálite que se separó de la institución por motivos aún no aclarados— y con los de Germán Doig, que fueron sacados de circulación y dejados de mencionar, como si nunca hubieran existido. De este modo, todos los miembros Familia Sodálite se quedan sin textos donde puedan conocer las ideas que los guían institucionalmente. Salvo que sigan circulando textos oficiales o semi-oficiales anónimos o de otros sodálites, que —como suele ocurrir con todo escrito generado dentro del recinto institucional— no contendrán ninguna idea que no tenga sus raíces en el pensamiento de Figari.

La creación de una Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación —si bien presenta el aspecto de una iniciativa loable que va más allá de lo que el Sodalicio ha hecho habitualmente en el pasado— resulta insuficiente si no se toma al toro por las astas y no se va al fondo del problema.

Tal como se indica en los procedimientos de la Comisión convocada por el Sodalicio de Vida Cristiana, su labor «debe centrarse en el alivio, recuperación y confortación de las presuntas víctimas» y, en caso de que se presuma razonablemente que haya delito, se informará a las autoridades judiciales correspondientes. Todo esto, siempre y cuando sea la víctima quien decida presentar su caso ante la Comisión en un sobre de manila enviado a una casilla postal, cumpliendo con los requisitos indicados.

La Comisión no tiene como objetivo determinar el alcance de los abusos cometidos por Luis Fernando Figari y otros sodálites en agravio de menores de edad y jóvenes, calcular un estimado del número de víctimas, ni investigar hasta qué punto la misma estructura y disciplina del Sodalicio podrían ser la causa de que algunos sodálites se hayan convertido en abusadores sistemáticos que maltrataron psicológica y físicamente —y en algunos casos sexualmente— a quienes estaban bajo su responsabilidad.

Para emitir sus decisiones, la Comisión tendrá únicamente como fuente el testimonio de la víctima, la documentación que ésta pueda presentar y los documentos que le proporcione el Superior General del Sodalicio. Con todo esto, la Comisión no investigará la verdad de los hechos sino que únicamente decidirá si la queja es «ciertamente no válida» o «potencialmente válida». Si bien se escuchará a la víctima, no se interrogará al acusado, ni se convocará a otros testigos, y sólo en caso de que se informe a las autoridades judiciales, se le informará por escrito de las acusaciones al Superior General del Sodalicio.

Todos los procedimientos serán confidenciales, y no se revelará el contenido de las acusaciones —salvo que se proceda a una denuncia judicial— ni tampoco los nombres de las víctimas. Lo cual es hasta cierto punto correcto y aceptable. ¿Pero qué pasa si una víctima quiere que su caso sea puesto al alcance de la opinión pública o incluso que se revele su nombre?

No nos hallamos, pues, ante una auténtica “comisión de la verdad”, de esas que finalmente elaboran un informe de conocimiento público para que la historia no se repita. Mucho menos se harán sugerencias al Sodalicio para que haga las reformas estructurales del caso, por lo menos en lo referente a ciertas prácticas. Como ya lo he indicado, el enfoque con que está concebida la Comisión es la de que el problema no radica en la institución, sino en algunas personas individuales que han cometido abusos aprovechándose de su cargo y amparándose ilegítimamente en ella. Se está asumiendo el supuesto de las “manzanas podridas”, cuya eliminación solucionará el problema y dejará como residuo la imagen impoluta de una institución que nunca ha cuestionado a fondo la misma armazón que la sostiene, pues se parte por axioma de que es buena en sí misma. Anteriormente se hablaba de “casos aislados”, tumores cuya extirpación evitaría el avance de la enfermedad y devolvería la salud a una institución sana por esencia. El enfoque parece no haber cambiado. En el fondo es el mismo concepto de antes el que ha asumido ahora el Sodalicio: la institución es santa e intocable, mientras que son las personas las que fallan, traicionando el espíritu con que fue creada.

Finalmente, ¿cuál es la solución que la Comisión les ofrecerá a las víctimas? A quienes lo requieran, se les ofrecerá «una sanación espiritual, que sólo puede ser ofrecida por un sacerdote». Por ese motivo «la Comisión incluye a un obispo. El Sodalicio de Vida Cristiana cree que esto es apropiado porque el enfoque de la Comisión, junto con la búsqueda de la verdad y la justicia, está en la ayuda concreta, la reconciliación y la caridad cristiana». Se trata de un motivo débil, pues sólo las víctimas que hayan mantenido la fe —aunque no todas— buscarán la ayuda de un sacerdote, y en ese caso se tratará probablemente de un sacerdote amigo o recomendado por alguien cercano, que no tenga ninguna cercanía al Sodalicio. Y esto no parece cumplirse en Mons. Carlos García Camader, que no sólo es obispo de la diócesis de Lurín donde funcionan las casas de formación de San Bartolo, sino que también parece estar en buenas migas con el Sodalicio. Además, fue uno de los obispos que firmaron una carta de apoyo al cardenal Cipriani cuando El Comercio informó que no iba a publicar ningún artículo suyo más debido al escándalo ocasionado por haber plagiado de un libro del Papa Ratzinger, que ni siquiera forma parte del Magisterio oficial de la Iglesia (ver http://www.zenit.org/es/articles/peru-obispos-respaldan-a-su-cardenal-tras-acusacion-de-plagio). A decir verdad, ser atendido espiritualmente por un clérigo que justifica faltas contra la honestidad intelectual y mira con buenos ojos a Cipriani, cuya actitud hacia las víctimas del Sodalicio ya es de todos conocida, está probablemente muy lejos de ser una experiencia reconfortante y reconciliadora.

Otra solución será el ofrecimiento de una compensación económica, que —de ser aceptada— requerirá de la víctima que firme un acuerdo de solución ante Notario Público. Se trata en el fondo de un acuerdo extrajudicial, el cual implicaría que la víctima acepte no tener nada más que reclamar al Sodalicio. Lo que no queda claro es si se obligaría a la víctima a mantener la confidencialidad respecto a su caso, es decir, a guardar silencio —por lo menos en público— de los detalles de su historia. El hecho de que los mismos comisionados deban firmar un acuerdo de confidencialidad nos lleva a suponer que así es.

Los procedimientos de la Comisión no contemplan otro tipo de soluciones para las víctimas. No tienen en cuenta que algunas víctimas no buscan una compensación económica, sino que el Sodalicio reconozca públicamente su responsabilidad en los abusos de los que esta persona fue objeto, pida disculpas e implemente las medidas pertinentes para que esas cosas no vuelvan a suceder. Lo cual ciertamente implica que sus casos se pongan en conocimiento de la opinión pública.

Cito textualmente un párrafo de los procedimientos: «La información compartida por las presuntas víctimas es personal y privada. Para proteger los intereses de las presuntas víctimas, ninguna información proporcionada a la Comisión será compartida con ninguna otra persona fuera de la Comisión, salvo para los casos indicados en el presente documento». Se refiere a aquellos casos donde se determine un delito que origine una denuncia que deba ser elevada a los tribunales civiles o eclesiásticos. Y en este caso, sólo el Superior General del Sodalicio será informado.

Como ya he señalado antes, parecería que se busca atender a las víctimas, pero en la práctica esta atención conduce a un mero “dar vuelta a la página” sin consecuencias para la institución, o a una especie de “compra” del silencio del afectado a cambio de dinero en efectivo. Y que todo se mantenga en el más absoluto secreto. A esto le llaman justicia y reconciliación.

Por otra parte, si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿por qué al abogado de la víctima se le relega al mero rol de observador, negándole la posibilidad de meter cuchara en el asunto? ¿Por qué se le obliga también a firmar un acuerdo de confidencialidad en caso de que asista a la presentación de la víctima ante la Comisión? ¿Cuál es el monto del fondo para compensaciones de que dispone la Comisión? ¿Por qué la Comisión no podrá dar información a nadie en absoluto, ni siquiera a la víctima, de cómo se determinó una compensación?

En resumen, sólo los comisionados se enterarán de los abusos, ofrecerán soluciones a las víctimas que implicarían también el silencio de las mismas y —dado que han firmado un acuerdo de confidencialidad— no podrán dar ninguna información sobre los abusos cometidos en el Sodalicio, ni siquiera ocultando bajo seudónimos los nombres reales de las personas afectada. El Sodalicio presentará la imagen de que efectivamente se ha preocupado de las víctimas, aunque en realidad lo único que ha quedado a salvo, por el momento, es la imagen de una institución que no ha cuestionado para nada su estructura doctrinal y disciplinaria y ha cargado la responsabilidad de los abusos sobre personas individuales, las famosas “manzanas podridas” o “casos aislados”. No habrá ningún “informe de la verdad”, ningún cuestionamiento de peso, y el Sodalicio, bien gracias y feliz de la vida.

Sólo resta decir que a quienes hemos sido víctimas del Sodalicio no nos sirve una Comisión donde rijan las normas de un confesionario, donde incluso la documentación que podamos presentar será destruida pasados cinco años. No queremos que nuestras historias sean cubiertas por el manto del olvido y que todos nuestros sufrimientos hayan sido en vano. No nos basta con que los responsables del Sodalicio digan que éste ha cambiado respecto a lo que era antes, y que por el bien de la Iglesia y de todos los miembros de la Familia Sodálite es mejor olvidar la historia pasada. Queremos que se llegue hasta la raíz del problema, que se reconozcan las responsabilidades y se nos pidan disculpas públicas, restituyendo así nuestro honor mancillado, y se garantice mediante un control externo que los cambios institucionales sean efectivos. Queremos que se mantenga la memoria de los abusos y del daño que se nos hizo. No por un afán de revancha, sino simplemente para que la historia no se repita. Nunca más. Que así sea.

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El hecho de que esté previsto que la documentación incluida en el archivo de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación sea destruida en el lapso de cinco años me trae a la mente otro tema delicado también relacionado con documentos confidenciales: el del archivo secreto del Sodalicio. En ese archivo Figari fue coleccionando autobiografías de los sodálites escritas de puño y letra, resultados de pruebas psicológicas —muchas de ellas realizadas cuando el candidato era menor de edad—, informes y anotaciones de los consejeros y directores espirituales, de los fomadores, de los superiores de comunidades, etc.

Gran parte de la documentación generada no se ciñe a ningún procedimiento estipulado en ninguna norma escrita de la institución y su posesión podría tener visos ilegales, pues hay pruebas psicológicas realizadas a menores de edad sin autorización de los padres, además de documentación obtenida dentro del régimen de obediencia sin que haya una autorización explícita de la persona —mucho menos escrita y debidamente firmada— para la conservación de esos documentos en el archivo sodálite.

Lo menos que podría hacer actualmente el Sodalicio, en aras de la transparencia, es devolver toda la documentación pertinente a quienes actualmente ya no son miembros de la institución, y darle copias de los documentos correspondientes a los sodálites en actividad, pues tienen el derecho a saber qué información personal sobre ellos se guarda en ese archivo. Y, sobre todo, deberá garantizarse que Luis Fernando Figari no tenga acceso en absoluto al archivo, sino sólo el Superior General del Sodalicio por el momento, a la vez que se busca la manera de recurrir a una auditoría externa para ver qué hacer con toda esa documentación.

Para concluir, hago manifiesta mi voluntad de que se me devuelva toda la documentación personal sobre mí que se halla en ese archivo, solicitud que haré llegar oficialmente por carta a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana.

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La página web oficial de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación es:
http://comisionetica.org/